Argentina | Condenas de sólo 4 y 5 años para los prefectos que mataron al joven mapuche Rafael Nahuel
Por Adriana Meyer
El prefecto Sergio Cavia, identificado como el autor del disparo que le quitó la vida a Rafael Nahuel hace seis años en la comunidad mapuche de Villa Mascardi, fue condenado a cinco años de prisión como responsable de homicidio agravado por uso de arma de fuego, cometido en exceso de legítima defensa. Los otros cuatro acusados -Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Sergio García y Carlos Valentín Sosa-, también miembros del Grupo Albatros de la Prefectura, recibieron condenas de cuatro años y seis meses por haber sido partícipes necesarios del mismo delito. La inhabilitación para ejercer cargos públicos fue de 8 años para Cavia y de 7 para el resto. «Que tengan un excelente día, cuídense», dijo al cerrar el presidente del tribunal. La madre y el padre de «Rafita», como le decían al joven asesinado en 2017, se quedaron quietos hasta que uno de sus abogados los fue a abrazar, con evidente tristeza por el sabor a poco de las condenas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca integrado por Alejandro Silva (presidente), Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava se expidió por unanimidad y, aunque emitió un veredicto de penas de cumplimiento efectivo, los ahora condenados no irán presos hasta que el fallo quede firme. Las tres querellas anticiparon que apelarán la decisión.
«No estamos conformes con el fallo pero valoramos que hubo una condena, el tribunal consideró que los cinco cometieron delito, y hay que recordar que la autoridad política de ese momento había reivindicado su accionar, esa misma persona será la funcionaria del área a partir del 10 de diciembre, de modo que hacían una defensa de cinco delincuentes», dijo a Página/12 el abogado Mariano Przybylski, querellante de la Secretaría de Derechos Humanos, en evidente referencia a Patricia Bullrich. En la misma sintonía se expresó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien dijo que esperaba “condenas más duras” frente a un hecho que “siempre supimos que fue un asesinato y una cacería”.
«La Justicia se está burlando de la familia, no sienten nuestro dolor, los prefectos van a seguir libres como si nada, ni siquiera vinieron a dar la cara después de haber entrado a la comunidad y haberle dado un disparo por la espalda a mi hijo, Rafael Nahuel. Como mamá voy a seguir pidiendo justicia porque no estamos conformes con la sentencia que le dieron a los Albatros», dijo Graciela Salvo en la puerta del tribunal.
El juicio
Finalizó así el proceso oral y público luego de tres meses y medio, que tuvo 20 audiencias por las que pasaron 63 testigos, y en el cual se incorporó prueba, se analizaron peritajes y se realizó una inspección ocular en el lugar del hecho.
«El fallo no es lo que pedimos en nuestro alegato, lo que consideramos que se acreditó durante el debate oral: acá hubo un homicidio calificado, una persecución donde se dispararon 150 municiones de plomo, no hubo exceso de ningún tipo y ese no fue el resultado que entendió el tribunal oral, por eso no estamos de acuerdo», expresó Przybylski en diálogo con este diario. Sin embargo, ponderó que «si vemos el vaso medio lleno hubo una condena porque los jueces dijeron que los cinco cometieron delito, y esto hay que ponerlo en contexto, la ministra de ese gobierno había defendido lo actuado por la Prefectura en los hechos de Mascardi y hoy confirmamos que esos mismos prefectos cometieron un delito, y que tienen que ir presos, de modo que todo lo que se reivindicaba del accionar de la fuerza eran cinco delincuentes. Por eso ponemos en valor haber logrado una condena, aunque no era la que esperábamos».
Ni siquiera para escuchar el veredicto se presentaron en persona en la audiencia los cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García estuvieron presentes por vía remota, tal como sucedió a lo largo de todo el proceso.
Al momento de expresar sus últimas palabras, Pintos afirmó: «Actuamos conforme a derecho, en cumplimiento del deber, por una orden judicial y sin cometer ningún exceso, esperamos que impartan justicia». Cavia dijo: «Actuamos siempre ajustados a derecho con el profesionalismo que nos caracteriza, en cumplimiento de una orden de autoridad competente». En tanto, Obregón expresó: «actué siempre respetando la vida de terceros en cuanto se pueda». Y García declaró que concurrió «en auxilio de mis compañeros, mi accionar siempre estuvo en mi propia defensa».
En medio de un enorme dispositivo represivo compuesto por policías y gendarmes, y con el edificio del tribunal completamente vallado, afuera de se convocaron centenares de organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones de izquierda, junto a las entidades que representan a las comunidades originarias patagónicas. La familia de Nahuel –que está muy sensible porque su mamá Graciela Salvo cumple años hoy– estuvo acompañada también por familiares de víctimas de represión estatal como Alberto Santillán y Asunción Ávalos, quienes estuvieron en la pequeña sala habilitada para el histórico juicio. «Me nace acompañar a la familia de Rafael Nahuel porque hoy, sin lugar a dudas, mi hijo Darío estaría acá. Qué mejor que caminar en la misma vereda de nuestros hijos y sus compañeros que fueron asesinados por las balas del Estado», dijo Santillán.
En la calle la multitud pudo escuchar la audiencia por la cobertura colaborativa de Infoterritorial, Cítrica y Radio Libre. Una vez finalizada la audiencia con la lectura de la sentencia, la bronca por las bajas penas se expresó con algunos piedrazos, que fueron respondidos por un par de tiros, pero el incidente no pasó a mayores.
«¿De qué enfrentamiento habla? A mi hijo le pegaron un tiro por la espalda»
Las tres querellas participantes del juicio habían solicitaron una condena de prisión perpetua por considerarlos coautores funcionales del delito de homicidio doblemente calificado en concurso ideal con homicidio agravado en grado de tentativa. La familia de Rafael Nahuel, representada por los abogados Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, había solicitado que se incorpore a la causa el agravamiento por «odio racial» y que se considere como un caso de «violencia institucional equiparable al terrorismo de Estado».
En tanto, la Fiscalía había requirido cinco años de prisión para cada uno de ellos, por la aplicación del atenuante de «exceso en legítima defensa», ya que dio por acreditado que en el hecho existió un enfrentamiento con armas de fuego, y que los uniformados, en ese contexto, accionaron protegiéndose aunque más allá de lo que establecen los protocolos de actuación. Es la línea que terminó convenciendo a los jueces.
En aquella audiencia, al término de la exposición del fiscal, el padre de Rafael, Alejandro Nahuel, se paró y gritó «¿de qué enfrentamiento habla? A mi hijo le pegaron un tiro por la espalda. Manga de asesinos». También Graciela Salvo se levantó de su silla cuestionó el alegato fiscal. «Queremos justicia por Rafael, porque a mi hijo lo mataron; llegaron (los Albatros) en un solo día y le quitaron la vida», dijo. Finalmente, las dos defensas que representaban a los Albatros pidieron habían solicitado la absolución de los cinco procesados por considerar que actuaron «en legítima defensa, sin excesos en su accionar y bajo una agresión desmedida y armada».
La familia de Rafael Nahuel organizó el sábado último en la pequeña vivienda del joven asesinado un encuentro para recordar su memoria y reclamar justicia a seis años del crimen. Referentes e integrantes de diversas comunidades y organizaciones mapuches, amigos y personas del barrio Nahuel Hue se acercaron para compartir el día con los padres y el hermano de Rafael.
El joven mapuche de 22 años fue asesinado por la espalda durante la persecución con armas de fuego de los Albatros de la Prefectura, el 25 de noviembre de 2017, dos días después del violento desalojo de su comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, en el marco de una causa iniciada por la Dirección de Parques Nacionales por usurpación. Esa Lof había concretado su recuperación territorial poco tiempo antes, a partir del «levantamiento» de la machi (sanadora) Betiana Colhuan.
Este fallo se conoce a pocos días de que desde el espacio del presidente electo Javier Milei se confirmara que su ministra de Seguridad será Patricia Bullrich, la misma funcionaria que ejercía ese cargo en el momento de la represión de Prefectura que terminó con el asesinato de Nahuel.
