Brasil: Lula al poder y un sistema educativo que busca recuperarse de las políticas de Bolsonaro – Por Luciana Jouli y Mayra Pedraza

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Luciana Jouli y Mayra Pedraza*

El gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva se encontró el 1 de enero de 2023 con un Estado desarticulado. El gobierno de derecha al mando de Jair Bolsonaro dejó como consecuencia recortes al presupuesto educativo, aumento de la violencia en las escuelas y la ruptura de la red social comunitaria e institucional del pueblo brasileño. Sin embargo, todo parece indicar que el dirigente del PT brasileño, ya comenzó a ejecutar acciones que responden a otro programa educativo.

En el mes de septiembre del 2022, tres meses antes de irse, Jair Bolsonaro propuso recortes de más del 90% en varios programas para la educación en 2023. En comparación con el 2022, los recursos para infraestructura en las escuelas presentaban una caída del 97%; los recursos para la formación del profesorado un 95% y la educación de jóvenes y adultos un 56%, por ejemplo. Además el por entonces presidente pronosticó un recorte del 95% en la acción denominada «Desarrollo de la Educación Básica».

El Brasil de Bolsonaro avizoraba, según sus proyecciones, grandes ausencias en el sector educativo si era él quien continuaba a cargo de los destinos del país. Gracias a la lucha del pueblo, hoy los hechos nos muestran otra cosa.

Las apuestas de Lula en el ámbito educativo

Durante su primer año de gestión, el presidente de Brasil ha logrado ejecutar acciones que buscan fortalecer el sector educativo y las comunidades que lo integran a través de diferentes programas.

Dentro de los programas que destacan en el ministerio a cargo del miembro del PT Camilo Santana, se encuentra la Política Nacional de Educación Digital (PNED), sancionada en enero de este año que tiene como objetivo “aumentar los resultados de las políticas públicas relacionadas con el acceso de la población brasileña a los recursos, herramientas y prácticas digitales, con prioridad para las poblaciones más vulnerables”.

En el mes de mayo se anunció la creación del Programa Escuelas de Tiempo Integral donde estuvo presente el presidente Lula. Esta iniciativa se propone ampliar en un millón de matrículas la oferta de tiempo completo en los centros de educación básica del país y cuenta con un presupuesto de 4.000 millones de reales (800 millones de dólares). El programa tiene como meta una duración de la jornada escolar de siete horas diarias o 35 horas semanales abonando a la promesa de cumplir el Plan Nacional de Educación (PNE), que establece que la oferta educativa de tiempo completo debe estar presente en, al menos, el 50 por ciento de las instituciones educativas, y atender al menos al 25 por ciento de los estudiantes de educación básica.

En consonancia, durante la segunda mitad del año que transitamos el Estado brasileño comenzó a trabajar en políticas como la formación de educadores, la protección social y el mejoramiento de infraestructuras, entre otras.

Recordemos además que en el mes de junio el presidente presentó el plan Compromiso Nacional de la Alfabetización Infantil y se refirió al gobierno de su antecesor, Jair Bolsonaro afirmando que “El retraso en la alfabetización se debe a que el Estado brasileño fracasó rotundamente en los últimos años. Fracasó porque pensó que transferir recursos a las escuelas primarias era un gasto y comprometería el equilibrio fiscal. Fracasó porque no garantizó comidas escolares de calidad. Fracasó porque, cuando la pandemia provocó el cierre de las aulas, el gobernante anterior no exigió soluciones de emergencia para la educación, prefiriendo el negacionismo y el discurso de odio”. Frente al desfinanciamiento del proyecto de país de Bolsonaro, es evidente que Lula apuesta una vez más a la inversión en el sector educativo para garantizar el acceso de las mayorías.

Según el mandatario, el plan Compromiso Nacional de la Alfabetización Infantil tendrá inversiones de 2.000 millones de reales (400 millones de dólares) hasta 2026 con el objetivo de que todos los niños de escuelas públicas puedan terminar de leer en el segundo grado. Mientras Bolsonaro bregó por la socialización de las armas de fuego, el lulismo socializa herramientas básicas para el acceso a la cultura.

Como hecho relevante tanto para el sector educativo como para los lineamientos políticos del gobierno de Lula, en el mes de julio puso fin al programa «escuelas cívico-militares» implantado por Jair Bolsonaro. Este programa pretendía «imponer la jerarquía», como «se hace en los cuarteles»; «formar militantes políticos» y educar «para el trabajo», con “la disciplina» propia de los cuarteles. El neofascista Bolsonaro llegó a definir estas escuelas como una «herramienta» contra el «marxismo cultural».

Entre los años 2019 y 2022, 192 mil alumnos asistieron a las 216 escuelas cívico-militares que el gobierno promovió, donde la gestión educativa era dictada por docentes mientras que los aspectos administrativos y de conducta estaban a cargo de las Fuerzas Armadas. La decisión de Lula no sólo deja fuera del ámbito educativo a las fuerzas armadas sino qué vuelve a poner a la educación como centro y como un espacio donde la comunidad educativa es el actor principal para hacer efectivo un derecho humano universal.

La ejecución de políticas públicas que fortalezcan el acceso y la permanencia a la educación forman parte de las acciones de Lula para hacer frente a los seis años de bolsonarismo, donde la educación no formó parte de las prioridades de gobierno.El ex metalúrgico aseguró que “gasto público” es pagarle un 13,7% de intereses al sistema financiero, no destinar dinero fiscal a educación y salud.

Otra de las medidas de este “paquete” es la sanción de la Ley Nº 14.533 que prevé el uso del Fondo para la Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (FUST), es decir, para la inversión en áreas cómo capacitación en tecnologías y conectividad en las escuelas, por ejemplo. Constituye sin dudas uno de los puntos centrales para avanzar en la concreción de políticas públicas que atiendan a los desafíos que se presentan hoy en el ámbito educativo.

La digitalización de la vida y los debates sobre la inteligencia artificial cuestionan el lugar de la comunidad educativa en los procesos de aprendizaje y las instituciones se ven avasalladas por la oferta de cursos en línea. Sin embargo, antes de caer en la mirada fatalista es imprescindible discutir la función de la tecnología en la educación, no desde una concepción fetichista sino, desde las posibilidades que éstas pueden generar para las comunidades educativas. Desde el campo educativo aún se hace necesario indagar cómo se traman redes tanto en el territorio local como en la escala global. Frente a esta realidad, resta construir herramientas en el ámbito de lo digital para socializarlas en los territorios sociales, constituyendo redes educativas con vinculaciones en el territorio social de cercanía.

En ese sentido, el acceso a la conectividad, a los dispositivos tecnológicos y a la alfabetización digital, aún requiere de mucha inversión de los Estados y se constituye en un derecho humano para avanzar en la concreción de muchos otros derechos. El sector educativo de un país requiere de programas con financiamiento que den respuesta a necesidades urgentes pero también a los problemas que vendrán.

La concepción de la educación como derecho y no como una mercancía le permite a las comunidades identificar y resolver problemáticas locales que tengan impacto no sólo de manera cuantitativa sino también en la vida de las personas, abonando al fortalecimiento del entramado y tejido social, para no volver a sufrir la quita de derechos que alguna vez, pensábamos adquiridos.

Con el paso del tiempo el Brasil de Lula vuelve a recuperar la educación como derecho, no sin reconocer que, como en tantos otros países de la región, aún quedan deudas por cumplir.

* Jouli es Licenciada en Educación Especial. Pedraza es Licenciada en Ciencias Políticas. Ambas miembros del Centro de Estudios y Formación en Política Educativa (CEFOPED), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)