Uruguay: La Política de Vivienda y una nueva Rendición de cuentas
Uruguay: La Política de Vivienda y una nueva Rendición de cuentas
Economia Politica
El próximo mes se presentará al parlamento un nuevo proyecto de Rendición de Cuentas por parte del gobierno. La discusión del mismo se presenta como una oportunidad para evaluar el camino tomado por la política pública de vivienda de este gobierno.
Desde la aprobación del Presupuesto Nacional y el Plan Quinquenal de Vivienda en 2020 para este período se visualizaron algunos grandes problemas que persistieron. Por una parte, el recorte de recursos para aplicar a los programas públicos, su correlato en la disminución de las soluciones habitacionales proyectadas, el papel central que ocupa en la nueva política de vivienda la generación de espacios que privilegian las oportunidades de negocios del sector privado. Estos problemas resultan en el debilitamiento de la visión de la política habitacional con vocación universalista, con programas de amplia cobertura y soluciones de calidad no segmentadas por nivel de ingreso, que se fue afirmando durante los gobiernos del Frente Amplio.
En relación al recorte de recursos públicos, en el Presupuesto se previó una caída en las inversiones a partir del 2021. Si bien el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanismo (FONAVI) ajusta los montos asignados presupuestalmente por la indexación al Índice Medio de Salarios, el aporte patronal del 1% de la masa salarial nominal de los funcionarios públicos y por el propio recupero de los préstamos otorgados en sus distintos programas, los recursos asignados a inversiones fueron disminuidos por el Decreto 90/2020 como parte de la política general de ajuste fiscal, suponiendo un recorte de aproximadamente 1587 millones de pesos que debieron aplicarse a la política de vivienda. Si bien en 2021 hubo un aumento en las inversiones respecto a 2020, no llegan a compensar el recorte inicial. Así comenzó a desarrollarse esta política de vivienda, recortando recursos o reprogramando obras.
Esta caída en términos reales de la asignación presupuestal para programas de vivienda muestra cómo partiendo de un objetivo compartible en el propio PQV:
“Se promoverá el acceso y permanencia en la vivienda de los sectores de ingresos medios, medios-bajos y más vulnerables de la población a través de diferentes programas que contemplen la heterogeneidad de los hogares destinatarios, en el marco del desarrollo de ciudades accesibles, sostenibles y sustentables, mediante una gestión eficaz y eficiente”
se vislumbra una política de menor alcance y con mayor esperanza en el sector privado como financiador de la política de vivienda.
El propio PQV plantea que el quinquenio tendrá terminadas 3.805 nuevas soluciones habitacionales menos de las que se terminaron en el último período de gobierno del Frente Amplio (en cooperativas eso significará aproximadamente 1857 menos, en el programa de autoconstrucción asistida 1799 menos y en relocalizaciones a la población que vive en zonas contaminadas o inundables otras 2037 menos). Sin duda que la proyección de soluciones a través de la política pública del gobierno de coalición se torna preocupante en cuanto al retroceso.
Esto se comenzó a ver en los proyectos de Rendición de Cuentas, donde en prácticamente todos los programas hubo una caída respecto a lo que estaba en ejecución en 2019. Lo cual va confirmando la desaceleración que posiblemente rompa con la tendencia incremental en el desarrollo de los programas.
Del enlentecimiento en las soluciones habitacionales previstas da cuenta el propio Presupuesto Nacional que implicó la readecuación de las partidas presupuestales que implicaron que el proyecto 717 “Nuevas soluciones urbano habitacionales” disminuyera nada menos que un 59% hacia 2024. Ese proyecto lo conforman los programas que son el núcleo duro de la producción en vivienda nueva: cooperativas, autoconstrucción, obras por licitación para activos y pasivos y relocalizaciones.
La contraparte de ello, muestra además el cambio de paradigma en la política de vivienda generando escenarios para oportunidades de negocios del sector privado. Se creó entonces el proyecto 701 “Créditos para vivienda con garantía subsidiaria del Estado”, con 1.000 millones de pesos en 2023 y 2.800 millones en 2024, de cara a la creación y participación del MVOT en fideicomisos, apalancando la inversión privada en viviendas promovidas a través de la ley No. 18795, que desde abril del 2020 ya no tienen tope de precio de venta ni porcentajes de comercialización a través del MVOT para su población objetivo.
Todo esto fue justificado en la ampliación de los recursos, que en realidad es la sustitución de recursos públicos por la eventual participación de privados, tornándose centrales en el desarrollo de la política de vivienda.
La generación de esa estructura fiduciaria también se justificó en la provisión de viviendas hacia los hogares pertenecientes a los deciles de ingresos medios y medio-bajos. Precios bajos de viviendas y garantizar rentabilidades de privados al mismo tiempo no parece tener otra salida que soluciones de vivienda de baja calidad y/o en localizaciones sin servicios.
Otro cambio relevante en la política de vivienda, fue la modificación a la Ley Nacional de Vivienda del año 68 bajando el mínimo de superficie habitable por vivienda desde 35 metros cuadrados a 25, categorizándolos como mono-ambientes. La anterior modificación de la ley del 68 había sido en 2017, pero en sentido contrario la superficie habitable mínima había aumentado de 32 metros cuadrados a 35. Ahora no sólo se determina un nuevo mínimo, sino que se faculta al Poder Ejecutivo a excluir de los parámetros del mínimo habitable y metrajes mínimos por dormitorios a los programas que “requieran una regulación específica”. Bajar la superficie habitable y habilitar que no se respeten las superficies establecidas en la ley de vivienda afecta indudablemente la calidad de las soluciones habitacionales.
Se continúa perforando la política de vivienda, pero no se visualiza desarrollo alguno. El desarrollo del fideicomiso como programa aún resta por presentarse. El año pasado se planteó la creación de otro fideicomiso para financiar la regularización de asentamientos, de manera bastante imprecisa suponiendo el financiamiento de programas de integración social y urbana de los barrios en situación de vulnerabilidad con especial énfasis en el acceso a la vivienda digna de personas en contexto crítico. De ello, solo se han visto obras que ya contaban con financiamiento.
Entre las prioridades establecidas por el gobierno para la Rendición de Cuentas próxima a presentarse, vivienda no aparece; es difícil esperar entonces recursos incrementales. Hasta hoy lo cierto es que se recortaron recursos públicos para los programas de vivienda a través de las asignaciones presupuestales del FONAVI y sus ajustes legales en pos del abatimiento del déficit fiscal; se proyectaron menos soluciones habitacionales y se generaron espacios para oportunidades de negocio del sector privado con el fin de aumentar los recursos recortados.
Se instaló el riesgo de que la política pública de vivienda y hábitat vuelva a recaer en soluciones de baja calidad o en localizaciones que refuercen los procesos de segregación territorial; todo esto en una clara oposición a la vocación universalista que se fue desarrollando desde los gobiernos del Frente Amplio.
