De gobiernos débiles y políticas de seguridad simuladas – Por Andrea Flores González
De gobiernos débiles y políticas de seguridad simulada
Andrea Flores González*
El caso mexicano de la guerra contra el narcotráfico es una evidencia más en el historial de las estrategias de seguridad nacional latinoamericanas ejecutadas mediante la violencia institucionalizada y la gestión represiva del Estado, de la mano de organizaciones criminales y el gobierno estadounidense. Lo que sucedió en la Corte de Distrito Este de Nueva York, durante el juicio en el que declararon culpable a Genaro García Luna, mano derecha del expresidente Felipe Calderón, concilia lo que muchos y muchas periodistas, organizaciones civiles, alertas internacionales y la población que sufrió las consecuencias de la guerra contra el narco ya venían denunciando: no fue una estrategia de seguridad fallida, fue simulada.
Las elecciones del 2006 se dieron en un clima de aumento a la violencia, consolidación de las políticas neoliberales y un descontento social gestado durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), quien también pertenecía al Partido Acción Nacional (PAN. A Calderón se le declaró vencedor con una diferencia del 0.56% de los votos. La consigna del “voto por voto, casilla por casilla” revelaba un fraude electoral y la llegada de un presidente espurio. Esta manifestación atormentó a este débil gobierno, que por su ilegitimidad frente a las masas y carencia de apoyo popular, debió acelerar la aplicación de la mano dura y la generación de alianzas que le permitiera gobernar, fuera con otras élites políticas, con el crimen organizado o con los gobiernos extranjeros. Afianzó su poder declarando la guerra contra el narcotráfico y once días después de su toma de posesión las fuerzas armadas ya se encontraban en Michoacán y Guerrero, para luego extenderse a la frontera norte.
En marzo del 2007, tan solo tres meses después de que iniciara el gobierno, Felipe Calderón se reunió con George W. Bush, presidente de Estados Unidos en ese momento, para inaugurar una serie de reuniones que formalizarían la Iniciativa Mérida: un marco de cooperación entre los dos gobiernos para el combate al narcotráfico que transfirió millones de dólares en capacitaciones y armamento a las fuerzas de seguridad mexicanas.
García Luna se desempeñó como secretario de Seguridad Pública durante este sexenio; con Vicente Fox fue el titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Sin embargo, el pasado 21 de febrero se evidenció el papel que este funcionario tuvo en la guerra contra el narco: quien debió encargarse de proteger a la ciudadanía fue uno de los responsables de bañarlo en sangre. Fue el vínculo entre el gobierno y el Cártel de Sinaloa para intercambiar sobornos millonarios por información, inteligencia y control territorial para que esta organización delincuencial pudiera ampliarse y abatir a sus cárteles enemigos.
Durante el juicio, testificaron antiguos líderes narcotraficantes quienes declararon estos intercambios, entre ellos “El Rey” Zambada y Sergio Villarreal “El Grande”. Los delitos por los que Genaro García Luna podría recibir entre 20 años de prisión y cadena perpetua son los siguientes: tres por tráfico de drogas, uno por delincuencia organizada y otro por falsedad en los testimonios brindados a las autoridades estadounidenses. Incluso, existe una declaración del exfiscal de Nayarit (condenado por vínculos con el narcotráfico) en la que afirma que el entonces director de Seguridad Federal, Luis Cárdenas Palomino (actualmente preso), le mencionó que estaba “del lado equivocado” en la guerra entre cárteles.
Un caso como este pone en evidencia las diferencias que existen entre quienes ven un gobierno corrupto o quienes quieren ver simplemente a un funcionario corrompido. Cuando desde el Ejecutivo se pusieron al servicio del crimen organizado las instituciones y los recursos del gobierno, no hay funcionarios solitarios que fueron corrompidos por atractivos sobornos. Hay una política de Estado corrupta o, en todo caso, un narcogobierno que se sostiene en las alianzas criminales que dice combatir.
Por otro lado, este caso permite desmontar los discursos que estas mismas élites políticas sostuvieron durante años para convencernos de que el crecimiento del crimen organizado se debía a que las poblaciones marginadas y empobrecidas se unían a los cárteles “en búsqueda de ingresos y oportunidades”. Esta narrativa queda en desuso: quienes protegieron y sustentaron al narco mediante información, privilegios y recursos fueron el presidente y su gobierno, a eso se debe su empoderamiento y permanencia. Bersuit Vergarabat lo resume en una estrofa de la canción «Sr. Cobranza” en referencia a que en el gobierno “son todos narcos”: No me digan se mantienen con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos, transan, venden y es solo una figurita el que está de presidente…”.
*De Chihuahua. México. Historiadora de la UNAM y secretaria Técnica del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro (IDEAL)
