Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE Colombia: «No nos quieren permitir desarrollar el programa de gobierno que ganó en las urnas»

Entrevista a Daniel Rojas Medellín

Por Tristán Torrejón, especial para NODAL

El 7 agosto de 2022 Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia, un giro histórico para la historia del país que tiene las estructuras del Estado controladas por quienes sostuvieron las instituciones al servicio de los intereses de las élites económicas.  El pasado 10 de Febrero la Procuraduría General colombiana impuso a Daniel Rojas Medellín la suspensión provisional de sus funciones, mientras éste investigaba la transferencia del 82,2% de las acciones de la Triple A, una empresa de servicios públicos embargada en 2018 por malversación de recursos. Rojas Medellín es el presidente de la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, un puesto de rango ministerial en cuyos hombros recae la responsabilidad de administrar bienes incautados al crimen organizado, uno profundamente vinculado a la estrategia de paz y también a la redistribución de la tierra. Economista de profesión, fue el coordinador programático del Pacto Histórico y también lideró el llamado “proceso de empalme” entre el gobierno saliente y el entrante.  El equipo de Rojas intentó frenar la ejecución de la compraventa, cerrada bajo la administración anterior del presidente Iván Duque, y revisar el proceso, tras determinar que el valor de las participaciones triplicaba el contemplado en el contrato: en torno a 500 millones de dólares, frente a apenas 120 millones. La revocación de esta suspensión de funciones llegaría días después, cuando la dirección de la SAE (Sociedad de Activos Especiales de Colombia) desiste, renunciando a detener una transacción observablemente enfrentada al interés púbico.  En palabras del mismo presidente Petro “El que encontró la corrupción en la SAE y en la Triple A, fue suspendido por los mismos órganos de control que hace mucho  debieron haberla descubierto”.  En esta entrevista especial con NODAL Rojas Medellín explica qué fuerzas se oponen a los cambios estructurales que lleva adelante el gobierno.

Usted jugó un rol de liderazgo programático como coordinador de campaña del pacto histórico y como responsable del empalme entre gobiernos ha sido testigo, en términos muy técnicos, de las condiciones en las que se movía la administración saliente. El gobierno de Gustavo Petro es el primero de izquierda en la historia de Colombia y por eso mismo también enfrenta desafíos muy particulares y se le achaca una responsabilidad simbólica. ¿Cuáles son los cambios más urgentes y las metas imprescindibles para la administración de Petro?

DR: Nosotros tenemos plena conciencia que en cuatro años de gobierno es básicamente imposible cambiar casi que un siglo del dominio de unas élites que más que haber desarrollado el capitalismo en Colombia, desarrollaron una suerte de feudalismo tropical. Uno basado no solamente en la tenencia de la tierra y en grandes latifundios, sino también el narcotráfico. Por lo tanto, el primer reto y el más importante de este gobierno es sentar las bases para la transformación de ese modelo improductivo que sólo nos ha dejado guerra y desigualdad. Y sentar las bases para esto implica hacer una reforma agraria para la democratización de la tierra. Colombia es uno de los países con mayor concentración de la tierra. El coeficiente Gini de concentración de la Tierra aquí se acerca a 0,9 puntos. Es decir, casi una concentración absoluta. Pero es que no sólo está concentrada en manos de unos pocos, sino que además es, como decía, improductiva. Colombia es un país con vocación agrícola, y sin embargo importa aproximadamente 15 millones de toneladas de alimentos. Eso supone importar la  inflación global y llevarla a la mesa de las familias colombianas. Por lo tanto, la reforma agraria es una prioridad para sentar las bases de esta transformación. Y no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales, pues los grandes conflictos, la guerra en el país, se han asentado particularmente en la distribución de esta tierra. Entonces esta reforma agraria pasa además por lograr lo que hemos denominado la Paz Total. Sacar del dominio de los mercados la provisión de derechos básicos como la salud, la educación y el derecho a trabajar. Y por eso la reforma de la salud, la reforma laboral y la reforma pensional se convierten en otras tres prioridades que junto a la reforma agraria, podríamos decir, son los pilares de de un cambio que tendrá que extenderse en Colombia a largo plazo.

Como presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tiene en tus manos un organismo clave. ¿Qué retos enfrenta la SAE y cuál es su relevancia en la lucha contra la corrupción?

DR: La Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra aquellos bienes que en algún momento pertenecieron a las economías ilícitas, a este modelo que acabo de describir. Un modelo asentado en las rentas del narcotráfico y de la corrupción. Y estos bienes que podríamos llamar productivos (activos que pueden generar riqueza bajo las lógicas, digamos, legales del capitalismo) para lo que sirvieron en su momento fue para establecer las estructuras del narcotráfico y para generales rentas a ellos y al Estado. Y por lo tanto de allí derivaba la violencia en el país. Ahora, al ser incautados y administrados por el Estado, lo natural en nuestro gobierno es que estos activos sirvan de base productiva para el nuevo modelo económico. Las tierras que en algún momento pertenecieron al narcotráfico como «caja menor», para lavar los activos de proveniencia criminal, tendrían que transitar hacia un modelo agroalimentario. Un modelo en el que se priorice la producción campesina, que sea la cuota inicial de la reforma agraria. Y eso es lo que estamos haciendo. Hemos determinado que la mayoría de las tierras que nosotros administremos, pues, puedan ser entregadas: bien sea tituladas cuando es posible o si no es posible, por lo menos garantizar derechos de uso de las mismas a las comunidades campesinas sin tierra en Colombia, para la producción agroalimentaria. Pero no solamente las tierras. Administramos sociedades e inmuebles urbanos que deben transitar también hacia hacia este nuevo modelo, hacia hacia la producción popular campesina y también juvenil. Por eso que hemos querido que las juventudes que se expresaron en el estallido social en el 2020 y 2021 en Colombia, puedan hacer parte como administradores populares de los bienes que incautamos. Y para introducirlos en estos circuitos productivos que el plan de gobierno está diseñando nos articulamos con otras entidades de gobierno. En últimas, estos bienes no tendrían que quedarse bajo nuestra administración ni que correr el riesgo de volver a sus antiguos dueños, sino que deben que vincularse a estos circuitos productivos.

Muchos hablan ya de un cambio de ciclo a nivel regional con el retorno más o menos generalizado del progresismo. Sin embargo, es una ola frágil: muchos de estos nuevos gobiernos se están enfrentando a un desgaste enorme y a estrategias de violencia política, muchas veces física, pero también legal. El lawfare, la persecución política a través de mecanismos judiciales, amenaza no sólo con minar la independencia de las instituciones, sino también con vaciar de significado la lucha contra la corrupción, algo que sólo favorece a la corrupción misma. Y hablamos de un fenómeno que ha cobrado una especial relevancia en América Latina, con casos que van del Ecuador a Brasil o a Argentina. Usted mismo fue suspendido de su cargo por frenar una acción que iba a traer detrimento al patrimonio del Estado colombiano. ¿Diría que fue lawfare? ¿Qué estrategias son posibles para que Colombia evite lo que ha ocurrido en otros países?

DR: Lo que queda en evidencia, por lo menos desde nuestra experiencia en Colombia, es que quienes han dominado no solamente la escena política, sino también mediática y judicial, nos permitieron ganar las elecciones y nos lo permitieron porque el país se encontraba  bajo el ambiente de un reciente estallido social. Y la indignación en las calles era tal que que el traslado a las urnas era muy evidente. Evitar nuestro triunfo en las urnas hubiera desatado una inestabilidad inmanejable. Pero habernos dejado ganar las elecciones no implicaba para para ellos dejarnos gobernar. El mensaje que nos han enviado es claro: no nos quieren permitir desarrollar el programa de gobierno que ganó en las urnas. No nos quieren permitir cambiar las estructuras de poder en Colombia. Nos quieren permitir desarrollar la democracia en Colombia. Y el mensaje es que estarían dispuestos incluso a utilizar las instituciones del Estado de Derecho para tales fines. Lo cual significa un riesgo enorme, porque la inestabilidad que quizás quisieron evitar cuando nos permiten ganar las elecciones… Y lo digo de manera taxativa, en Colombia han habido fraudes electorales. El hecho de que Gustavo Petro haya ganado las elecciones fue una concesión de las élites que dominan el país y una concesión al pueblo que se expresó mayoritariamente, pero pero con un cálculo que empieza a vislumbrarse. Y es que no nos permiten y desarrollar el programa de gobierno bajo la amenaza del lawfare. Y está, digamos, no solamente comprobado en el resto de la región, sino en mi caso particular yo siento esa misma amenaza. Y espero que recapaciten nuestros contenedores y que podamos juntos por lo menos consensuar la protección de las instituciones del Estado de Derecho, para proteger la democracia en Colombia y en América Latina.