Las élites vs. la democracia – Por Carlos Moldiz Castillo

Las últimas tres semanas de paro cívico han sido una demostración de la arbitrariedad y el autoritarismo de las élites económicas del país, que actúan hoy a través del Comité pro Santa Cruz y la Gobernación de aquel departamento, secuestrando la representatividad de su población mediante la instrumentalización de un discurso regionalista que, por diferentes razones, tiene asidero popular y que no ha sabido interpretarse ni desde la izquierda ni desde el oficialismo.

En su desafío a la autoridad del Estado, estas élites han provocado un muerto en el municipio de Puerto Quijarro, han cometido actos de violencia y discriminación en contra de sectores vulnerables de la población, como las mujeres ayoreas de Concepción, y han vulnerado la libertad de locomoción y el derecho al trabajo de los millones de bolivianos que viven en el departamento de Santa Cruz, sin mencionar los actos de vandalismo y sedición como la toma de un comando policial en La Guardia; todos hechos delictivos, sin lugar a duda, pero que, extrañamente, quedan todavía impunes. Bien se podría encarcelar al subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, o a los paramilitares gansteriles de la Unión Juvenil Cruceñista sin que ello implique la vulneración del derecho a la protesta al que tiene título toda y todo boliviano.

La arbitrariedad de estas élites resulta todavía más indignante cuando se atreven a reclamar que sus empresas sigan funcionando, con subvención del Estado, mientras se obliga a cientos de miles de comerciantes y cuentapropistas a suspender sus actividades de sustento diario por una consigna que nadie en el campo opositor ha podido defender racionalmente desde que el conflicto con el Gobierno empezó y pasando por encima, por si fuera poco, de las determinaciones asumidas por la mayor parte de los gobiernos subnacionales del país, a través del Consejo de Autonomías, o asociaciones municipales como la propia Amdecruz, en julio de este año.

En otras palabras, son élites que actúan con el convencimiento de que están por encima del orden constitucional del país, que no necesitan elecciones para ejercer su voluntad y que tienen el poder para derrocar o, por lo menos, desgastar a gobiernos democráticamente elegidos, porque tienen el control de los principales medios de producción en su región, así como de una maquinaria política de clientelismo nada despreciable como lo es la Gobernación del departamento de Santa Cruz, además de medios de coerción que en cualquier otra sociedad serían declarados como organizaciones delictivas, como la Unión Juvenil Cruceñista. De hecho, justo a inicios de esta semana, al más puro estilo Joe Valachi, Yassir Molina y sus secuaces de la RJC confirmaron lo que todos ya sabíamos hasta ahora: estas élites suelen hacer negocios con el hampa para construir su base social.

Desde hace décadas, estos sectores no han podido asumir el control del Estado, que también necesitan para impulsar una mayor acumulación de ganancias por medios democráticos, viéndose obligados a ejecutar burlonamente un golpe a nombre de la democracia, estableciendo un régimen de excepción durante el cual se cometieron dos masacres y se violaron los derechos humanos de cientos de miles de bolivianos; un gobierno de facto aplaudido por políticos que durante mucho tiempo se esforzaron en presentarse a sí mismos como convencidos liberales, sin considerar por un instante la monstruosidad que cometían al respaldar a matones como Jeanine Áñez o Luis Fernando Camacho, que de paso los ningunearon como lo que eran: unos cobardes, como le sucedió a Mesa en el aeropuerto de El Alto.

Hoy, nuevamente en noviembre, estas élites tratan de minar la gobernabilidad del régimen democrático en Bolivia, porque ya no les sirve, y nosotros acá, actuando como si no supiéramos que somos mayoría.

*Carlos Moldiz es politólogo.