Corrupción y lawfare: Cristina en el espejo de Lula – Por Renzo Fabb
Corrupción y lawfare: Cristina en el espejo de Lula
Renzo Fabb
El reciente pedido de condena a 12 años de prisión contra Cristina Fernández ha producido un cimbronazo político. El fiscal Diego Luciani, que acusa en la causa conocida como «Vialidad», solicitó también la inhabilitación perpetua de la ex presidenta para ejercer cargos públicos.
La historia reciente en nuestro continente hace inevitable realizar una comparación con lo que sucedió en Brasil, donde el ex presidente Lula da Silva fue condenado y proscrito en la última contienda electoral presidencial.
La comparación, a decir verdad, es promovida por sus propios protagonistas. Cristina misma la ha establecido: ella y el dirigente petista serían ambos «líderes populares» que, al no poder ser vencidos por la oposición en las urnas (al menos no de una manera duradera), buscan derrotarlos definitivamente (y ponerlos fuera de juego) a través del «Lawfare», es decir, la persecución política a través de causas judiciales relacionadas con casos de corrupción.
Lula fue condenado y preso para luego, por una decisión del Supremo Tribunal, ser puesto en libertad. Hoy es el principal candidato a quedarse con la presidencia de Brasil en las próximas elecciones de octubre.
Aun con todas las desavenencias que implican para la vicepresidenta sus problemas judiciales, a ella le gustaría eventualmente estar en el lugar que está hoy Lula. Como un líder perseguido que, pese a todo, logra reponerse y se encamina para su retorno triunfal al poder. Las similitudes entre uno y otro caso son evidentes. Pero el espejo en el que se mira Cristina también puede estar devolviendo imágenes distorsionadas.
Manual de persecución
La condena y proscripción de Lula revela la hoja de ruta que la justicia argentina pretende seguir con Cristina Kirchner. Los métodos y las maniobras para, a través de casos de corrupción, intervenir decisivamente en la vida política del país son similares.
En el caso de Brasil, que la condena a Lula fue una persecución política no podría haber sido más alevoso. Para llegar hasta su condena hubo que pasar, antes, por el escándalo internacional del Lava Jato, el caso de corrupción más importante de la historia de Brasil.
En el Lava Jato estuvieron involucrados tanto funcionarios estatales como empresas privadas. Toda una red de lavado de dinero y fraudes al Estado que incluían a la empresa estatal Petrobras. Los vínculos con la política no tardaron en aparecer.
Lejos de lo que podría creerse, en realidad los principales involucrados no eran del PT, sino del PSDB y partidos de la oposición. A través de los distintos testimonios terminó involucrada prácticamente toda la clase política brasileña: desde la entonces presidenta Dilma Rousseff hasta su principal contendiente electoral, Aecio Neves, pasando por el que luego sería presidente tras la destitución de Dilma, Michel Temer.
En el centro de toda esta investigación emergió como una figura «anticorrupción» el juez Sergio Moro. Aunque prácticamente no había político no involucrado en el escándalo, Moro se encargó de direccionar deliberadamente la investigación hacia los líderes del PT, en particular hacia Lula.
Como es sabido, Dilma terminaría saliendo eyectada de la presidencia a través del juicio político en medio de este clima político. Temer también estaba involucrado en el escándalo y, de hecho, se lo pudo ver literalmente pidiendo coimas siendo grabado en secreto por un empresario contratista del Estado en 2017. Pero no solo no sufrió ninguna consecuencia judicial grave, sino que mientras a Lula lo metían preso a él lo hacían presidente. La clase dominante utilizó su presidencia «interina» para hacer pasar contrarreformas neoliberales muy reaccionarias.
El PT, mientras tanto, estaba acorralado por la persecución judicial (que se apoyaba socialmente en las clases medias reaccionarias que tiempo después se convertirían en la base social bolsonarista) y sumido en la parálisis, incapaces de movilizar a sus bases contra los ataques y acatando pasivamente las resoluciones judiciales persecutorias, en nombre del respeto a la institucionalidad.
La persecución era tan evidente que incluso Lula estuvo detenido por un breve período en 2014, no por estar acusado sino en calidad de testigo de la Operación Lava Jato. Quien ordenó su detención fue Sergio Moro.
Mientras el gobierno de Temer, que no contaba con ninguna legitimidad popular, avanzaba con las contrarreformas, la justicia con Moro a la cabeza se centraron en impedir el retorno de Lula al poder. Así fue que el dirigente petista fue condenado en 2017 por el presunto cobro de una coima por parte de la empresa OAS en forma de un departamento en la región del litoral paulista. Lula no sólo fue condenado a prisión, sino que también fue inhabilitado para ser candidato a Presidente. Algo muy similar a lo que el fiscal Luciani solicita en relación a Cristina Kirchner. Casi sacado del «manual del Lawfare»: no alcanza con la prisión, hay que asegurarse que la voluntad popular no vuelva a llevar al poder a un dirigente que, aun siendo 100% capitalista, no es conveniente para los intereses de una parte del establishment.
Lo demás es historia conocida de la alevosía: Moro terminaría siendo designado Ministro de Justicia de Bolsonaro, una especie de «premio» por allanarle el camino al ex Capitán a la presidencia. Como por si todavía a alguien le quedaban dudas de la connivencia entre justicia y política que culminó con el encarcelamiento de Lula y la llegada de Bolsonaro al poder.
El peronismo no es el PT
Más allá que la condena a Lula tuvo tantas irregularidades que luego terminaría siendo revocada por el Tribunal Supremo, lo cierto es que las evidentes similitudes entre la persecución que sufrió el dirigente petista y Cristina Fernández también contiene diferencias de importancia.
Lula y Cristina podrán ser dirigentes con muchas cosas en común, pero Brasil no es Argentina, y el PT no es el peronismo.
Cuando el PT y Lula sufrieron la persecución y Brasil era gobernado de manera ilegítima por Temer, los jueces detentaron un enorme poder propio, interviniendo en la vida política del país y decidiendo quien podía ser candidato y quien no. Se ubicaron prácticamente por encima de las instituciones de la democracia burguesa, en una especie de semi-bonapartismo.
Para esto se apoyaron en las clases medias corridas a la derecha, pero también en la desarticulación del PT y el cretinismo pasivo de la burocracia sindical petista, que se negó a movilizar una y otra vez contra la avanzada reaccionaria.
Desde el punto de vista superestructural, en Argentina el peronismo es una estructura política muchísimo más integrada al Estado burgués desde hace décadas de lo que lo es el PT en Brasil. Incluso al interior del poder judicial, el peronismo es parte orgánica del aparato de Estado, independientemente de quién gobierne. No sorprende que, luego de la acusación contra CFK, estemos viendo una especie de realineamiento del peronismo, incluso de sectores enfrentados al kirchnerismo al interior del PJ, como la CGT o el «peronista de derecha» Miguel Ángel Pichetto.
Existen además razones más profundas y determinantes, que tienen que ver con la lucha de clases. En Argentina subsiste una tradición de movilización y de defensa de los derechos democráticos más asentada que en Brasil. Desde los juicios a los represores de la dictadura hasta la rebelión popular del 2001, existe una gran sensibilidad social en defensa de los derechos democráticos, y proscribir a un candidato sería algo inédito desde la caída de la dictadura. Si nos vamos más hacia atrás, hay una larga tradición: los años de proscripción al peronismo, la militancia política y sindical clandestina durante la dictadura, etc.
Por supuesto que en Brasil hubo una enorme porción de la población que repudió la proscripción a Lula. De hecho, existe la posibilidad de que gane las elecciones en primera vuelta. Sin embargo, las condiciones que en Brasil permitieron el impeachment a Dilma, la avanzada reaccionaria primero de Temer y luego de Bolsonaro y el encarcelamiento y proscripción de Lula no son tan fáciles de replicar en Argentina.
Claro, todo esto no significa que se pueda adelantar qué es lo que vaya a ocurrir con el futuro de Cristina Kirchner. Pero sí implica dar cuenta de en qué condiciones se libra una despiadada pelea político judicial entre dos sectores de la política capitalista, uno de ellos que amenaza a llevarse puesta mucho más que a una dirigente política: los derechos democráticos conquistados por la sociedad argentina en años de lucha.
