El cambio que podemos esperar – Por Héctor-León Moncayo S.
Héctor-León Moncayo S.*
De Gustavo Petro puede decirse que tiene el vicio de su virtud. En efecto, es el único candidato, sin lugar a dudas, que conoce los temas y tiene propuestas, pero por ello mismo, ha llegado a una especie de incontinencia propositiva. Le hemos escuchado, tan sólo en los últimos meses, desde una modificación al sistema pensional hasta una oferta de negociaciones de paz para todos los grupos armados; una propuesta de compra del imperio azucarero de Ardila Lule en el Valle, la idea de que el Sena participe en la administración de las cárceles, el curso obligatorio de programación en el grado once de secundaria, una nueva forma de rendición de cuentas obligatoria para los congresistas, y muchas más, sin contar el nebuloso perdón social.
No puede negarse que tienen, en el ámbito de la publicidad, un enorme poder efectista, pero, al mismo tiempo, enunciadas así, son extremadamente vulnerables a la tergiversación y a la ridiculización. Y lo más grave: hacen pensar en un amplio y heterogéneo repertorio de donde se iría a tomar y a aplicar la fórmula según la circunstancia, el capricho o la conveniencia del momento.
Es por eso que vale la pena indagar en el programa que la campaña ha dado a conocer, para encontrar el lugar en donde eventualmente se ubican y la coherencia del conjunto1. Aun así, podemos anticipar de una vez que es tal la magnitud, la prolijidad y la ambición del documento que resulta imposible establecer una ponderación de los objetivos y un orden de prioridades de las iniciativas. Si no fuera porque no existe partido, se diría que se trata de un programa de partido, o una declaración de principios pero nunca, pese a que advierte que es el “inicio de una transición”, un programa de gobierno.
Un programa abierto
Otra razón por la cual no sería un programa de partido estriba en que se define, de manera sorprendente, como un programa “abierto”. Quiere decir, en sus propias palabras, “que se irá consolidando en el diálogo plural”. Parece loable, aunque si se trata de una propuesta de gobierno la cual se somete a votación, es obvio que los electores necesitarían tener claro cuál es la opción que se ofrece, nítidamente diferente a las otras, para poder tomar una decisión. Claro está que, siendo realistas, lo cierto es que, aquí y ahora, los ciudadanos votan más que todo por las personas.
Según otra interpretación, lo que se está ofreciendo en realidad es un modelo de “democracia participativa”; una propuesta de gobierno, no de contenidos sino de procedimientos. Muy sólido, amplio y de aplicación inmediata tendría que ser este nuevo modelo para que se pudiera entonces dar curso a los demás puntos del programa. En todo caso si hay un término que se repite, una y otra vez, en el documento es el de “Pacto”, reforzado en algunas ocasiones con la noción de “contrato social”. Obviamente se relaciona con la idea de paz.
Las implicaciones políticas de este enfoque son enormes. Es claro que se rechaza la idea de clases sociales, sobre todo en el sentido de grupos antagónicos, basados en relaciones sociales de poder. Según este enfoque, en consecuencia, lo que está en disputa no son proyectos de sociedad que corresponden a intereses sociales opuestos, sino propuestas diferentes que pueden procesarse mediante un diálogo racional para llegar a consensos. Si es preciso enfrentarse a alguien (el uribismo, por ejemplo) es por razones morales: la corrupción, el egoísmo, la mezquindad. Todo cambio, en el fondo, es cultural. Evidentemente muy lejos del marxismo. Una razón para convencerse que no hay aquí nada de comunismo o de “castrochavismo” como dice la derecha.
No obstante, hay, ciertamente, un contenido mínimo del cual habría que partir para iniciar el diálogo; por eso se habla de “bases” programáticas. Visto en su conjunto, el programa consta de tres partes o tres “transiciones” como se les denomina allí. El Cambio es con las Mujeres; Economía para la vida, y Democracia multicolor. No es posible referirnos aquí ni siquiera a una porción significativa de las consideraciones, planteamientos y propuestas que se consignan, pero sí vamos a señalar los aspectos centrales de lo que allí se considera el cambio.
Evidentemente, la primera transición es la más importante, es el eje de este programa. Y no solamente porque la perspectiva de género es un principio, como se dice, transversal (e interseccional). –Perspectiva que se vuelve determinante pues se establece que las mujeres tendrán prioridad y protección en todas las políticas de empleo, vivienda, tierra, salud y educación–.
La decisión que, en sus palabras, se formula así: “emprenderemos las transformaciones para saldar la deuda en términos de representación política, igualdad y autonomía económica frente al hombre”, tiene un peso enorme y una prioridad indiscutible en las acciones a desarrollar, simplemente por el hecho de que supone un conjunto bastante amplio de reformas en tan sólo cuatro años de gobierno. Algunas de ellas de carácter legislativo. Por ejemplo la obligatoriedad de la participación del 50 por ciento para las mujeres en todos los cargos públicos, en todos los niveles y en todas las ramas del poder. O la promesa, que todavía no se define cómo podría implementarse, pero que desde los primeros meses se volvería políticamente exigible: “Avanzaremos hacia la redistribución de la carga de las responsabilidades de los cuidados, entre las comunidades, las familias, el Estado, los hombres y mujeres. Disminuiremos sustancialmente las 8 horas diarias que la mujer dedica al trabajo de cuidados no remunerado, que serán compensadas por otros actores del sistema, frente a las 3 que dedican los hombres”.
El vuelco que esto representaría en la economía y la sociedad es crucial, histórico pudiéramos decir. Sólo enunciarlo es ya un compromiso que no puede menos que signar el conjunto del programa. Además, se anuncia la creación de un Sistema Nacional de Cuidados del que hace parte la política mencionada. Aunque en casi todos los ámbitos este programa propone la creación de “sistemas”, éste en particular tiene una significación preponderante, especialmente porque se convierte en la base conceptual y hasta operativa de toda la política que llamamos social. Comenzando por la educación y siguiendo con la salud.
No es posible detenerse aquí en los detalles pero abundan las propuestas y bien valdría la pena, en su momento, desarrollar un amplio y profundo debate en el conjunto popular. Hay propuestas que son simplemente repeticiones de iniciativas muy antiguas que fueron cuestionadas y fracasaron. Por otra parte, se atribuye la dirección de este sistema a un nuevo Ministerio, el de la “Igualdad”, que además articularía todas las acciones referidas a la eliminación de la desigualdad mediante la realización, según se dice, de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1991.
Aparte de meditaciones y discusiones, el cuestionamiento puede reducirse a un par de preguntas simples y elementales: ¿Por dónde empezar? ¿Cómo seguir?
La identidad originaria
La “economía para la vida” significa, como era previsible dada la historia política reciente de Petro, particularmente desde la pasada campaña presidencial, el abandono de lo que se ha llamado el modelo “extractivista”, y no sólo como expediente ineludible para enfrentar la emergencia debida al cambio climático sino, ahora, en clave de ética biocéntrica. Las implicaciones son muchas y de gran calado. En principio se asocia con el cambio de la matriz energética, transitando hacia energías “limpias”, eólicas, solares y otras, cosa que ya se ha aceptado, por lo menos teóricamente, en casi todo el mundo; la discusión versa entonces, especialmente en las grandes potencias capitalistas, sobre el sentido y ritmo de la gradualidad. Sin embargo, en un país como Colombia, más allá de las reflexiones sobre la innegable amenaza de la crisis climática, la disputa tiene que ver con su consecuencia obligada, esto es, la sustitución de las principales exportaciones (hoy petróleo y carbón) lo cual equivale a un replanteamiento de la inserción en el mercado mundial.
El cambio, entonces, como lo sugiere la utilización de la palabra “modelo”, es mucho más comprometedor y significa un cambio del patrón de acumulación capitalista. Todo un andamiaje que debe ser destruido y reemplazado, Desde la orientación “hacia afuera” y la redefinición del papel del mercado interno hasta la configuración del aparato productivo. Una transformación radical del volumen y la composición de las importaciones. Se buscaría una nueva dinámica y sentido de los flujos de inversiones (domésticas y desde el exterior). Y sobre todo una redefinición del papel del capital (y mercado) financiero que hoy por hoy es el determinante. Todo ello obliga a una renovación de las fuentes de los ingresos fiscales y, por lo tanto, a una reorientación de la política monetaria.
Ante la magnitud del cambio, cuyo futuro biocéntrico no deja de exaltar, el programa escoge la prudencia. La palabra mágica es “transición”. De hecho, el candidato, en la medida en que se veía forzado a aclarar su propuesta, precisó que, por el momento, de lo que se trata es de no permitir nuevas exploraciones en materia de hidrocarburos, como quien dice que, en los cuatro años de gobierno, la reducción en la producción y en las exportaciones será apenas notoria. Empero, los primeros pasos, sin duda, pueden ser ya un cambio si se dan en firme; es decir, si marcan de manera ojalá irreversible un cambio de dirección.
Uno de los aspectos básicos de la nueva dirección que el programa resalta es el abandono, como condición necesaria, de la subordinación sin límites a las leyes del mercado. Abandona, sin decirlo, el neoliberalismo. Valioso es, por lo demás, el hecho de que lo rechaza, aparte de la política económica, en todos los ámbitos de la vida social, como cultura, negación por excelencia de la noción de derechos humanos. Se recupera en consecuencia el intervencionismo, en la forma, según sus propias palabras, de una “expansión de las capacidades de lo público”. Desde luego hay aquí una diferencia con respecto al enfoque convencional de la socialdemocracia y el populismo ya que en varios puntos aclara que lo “público” es no sólo estatal sino también comunitario, social, étnico, grupal, corporativo, etcétera. La aplicación de este concepto queda, sin embargo, abierta; sometida a las múltiples, diversas y casuísticas formas de “participación”. De nuevo, la clave está en la forma y el proceso de la “transición”.
Téngase en cuenta un detalle sobresaliente. En ninguna parte del texto se habla de “capitalismo”. No es un hecho fortuito. Lo ha dejado en claro en repetidas ocasiones el candidato y la mayoría de sus cuadros de campaña: no han tenido, ni tienen ni tendrán jamás una vocación anticapitalista. Ni siquiera está entre sus motivos de reflexión. La razón es muy simple; según sus convicciones esta es una problemática obsoleta que ya ha sido reemplazada en la cultura contemporánea. Las condiciones históricas que la humanidad está encaminada a superar son fundamentalmente dos: el “antropoceno” como gran época que ha dado lugar a las relaciones de expoliación de los seres humanos sobre la naturaleza, y el régimen heteropatriarcal, matriz, junto con las de género, de todas las desigualdades y exclusiones basadas en la diversidad.
Así pues, aun estando en una perspectiva de cambio histórico verdaderamente secular, la aspiración se reduce, como se ha dicho, a un cambio de modelo o de patrón de acumulación de capital. Se mantiene, como horizonte, la imagen de un capitalismo de libre competencia, democrático, basado en la multiplicidad de pequeñas y medianas empresas. Razón de más para reiterar que no tiene nada que ver con el comunismo o el castrochavismo, como dice la derecha.
La “economía para la vida” se desenvuelve finalmente en lo que se llama las tres “democratizaciones” y los “pactos”, con orientaciones y concreciones en su mayoría discutibles, pero no es necesario detenerse ahí. Con todo, el abandono del modelo “extractivista”, en todos sus componentes, como los que remiten al neoliberalismo y la “financiarización”, es un cambio importante y una aspiración sentida desde hace años por significativos sectores del pueblo colombiano. El problema reside justamente en lo que se denomina “transición”.
Un programa “abierto” tiene aspectos positivos en lo que significa como ampliación de la democracia (“multicolor”), pero es al mismo tiempo un enorme riesgo. No debe olvidarse que cada medida que se vaya tomando levantará resistencias de parte de los poderes sociales y económicos afectados, no siempre pacíficas y limpias. De algo debería servir la experiencia de la Alcaldía de Bogotá. El rumbo definitivo puede ser muy diferente a lo previsto como resultado de las derrotas aplastantes o de las concesiones. De ahí la importancia de la intervención de los movimientos sociales. Más allá de los grupos más o menos organizados y de las formas encuadradas de la participación, el destino puede estar en manos de la acción directa y abierta.
La prueba ácida2
No cabe duda que el criterio para determinar, en Colombia, el alcance y la autenticidad de una propuesta de cambio, tiene que ver con el tratamiento y la respuesta que dé a la cuestión agraria. En este programa hay dos tipos de respuestas. Una general, que se desprende de consideraciones agroecológicas y ambientales, y otra concreta, que tiene en cuenta la situación particular del país, después de años de violencia contrainsurgente e imposición, mediante el desplazamiento de las familias campesinas, de una cruda contra-reforma agraria. La primera es, de todas maneras la más importante. Lo dice el título que le asignan al acápite correspondiente: “Campesinado, Pueblos Indígenas, Afrodescendientes, Negros, Raizales, Palenqueros y rrom dignificados y liderando la defensa de la vida, el territorio, la diversidad natural y cultural de la nación”. Se extiende en consideraciones sobre el ordenamiento territorial con eje en el agua y la defensa de los ecosistemas. Señala la importancia de un sistema agroalimentario de circuitos cortos de producción y consumo. Es ahí donde se habla de reforma agraria, pero en relación con la defensa de los territorios, como suponiendo que los pueblos mencionados ya se encuentran allí y la cuestión principal se refiere a la autonomía.
El segundo tipo de respuestas está relacionado con la cuestión de la paz, pero como si ya estuviéramos en el periodo de la “reconstrucción”: “La paz es un nuevo contrato social para garantizar los derechos fundamentales de la gente en particular de las víctimas”. Es cierto que reconoce la necesidad de lo que muchos llaman la “paz completa”, es decir con el Eln, pero le añade una propuesta enteramente problemática a propósito del tratamiento de los grupos criminales. Este enfoque distorsiona completamente la noción de reforma agraria. Se reduce, por una parte, al cumplimiento del acuerdo de La Habana, “se impulsarán estrategias de acompañamiento jurídico para acelerar los procesos de restitución de tierras” (nada dice del fracaso de hoy) y por otra a una estrategia para transformar el patrón de usos del suelo (hoy latifundio “ganadero”) mediante una política tributaria según la cual “el propietario del latifundio improductivo debe activar la producción de sus terrenos, o pagar los impuestos correspondientes, o en última instancia, venderlos al Estado para que este a su vez lo entregue a las comunidades rurales”.
Así, sin ir al núcleo de la problemática, queda mucha tela por cortar. Cualquier estudioso de la cuestión agraria recordará que ésta fue la solución alternativa a la reforma agraria que se le planteó tanto a López Pumarejo como a Lleras Restrepo, para no importunar a los terratenientes. Al mismo tiempo, Petro firma en una notaría un documento según el cual jamás recurrirá a la expropiación, (tema que dio lugar en los años treinta a la celebrada fórmula de la “función social de la propiedad”), obviamente para dar tranquilidad a los terratenientes de hoy.
Del dicho al hecho
Varias veces aludimos a lo problemático que resulta el enfoque de la “transición”. Aunque puede ser muy útil, en términos de la política práctica, para responder a cada situación según sus exigencias y no según las coherencias programáticas. Pero hay urgencias. En primer lugar sociales. Todas las encuestas, sondeos, consultas, nos dicen que entre los sectores populares hay dos preocupaciones, el empleo y la corrupción. Un aspecto del programa llama la atención y es tal vez lo más sustancioso: “La política de empleo garantizado será la base de un nuevo contrato social alternativo al enfoque de subsidios al desempleo y a la flexibilización laboral, un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera”. La implementación no está todavía clara pero, si se difundiera, tendría un atractivo incomparable.
En lo referido a la corrupción, desafortunadamente lo que se propone se reduce a la realización de lo que se encuentra establecido en el ordenamiento jurídico institucional. Estas urgencias sociales tienen que ver, en los primeros meses, con la credibilidad y la legitimidad del gobierno, cosa que de ninguna manera se puede menospreciar; la oposición, violenta e inescrupulosa, como se dijo antes, estará atenta.
Hay además urgencias macroeconómicas. La crisis económica –estanflación– que además tiene características mundiales, es evidente. La posición que en el programa se plantea es, por decir lo menos, ingenua. Obviamente es posible plantear una reforma tributaria que, gravando a los más ricos, pudiera rendir suficientes recursos para el Estado. En materia monetaria que es el espacio favorito de los tecnócratas neoliberales, hasta ahora la posición se reduce a reiterar que, desde el Banco de la República, la política debería atender no sólo la estabilidad de los precios sino el empleo y por tanto el crecimiento económico y el bienestar.
Habría que esperar. El problema consiste en que las urgencias terminen bloqueando las pretensiones de una política de fondo. No hay que olvidar –y vale la pena reiterarlo– que están en juego intereses de clases o fracciones de clases que no van a permanecer de brazos cruzados.
La propuesta Petro-Francia representa, en síntesis, un cambio, en el sentido más elemental de una nueva realidad política para Colombia. Como en casos similares, vale más por lo que se dice o se piensa de ella que por lo que se encuentra en sus documentos. Las acusaciones de la “derecha” contribuyen a concretar en las masas populares la idea de un cambio que es necesario. Por ese lado es un proceso transformador.
En una perspectiva sociológica y cultural, es claro que su presentación recoge el saber acumulado de cuatro décadas de actividad de las ONG`s, bajo la tutoría de las agencias de cooperación internacionales. Dentro de un discurso “políticamente correcto”, como se dice en los medios anglosajones. En ese sentido son absolutamente actuales, contemporáneas.
Notas
1- Colombia. Potencia mundial de la vida. Programa de Gobierno Petro – Francia. 2022-2026
2- Esta expresión, que se utiliza aquí de manera figurada, es un indicador que se utiliza en la administración de empresas y se refiere a la capacidad que tiene una empresa para responder a las obligaciones corrientes pero es más exigente y rigurosa que otras medidas del grado de liquidez.
* Economista. Profesor universitario. Analista político e investigador en temas sociales y económicos. Exdirector del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA).
