Revocatorio presidencial | Qué tiene que pasar el domingo para que AMLO deje el gobierno
El domingo es la consulta para revocación de mandato; esto tiene que pasar para que AMLO deje el poder
En septiembre de 2021, el Senado de la Republica pasó una reforma constitucional que permite convocar a los mexicanos a las urnas para que decidan si quieren o no que siga en el poder el presidente en turno.
Realizar tal consulta ciudadana es uno de los compromisos de campaña del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien proclamó “el pueblo pone, el pueblo quita”. Desde que se convocó a los mexicanos a opinar sobre el curso de su mandato, en redes sociales han circulado afirmaciones falsas sobre el alcance que tiene el referendo.
El domingo 10 de abril se llevará a cabo el referendo revocatorio del mandato del presidente López Obrador. Esto quiere decir que se les preguntará a los mexicanos si quieren que concluya anticipadamente su presidencia o que continúe hasta el final de su sexenio en 2024.
Los mexicanos que se encuentren en el padrón electoral y que cuenten con credencial vigente acudirán a las urnas y recibirán una boleta en donde se les hará la siguiente pregunta:
¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”
En ese sentido, la ley dicta que el proceso de revocación de mandato procederá cuando sea solicitado por al menos 3 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores siempre y cuando corresponda a 17 de los 32 estados que representen también al menos 3 por ciento de la lista nominal de votantes.
¿Y si no se alcanza la participación mínima?
La Ley de Revocación de Mandato establece que si no se alcanza el 40 por ciento de participación, el resultado no tendrá ningún efecto, y el mandatario seguirá ejerciendo su cargo hasta el final de su sexenio, en 2024.
De lo contrario, si la mayoría vota porque AMLO siga en el poder, el mandatario seguirá ejerciendo su cargo hasta el final de su sexenio, según lo establecido por la ley.
¿Cómo tendría AMLO que dejar el poder?
El Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de la organización, desarrollo y cómputo de la consulta, señala que para que haya una consecuencia en el mandato de López Obrador, debe participar al menos el 40 por ciento de la ciudadanía en la lista nominal.
De acuerdo con el INE, la revocación de mandato sólo procederá si de ese 40 por ciento que participó, la mayoría absoluta opta por remover al presidente.
Falsedades en torno a la consulta
Que México será una dictadura “como la de Venezuela o Cuba” si la revocación de mandato no procede, si la gente no participa los suficiente o si la mayoría vota para que el mandatario siga en su cargo. Falso. En cualquiera de los escenarios, lo único que sucederá, según lo establecido por la ley, es que López Obrador seguirá ocupando su cargo como presidente hasta que termine su período en 2024.
Si se vota por la revocación de mandato se rompe el principio de legalidad y esto da pie a que AMLO pida una ampliación de mandato. Falso, porque la revocación es un mecanismo ya establecido en la Constitución, regulado en una ley secundaria, que es la Ley federal de Revocación de Mandato.
La consulta ciudadana que se llevará a cabo el próximo 10 de abril de 2022 es para ratificar en el cargo al presidente López Obrador. Falso, porque la consulta será sobre la revocación de mandato. La palabra “ratificación” no es mencionada en la boleta de la consulta, ni aparece en la Constitución mexicana o en la ley que regula este ejercicio.
¿Cómo influiría la desinformación en el proceso?
Como ha pasado en otros países, la difusión de información falsa podría afectar la concurrencia de los votantes y por lo tanto el resultado del ejercicio democrático.
Laura Edelson, desarrolladora de métodos para identificar contenido y actividad no auténticos e investigadora líder en el proyecto Ciberseguridad para la Democracia de la Universidad de Nueva York, explicó a AP que esto ha ocurrido en otros países.
Por ejemplo, en la campaña presidencial estadounidense de 2020, se describió, sin sustento al ahora mandatario Joe Biden como “comunista” y se le comparó con el presidente venezolano Nicolás Maduro en anuncios de Facebook dirigidos a votantes latinos de los estados de Texas y Florida. Donald Trump ganó en ambas entidades.
La investigadora recalca que actualmente la desinformación es usada como estrategia. “Estamos viendo actores que difunden contenido para lograr un objetivo político que saben que no es exacto, y se usa porque ese mensaje era efectivo con una audiencia particular. Las personas que dirigen estas campañas están buscando el poder y usarán el mensaje que sea efectivo. Esto no se trata de ideología, se trata de poder”, aseguró Edelson.
Si la revocación de AMLO procediera, ¿qué sigue?
En su artículo 60, la Ley de Revocación de Mandato establece que, si los resultados de la jornada indican que procede la revocación, el titular de la Presidencia de la República se verá separado definitivamente del cargo cuando el Tribunal Electoral emita la declaratoria de revocación.
“Una vez hecho lo anterior, se procederá de forma inmediata según lo previsto en el último párrafo del artículo 84 de la Constitución”, dice la legislación. Este artículo establece que será el Congreso quien nombrará al presidente interino o sustituto que “deberá concluir el período respectivo”, en un término no mayor a 60 días, y que mientras esto ocurra el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.
TEPJF puede anular consulta de revocación por violación a la ley: INE
Ante la «sistemática, dolosa, descarada e impune» violación por parte de funcionarios públicos, de las reglas que rigen el proceso de revocación de mandato, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova sostuvo que podría estar en riesgo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara anular este ejercicio. Adelantó que el INE remitirá a los magistrados su diagnóstico del proceso, incluidas todas las irregularidades detectadas en el organismo y que todas han sido confirmadas por la Sala Superior.
«El INE tendrá que informar a la Sala Superior para que proceda a dictaminar y emitir la notificación a los poderes. Esto significa juzgar el conjunto de sucesos que han ocurrido. Presentaremos a la Sala Superior un diagnóstico de todas las irregularidades que se han venido cometiendo, y ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos con que sistemática, retirada, dolosa y descaradamente están violando la ley, no traiga como consecuencia que se decida anular este proceso, ojalá no ocurra porque significaría la peor sanción a un proceso democrático», dijo Córdova.
La conferencia de prensa se tornó en una evaluación crítica de los consejeros ante el desempeño de los funcionarios, destacando que en este proceso se presentaron 172 quejas, esto es una “litigiosidad” superior a la registrada en la elección es federal de 2021, pues en ese entonces hubo un promedio de 29 mensuales y en esta ocasión 34.
El consejero Jaime Rivera afirmó que «sí hay hechos preocupantes, incluso diría ominosos, sobre la revocación de mandato. Hay restricciones legales a partidos y funcionarios que no han sido determinadas por el INE, sino que están puestas por la ley, ensombreciendo, viciando, en donde se debe desenvolver un proceso de participación ciudadana. Estas conductas infractoras son desafiantes y reiteradas. Y tal como algunos actores a veces con descaro, con desafíos abiertos a la ley y la Constitución, no al INE, el INE está haciendo lo que le corresponde».
Consideró que están quedando muchas evidencias de la violación de la ley, por lo que deberá haber consecuencias para evitar volver a «conductas abusivas y vergonzosas». Por ello consideró necesario reforzar el entramado legal para dotar al INE de facultades ahora hacer valer la legalidad.
A pregunta expresa, consejeros rechazaron que las críticas desde el gobierno federal los hayan intimidado. «Aquí no hay intimidados, nos quieren intimidar», respondió Córdova, quien reconoció que ha habido amenazas cotidianas contra consejeros del INE. Córdova explicó que sobre las denuncias de violaciones, corresponde a la Sala Especializada del TEPJF determinar las sanciones, aunque en el caso de las que se refieren al uso de recursos públicos, sería ámbito de la Comisión de Fiscalización, que deberá confirmar la Sala Superior, pero en su caso podría derivar en delitos penales que competerá a la Fiscalía en Delitos Electorales.
En su oportunidad, el consejero Uuc-kib Espadas consideró que «cuando la legalidad se rompe desde el poder, no estamos hablando del derecho popular a la sublevación, sino un abuso de las capacidades institucionales (…) Se puede esperar un mínimo de auto contención del poder para no pasar por encima de la ley pero Cuando para una corriente política violar la ley se vuelve un emblema de compromiso con la causa, como sociedad estamos en aprietos».
La consejera Claudia Zavala aseveró que es muy preocupante que ha habido una «violación contumaz» de la ley, a pesar de que todas las medidas cautelares que ha dictado la Comisión de Quejas y Denuncias del INE han sido confirmadas por el TEPJF. Sin embargo, consideró que pese a estas irregularidades detectadas, este domingo estarán las condiciones para la participación ciudadana.
A su vez, el consejero Ciro Murayama sostuvo que «hemos vivido un proceso donde las reglas constitucionales de no intervención gubernamental se han violado de manera sistemática y contumaz. Es un proceso político intervenido por el gobierno con esta alteración de reglas. Intervención indebida. Se está fracturando desde el poder el consenso democrático plasmado en la Constitución, la no intervención sigue estando en la Constitución, pero el gobierno pretende que sea papel mojado».
En un pronunciamiento, los consejeros electorales señalaron que la instalación de casillas inferior a lo que dispone la ley es consecuencia del «estrangulamiento presupuestal» al INE por parte de la Cámara de Diputados. Sin embargo, se efectuará con 57 mil 517 casillas, lo cual está validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el TEPJF.
Al explicar el desempeño del INE en torno a los funcionarios públicos, la consejera Carla Humprhey sostuvo que el organismo solo se ha limitado a aplicar las leyes. Las restricciones que se encuentran en la legislación, dijo, son la responsabilidad de los legisladores.
