Bolivia | Organizaciones sociales marchan pidiendo máxima pena a Áñez y justicia para las víctimas del golpe
Sectores exigen sanción máxima contra Añez
Una masiva protesta en contra de la impunidad pidió justicia por las víctimas de las masacres del régimen de Jeanine Añez en 2019. Fue protagonizada por las organizaciones sociales y grupos de defensa de los derechos humanos en el centro paceño.
La Coordinadora de Organizaciones, Colectivos y Bloques Urbanos de La Paz y El Alto, activistas y víctimas del golpe de Estado exigen justicia y la pena máxima para la expresidenta de facto por los muertos en Senkata y Sacaba.
“Nosotros queremos que se haga justicia, 30 años es poco para sancionar estos crímenes, se debe sancionar por cada uno de los muertos que dejó el régimen”, dijo en radio Patria Nueva una de las marchistas.
Agregó que todos los que acompañaron y gestaron el golpe de Estado de 2019, como Jorge Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y Samuel Doria Medina, deben responder ante la justicia.
La activista dijo que quieren que se cumpla la ley, por lo cual piden a los jueces y fiscales hacer cumplir la justicia y que los implicados vayan a la cárcel.
La movilización también contaba con la participación de jóvenes que se sumaron al pedido de justicia por los caídos en noviembre de 2019.
La marcha inició a la altura de la Cervecería y recorrió el centro paceño hasta llegar a las puertas de la Fiscalía.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó en agosto los resultados de las investigaciones sobre hechos violencia ocurridos en 2019.
El documento concluye que el 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, Cochabamba, y el 19 de noviembre de 2019 en Senkata, El Alto, hubo, durante el régimen de Añez, vulneración a los derechos humanos, masacres con armas letales y ejecuciones sumarias.
Gobierno revela que Áñez tiene la atención necesaria y pide al relator de la ONU hablar con víctimas de 2019
El Gobierno nacional, mediante el vocero presidencial, Jorge Richter, asegura que la expresidenta Jeanine Áñez tiene toda la atención de salud necesaria, frente a las alertas de complicaciones en su noveno día de huelga de hambre al interior de la cárcel de Miraflores, en La Paz.
Richter, sostuvo que autoridades de Régimen Penitenciario son las encargadas de autorizar o no el ingreso de medicinas, mediante sus protocolos, pero ratificó que médicos pueden acudir al recinto para verificar su estado.
“La señora Áñez tiene la posibilidad, ante ese cuadro inducido por su decisión personal, de huelga de hambre, que los médicos ingresen, que la atiendan y se la pueda revisar, algo que se tiene certificado desde agosto del año pasado, cuando un informe de la CIDH comprobó que tiene todo lo necesario para la atención y cuidado de su salud”, afirmó Richter.
Respecto a la posible visita que Diego García-Sayán, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la independencia judicial, realizará a la exautoridad, el portavoz consideró que, por equilibrio, también debe existir una audiencia con las víctimas de 2019.
“Siempre tenemos que buscar equilibrios y que las cosas estén debidamente balanceadas, esta es una decisión que tomará el relator, nos parece equilibrado que, si existe una reunión con Áñez, exista una reunión con los familiares de las víctimas, para poder recoger sensaciones de lo ocurrido en noviembre de 2019”, explicó.
Finalmente, sobre las constantes negativas que la expresidenta recibe en el ámbito judicial, Richter indicó que dichas decisiones son “autónomas” y corresponden a los administradores de justicia. “Lo importante es que la señora Áñez puede defenderse, tiene garantías que en su momento todas las personas que quedaron detenidas durante su Gobierno no tuvieron”, acotó.
El GIEI presentará el 2 de marzo ante la OEA su informe sobre las masacres de 2019 en Bolivia
El miércoles 2 de marzo será una jornada histórica. Ese día, representantes de 35 países conocerán en la OEA el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que estableció que en Bolivia se produjeron masacres, ejecuciones sumarias, torturas y detenciones ilegales durante el régimen de Jeanine Áñez, en 2019.
El informe fue brindado mediante un comunicado de la Misión Permanente de Bolivia ante la OEA, el cual fue difundido por Bolivia Tv.
“El próximo miércoles 02 de marzo de 2022 a horas 10.30 am (hora Bolivia) las y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentarán ante el Consejo Permanente de la OEA, donde se encuentran representados todos los países que hacen a la OEA, los resultados más relevantes de su ‘Informe sobre los hechos de violencia y vulneraciones de los Derechos Humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019’ en Bolivia”, indica el pronunciamiento.
“El 17 de agosto de 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó el informe final GIEI-Bolivia al presidente Luis Arce Catacora, en la ciudad de La Paz, el cual a lo largo de sus 468 páginas detalla graves irregularidades y graves vulneraciones a los derechos humanos, masacres, ejecuciones sumarias, torturas, detenciones ilegales y otras graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Bolivia en 2019”, agrega.
“Bolivia ha venido denunciando una serie de irregularidades cometidas por la Secretaría General de la OEA, que propició la crisis institucional de noviembre de 2019 en el país a través de la publicación de un cuestionado informe preliminar sobre la auditoría de integridad electoral, acordada con el Estado. Se recuerda que el informe GIEI- Bolivia recogiendo este hecho, estableció que la publicación del mencionado informe se dio a las 4.05 de la madrugada del 10 de noviembre de 2019”, indica el comunicado.
El 15 de noviembre de 2019, durante el régimen de Áñez, al menos 11 civiles perdieron la vida y otros 120 resultaron heridos en Sacaba, Cochabamba. El GIEI estableció que en la matanza de Sacaba se produjeron ejecuciones sumarias.
El Grupo Interdisciplinario añade que durante la gestión de Áñez se produjo la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, donde el 19 de noviembre de 2019 perdieron la vida otras 11 personas, todas indígenas y 78 resultaron heridas.
