Informe Cepal: el matrimonio infantil en Latinoamérica profundiza la desigualdad de género y el embarazo adolescente
El drama del matrimonio infantil persiste en América Latina
Una de cada cuatro niñas y adolescentes en la región contrajo matrimonio o mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años, mostró un nuevo estudio interinstitucional divulgado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El matrimonio infantil “es una violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que afecta desproporcionadamente y de manera persistente a las niñas”, asentó el estudio en el que participaron el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Su prevalencia en la región no ha variado en los últimos 25 años y “eliminar esa práctica nociva es una meta por cumplir en la región, central para lograr la igualdad de género y el desarrollo sostenible”, subrayó la Cepal al divulgar el estudio en su sede en esta capital.
Sin acciones e inversiones para atacar las raíces del problema, América Latina y el Caribe tendrá, para el año 2030, el porcentaje más elevado de matrimonio infantil, por detrás únicamente de África Subsahariana, alertó el documento.
Los porcentajes de niñas y adolescentes afectadas varían, desde menos de 10 % en Jamaica hasta más de 30 % en República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Guyana y Belice, aunque estos números podrían ser mayores por insuficiencia de datos sobre matrimonios y uniones tempranas, especialmente en el Caribe.
El matrimonio infantil se encuentra prohibido actualmente en países como Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana (último país en legislar la prohibición, en 2021) y Trinidad y Tobago.
En otros todavía se permite el matrimonio a partir de los 16 años con autorización de los padres, los representantes legales o de un juez. Es el caso de Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Dominica, Islas Caimán, Islas Tuscas y Caicos, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Y como “más preocupante” califica el estudio la situación de países donde está permitido casarse antes de los 16 años por “motivos justificados”: Anguila, Argentina, Colombia, Cuba, Guyana y San Cristóbal y Nieves.
Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados, son “fenómenos relacionados con desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente, y marcos legales inadecuados y políticas públicas limitadas, que ponen en riesgo el presente y futuro de las niñas y las adolescentes”.
El análisis sostiene que esas uniones afectan de manera desproporcionada a niñas y adolescentes de zonas rurales y hogares en situación de pobreza y con menos acceso a la educación. Y en algunos países, la pertenencia a pueblos indígenas también se relaciona con una mayor prevalencia.
Son prácticas nocivas, al profundizar desigualdades de género y en particular reproducir la injusta división sexual del trabajo desde muy temprano en la infancia.
Las niñas y adolescentes casadas o en uniones duplican como mínimo la cantidad de horas de tiempo dedicado al trabajo no remunerado –como el trabajo doméstico y el tiempo dedicado a los cuidados-, en relación con sus pares niños o adolescentes casados o en unión.
En algunos casos llegan hasta quintuplicar (Ecuador, Guatemala) y hasta octuplicar (República Dominicana) la carga horaria. En tres países con información disponible (Colombia, Guatemala y México), las niñas y adolescentes casadas o unidas dedican más de 40 horas semanales a este tipo de trabajo.
Los matrimonios infantiles y las uniones tempranas exponen a las niñas a embarazos en la adolescencia. Las cifras para la región indican que la mayoría de las mujeres que contrajeron matrimonio durante su niñez dieron a luz antes de cumplir 18 años.
Ocho de cada 10 lo hicieron antes de cumplir los 20 años y en la mayoría de casos se trató de embarazos no deseados.
El estudio sostiene que la existencia de algunas iniciativas y programas públicos es insuficiente frente a la gravedad y consecuencias de este problema, y se registran muy pocos avances en la generación de políticas públicas adecuadas e integrales y con asignación presupuestaria para erradicar esa práctica nociva.
Por ello, plantea una serie de recomendaciones, como impulsar el compromiso político al más alto nivel, visibilizar la situación de los matrimonios y uniones infantiles, y rendir cuentas sobre los compromisos asumidos en esta materia.
Se propone continuar avanzando en los cambios de los marcos legales; garantizar el acceso de niñas y adolescentes a la educación gratuita, universal, sensible al género y culturalmente apropiada, sin ningún tipo de discriminación; y romper el “silencio estadístico” en la materia.
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