Nicaragua, ¿una dinastía acorralada? – Por Gilles Bataillon

Nicaragua ha entrado de nuevo en una grave crisis política. Desde principios de junio, 30 opositores políticos han sido encarcelados o sometidos a arresto domiciliario y privados de todo contacto con el exterior. El 2 de junio, Cristiana Chamorro, la candidata más importante de la oposición –hija de Violeta Chamorro, quien derrotó a Daniel Ortega en las elecciones presidenciales de 1990– fue puesta bajo arresto domiciliario. Igual suerte corrió su hermano menor Pedro Chamorro Barrios. Otros tres aspirantes a la Presidencia, Sebastián Chamorro, Félix Madariaga y Arturo Cruz, también fueron detenidos, al igual que la destacada activista de Derechos Humanos Violeta Granera; Tamara Dávila, dirigente de la Unión Nacional Azul y Blanco (unab), la principal agrupación que reúne a diferentes fuerzas de oposición; y el influyente empresario José Adán Aguerri. Días más tarde en el mismo mes de junio, se sumaron a los detenidos un renombrado abogado constitucionalista y antiguos dirigentes sandinistas que pasaron a la oposición: José Pallais Arana, Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres, y las dirigentes de Unión para la Renovación Democrática (Unamos)¹ Ana Margarita Vijil y Suyén Barahona. Lo mismo sucedió con el chofer de Cristiana Chamorro, Pedro Vásquez. Luis Rivas, director general de un importante banco de inversión (banpro), fue investigado, así como también otros dirigentes de las empresas privadas más grandes de Nicaragua, vinculadas a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (funides). Todos bajo la misma acusación: «favorecer la injerencia extranjera» en el país. Contra Humberto Belli, ministro de Gobierno de Violeta Chamorro y antiguo opositor de Ortega, también se cierne una amenaza de enjuiciamiento. Los días 20 y 21 de junio fueron detenidos destacados periodistas, como Miguel Mora, candidato a la Presidencia, y Miguel Mendoza. Ese mismo día también fue detenida la diputada liberal María Fernanda Flores de Alemán, esposa del ex-presidente Arnoldo Alemán. El 7 de julio fueron encarcelados otros líderes opositores. Dos estudiantes: Max Jerez y Lesther Alemán, quien había desafiado públicamente a los Ortega Murillo. Cuatro dirigentes campesinos: Medardo Mairena, Pedro Mena, Freddy Navas y Pablo Morales. A finales de julio y principios de agosto, otras personalidades de la oposición fueron sometidas a arresto domiciliario: el periodista Jaime Arellano, el candidato presidencial Noel Vidaurre y la candidata a la Vicepresidencia y ex-Miss Nicaragua Berenice Quezada, o encarceladas: el ex-ministro de Asuntos Exteriores Xavier Aguirre Sacasa, quien había intentado exiliarse en Costa Rica, y el conocido comentarista político José Antonio Peraza. Se sabe que no solo algunas de estas personas fueron maltratadas y humilladas durante sus detenciones, sino que sus condiciones de detención en la prisión de El Chipote son especialmente duras. A los acusados no se les permite ver a sus familias ni a sus abogados, quienes también son amenazados con la cárcel, al igual que sus familiares si protestan contra estas condiciones de detención.

Y es muy probable que otras figuras de la oposición sean arrestadas en los próximos días. Algunos periodistas, como Carlos Fernando Chamorro, y varios políticos prefirieron exiliarse antes de ser encarcelados. Fue también el caso del escritor y ex-presidente sandinista Sergio Ramírez, sobre quien, ya estando fuera del país, recayó una orden de detención.

El 28 de julio, el Parlamento aprobó leyes que ilegalizaban 24 ong que trabajaban en los sectores de la salud y los derechos humanos. Todas ellas están acusadas de «violar sus obligaciones legales» en cuanto a declaraciones financieras. Las verdaderas razones de las disoluciones son dos. Algunas ong no solo han criticado la falta de una política sanitaria adecuada ante la epidemia de covid, sino que también han intentado documentar las muertes y hospitalizaciones debidas a la epidemia. Otras criticaron la persecución del gobierno tanto a la sociedad civil como a las multinacionales de la oposición. Estas últimas medidas han obligado a algunas ong a reducir sus actividades y a no hacer declaraciones públicas por temor no solo a ser prohibidas, sino también a que se les confisquen sus bienes y se encarcele a sus dirigentes. Más aún, el 7 de agosto la Alianza Ciudadanos por la Libertad (acxl) se disolvió por completo. Por tanto, no podrá participar en las próximas elecciones. Finalmente, unos días más tarde, el gobierno prohibió al principal medio impreso de la oposición, La Prensa, la importación de papel para imprimir el periódico y distribuirlo a través de su red de vendedores. El periódico solo podrá circular en su versión electrónica.

No hay ninguna duda de que estas son señales del endurecimiento de un régimen triplemente acorralado, que perdió su legitimidad luego de la insurrección cívica de abril-junio de 2018. Es un régimen bajo la amenaza de graves sanciones internacionales y que, además, en los próximos meses se enfrenta a un desafío crucial: las elecciones presidenciales de noviembre.

Genealogía de una crisis política

Para comprender mejor el presente, es preciso recordar a grandes rasgos lo ocurrido desde la insurrección de 2018 cuando, entre abril y junio, amplios sectores ciudadanos se sublevaron contra el régimen de Ortega y Murillo. Durante ese lapso el país se paralizó por las protestas, que no se veían desde 1978 durante la lucha contra Anastasio Somoza. Barrios y ciudades se llenaron de barricadas, que hasta se autoproclamaron «territorios libres del dictador». Los manifestantes bloquearon las principales carreteras del país. Al comienzo, denunciaban la inacción del gobierno ante los incendios forestales que devastaban una reserva natural sobre la costa atlántica. Muy pronto, protestaban también contra la represión frente a sus primeras manifestaciones y contra la reforma de la seguridad social. La brutalidad de la represión de estas manifestaciones pacíficas, con decenas de personas víctimas de disparos deliberadamente letales de la Policía, terminó uniendo a diferentes sectores de la oposición: empresariado, Iglesia católica, campesinos desposeídos por el proyecto del canal transoceánico, estudiantes y juventud urbana, prensa independiente y movimientos feministas. No solo denunciaban la corrupción y el autoritarismo del régimen. También reclamaban un diálogo nacional, el fin de la represión y una investigación de los crímenes cometidos por la Policía. Coincidían en que solo la realización de elecciones anticipadas pondría fin a la crisis de legitimidad del régimen.

Resulta poco decir que este levantamiento popular fue reprimido con enorme brutalidad: en apenas tres meses, hubo 328 muertos y miles de heridos, centenares de personas apresadas, la mayoría torturadas y agredidas por los policías, y más de 100.000 exiliados. Esto, en un país de 6,46 millones de habitantes. A finales de 2018, varios directores de prensa y medios de comunicación independientes fueron arrestados y sus medios, cerrados². Asimismo, las ong consideradas muy críticas fueron sencillamente proscritas y sus bienes, confiscados. Las presiones internacionales de la Organización de Estados Americanos (oea) y de la Organización de las Naciones Unidas (onu) y, sobre todo, la decisión del gobierno de Estados Unidos de congelar los bienes de altos funcionarios sandinistas, entre ellos Murillo y el secretario personal de Ortega, obligaron al gobierno a abrir unas mínimas negociaciones en 2019, que lo llevaron a promulgar una ley de amnistía en junio de 2019. Esta permitió la liberación de la mayoría de los presos políticos, con excepción de un centenar, aún detenido por «delitos de derecho común», según versiones oficiales.

No obstante, tal como lo comprueban varias leyes sancionadas entre octubre y diciembre de 2020, Ortega jamás mostró un deseo de poner fin a la política de terror que desplegó contra la oposición y mucho menos de permitir un retorno al libre juego de la democracia en Nicaragua. Estas nuevas leyes otorgaron poderes inquisitoriales a la Policía y a la Justicia. La detención preventiva, que no podía sobrepasar las 48 horas, hoy puede durar 90 días. Estas leyes crearon, además, los delitos de «incitación a la injerencia extranjera», «crimen de odio» y «ciberdelito», que permiten investigar y condenar con severas penas de prisión a todos aquellos que, por ejemplo, soliciten la visita de observadores internacionales para supervisar el desarrollo de las elecciones, o que denuncien las acciones del gobierno en redes sociales. Cabe agregar que la ola de arrestos apunta claramente a romper cualquier iniciativa de movilización social para exigir elecciones competitivas en las cuales la oposición tenga la posibilidad de ganar, tal como sucedió en 1990.

Hoy resulta esencial exigir dos cosas, desde el punto de vista democrático. Los prisioneros de opinión detenidos desde comienzos de junio y otros arrestados desde 2018 o antes³ deben ser liberados. El gobierno debe además comprometerse a permitir la realización de elecciones realmente competitivas, en las que los opositores tengan la posibilidad de hacer campaña sin estar sometidos a las presiones y acciones violentas de los sandinistas. Estas elecciones deberán ser organizadas por entidades independientes o por algún organismo internacional. Es preciso comprender además dos elementos primordiales para apoyar la lucha valerosa del pueblo nicaragüense para recuperar su libertad: (a) el tipo de poder que ejerce la pareja Ortega-Murillo y sus objetivos, y (b) la naturaleza de los múltiples segmentos de la oposición y la pertinencia de su estrategia.

La dinastía Ortega-Murillo

Numerosos observadores sostienen que la pareja presidencial tiene un solo objetivo: instituir una forma de patrimonialismo familiar siguiendo las mismas tendencias y prácticas de la familia Somoza, que gobernó Nicaragua de 1937 a 1979. Ortega y Murillo habrían, además, abandonado la ideología del Frente Sandinista y las promesas de redistribución de la riqueza y de progreso social promovidas durante la década de 1980. Su objetivo se centró en la recuperación del poder, que Ortega logró en 2006, para desde entonces nunca volver a abandonarlo. Para ello, sostienen Salvador Martí i Puig y Mateo Jarquín, «desmantelaron las instituciones democráticas del país (…) y prefirieron transformar el fsln en una fuerza de derecha, antes que permitir el retorno al poder de ‘la derecha’». Durante más de una década, supieron «construir un fuerte consenso autoritario en Nicaragua, con el apoyo tácito de sus antiguos enemigos ‘contrarrevolucionarios’ de los años 1980»⁴.

Resulta difícil discrepar con las observaciones de Martí i Puig y Jarquín. Desde 2006, Ortega y Murillo han instaurado metódicamente un poder dinástico, pervirtiendo las instituciones democráticas al someterlas al Poder Ejecutivo. Tal como lo demuestran todas las elecciones organizadas desde 2008, Ortega decidió no volver a aceptar ninguna puesta en juego del poder que pudiese obligarlo a buscar acuerdos con alcaldes o diputados de la oposición, o incluso a abandonar la Presidencia de la República. Durante cada una de estas elecciones⁵, el Consejo Supremo Electoral organizó metódicamente el fraude a favor del fsln e ignoró sistemáticamente tanto las protestas de la oposición como los llamados al orden de la oea. Las imágenes, a menudo grotescas, de la familia Ortega-Murillo (la pareja, sus ocho hijos y sus nietos) puesta en escena en diferentes ceremonias públicas y los roles claves atribuidos a cada uno de sus hijos al frente de distintos canales de televisión, de agencias de publicidad y en el mundo empresarial, son pruebas de su deseo de instituir un poder dinástico.

A esta tesis del proyecto dinástico cabe sumar el rol, cada vez más importante, de la vicepresidenta Murillo, luego de haber administrado, durante la presidencia anterior (2011-2016), la importante ayuda económica de Venezuela⁶ y de su omnipresencia en el medio de comunicación sandinista El 19. Desde allí, Murillo dicta la agenda de las movilizaciones populares, que el gobierno convoca de modo iterativo. Las intervenciones ditirámbicas que Ortega le dedica son pruebas evidentes de las formas «familiares» de ese poder. Ella es «la camarada eternamente leal». Y Ortega tiene toda la razón sobre ello: su lealtad está fuera de duda. Murillo la demostró, por primera vez, en un momento crucial, cuando Zoilamérica, su hija mayor, nacida de una primera unión, osó denunciar en 1998 las violaciones repetidas de su padrastro y padre adoptivo, Daniel Ortega. Murillo calificó las declaraciones de su propia hija como calumnias y mentiras, y luego llamó a sus demás hijos a unir fuerzas en contra de Zoilamérica. Esta primera demostración de lealtad fue, además, el punto de partida de su carrera política en primer plano al lado de su marido. Antes de eso, Murillo significaba poco o nada en el escenario político nicaragüense. Y esta lealtad no ha disminuido. Por el contrario, se reafirmó en 2018, cuando supervisó personalmente la represión de la insurrección cívica, dando una instrucción clara a la Policía y los grupos de choque del fsln: «¡Vamos con todo!».

Los regímenes comunistas no han estado exentos de estas patologías dinásticas. Cabe pensar en Mao Zedong y su cuarta esposa durante la Revolución Cultural, Jian Qing. En Kim Il-sung entregando el poder a su hijo Kim Jong-un en Corea del Norte o, más cerca de Nicaragua, a los hermanos Castro en Cuba. Finalmente, en la Nicaragua de la década de 1980, con el peso decisivo de Daniel y Humberto Ortega en la Dirección Nacional del fsln hasta que el primero, luego de asumir la Presidencia de la República, terminó enemistándose con su hermano.

Lo que interesa comprender es cómo, tras el retorno de Ortega al poder en 2006, él y su esposa han retomado metódicamente el control de todos los poderes, pero no al estilo de los caudillos latinoamericanos del siglo xix y comienzos del xx, ni tampoco al de los militares de las décadas de 1960-1980. Aquellos proclamaban que sus dictaduras serían pasajeras. Aquí sucede lo contrario: el horizonte vislumbrado es el de un sometimiento a un par de «egócratas»⁷ que están allí para siempre. No cabe la idea de perder de nuevo el poder como en 1990, cuando según el ex-comandante sandinista Henry Ruiz, hoy opositor a Ortega, si hubieran sabido que podrían perder, los sandinistas habrían imaginado un plan para hacer fraude en las elecciones⁸. Los Ortega-Murillo pretenden encarnar al pueblo nicaragüense, al cual ofrecen una nueva dignidad. Buscan también controlar la vida social mediante el fsln y sus organizaciones de masas. El Estado y el Partido son, de hecho, una unidad.

El presidente y la vicepresidenta hacen y deshacen carreras. Si Ortega prefiere la sombra, Murillo es una figura omnipresente, especialmente en los medios de comunicación bajo control de sus hijos y en el medio sandinista en línea El 19. Allí, ella aparece a cada instante dando instrucciones sobre cualquier tema. Los nicaragüenses, con cierta sorna, señalan que es experta en todo, incluso en meteorología. No obstante, el lado barroco y estridente de sus intervenciones no debe engañar. Sus caprichos, sus joyas abundantes, su vestimenta o, incluso, sus «árboles de la vida» o chayopalos, las gigantescas estructuras metálicas que bordean las grandes rotondas y las principales avenidas de la capital, así como sus llamados a oraciones colectivas para hacer frente a la pandemia de covid-19⁹, son señales de un deseo de imponer su sello en todos los niveles, ya sea de protocolos o de organización del espacio público. Es, ante todo, una mujer que sabe calcular y gobernar, asegurándose la lealtad de quienes ella promueve gracias a las múltiples prebendas a las que les abre acceso.

Los «gracias a Dios», «Dios mediante» y «primero Dios» que salpican sus intervenciones públicas no engañan a nadie fuera de su pequeño círculo de simpatizantes. No se trata de expresiones de devoción a un Dios todopoderoso. Son más bien símbolos de la creencia en su destino providencial y en el de su marido. Son el emblema y la encarnación de la «Nueva Nicaragua, sandinista, cristiana, solidaria», adjetivos que no podrían disimular el retorno hacia una suerte de escatología totalitaria. Sus diatribas contra los opositores de 2018, a quienes trató de «seres minúsculos» y «seres diabólicos que jamás podrán gobernar Nicaragua», son muy reveladoras de su concepción de la política. Se encuentra allí, bajo un lenguaje tomado del cristianismo, la vieja separación totalitaria entre el Pueblo y sus enemigos predominante durante la década de 1980.

Murillo y Ortega tampoco se privan de revivir, literalmente, al gusto del día, la vieja polarización entre sandinistas y contras para estigmatizar a sus oponentes como «marionetas del imperialismo». En su elección como presidente en 2006, Ortega declaró que era el momento de la «segunda fase de la revolución». El paréntesis de su derrota en 1990 fue borrado, como también la democracia, a menudo corrupta, que Nicaragua conoció de 1990 a 2006. Según sus esquemas de pensamiento de la década de 1980, Ortega y Murillo conciben a las múltiples figuras de la oposición como enemigas del Pueblo, creadas casi ex nihilo por el imperialismo estadounidense. El nombre dado a las acciones policiales ejecutadas a comienzos de junio, «Operación Danto», también es un modo de revivir el imaginario de los años de la guerra civil: Danto es el seudónimo de Germán Pomares, uno de los líderes de la guerrilla sandinista, asesinado poco antes de la caída de Anastasio Somoza en 1979. Recibió este nombre una de las más grandes ofensivas contra la Contra durante los años 1980. La última prueba de la omnipresencia del imaginario del Pueblo Uno encabezado por su líder en la lucha contra los «enemigos del Pueblo» es el discurso pronunciado por Ortega en el acto del 19 de julio de 2021 y luego, en los primeros días de agosto, cuando fue nominado por unanimidad por el congreso del fsln como candidato a las elecciones presidenciales de noviembre próximo. El mensaje fue nítido. La crisis que atraviesa Nicaragua se debe a las acciones del «Imperio» (Estados Unidos) y las «potencias» (Europa), que quieren «someter» a Nicaragua como quieren hacer con la Federación Rusa y la República Popular China. Las decenas de detenidos, como las decenas de miles de opositores en 2018, solo serían «terroristas financiados por los millones de dólares del Imperio». Pero estos terroristas no tendrían ninguna posibilidad de ganar. No solo «¡El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo armado jamás será aplastado!», sino que «Aquí tenemos un ejército para resguardar la soberanía nacional y contribuir a la seguridad (…) y una policía de lleno comprometida con la seguridad ciudadana».

En su primer discurso de campaña electoral, Ortega utilizó las mismas metáforas, convirtiendo a los adversarios en traidores a la patria. Ciertos disensos no tienen razón de ser y cualquier apelación al apoyo extranjero es solo una señal de traición. Por ello, estos opositores no pueden reclamar ninguna indulgencia. «Es normal que en las familias discrepemos, pero que en la familia salga alguien a buscar al yanqui y al europeo para que vengan a agredir, a poner el hierro, el yugo a su familia en su tierra… ese, desde ese momento, deja de ser nicaragüense y se convierte en vendepatria». En cada una de estas ocasiones, Ortega se hizo pasar por un autócrata, encarnando a la vez al pueblo en lucha contra sus enemigos externos, pero también un principio de reconocimiento de lo legítimo y lo ilegítimo.

¿Cómo reaccionar? ¿Cómo actuar?

Ortega y Murillo no han roto del todo con su proyecto de transformación social de los años 1980. Cabe recordar que casi de inmediato, ya en el año 1980, se creó una burocracia prevaricadora cuyas prebendas y favoritismos lograron muy pronto vaciar de sentido las proclamas igualitarias de la Revolución Sandinista. Los hermanos Ortega y Tomás Borge estuvieron entre los primeros dirigentes en servirse generosamente de ello, al igual que otros múltiples prevaricadores de menor envergadura. Y esto, en todos los niveles del aparato del Partido-Estado sandinista. Hubo sin duda algún tipo de movilidad social, pero fueron muy pocos los líderes de costumbres franciscanas como Henry Ruiz u otros menos conocidos.

De cierto modo, el clientelismo y la corrupción que caracterizan a Nicaragua desde 2006 han permitido un tipo similar de movilidad. Hombres y mujeres de los orígenes más humildes han llegado a ocupar puestos importantes en la administración estatal y en las nuevas organizaciones de masas. Muchos lograron aprovechar sus contactos o se beneficiaron, durante un tiempo, de la ayuda venezolana. Además, los empresarios, especialmente aquellos ligados al mundo rural y que exportan productos a Venezuela, lograron hacer excelentes negocios.

La verdadera novedad del momento tiene que ver con la manera en que Ortega y Murillo se confrontan con el contexto internacional. Durante la década de 1980 los sandinistas emplearon con astucia el lenguaje de la democracia. Hoy, el matrimonio presidencial actúa sin esconder para nada sus habitus totalitarios. Sus deseos se convierten en ley. Su confrontación con la oposición es frontal. Quien no se alinea incondicionalmente se convierte en enemigo potencial. El desprecio por los derechos humanos, así como por los principios democráticos, y el desdén absoluto por la opinión pública internacional son difundidos de manera deliberada. Se puede afirmar que hay algo de actitud suicida, pero su estilo resulta muy similar a los modos de actuar y de expresarse de Vladímir Putin o de Xi Jinping.

En este contexto, ¿qué peso tiene la oposición? Es poco decir que se encuentra en un momento difícil. La represión de que ha sido objeto desde 2018 ha fragilizado y roto la voluntad de muchos manifestantes. Algunos no han tenido más opción que huir al exterior para escapar de las persecuciones de las que han sido víctimas. Otros han perseverado, con una rara valentía y una abnegación admirable. Se trata tanto de militantes políticos (sandinistas renovadores de Unamos, miembros de los diferentes partidos liberales, conservadores o demócratas cristianos), como de periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes de ong, activistas y referentes religiosos. Aunque recientemente no han intentado manifestarse de nuevo en las calles debido al costo enorme de tales acciones, nada asegura que la rabia que muchos de ellos experimentan no los empuje a jugarse el todo por el todo. Si bien una cosa es expresar el descontento en redes sociales y otra muy distinta salir a las calles, las ideas que circulan en las redes muestran la amplitud del rechazo al poder. El fsln y luego la pareja Ortega-Murillo contaban con un núcleo de simpatizantes de casi 40% en la década de 1980¹⁰, pero este disminuyó a menos de un tercio. Y eso hasta el presente. En caso de elecciones libres, la oposición tendría muchas posibilidades de ganar¹¹.

Un grupo social importante en términos de influencia, el mundo empresarial, mostró una actitud más ambigua antes, durante, después de los hechos de 2018 y hasta hoy. Los empresarios lograron adaptarse a la destrucción metódica de las instituciones democráticas de los Ortega-Murillo. Pagaban muy pocos impuestos, y las prebendas tanto a la familia gobernante como a sus aliados con el fin de manejar tranquilamente sus negocios les parecían un mal menor en comparación con una posible reforma fiscal o con la existencia de movimientos sociales y sindicales autónomos en sus empresas. Además, habían asegurado, especialmente los exportadores agrícolas, excelentes negocios con Venezuela, antes de que este país entrara en crisis. Muchos empresarios acariciaron la idea de que si los Ortega-Murillo se volviesen «razonables», un nuevo pacto con ellos sería la mejor solución. ¡Poco importan las libertades públicas si los negocios marchan! Pero la recesión económica que atraviesa el país desde 2018, acentuada por la pandemia, y las sanciones estadounidenses contra funcionarios sandinistas les han complicado considerablemente la tarea. Los activos de ciertos funcionarios sandinistas en eeuu han sido congelados y ninguna institución financiera internacional puede hacer negocios con ellos. Por haber respetado esta regla, varios empresarios han sido procesados por la Justicia en nombre de la «defensa de la soberanía nacional».

La oposición ha quedado atrapada también en una querella de egos y hasta el momento no logra ponerse de acuerdo sobre una candidatura susceptible de reunir al mayor número de nicaragüenses para las próximas elecciones presidenciales. La mejor prueba de ello es que hay cinco candidatos para esas elecciones que se encuentran en prisión o bajo arresto domiciliario. La paradoja está en que esta ola represiva ha terminado por unir a personas anteriormente rivales, y en que el empresariado empieza a entender que el tiempo de los buenos negocios ha terminado.

Algunos observadores¹² argumentan que, a partir de las grandes manifestaciones de 2018, los opositores de todas las tendencias confiaron demasiado en que las sanciones internacionales tumbarían a la pareja gobernante. Resulta difícil comprender esa aseveración sin adoptar la lógica Ortega-Murillo, que ignora deliberadamente los compromisos de Nicaragua en materia de tratados internacionales, especialmente la carta de la oea y sus considerandos sobre el respeto a las normas democráticas. La oposición, por su parte, exige que se apliquen sanciones contra los dirigentes nicaragüenses. Sin embargo, el meollo de estas sanciones está en si son eficaces y en qué costos implican para los nicaragüenses. Por ejemplo, la propuesta de algunos congresistas estadounidenses de poner en cuestión los tratados de libre comercio con Nicaragua no afectaría mucho a los dirigentes sandinistas, pero sí tendría terribles consecuencias en materia de empleo para los nicaragüenses más pobres. Precisamente por esto, detrás de su aparente realismo, tales medidas corren el riesgo de ser ineficaces o de producir efectos perversos.

Por su parte, las sanciones decretadas por eeuu, Canadá y Europa contra los líderes del régimen (la familia Ortega-Murillo, sus secuaces y testaferros) sí son muy eficaces. Estas personas cuentan con toda suerte de propiedades en eeuu, pero también en América Latina y Europa. El congelamiento de sus activos y su posible confiscación, la prohibición de realizar transacciones con bancos internacionales y la imposibilidad de viajar en aerolíneas internacionales son presiones eficaces contra estas figuras y sus entornos. Más allá de su retórica antiimperialista, todos, y más aún sus familias, son adeptos del American way of life, ávidos consumistas, confiados en que, en caso de revés de fortuna, saldrán de Nicaragua a disfrutar de sus bienes. Pero ahora las cosas les son mucho más complicadas. Cabe esperar que otros Estados, en América Latina y en Europa, adopten la misma política en la materia.

La presión de la oea tendría también cierta eficacia. Las primeras medidas adoptadas, la condena de 26 países latinoamericanos a las detenciones arbitrarias, el llamado a la liberación inmediata y la creación de una comisión para encontrar una solución a la crisis nicaragüense, son pronunciamientos más que bienvenidos. Otra iniciativa que puede pesar en la balanza a favor de la oposición sería que los nicaragüenses demandaran a los altos mandos sandinistas ante tribunales internacionales y exigieran que sean juzgados por los delitos cometidos en 2018.

En las semanas y meses que vienen, los nicaragüenses tienen una gran necesidad del apoyo de la comunidad internacional en su pulseada con la pareja Ortega-Murillo, cuyas prácticas se encuentran a medio camino entre la revitalización del totalitarismo y las formas clásicas de la tiranía latinoamericana que Mario Vargas Llosa describió tan bien en La fiesta del Chivo.