Gatillo fácil en Argentina | Exigieron justicia por el asesinato de Lucas González y del joven mapuche Elías Garay
Represión y gatillo fácil.La bronca se sintió en las calles: marcharon por justicia para Elías Garay y Lucas González
Una y otra vez la noticia se repite, jóvenes abatidos por las balas policiales y de sus cómplices. La de Rio Negro, la de la Ciudad de Buenos Aires, la Federal o la Bonaerense. Jóvenes que son asesinados mientras pelean por sus derechos, por su tierra, o que mientras pasean por su barrio reciben la balacera de las policías de turno, amparadas por el poder político y los discursos manoduristas tan de moda en estos meses.
Es por eso que estos días en disitintos puntos del país hubo movilizaciones de repudio, exigiendo justicia contra estos casos de gatillo fácil, o contra la impunidad de los que reprimen a los que luchan.
Este lunes por la tarde los familiares y amigos de Lucas Gonzáles, junto a organizaciones solidarias se movilizaron hacia las inmediaciones de tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí reclamaron por justicia en este resonante caso, luego de que la policía masacrara a Lucas cuando se terminaba de entrenar en el club para el que jugaba en el barrio de barracas.
Movilización a Tribunales para reclamar por #JusticiaParaLucas https://t.co/8JW9vPQjZC pic.twitter.com/3jAnpBNSsA
— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) November 22, 2021
En ese lugar muchos jóvenes cantaron con bronca «Ole le, ola la, la yuta hija de puta la tiene que pagar» y el grito se escuchó fuerte. No se trata de casos aislados, en los últimos días se registraron casos de gatillo fácil y violencia institucional en Chivilcoy o San Clemente del Tuyú, por sólo mencionar algunos.
En la Patagonia, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos cortaron el puente que une Neuquén con Cipolletti. Allí repudiaron el asesinato del joven mapuche Elías Garay. Por este mismo hecho ya se habían movilizado el domingo en Rio Negro.
Nos movilizamos en Neuquén y Río Negro repudiando el ataque y asesinato con balas de plomo a Elías Garay del Lof Quemquemtrew. Defendemos el derecho ancestral al territorio y rechazamos la campaña de estigmatización de la derecha y los gobiernos. pic.twitter.com/lDDqB9eFui
— Raúl Godoy (@raulgodoy__) November 22, 2021
Elías se encontraba en las tierras que la comunidad Mapuche Quemquemtrew, a la que pertenecía, reclama en la zona de Cuesta del Ternero en Rio Negro. Allí recibió balazos de plomo de dos hombres de civil, que estaban ocupando su predio. También quedó herido de gravedad otro joven, de nombre Gonzalo Cabrera.
Todo indica que existe clara complicidad con la policía provincial, ya que la misma se encuentra asediando el territorio ancestral de la comunidad. Mientras, el gobierno de Arabela Carreras, junto a los grandes medios de comunicación, vienen llevando adelante una campaña estigmatizante contra el pueblo mapuche, todos al servicio de los grandes dueños de la tierra de la provincia.
No se trata de casos aislados, tampoco de manzanas podridas o «locos» sueltos que se encuentran en las distintas fuerzas represivas del estado. No. Se trata de un accionar sistemático de las policías para mantener a raya a la juventud, a los pueblos originarios, los trabajadores y otros sectores sociales. Se trata de disciplinar a aquellos sectores que vienen sufriendo más agudamente las consecuencias de la crisis en curso y de los ajustes por venir.
Así lo dejan en claro la sucesión de discursos manoduristas que vienen desde todos lados de la grieta. Desde Espert y Patricia Bullrich hasta el mismo Sergio Berni que frente a las protestas de la comunidad mapuche no dudó en calificarlas de «terrorismo».
Enfrentar esta impunidad en las calles de todo el país es urgente, por justicia para Lucas, Elías y tantos otros asesinados por el gatillo fácil. En esta pelea estamos.
Asesinaron a Elías Garay, un joven mapuche que luchaba pacíficamente para recuperar su tierra ancestral
Por Patricia Chaina
A cinco días de un nuevo aniversario de la muerte de Rafael Nahuel –ocurrida a orillas del lago Mascardi, en 2017–, Elías Garay, otro joven mapuche fue asesinado y murió a la brevedad y otro quedó herido de gravedad. Un nuevo episodio de violencia se inscribe en esta trágica serie histórica y ajusta la mordaza tratando de acallar a las comunidades indígenas de la Patagonia que buscan recuperar sus territorios originarios. El ataque de este domingo ocurrió en El Bolsón, cuando dos hombres armados, vestidos de civil, ingresaron al predio de Cuesta del Ternero. Allí la comunidad mapuche Quemquemtrew sostiene un asentamiento destinado a recuperar un territorio ancestral.
Desde el 18 de septiembre reivindican la recuperación de lugar llamado Tapera de los Álamos, 90 kilómetros al sur de Bariloche. Allí está el asentamiento, sitiado hace 52 días por la policía provincial. Y hace 48 horas se levantó un acampe humanitario ubicado cerca de la comisaria de Cuesta del Ternero. “Pero justamente hoy pasa esto, cuando la policía sigue rodeando el territorio recuperado y nadie puede entrar, ni con alimentos ni con abrigo. Que hayan aparecido ahí dos personas armadas, no tiene explicación”, razona Orlando Carriqueo, dirigente de la Coordinadora Mapuche Tehuelche.
“Hace casi dos meses que el gobierno provincial creó un cerco policial sobre el territorio y no dejan pasar a la gente –-confirma Luis Pilquiman, funcionario del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)–. Se esperaba que ahora comenzara una instancia de diálogo y sucede todo lo contrario, comienza la agresión”. Pilquiman explica lo que para ellos es la perspectiva de violencia institucional que inviste el caso. «Hay responsabilidad del gobierno provincial por haber aislado a la gente, y por no haberse dispuesto al dialogo para resolver la situación”.
No casualmente Pilquiman habla desde otro acampe, el que las organizaciones indígenas realizan hace 15 días frente al Congreso de la Nación. El 23 de noviembre hay un acto para pedirle al gobierno nacional que prorrogue la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial, que habilita la suspensión de desalojos en territorios en conflicto, y permite que las comunidades puedan tramitar ante el Estado su titularidad. “Se advirtió desde las organizaciones indígenas y de DD.HH. que una situación violenta podía suceder –añade el funcionario–, y ya sabemos que, en estas situaciones, las muertes son de nuestro lado, del lado mapuche”, aclara, por si hiciera falta.
La APDH Chubut, la Liga Argentina por los Derechos Humanos fueron de los primeros organismos en solidarizarse con las víctimas. Pese al aislamiento, impuesto por el cerco policial que impidió hasta la mediatarde del domingo –-el hecho ocurrió alrededor de las 15–, que se pudiera conocer más sobre lo ocurrido, el ataque se hizo público.
Si bien la información inicial habla de una operación del COER (Cuerpo de Operaciones Especial de Rescate) de la policía rionegrina, esto fue desmentido por el gobierno de Arabela Carrera: “En el marco de un hecho delictivo ocurrido en Cuesta del Ternero, se informa que desde la Policía de Río Negro no se dieron órdenes de actuaciones, ni se llevó a cabo ningún tipo operativo o intervención que tenga que ver con dicha situación” comunicaron.
A últimas horas de la tarde comenzó a circular información precisa. “Acabo de entrar, hable con Gonzalito –se escucha en un audio de celular–, me dijo que entraron dos (hombres) vestidos de civil, con armas, unas 22, dijeron que andaban cazando, y cuando les pidieron que bajen las armas entraron amenazar, hasta que finalmente entraron a disparar”. Es uno de los primeros relatos que cruza el cerco y da información certera del episodio: Gonzalo Cabrera entraba al quirófano por dos disparos en el abdomen, de un arma calibre 22. Lo informaban desde el hospital de El Bolsón.
A esa jurisdicción reporta Cuesta del Ternero, epicentro del conflicto. Allí, en el territorio de la Lof Quemquemtrew “hay un peñi lamuen muerto. Un retén policial está impidiendo el acceso. Se niega información oficial. Se desconoce el estado de salud del resto de las personas de la Lof” afirmó un mensaje de texto. “Hay un herido y una persona muerta, las circunstancias no están claras, la comunidad sigue sitiada por la policía, entraron dos personas armadas, de civil, los amenazaron y dispararon”, confirma Carriqueo a PáginaI12. “La policía quiere entrar al territorio y eso va a generar problemas” advertía. “No pude pasar esto: que el Gobierno se niegue a dialogar, y nos sigan matando gente por las tierras”, reclama.
“En estos territorios hay intereses económicos y forestales, y eso hace que las tierras adquieran otro valor, simbólico y material –analiza Pilquiman–, eso suma otra dimensión a las negociaciones y a los conflictos”. Para las organizaciones indígenas, el conflicto no queda fuera del marco de la reglamentación de la Ley nacional 26.160 de 2006, y prorrogada desde entonces, dada la precariedad que ostenta –pese al intenso trabajo en varias provincias—, la titularidad de los territorios comunitarios de pueblos originarios en el país. Se espera su tratamiento el martes 23 en la Cámara de Diputados.
“Hay que resolver los conflictos y con el diàlogo se pueden resolver los problemas, no a los tiros –-señala Carriqueo–, y en esa falta de diálogo hay responsabilidad del gobierno provincial y del nacional”. Las organizaciones piden la intervención de la Secretaría de DD.HH. de Nación. “Las cuestiones políticas juegan contra la vida, ahora que no hay elecciones hay un muerto, y no hay dialogo, la situación se pone compleja”, repasan.
En la Argentina, el conflicto político es histórico con el pueblo mapuche. “Nosotros morimos por la tierra, eso hay que mirar cuando nos hacen cargo a nosotros de la violencia –acierta Carriqueo–, y no ven la violencia estructural a la que nos someten hace más de cien años”. Desde lo institucional el gobierno provincial viene alentando la idea del “enemigo interno” –evalúan las organizaciones –, y fuerzan al gobierno nacional a que responda con fuerzas de seguridad. “¿Para esto quería las fuerzas federales la gobernadora Carrera?” señala otro dirigentes frente al Congreso, quien reside en El Bolsón. “Porque yo vi los gendarmes que llegaron a la zona, y no tuvieron posturas represivas” explica, sobre los refuerzos de gendarmería que envió Aníbal Fernández a Río Negro, y a regañadientes.
Las fuerzas de seguridad provinciales y federales tienen su historia trágica en el lugar. “Cada vez que intervienen, como sucedió en San Carlos de Bariloche en 2017, hay un muerto del lado de los indefensos, de los que reclaman derechos” señala Carriqueo. Se refiere al operativo donde muere Rafael Nahuel, acusado de agredir a los Albatros cuando el joven escapaba corriendo, y fue alcanzado por un proyectil, desde atrás.
La mediación sería una forma de llegar a un acuerdo. Y desacreditar el argumento de que “los indios son todos terroristas” –reclaman las organizaciones—, ya que esto justifica la represión y también los actos delictivos, como se da en llamar oficialmente y hasta ahora, a la trágica y violenta muerte de otro joven indígena.
Dos de los tres policías admitieron haber disparado contra el auto en el que iba Lucas
Dos de los tres policías de la Ciudad acusados del crimen de Lucas González admitieron ante la Justicia haber disparado sus armas contra el auto en el que la víctima iba con tres amigos por Barracas, durante las declaraciones indagatorias en las que se quebraron y lloraron en varias oportunidades.
Fuentes judiciales informaron que los acusados dijeron haberse bajado del auto Nissan Tiida de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 al grito de “policía” y con los chalecos identificatorios puestos, y que también hicieron sonar la sirena, aunque no encendieron las luces azules del llamado “chichón” que se pone sobre el techo del rodado porque no funcionaban.
Tras pasar la noche en una celda de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas fueron trasladados a los tribunales porteños cerca de las 7 de la mañana y a partir de las 8.30 comenzaron a desfilar ante el juez Martín Del Viso.
En el despacho del magistrado estaba de manera presencial el imputado, el abogado defensor de los tres, Alfredo Oliván, y el juez Del Viso, mientras que los fiscales Leonel Gómez Barbella y Andrés Heim, de la Procuvin, lo hicieron de manera virtual a través de la plataforma Zoom.
Los tres policías fueron indagados acusados de los delitos de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía de Lucas González, la tentativa de ese mismo delito contra los otros tres adolescentes, más privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica”.
Según las fuentes judiciales, ninguno de ellos aceptó responder preguntas pero realizaron un extenso y pormenorizado relato de cómo ocurrieron los hechos, y tanto Isassi como Nievas se quebraron en reiteradas oportunidades mientras explicaban las circunstancias del episodio en el que murió Lucas.
En el relato, los policías contaron que trabajaban en la villa 21-24 en el marco de una investigación ordenada por la fiscalía 20 de la Ciudad vinculada a la venta de drogas y que tenían “como objetivo” un domicilio al cual venían controlando porque se sospechaba que era un búnker de drogas.
Según lo que relataron, en ese marco vieron el automóvil Suran azul en el que se movilizaba Lucas González con sus tres amigos adolescentes “en actitud sospechosa”, detenido en la ochava de Iriarte, y que cuando retomó la marcha “hicieron un seguimiento”.
“Negaron haber realizado una persecución y dijeron que se pusieron los chalecos, les hicieron sonar la sirena para que detengan su marcha y que bajaron al grito de ‘policía’”, explicó una fuente de la investigación. En ese momento, según dijeron, la Suran arrancó para evitar la identificación y ante esa situación, se sintieron en peligro y, por eso, dispararon.
“Nievas dice que cuando estaban por embestirlo, disparó cuatro o cinco balazos de frente a los pibes. López dijo que rodeó el automóvil por atrás y cuando escuchó los primeros disparos, también efectuó varios tiros. El único que no mencionó los disparos fue Isassi, quien no hizo ninguna referencia a esa situación”, agregó la fuente consultada.
Según el relato que hicieron ante el juez, ninguno de los tres dijo haber visto armas en poder de los adolescentes, al tiempo que tanto Isassi como López interrumpieron en varias ocasiones su declaración porque se quebraron y lloraron.
Fuentes judiciales explicaron que, ahora, el juez tiene diez días para resolver las situaciones procesales de los imputados y que se espera para los próximos días la declaración de algunos testigos, entre ellos un hombre que paseaba un perro y que dijo haber presenciado el episodio.
Además, se aguardan para las próximas horas los resultados de los peritajes balísticos y de los teléfonos celulares de los tres imputados.
Con el peritaje balístico se espera poder determinar de cuál de las tres armas partió el disparo que le provocó la muerte a Lucas, dijeron las fuentes judiciales consultadas.
