Colombia | La Corte define esta semana la despenalización total del aborto
¿Aborto totalmente legal en Colombia? La Corte Constitucional decidirá esta semana
La legislación sobre el aborto en Colombia podría cambiar en los próximos días dependiendo de lo que decida la Corte Constitucional sobre dos casos en torno a la despenalización total de esa práctica.
En Colombia el Código Penal considera legal el aborto en tres casos específicos: violación o incesto, malformación fetal que haga inviable su vida, o cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico. Pero quien se practique un aborto —o quien lo practique— por fuera de estos tres escenarios, comete un delito.
Así lo expone el artículo 122 del Código Penal colombiano: «La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses de prisión». Y «a la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior».
«La interrupción voluntaria del embarazo por las tres causales descritas en la sentencia C-355 de 2006, es un derecho fundamental de las mujeres que debe ser garantizado por el Sistema de Seguridad Social en Salud. Ésta además, pertenece a la esfera íntima o privada lo cual obliga a proteger la confidencialidad de las mujeres que la soliciten y a no ser sometida a una revictimización, discriminación, culpa o estigma», dice el Ministerio de Salud de Colombia.
Se espera que esta semana, antes del viernes 19, la Corte Constitucional concluya con un fallo el debate sobre las dos demandas que piden que se despenalice la práctica y ponen en primer plano el derecho al aborto.
Para ser aprobada la despenalización del aborto, el tribunal necesita mayoría simple con el voto favorable de cinco de los nueve magistrados.
El estudio sobre el aborto en la Corte Constitucional de Colombia
Las dos demandas que está estudiando la alta corte piden que se despenalice el aborto en todas sus formas.
Una de estas demandas fue interpuesta por el Movimiento Causa Justa, que promueve la eliminación del delito de aborto del Código Penal colombiano y que dice estar conformado por más de 90 organizaciones y más de 150 actores clave.
Este movimiento busca que «ninguna mujer vaya a la cárcel por decidir sobre su cuerpo; y para que las profesionales de la salud puedan ejercer su oficio sin criminalización ni estigmas».
Según Causa Justa, al fallar a favor de eliminar el aborto como un delito, la Corte lograría un reconocimiento a la «libertad y autonomía de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos y proyectos de vida, características fundamentales de una ciudadanía plena».
La otra demanda fue interpuesta por el abogado Mateo Sánchez en 2020, en medio de un contexto social en el país en el que se discutía la penalización total del aborto —incluso eliminar las tres causales— y proyectos de ley en el Congreso para este mismo fin, dijo Sánchez en una entrevista en el podcast de la periodista Claudia Palacios la semana pasada.
«Me pareció un retroceso terrible que llegáramos a un escenario donde se volviera penalizar completamente (el aborto)», dijo Sánchez. Según él con la demanda que interpuso ante la Corte busca salvaguardar los derechos que ya existen sobre el aborto «y quizá algo más», agregó.
Una demanda contra las tres causas del aborto
En mayo de 2019, la abogada Natalia Bernal Cano, que rechaza la despenalización del aborto, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que habilita en el aborto por tres causales.
La Corte Constitucional de Colombia se declaró inhibida para dar un fallo de fondo sobre dos demandas que presentó ella que pedía declarar como ilegal el aborto desde el momento de la concepción
Según la demandante, que no está de acuerdo con la despenalización del aborto, esta práctica «afecta la dignidad, la integridad psicológica y física» de las mujeres que abortan voluntariamente, y también «pone en peligro la conciencia y la salud mental de los médicos que realizan el procedimiento» con autorización de los Estados.
Además, dice ella, «atenta contra la vida, la dignidad, la intimidad y la integridad» de los nonatos, informó la Corte Constitucional en marzo de 2020.
La Corte rechazó esta demanda en marzo del año pasado y no tomó una decisión de fondo sobre la demanda de la abogada Bernal Cano, pues, según comunicó, «la demandante no presentó argumentos suficientes para desvirtuar la existencia de cosa juzgada constitucional».
Así mismo, la Corte Constitucional dijo que hubo «ausencia de claridad, certeza, especificidad pertinencia y suficiencia en los cargos de inconstitucionalidad» formulados por la abogada para desvirtuar la ley que permite el aborto en tres casos específicos.
Una sesión plenaria de la Corte Constitucional derrotó una ponencia sobre el caso presentada por el magistrado Alejandro Linares, a quien se le encomendó resolver las demandas, y en la que mantenía la tesis de que el aborto debería ser legal en Colombia hasta los tres meses de edad del feto.
Por tanto, desde entonces, sigue vigente la norma que permite el aborto en tres casos en cualquier momento del embarazo: por violación o acceso carnal violento, incluyendo incesto; por malformación del feto; o por inminente riesgo para la salud de la madre. Esta reglamentación está vigente en el país desde 2006 cuando el alto tribunal se pronunció de fondo en un fallo sobre el asunto.
Ahora la Corte estudia las otras dos demandas que buscan ampliar el derecho al aborto a una legislación en la que la mujer sea quien tome las decisiones sobre su cuerpo y sus derechos.
Las estrategias camufladas de los colectivos antiaborto en Colombia
Por Natalia Arbelaez Jaramillo, María José Echeverry y Elisa Castrillón Palacio
n esta investigación periodística se identifican las estrategias y los protagonistas de los movimientos en Colombia que se oponen al aborto. Se movilizan en las calles y acosan a las altas Cortes. Niegan sus vínculos políticos, pero tienen eco en la bancada más conservadora del Legislativo. Tienen poca resistencia en los precandidatos liberales. Este reportaje forma parte de la serie latinoamericana “Poderes no santos”, que investiga el avance de las medidas ultraconservadoras contra los derechos sexuales y reproductivos en Argentina, Colombia, Perú, Brasil y México. (Ilustración: Claudia Calderón).
“Dios te salve María llena eres de gracia, el señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús […] Ave María purísima: sin pecado concebida María Santísima. ¿Quién cómo Dios? ¿Nadie como Dios?”
Así empezó y así terminó la marcha convocada el 2 de noviembre por los movimientos que se oponen a la despenalización total del aborto, que se decide esta semana en la Corte Constitucional tras año y medio de un intenso debate adentro y afuera de la institución. Los magistrados ponentes son dos liberales: Alberto Rojas y Antonio José Lizarazo, que presentaron ponencias que le apuntan a despenalizar.
En Colombia el aborto está despenalizado desde la histórica sentencia C-355 de 2006 solamente en tres casos.
Mapeamos al menos 33 organizaciones (28 civiles, 3 religiosas y 2 políticas), 23 líderes políticos y 4 líderes de opinión, así como las estrategias que han utilizado para oponerse a la agenda de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en un Estado laico. Aunque no todos son iguales, sí comparten una visión del mundo para la que la despenalización representa un peligro.
Las organizaciones son diversas y entre ellas hay fracturas. Pero comparten las siguientes estrategias:
1. Venden la idea de que el pueblo colombiano está en contra del aborto, invisibilizando las organizaciones detrás.
El proceso que tiene la Corte desde octubre del año pasado suscitó una reacción en cadena tanto de grupos feministas a favor de legalizar el aborto, como de los que se oponen. Han convocado movilizaciones, twitteratones y plantones frente a la Corte Constitucional con el fin de incidir en el voto de la Sala Plena. En por lo menos una de las demandas de despenalización, las intervenciones suman más de 9 mil.
Buena parte de las movilizaciones e intervenciones en contra del aborto las convocaron movimientos, organizaciones y grupos de ciudadanos que llevan años oponiéndose a ese derecho, a los de la población lgtbi y a la eutanasia. Varios tienen conexiones entre sí, otros están ligados a iglesias y tienen el apoyo de políticos de derecha, y algunos son la filial nacional de organizaciones internacionales que mueven la agenda antiderechos en otros países del mundo.
Sin embargo, la mayoría de las intervenciones que llegaron a la Corte lo hicieron a título individual, como si miles de ciudadanos estuvieran preocupados por el tema y hubieran tomado la iniciativa, y no como si fueran el resultado de una campaña centralizada y coordinada.
“Por poner un ejemplo, es muy diferente decir que ante la Corte Constitucional intervinieron diez mil ciudadanos, a decir que, de esos, seis mil eran católicos”, dice Lina Malagón, profesora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado y autora del artículo “las recusaciones por motivos religiosos en los procesos constitucionales sobre aborto y derechos de las personas lgbtq+”. Malagón participó en este reportaje analizando la información.
Por ejemplo, solo entre el 2 y 3 de octubre la Corte recibió 1.672 correos exactamente iguales que dicen que la despenalización es facultad del Congreso y no de un órgano judicial.
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Aunque llegaron de correos personales e individuales, fueron una convocatoria que hizo la organización colombiana Unidos por la Vida, conectada con la internacional CitizenGo a través de plataformas digitales.
Unidos por la Vida surgió en 2006 en el marco del proceso que despenalizó el aborto en tres causales. CitizenGo, por su parte, es una organización con presencia mundial y filial de la española Hazte Oír, apoyada por redes de ultraderecha religiosa. Ningún correo llevaba la firma o el nombre de la organización.
De hecho, uno de los ciudadanos que hizo esa intervención le escribió después a la Corte diciéndole que nunca había enviado ese mensaje y que no sabía quién estaba usando su correo. Diez días después, el 14 de octubre, se rectificó aclarando que él sí había firmado una petición de CitizenGo en internet, que luego se convirtió en ese correo masivo.
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Tres personas con las que hablamos, y que intervinieron ante la Corte en el proceso de la demanda de Causa Justa con formatos de correos preestablecidos, le dijeron a La Silla que llegaron a ellos a través de organizaciones cristianas y “provida” que siguen por redes sociales.
“A mí la información me llegó por alguien que en las redes me dijo que necesitaban apoyo para esa demanda y que si estaba de acuerdo con la vida tenía que firmar una cosa”, dijo Jonnathan Ricardo Ramírez, quien no pertenece a ninguna organización en particular.
Uno, Ricardo Rincón, reconoció su vinculación directa con organizaciones “provida” como Fundación Nazer y la Juventud Misionera: “He intervenido varias veces en la Corte. Intervine en el proceso de eutanasia y en uno en el Congreso referente a la personería jurídica de las personas no nacidas”, dijo.
En concreto, ese tipo de intervenciones, aunque masivas, no retrasan la agenda de la Corte. Implica que los magistrados y sus equipos lean los argumentos de la sociedad civil y decidan si los tienen o no en cuenta en su voto. Es, sobre todo, una estrategia para ponerle altavoz a los argumentos en contra del aborto, independientemente de cuántas personas crean en ellos.
“No nos cansemos de cansarlos. Tuiteen, etiqueten a la Corte, extiendan el mensaje a sus amigos y familiares”, dijo en una marcha “provida” Samuel Ángel, el líder de por lo menos tres organizaciones de derecha.
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“Es una labor dispendiosa pero, en compañía de mi equipo humano, he leído una por una las intervenciones que han sido presentadas en el proceso”, le dijo a La Silla un magistrado.
Lo que sí retrasa los procesos, y por lo que ya hay investigaciones y sanciones disciplinarias, son las solicitudes de recusación o impedimento. Varias trataron de que magistrados de la Corte se declararan inhibidos para pronunciarse sobre el tema o pidieron que se declarara la nulidad del proceso alegando que no se cumplieron los plazos adecuados.
En todos esos casos, los magistrados tuvieron que reunirse para revisar esas solicitudes y eso retrasó el cronograma inicial de discusión.
La mayoría de solicitudes de nulidad las hizo primero la abogada Natalia Bernal, a quien la Corte pidió investigar por irrespeto, y luego el ciudadano Harold Sua Montaña, quien ya ha tenido sanciones en otros procesos por intentar recusar magistrados sistemáticamente. También ha intervenido en otros casos, como el debate de la eutanasia este año.
Hasta ahora, no es claro si ambos ciudadanos están vinculados a alguna de las organizaciones que se movilizaron masivamente contra el aborto ante la Corte.
“Para la democracia es importante la transparencia. Saber desde qué lugar hablan las personas. Cuando una persona interviene como un simple ciudadano, pero en realidad hace parte de una organización con vínculos religiosos y no lo dice, hay falta de transparencia”, dice Malagón, investigadora del Externado. “Cuando se aprobó el matrimonio igualitario Colombia Diversa’ también logró que 1850 personas firmaran una petición que fue presentada como intervención ciudadana. Pero era claro que se trataba de personas coordinadas por esa organización” concluye.
La otra estrategia de las organizaciones opositoras de derechos, según Malagón, es que un mismo líder o grupo conforma varias organizaciones. Por ejemplo, la Red Antioquia Provida aparece en redes sociales como Red Provida Latam, pero en los documentos que emiten — como la intervención que hicieron ante la Corte en contra de la despenalización—, firman como Corporación Uno Más y Red Antioquia Provida.
Y Gladys Buitrago de Amaya, exdecana de Comunicación Social de la Universidad de La Sabana, a su vez, es directora de dos organizaciones diferentes: Asociación Unidos Somos Colombia y Fundación Cultura de la Vida Humana.
2. Usan argumentos diferentes a los religiosos
La marcha del 2 de noviembre convocada por las organizaciones que se oponen a la despenalización del aborto por parte de la Corte Constitucional estuvo llena de símbolos religiosos: personas con camándulas y crucifijos; plegarias al comienzo y al final; y la entonación de un cuerno, del mismo con el que se habrían ahuyentado las siete plagas de Egipto.
No es de extrañar. De las 61 organizaciones y líderes que mapeamos, a 49 les pudimos rastrear algún vínculo religioso en sus páginas web, redes sociales, comunicados o, a partir de su red de aliados.
Pero el comunicado que leyó en la marcha Samuel Ángel, director del Movimiento Solidaridad, del Instituto de Investigación Social y antes militante uribista —a nombre de todas las organizaciones de la marcha— no mencionó ningún argumento religioso.
En cambio, dijo que el derecho fundamental es la vida, no el aborto. Que el Congreso es el órgano competente para regularlo porque representa la voluntad del pueblo. Que en otras sentencias, la Corte ya ha dicho que no se debe despenalizar el aborto. Y que Colombia está incumpliendo la Convención Interamericana de Derechos que contempla el respeto a la vida desde la concepción.
Es lo que el sociólogo argentino Juan Marco Vaggione llama “secularismo estratégico” que, según la profesora Malagón, “consiste en traducir argumentos de tipo religioso en argumentos legales para evitar las críticas relacionadas con la separación que debe haber entre Iglesia y Estado”.
Por eso, la investigadora dice que “es difícil determinar si los actores que intervienen ante la Corte Constitucional, el Congreso de la República y otras instancias, tienen vínculos con el cristianismo”.
De hecho uno de los cambios importantes que ha tenido el movimiento de oposición al aborto es que su vocería está cada vez menos en los jerarcas de la Iglesia Católica y los pastores evangélicos. Es algo que sí pasaba antes, por ejemplo, con Claudia Castellanos, pastora de la Misión Carismática Internacional y congresista de Cambio Radical.
Ahora los protagonistas son laicos como María Esther Téllez, que dirige el Movimiento ABC Prodein, una organización internacional con sede en siete países, incluída Colombia desde 1994.
Prodein fue fundada en Perú por el sacerdote católico Rodrigo Molina y la hermana Josefina Serrano.
Pero Téllez defiende la causa “provida” no con argumentos religiosos sino de corrupción. Dice que está segura de que detrás de los abortos hay un negocio: “Hay un lobby internacional de la ONU y la OMS. Y muchas investigaciones en curso. En algunos productos, la composición que arranca con las siglas R ‘algo’ están relacionadas con el comercio de fetos abortados. Hay testigos de que de la zona de Teusaquillo, donde están los centros de aborto Oriéntame y Profamilia, salen carros con canecas que cogen por la Avenida Boyacá y cuando se percatan de que los están siguiendo, se pierden”.
Ese mismo argumento también se usó en 2016 contra el proyecto de Ley 209 que buscaba despenalizar el aborto hasta la semana 24 de embarazo.
Carol Borda, una joven politóloga de la Universidad Nacional que creó el colectivo Empoderadas y el grupo Nazer Colombia, desarrolla la idea en un video contra la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) que surgió en India y promueve la salud sexual y reproductiva de las mujeres y, concretamente, el acceso a anticonceptivos y al aborto. En Colombia, financia a clínicas como Profamilia y Oriéntame y a grupos que están a favor de la despenalización, como Católicas por el Derecho a Decidir.
Una sentencia de 2019 les dio más razones porque permitió el uso de órganos y tejidos de fetos para fines de salud y científicos. Entre ellos, la posibilidad de hacer trasplantes que podrían curar el Alzheimer y el Parkinson.
La influencia de esas organizaciones se extiende a los medios de comunicación y la industria del cine. Un caso es «Inesperado», una película que se estrenó en marzo de este año en salas de cine como Cinemark, y que muestra ese negocio del que hablan Borda, Téllez y Samuel Ángel. Cuenta la vida de Abby Johnson, quién habría trabajado durante dos décadas en IPPF, luego se arrepintió de lo que estaba haciendo y es una de las creadoras de la campaña y organización 40 días por la vida.
Es la misma que en tres momentos distintos del año convoca “oratones” durante 40 días frente a clínicas que realizan interrupciones del embarazo. Tienen presencia en 50 países, incluido Colombia.
40 días por la vida Colombia, Nazer, y cerca de 100 organizaciones más —la mayoría católicas o protestantes—, hacen parte de la plataforma Unidos por la Vida, la misma que creó la plantilla de correo electrónico que llegó por miles a la Corte.
Según José de Jesús Magaña, mexicano, profesor de colegio, y uno de los fundadores de esa plataforma en 2006, uno de los principales argumentos en contra del aborto es que “si queremos un país que exista, tiene que existir la vida”. Dice que, de permitirse el aborto, el índice de fertilidad disminuiría y en menos de 30 años países como Japón o China podrían quedarse sin habitantes.
Las cifras muestran lo contrario. En Japón el aborto fue legalizado en 1948 y según el Banco Mundial el índice de fertilidad es de 1,36 hijos por mujer, pero a lo largo de los años la curva a aumentado y disminuido constantemente; en 1968 estuvo en 1,58 hijos por mujer y en 1967 subió a 2,02. En Groenlandia el aborto es legal desde 1975. En 2019 hubo 902 abortos y 794 nacimientos, y el índice de fertilidad fue de 2,08 hijos por mujer. Y en Colombia estando penalizado el aborto, el índice de fertilidad ya ha venido decayendo con el paso de los años.
Más allá de estos argumentos que no son religiosos y aunque no sean los protagonistas del debate, como sí lo fueron en el pasado, las organizaciones religiosas y los jerarcas no están del todo ausentes. La Conferencia Episcopal intervino directamente ante la Corte Constitucional en contra de las demandas de inconstitucionalidad del aborto. Apeló al argumento de que las normas deben estar de acuerdo con el derecho natural según el cual la vida existe desde la concepción.
Precisamente Malagón, la profesora del Externado, dice que “la jerarquía vaticana sigue defendiendo que el derecho debe respetar la naturaleza humana que desde la visión cristiana implica para las mujeres sacrificarse y ser madres en cualquier circunstancia”. De hecho, según ella, el origen del delito de aborto se remonta al Código Penal de 1837 que penalizaba las conductas contrarias a la moral católica.
Lina Herrera, la líder de 40 días por la vida, exaltó este año a una de sus líderezas en Cartago por sacrificar su vida en favor de la de su hija: “Una mujer generosa con la vida, quien prefirió dejar nacer a su hija antes de seguir el consejo médico de abortarla dada su condición delicada de salud. Nuestras condolencias para su familia. A su esposo Salvador y a su hija Verónica María los arropamos con nuestras oraciones. Paz en su tumba”, publicó.
Samuel Ángel, por otro lado, también resaltó en la marcha del 2 de noviembre que “obispos del Espinal, que nunca habían hecho cosas como estas, están en la calle manifestándose”.
Uno de los hechos más relevantes de injerencia de la Iglesia en los temas de salud sexual y reproductiva de las mujeres, es la aceptación del Vaticano como Observador Permanente en la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde mayo de 2021. Algo que avaló el Gobierno de Iván Duque. En concreto, la OMS dicta las políticas de salud sexual y reproductiva de las Naciones Unidas que tienen que ver con el uso de anticonceptivos y el aborto.
Esto le da derecho al Vaticano a participar en la asamblea anual de la OMS y sus comités, a proponer puntos del orden del día y a conocer documentos que impliquen a la Santa Sede, aunque no tiene derecho a votar.
3. Se apropian del lenguaje feminista
El movimiento en contra del aborto se ha apropiado del lenguaje femenista para defender la causa antiaborto. Es una vuelta de tuerca sorprendente para las mismas organizaciones opositoras que hasta hace poco utilizaron la “ideología de género” como sombrilla para agrupar varias de las banderas de las organizaciones conservadoras, incluido votar en contra del Acuerdo de Paz.
La ideología de género fue un término acuñado en el 2000 por la jerarquía católica. Básicamente dice que el género depende directamente de los órganos sexuales con los que se nace, que ser hombre o mujer es una condición natural no una construcción cultural, y que por lo tanto el camino para salvar el alma es diferente para los hombres y para las mujeres. Para ellas, la ruta al cielo incluye ser un vehículo natural para la vida a través de la procreación.
“La expresión ‘ideología de género’ ha sido usada para denunciar la existencia de un complot proveniente del extranjero, ligado a las teorías feministas y al marxismo. Que busca la despenalización del aborto y la eutanasia, y el reconocimiento del matrimonio civil homosexual. Con lo cual le hace creer a las personas que son libres de hacer lo que quieran, sin que ni Dios ni la biología les impongan límites”, dice Malagón.
El discurso antiaborto está apelando, en cambio, al empoderamiento de las mujeres con expresiones que normalmente utilizan los movimientos feministas:
“IPPF no acaba de llegar a Colombia, lleva mucho tiempo ejerciendo presión en nuestro país, trabajando a través de otras instituciones para hacer de nuestros cuerpos un mercado. Si tu eres feminista no permitas que el aborto sea un negocio en nuestro país”, dice Carol Borda, una de las jóvenes creadoras de Empoderadas y de Nazer Colombia, en un video de Instagram en contra de la despenalización.
“Para decir ‘ni una más’, deben dejar de matar a sus hijas en sus vientres”, se lee en uno de los carteles de una marcha contra el aborto que sale en el mismo video. “No hay nada más machista que una Corte abortista”, dice otro.
Malagón cuenta que el tema viene desde antes, si bien ahora es evidente y tiene expresiones novedosas. Desde los años 40 y sobre todo con el papa Juan Pablo II, a la par con un discurso antigénero, la Iglesia creó su propia corriente feminista llamada “Nuevo Feminismo”. “Se valen del mismo rótulo para hacerlo decir todo lo contrario, que la subordinación de la mujer frente al hombre está justificada en la naturaleza. No sólo buscan mantener el orden social sino el interno: la jerarquía entre sacerdotes y monjas y frenar las reivindicaciones”, concluye la investigadora.
También hay una suerte de apelación a lo que en la corriente feminista se conoce como “nuevas masculinidades”.
Se trata de una reconfiguración de los roles de género que ha dado lugar a que los hombres se hagan cargo de forma equitativa de tareas del cuidado que antes estaban naturalmente asignadas a las mujeres. También, que puedan expresar sus sentimientos y comportarse de una forma más sensible sin que ello implique debilidad.
Bajo esa perspectiva los hombres también tienen derecho a decidir sobre el aborto de las mujeres.
“Nosotros, los hombres, aborto no apoyamos. Nosotras las mujeres la vida aceptamos” fue una de las arengas de la marcha del 2 de noviembre convocada en contra de las demandas de inconstitucionalidad del aborto que expresa esa idea.
El caso que mejor emplificó esto fue la campaña #SalvemosaJuanse en enero de 2020. Fue en reacción al aborto que Profamilia le practicó a una mujer en el mes siete de embarazo por la causal de salud mental. El padre se opuso. Y posteriormente pidió que le entregaran el feto para enterrarlo. Ninguna de las peticiones fue aceptada.
4. Combinan el activismo con servicios a mujeres y niños
Según Jesús Magaña, líder de Unidos por la Vida, “las mujeres colombianas son generosas, en el 98 por ciento de los casos deciden tener a sus hijos, el problema es cuando lo primero que les ofrecen es abortar, en vez de ayuda”.
Algo similar piensan otras organizaciones como ABC Prodein que además de centros donde asesoran a las mujeres para que no opten por abortar, tienen colegios y restaurantes comunitarios en barrios pobres como Santa Viviana en Ciudad Bolívar. Además, dictan cursos de emprendimiento para mujeres.
Esther Téllez, su directora, dijo que tienen financiación del programa Aflora de la Fundación Bolívar Davivienda sobre todo para educación. Y también han sido beneficiarios de Crepes and Waffles y Wok.
La Fundación Derecho a Nacer también tiene un programa llamado Mamá Feliz — Mafe — que está dirigido a madres gestantes y lactantes. Ofrecen apoyo psicológico, espiritual y económico para que las mujeres en situación vulnerable no aborten.
Otras organizaciones como el Instituto de Investigación Social, que dirige Samuel Ángel, dictan cursos virtuales. “La amenaza de la ideología de género”, se llama uno que vale USD 100 (cerca de 370 mil pesos) y que busca “desenmascarar los elementos nazis de la izquierda …que quieren generar demandas de carácter identitario”.
En la marcha del 2 de noviembre camino a la Corte Constitucional, Ángel le quitó a una mujer con pañuelo verde —el símbolo con el que se identifican los grupos proaborto— su pancarta. Decía: “Soy madre por decisión propia y deseo lo mismo para todas”. Producto del forcejeo se cayó al piso como quedó grabado en una transmisión que ella estaba haciendo minutos antes.
Varias personas de 40 días por la vida la ayudaron y la acompañaron a seguir caminando. Más adelante en la marcha, cuando le preguntamos por el incidente, Ángel le dijo a la Silla: “voy a ir a hablar con ella ahora mismo. Así soy yo”, pero pasó de largo cuando ella lo interpeló por no estar cumpliendo una de las consignas del movimiento, que es salvar las dos vidas.
Ángel y otros activistas provida se opusieron en redes a quienes rechazaron lo que pasó, argumentando que quien estuviera a favor del aborto no podía ser respetado porque ellos “no tenían respeto por la vida”.
En el ecosistema digital hay unos influenciadores que a veces usan mensajes de odio para mover sus campañas. Ángel ha sido uno de ellos. Otra de las estrategias es la del ciberactivismo valiéndose muchas veces de información engañosa.
5. Se articulan con un movimiento y discurso internacional de amenaza cultural
Como muchas de las organizaciones que están a favor de la despenalización, las que se oponen están insertas en redes internacionales, tienen vínculos con partidos de otros países o son patas locales de organizaciones con sede en Europa o Estados Unidos.
Según Cristina Vélez, directora de Linterna Verde, una organización que ha mapeado la conversación digital en redes sociales en América Latina, varios grupos conservadores se encuentran en la idea de que hay una amenaza de un supuesto nuevo orden mundial que se le quiere imponer a las naciones soberanas desde afuera. Y algunas de las narrativas provida encuentran eco en eso.
Organismos multilaterales como la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o filántropos como George Soros estarían detrás, según esa visión.
Ese nuevo orden es el del comunismo o “globalismo” que atenta contra la propiedad privada y la democracia, representado en el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla.
Hablan también de una “revolución cultural” que es la ideología de género a través de la cual quieren homesexualizar a “sus hijos”, explica Cristina Vélez.
“Somos afines a Vox en España, a Alejandro Ordóñez en la OEA, al Partido Republicano en EE.UU. La red es grande, lo que pasa es que toca consolidarla”, dice Samuel Ángel, el líder opositor del aborto que convocó a la marcha del 2 de noviembre.
Vox, el partido de ultraderecha español, está precisamente adelantando una especie de cruzada en América Latina plasmada en la Carta de Madrid, un manifiesto que busca defender a la “Iberósfera” de “el proyecto ideológico y criminal que está subyugando las libertades y derechos de los pueblos de la región”.
Según los firmantes, está conformada por “700 millones de personas” en el mundo que comparten una “arraigada herencia cultural”.
En Colombia la firmaron seis personas, entre ellas las congresistas del Centro Democrático Margarita Restrepo, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, que están abiertamente en contra del aborto.
El Centro Democrático es en general uno de los partidos que más se mueve en estos foros internacionales de línea conservadora.
El Transatlantic Summit III de 2019 —una de las reuniones más grandes de organizaciones y políticos aliados para combatir entre otras amenazas “la ofensiva global de la ideología de género”—, por ejemplo, se realizó en el Congreso con la participación de María del Rosario Guerra, Álvaro Uribe, Rafael Nieto Loaiza, Oscar Iván Zuluaga y Paola Holguín, del Centro Democrático, y Carlos Acosta y John Milton Rodríguez de Colombia Justas Libres.
La OEA también se ha convertido en una vitrina para los movimientos que están en contra del aborto —y también para los que están a favor—.
“Es la paradoja de ganar perdiendo”, dice Malagón, la investigadora del Externado. Explica que “las organizaciones opositoras han venido aprovechando los espacios que están abiertos a la sociedad civil: en las audiencias de la OEA intervienen con el ánimo de incidir en las posturas de los países o simplemente de hacer oír sus puntos de vista”.
Y aunque no han ganado casos emblemáticos ante la Corte Interamericana de Derechos ni la Comisión —en estos organismos, los movimientos antiaborto se han pronunciado en contra en varias oportunidades— “las batallas son largas y las autoridades cambian. Hay giros ideológicos también. A la inversa, los logros que ha tenido la comunidad lgtbi en esas dos instancias eran impensables décadas atrás de cuando ocurrieron”, agrega Malagón. Por eso, según ella, la elección de Alejandro Ordóñez como embajador fue estratégica.
¡Buena noticia! Carlos Bernal Pulido (@carloslbernal) acaba de ser elegido comisionado de @CIDH por la Asamblea General de la OEA. Éxito en la tarea de defender los derechos de todos, sin preferencias ideológicas; y en la meta de fortalecer lazos entre la comisión y los estados. pic.twitter.com/VZ7ZOzkRFV
— Alejandro Ordóñez (@A_OrdonezM) November 12, 2021
Las campañas en redes sociales también tienen coordinación internacional. Según, Vélez, directora de Linterna Verde, muchas veces los mensajes se unifican a través de un hashtag como #NoAlAbortoEnColombia y algunas organizaciones de base, líderes políticos e influenciadores se coordinan para trinar a una hora específica. Así se ha registrado en campañas en torno a las asambleas de la OEA.
Esos mensajes son amplificados por organizaciones transnacionales y líderes internacionales generando tendencias en Twitter —es una técnica ya conocida en internet–. Esto suele pasar con Unidos por la Vida, que retoma mensajes de sus aliadas y los de ésta son luego amplificados por la multinacional CitizenGo.
6. Niegan vínculos con partidos, pero encuentran eco en la nueva bancada ‘provida’ y poca resistencia en los candidatos presidenciales liberales
Algo que según Malagón, la investigadora del Externado, ha caracterizado a los políticos colombianos es “el desprecio por los derechos de las mujeres y de la comunidad lgtbi. En el Congreso los proyectos a favor o en contra de sus derechos sexuales y reproductivos nunca salen. No pasan del primero, máximo segundo debate”.
De hecho, según Causa Justa, la organización que demandó la inconstitucionalidad del aborto entre 2006 y 2017, los partidos más activos en la presentación de proyectos en contra del aborto fueron la U (presentó 10 de 16), Cambio Radical (presentó 4 de 16) y el Partido Liberal (presentó 2 de 16). Aparentemente, ninguno es de línea conservadora.
Este año, sin embargo, por primera vez en la historia del Congreso se conformó una “bancada Provida” con 23 parlamentarios de los partidos Conservador, Centro Democrático, Colombia Justa Libres, Cambio Radical y Decentes. En la lista figuran líderes clave del movimiento en contra de la despenalización del aborto como Esperanza Andrade, María del Rosario Guerra, Milla Romero, John Milton Rodríguez y Carlos Eduardo Acosta.
La bancada intervino ante la Corte Constitucional en contra de las demandas de inconstitucionalidad alegando que el derecho a la vida se debe respetar desde la concepción. También convocaron recientemente a un foro por la vida en la Asamblea Departamental de Antioquia. En el orden del día estaba la intervención del gobernador liberal Aníbal Gaviria para mostrar sus políticas para proteger la vida y salud de las familias antioqueñas. Y promovieron el trámite de un proyecto de ley que buscaba que se garantizara “la existencia de la persona humana desde la concepción”, pero ya fue archivado.
En todo caso, los líderes que encabezan las principales organizaciones antiaborto niegan la cercanía directa con el poder político. “No nos metemos en política, no vamos con ningún partido político. Lo que queremos es dejar claro que el pueblo no lo quiere”, dice María Esther Tellez, la directora de ABC Prodein. “No queremos politizar el tema en el sentido de politiquería. Nos interesa el tema jurídico y ya, pero desafortunadamente aquí funcionan con presiones”, agrega Samuel Ángel.
A nivel institucional, por otro lado, el movimiento que se opone a la despenalización del aborto ya no tiene un líder radical como el exprocurador Alejandro Ordóñez. Pero el Gobierno Duque, concretamente los Ministerio de Salud y el de Justicia, y la misma Procuradora Margarita Cabello, se pronunciaron en contra de la despenalización total ante la Corte alegando entre otras razones la competencia del Congreso en la materia.
Del otro lado, hay poco contrapeso. Ninguno de los candidatos que podría enarbolar la bandera a favor de la despenalización en la campaña presidencial lo está haciendo.
Gustavo Petro de corriente progresista, que venía de votar en 2008 por Alejandro Ordóñez como procurador pese a sus posturas ultraconservadoras, hizo recientemente una alianza con Alfredo Saade, un pastor evangélico y político que anteriormente ha manifestado estar en contra del aborto. Petro ha dicho que debe haber “aborto cero”. Cree que una postura prohibicionista agrava el problema de las mujeres que mueren por abortos inseguros, pero su apuesta es por una política de educación sexual que prevenga que las mujeres se enfrenten a esa situación. Lo pone como una cuestión de salud pública más que de libertad de las mujeres. Saade ahora dice que se encuentra con Petro en lo de aborto cero y que respeta los derechos que concedan las normas.
Juan Manuel Galán, de pensamiento liberal, dice que las mujeres son quienes deben liderar el debate por tratarse de la soberanía sobre sus cuerpos. Agrega que tiene una política de equidad de género para transformar la cultura patriarcal y cree que la regulación del aborto y, especifícamente, del tiempo dentro del cual está permitido, debe regirse por los estándares internacionales. Pero, en todo caso, no ha estado activo en el debate.
Alejandro Gaviria cuyas posturas abiertamente a favor del aborto y la eutanasia se pensaba que iba a provocar una reacción fuerte en contra del movimiento antiaborto, en las semanas en que la Corte está pendiente de tomar una decisión, no ha hecho ningún pronunciamiento. En una charla dijo que el aborto estaba en su programa, pero ni de primero, ni de segundo, ni de tercero, ni de cuarto.
El Partido Liberal, con el que es posible que Gaviria haga alianza, tampoco se salva. En 2015 apoyó la candidatura de la diputada Ángela Hernández, del Partido Centro Democrático, cercana a Alejandra Ordóñez, y una líder reconocida en contra del aborto. Hernández tuvo un papel decisivo en las movilizaciones en contra de las cartillas escolares que supuestamente promovían la ideología de género en 2016.
Fajardo fue el único candidato que esta semana dijo sin ambages en Twitter que la Corte Constitucional debe despenalizar el aborto:
Espero que la Corte Constitucional despenalice el aborto. Es hora de superar la discusión desde el ámbito penal y concentrarnos en los retos de salud pública, en la educación sexual, la prevención del embarazo adolescente y el acceso adecuado a servicios de salud.
— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) November 11, 2021
