Panorama del sistema educativo brasileño
El primer caso de COVID-19 en Brasil se registró oficialmente el 26 de febrero de 2020. Desde entonces, la vida en nuestro país se volvió más difícil de lo que ya era. Esto no se debió solamente a los efectos de una enfermedad terrible y hasta entonces desconocida. El coronashock fue sobre todo social: trajo más austeridad, profundizó la financiarización, agravó los efectos nefastos del Estado neoliberal y precarizó las relaciones laborales.
Una de las áreas directamente afectadas fue la educación. Un año y medio después del inicio de la pandemia en Brasil, ya es posible evaluar mejor algunos de sus efectos. Ciertamente, el aspecto inmediato más visible de la pandemia fue la paralización repentina de las actividades presenciales, con el cierre temporal de escuelas, colegios y universidades. En consecuencia, se establecieron actividades de educación remota de emergencia, generalmente sin la infraestructura tecnológica adecuada, sin materiales didácticos y sin formación previa de las y los educadores. Todo esto en un escenario de crisis económica y social en el que las instituciones de educación venían cumpliendo un papel fundamental. Por lo tanto, es necesario contextualizar la multiplicidad de efectos que el coronashock tuvo en una realidad como la brasileña.
En Brasil, los niveles de educación conforman una red compleja en la que conviven instituciones públicas gratuitas e instituciones privadas de pago. La regulación de esta red se consolidó con la Constitución de 1988 y la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional (LDB). La educación infantil abarca los cinco primeros años de vida de lxs niñxs, con carácter obligatorio a partir de los cuatro años. Se divide en guardería (hasta los tres años) y preescolar (cuatro y cinco años) y es responsabilidad prioritaria de los gobiernos municipales. A continuación, está la educación básica, compuesta por dos etapas: la educación fundamental y la media. La educación básica tiene carácter obligatorio y universal a partir de los seis años. Tiene una duración mínima de nueve años y también es de responsabilidad prioritaria del gobierno municipal.
La educación media tiene tres años de duración. Recientemente, en 2013, también se convirtió en obligatoria hasta por lo menos la mayoría de edad legal (18 años). La garantía de esa etapa es una responsabilidad prioritaria de los estados. En Brasil, además de la educación media, es posible cursar alguna modalidad de educación técnica y profesional. La educación superior es de carácter opcional y es de responsabilidad principal del gobierno federal.
Las guarderías, escuelas, colegios y universidades, especialmente los públicos, tienen múltiples funciones para lxs estudiantes y sus familias: además del proceso de aprendizaje, contribuyen al acceso a tecnologías de la información y comunicación, son espacios de sociabilidad, de desarrollo de actividades deportivas y culturales, previenen la violencia, potencian proyectos de vida y, en muchos casos, garantizan una alimentación adecuada para niñxs y jóvenes. Con la pandemia quedó claro que, por más precarias que sean, las instituciones educativas son fundamentales para la vida colectiva, especialmente para los sectores más pobres de la población.
En contrapartida, también es verdad que la crisis del sistema educativo brasileño es de larga data. Históricamente, nuestra realidad educativa está marcada por graves desigualdades que incluyen problemas como las dificultades de acceso a la educación, el abandono precoz de los estudios, el desfinanciamiento y la precariedad material de las instituciones, la baja alfabetización y el analfabetismo funcional, el avance de la mercantilización y la presencia de una estructura dual dividida entre la red pública y la red privada. Sería engañoso creer que estos problemas fueron creados por la pandemia. Al incidir en este escenario, el coronashock contribuyó a agravar los problemas preexistentes, así como a acentuar la desarticulación del sistema educativo en su conjunto.
