Argentina | Un rumbo definido – Por Carlos Heller
Por Carlos Heller *
Luego de una leve desaceleración en mayo, producto de las medidas sanitarias por la segunda ola, las principales variables de la economía argentina indican una continuidad de la recuperación para junio y julio.
De hecho, el FMI modificó su previsión de crecimiento del PIB argentino para 2021, pasando de 5,8% en la proyección de abril al 6,4% en la de julio de este año.
En particular, el IPI (Índice de Producción Industrial) publicado por la agencia de estadísticas oficial, el Indec, registró en junio pasado una suba interanual del 19,1% respecto a julio de 2020 (mes influido por las medidas para contener la pandemia) y un crecimiento frente a igual mes de 2019 del 11,7% (como comparación previa a la pandemia). Además, alcanzó el mayor nivel, en términos desestacionalizados, desde mayo de 2018. Esta evolución positiva también se reflejó en la Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria, que llegó al 64,9% en junio. Un nivel que no se registraba desde junio 2017. Constituye la cuarta suba consecutiva en lo que va del año: un verdadero indicador de la inminente recuperación de la actividad en este rubro.
La producción de la industria metalmecánica para el mes de junio 2021, según lo informado por la cámara del sector, ADIMRA, registró crecimiento por décimo mes consecutivo y expandió su capacidad instalada al 56,4%, superando el nivel de junio de los dos años anteriores. En el caso de la industria automotriz también es destacable el incremento en cantidad de unidades producidas, de un 155% interanual en junio y un 67,4% sobre el mismo mes de 2019.
En cuanto a la construcción, su actividad creció un 28,6% en junio respecto a junio de 2020, y un 9,7% respecto al mismo mes de 2019. El sector registra un alza continua desde hace 10 meses.
No obstante ello, y al igual que en las principales economías de Latinoamérica, algunos sectores de servicios continúan muy rezagados en su actividad por las medidas sanitarias aún vigentes. Ante estas tensiones en la producción, el gobierno ha negociado distintos acuerdos con proveedores de vacunas, al tiempo que también se encuentra en proceso de producción local otra importante cantidad de vacunas, de forma de proteger a la población y poder reactivar las actividades de mayor contacto social lo antes posible, sectores que además están recibiendo ayudas especiales.
En este sentido, Argentina fue citada en una de las últimas intervenciones de la directora ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena: “la región debe fortalecer sus capacidades para desarrollar y producir sus propias vacunas contra el COVID-19, tal como lo están demostrando Argentina, Cuba, Brasil y México”.
Pero el caso argentino no sólo es destacable por lo que se está haciendo actualmente, sino también por la situación económica y social en la que se encontraba justo antes de la pandemia. Cuando en diciembre de 2019 asumió la nueva administración de gobierno presidida por Alberto Fernández, se aprobó en el Congreso de la Nación un plan de emergencia que respondía a dos años de recesión y de empeoramiento de los principales indicadores sociales.
Tan sólo noventa días después, cuando recién comenzaban a aplicarse algunas de estas medidas, el gobierno del Frente de Todos tuvo que priorizar la asignación de sus recursos a la ejecución de programas para morigerar los efectos de la pandemia que empezaba a azotar a Argentina, al igual que al mundo entero. Con recursos que además se encontraban significativamente menguados y con una inabarcable deuda externa, como consecuencia de las acciones del gobierno anterior. A esa situación se sumó una caída de los ingresos tributarios durante esos meses, como efecto de las medidas —de restricción y paralización de algunas actividades— que se requirieron para limitar la circulación del virus.
Vale la pena destacar todas estas cuestiones porque, en tiempos preelectorales (las elecciones primarias de medio término serán en septiembre), algunos analistas intentan tergiversar la real situación del país y el gran esfuerzo que se hizo y se está haciendo para dejar atrás los efectos de la pandemia.
Un ejemplo de ello se relaciona con la refinanciación de la deuda heredada que se está llevando a cabo desde el año pasado.
En septiembre de 2020 se logró reestructurar la deuda en moneda extranjera con acreedores privados en términos muy favorables: se tradujeron en una quita de 37.700 millones de dólares en diez años y una baja de la tasa de interés promedio del 7 al 3%. Por otro lado, durante los primeros siete meses de 2021, a través de distintas licitaciones por parte del sector público, se logró refinanciar el 123% de los vencimientos de deuda hasta ese entonces. En definitiva, tanto con la deuda externa como la interna, y en los términos de lo que está recomendando el Fondo Monetario, el gobierno argentino está “reduciendo gastos innecesarios”. ¿Qué gasto más innecesario puede haber que el destinar fondos públicos al pago de intereses excesivos en vez de hacerlo a invertir en la reactivación de la economía local?
Es preocupante en este sentido uno de los últimos datos que dio a conocer la Cepal sobre este tema. De acuerdo al organismo, durante 2019 los gobiernos centrales de las 17 principales economías latinoamericanas destinaron, en promedio, más al pago de intereses de la deuda (2,6% de su PIB) que a la inversión en salud pública (2,3%).
El gobierno del presidente Alberto Fernández se está encargando de revertir lo más posible estos guarismos en Argentina. De hecho, el mencionado acuerdo con los acreedores privados en 2020 implicó un ahorro de 2 puntos del PIB, mientras que se aceleró significativamente la inversión en salud pública.
En los próximos días la Argentina recibirá una asignación especial de Derechos Especiales de Giro (DEG) equivalente a U$S 4.350 millones aproximadamente, del total de U$S 650.000 millones emitidos por el FMI en su totalidad.
Pero, además, la Argentina hizo notar la asimetría existente entre la asignación a países desarrollados y emergentes y de bajos ingresos (los DEG se distribuyen según la cuota que los distintos países poseen en el FMI). “Hace falta un mecanismo que permita que los DEG de los países que no los utilicen puedan ser transferidos a quienes sí los necesiten, no solo a los países de renta baja sino también a los de renta media. Eso ayudaría a tener una recuperación global más equitativa”, dijo Martín Guzmán, el ministro de economía argentino. En efecto, según informó el propio Fondo, del total emitido, U$S 275.000 millones irán a países en desarrollo, incluidos los de bajos ingresos (42%) y los restantes U$S 375.000 millones (58%) a países desarrollados. Sería interesante que no se repita lo ocurrido durante la crisis subprime de 2008 cuando casi el 70% de los recursos emitidos en nuevos DEG permanecieron inmovilizados en los países receptores. Un 22% de ellos se utilizaron en pagos frente al mismo FMI, un 5% fueron vendidos para afrontar gastos en divisas y sólo un 3% se usó en la capitalización de fondos especiales para financiar a países pobres.
Lo destacable es que, a través de sus acciones antes los organismos internacionales y sus políticas activas locales, y frente a las adversidades que tiene que enfrentar, el gobierno argentino demuestra una vez más que sus principales objetivos están enfocados en incrementar el bienestar general de la población y continúan intactos.
* Diputado Nacional por el Frente de Todos y Presidente del Partido Solidario
