Perú | Los empresarios y Pedro Castillo – Por Francisco Durand
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Francisco Durand(*)
El presidente electo Pedro Castillo ha sorprendido al país y al mundo, no tanto por ser o parecer izquierdista, hecho ciertamente notable, sino por lo distintivo de su origen y lo que representa como expresión de un país dividido desde hace 500 años entre pizarros y atahualpas.
El inusual candidato es un maestro rural que proviene del pueblito de Puña, en las serranías de Cajamarca, tierra de ronderos vigilantes, campesinos pobrísimos y fabulosas minas de oro. Castillo se nos aparece como un fantasma surgido de una región donde se produjo la trágica muerte de Atahualpa el 26 de julio de 1533, luego del pago del rescate, momento en que comenzó generarse ese sentimiento de ser pobres en un país rico. Asume la presidencia el 2021, año del bicentenario republicano, un régimen político que no ha integrado al país ni resuelto el tema de la pobreza, la división regional y la discriminación.
Este personaje, cuya candidatura era una de las últimas al empezar la campaña a comienzos de enero del 2021, logró pasar a la segunda vuelta el 6 de junio, cosechando un poco más del 50 por ciento de los votos. Castillo realizó una campaña maratónica, sencilla pero efectiva, al visitar pueblo por pueblo, hablar en las plazas y, de paso, reunirse con el mundo del hoy reactivado sector de organizaciones populares: rondas campesinas, sindicatos, frentes de defensa y organizaciones culturales folclóricas.
En el otro bando, donde abundó el dinero gastado y desplegado, seguido del cuestionamiento de los resultados, de los llamados al golpe militar, predominaron los temores. La televisión destacó, contribuyendo a difundir el miedo y sembrar la duda, mostrándose abiertamente sesgada a favor de Keiko Fujimori. En el primer anuncio de resultados a “boca de urna”, que le dio el conocido experto de Ipsos, Alfredo Torres, miembro de los círculos elitistas y conservadores capitalinos, ganaba Keiko por unos cuantos puntos.
Sintomáticamente, todos los siguientes cálculos, como el conteo rápido y los anuncios oficiales, mostraron lo contrario: un pequeño margen a favor de Castillo. La derecha y lo grandes donantes, apoyando a Fujimori de forma anónima en muchos casos, y en otros manifiesta, no lograron entonces el apoyo suficiente para darle un margen ganador a su candidata. La derrota de Keiko y la victoria de Castillo el 2021, en ese sentido, marca otro hito histórico. Señala el fin de la República Empresarial iniciada autoritariamente por Alberto Fujimori en 1990 y continuada a partir del 2000 por “presidentes mayordomos” del poder establecido cuando retornó la democracia.
Los ricos mostraron jugaron mayormente sus cartas a favor de Keiko. Destacaron dos. El poderoso grupo Romero, activo financista ilegal y legal de Keiko en las campañas del 2011 y el 2016, investigado por originar el lavado de dinero del cual es acusada Fuerza Popular, el partido de Keiko, mantuvo su propensión a la transgresión. Entregó en esta campaña alimentos y productos del hogar con propaganda que condenaba el “chavismo”, productos plastificados distribuidos por fervientes seguidores keikistas en los barrios pobres.
Los Miró Quesada, una antigua familia aristocratizada, dueños de la cadena periodística El Comercio-Correo, que incluye los principales diarios y televisoras, dirigió por su cuenta la campaña “contra el comunismo y por la libertad”, coordinando la ofensiva, obligando incluso a muchos periodistas a favorecer a Keiko y atacar o silenciar a Castillo, provocando eventualmente una crisis institucional. Las cartas de renuncia del Canal 4 son testigo de este episodio de dignidad periodística que, lamentablemente, fue un caso aislado.
En la segunda vuelta, una derecha inicialmente dividida se fue fusionando en torno a la peor candidatura, la de mayor rechazo, proceso simbolizado en la alianza entre el ala democrático-liberal que encabezó Mario Vargas Llosa desde 1990, con la autoritaria que representa el fujimorismo, primero con Alberto y luego con Keiko a partir del 2000. El propio escritor, convertido en marqués español luego de su derrota de 1990, hoy figura célebre de los círculos elitistas y reaccionarios europeos, ha participado activamente en esta alucinada campaña.
A una semana de la derrota de su ahora favorita Keiko, imagina en uno de sus artículos a un Castillo presidiendo: “…. un país devastado por la censura, la incompetencia económica, sin empresas privadas ni inversiones extranjeras, empobrecido por burócratas desinformados y serviles, y una policía política que ahoga a diario fantásticas conspiraciones creando una dictadura más feroz y sanguinaria que todas las que ha conocido el país a lo largo de su historia” (La República, junio 12). Para rematar su pensamiento, el Nobel de Literatura concedió una larga entrevista en Canal N (también del grupo Miró Quesada) donde afirmó el mismo 12 de junio, que “los empresarios están absolutamente aterrorizados”.
¿Será cierto o el novelista lo imagina?
Ganada la segunda vuelta, mientras un sector empresarial incrementaba sus donaciones al fujimorismo, o gastaba por su cuenta en la millonaria campaña anticomunista, varios otros han asumido una posición distinta. Por varias razones.
Una, para cualquier persona sensata y bien informada es evidente que Castillo es diferente del chavista Vladimir Cerrón, fundador y jefe del partido Perú Libre que lanzó esta exitosa candidatura y escribió su plan de gobierno. Dos, la alianza con Verónika Mendoza y la izquierda más capitalina y profesional, garantiza (por lo menos para el primer gabinete), un manejo profesional del aparato económico del Estado y una orientación que ayude a transformar algunas de las ideas de Castillo en políticas y programas.
Tres, como afirma un informe del Scotia Bank, la entrada del economista Pedro Francke al equipo de Castillo ha tranquilizado a los inversionistas. Cuatro, dado que la situación de Castillo es precaria en el parlamento, donde no tiene mayoría ni bloque propio, que solo ha obtenido 50.2 % de los votos, que el “poder popular” todavía es un proyecto en construcción, es posible que como presidente electo y luego en el cargo opte por una mayor prudencia.
Cinco y último, el abrumador voto regional castillista en toda la mega región minera cuprífera del sur, que incluye las más grandes minas (Antamina en la sierra de Ancash, Las Bambas en Apurimac, Antappacay en Cusco, Cerro Verde en Arequipa, a las que se suman Toquepala, Cuajone, y Quellaveco en la costa sur) es un dato de la realidad que cualquier empresario extractivista debe reconocer.
Las declaraciones de Roque Benavides, el minero peruano más rico, aliado estratégico de importantes multinacionales mineras, corrigiendo a Keiko y sus aliados cuando deslizaron la idea de engaños electorales, sostuvo que “no se puede hablar de fraude”. La frase es indicativa de esta moderación que puede generar disposición al diálogo.
En cuanto a la Confiep, Oscar Caipo vocero y representante gremial de mineros y banqueros, las dos fracciones dominantes de esta confederación donde hay predominio multinacional, ha optado por no presentarse abiertamente a favor o en contra de ningún candidato en la campaña. Los dos comunicados emitidos poco después de la elección llaman a la prudencia y abren una posición que, al evitar estridencias, posibilitan también un diálogo.
Pero no limitemos nuestras reflexiones a los grandes inversionistas. La posición de Castillo a favor de los productores agrarios de papa, maíz y arroz, y las preocupaciones de los productores textiles que operan en el emporio Gamarra de Lima (afectados por las importaciones chinas y el contrabando), han generado comunicados de apoyo de Conveagro y acomodos de los textileros que ahora reclaman salvaguardas. De hacer realidad sus promesas a estos dos sectores empresariales, Castillo pondrá fin al liberalismo extremo que rige desde 1990.
Tampoco podemos olvidar la posición de los miles de empresarios “emergentes”, como los llaman en Lima, de origen popular y provinciano. Aunque no hay encuesta que lo compruebe (las encuestadoras limeñas se niegan a medir opinión sobre los distintos tipos de empresarios), se conoce que, si bien un sector es keikista (caso de Gamarra), otros, probablemente mayoritarios, ven con simpatía al maestro Castillo (cholo y provinciano como ellos, y a mucha honra) y algunos (caso de chotanos, huancaínos y puneños) han financiado generosamente su campaña. Lo sucedido no debe sorprendernos. En Bolivia, país con el que más se asemeja al Perú, algo similar viene sucediendo con la burguesía chola de El Alto que ha apoyado al MAS y a Evo Morales.
El inicio del gobierno de Castillo, el candidato “ignorante” como les gusta llamarlo a las elites limeñas, será testigo tanto de la oposición estridente del keikismo y las derechas, sobre todo de la facción fascista y golpista, como de empresarios vargasllosianos aterrorizados que sacan su dinero o se van del país. Otros que están en una posición de espera y veras o que tratan de entablar dialogo. Tampoco faltan empresarios que apoyaron al maestro Castillo.
Una cuestión final por considerar es si estos espacios de diálogo (sin cambio de programa como le sucedió a Ollanta Humala) van a ser utilizados de modo pragmático e inteligente para que se inicie una relación transparente y abierta del Estado con todos los segmentos empresariales, los de Lima y las regiones, los grandes y los chicos, los de origen europeo y los de origen autóctono o de estampa mestiza. Este nuevo modelo de gobernanza empresarial puede ayudar a, sino eliminar, al menos reducir la captura del Estado que rige desde 1990, y a demostrarle a Vargas Llosa y sus seguidores que están equivocados.
(*) Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), PhD en Ciencia Política y Economía Política, por la Universidad de Berkeley en California (USA). Ha sido docente en la Universidad de Texas, en Austin. Investigador en el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), y profesor del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la PUCP.
