Giammattei recibe a la vicepresidenta de EEUU para hablar sobre migración centroamericana
Vicepresidenta de EE. UU. Kamala Harris arriba al país para abordar la migración
Por Lourdes Arana
Este domingo a las 18:18 horas arribó a la Fuerza Aérea Guatemalteca la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien desarrollará este lunes una jornada de reuniones en el país, en las cuales el tema central será la migración y sus causas, entre ellas, la corrupción, así como posibles soluciones a través de la generación de inversiones internacionales.
Desde tempranas horas, se pudo observar un fuerte despliegue de agentes del Servicio Secreto, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala, quienes resguardaban la pista de aterrizaje donde descendió el Air Force 2, así los alrededores; ahí las autoridades guatemaltecos dieron la bienvenida a Harris.
Cadetes de la Escuela Politécnica custodiaron su descenso del avión, después se tomó una fotografía oficial con el canciller Pedro Brolo; el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp, estuvo presente en el recibimiento.
RETRASO EN EL VUELO DE HARRIS
La llegada de la vicemandataria estadounidense al país se tenía programada entre las 16 y 17:30 horas, según el itinerario dado a conocer, sin embargo, debido a un desperfecto mecánico de uno de los aviones utilizados por Harris, el vuelo se retrasó alrededor de dos horas, ella y su equipo debieron cambiar de aeronave.
Este es el primer viaje internacional que realiza la Vicepresidenta de Estados Unidos desde que asumió el cargo en enero.
HARRIS Y GIAMMATTEI SE REUNIRÁN ESTE LUNES
Según la agenda proporcionada por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, la reunión bilateral con el mandatario Alejandro Giammattei se tiene programada para este lunes durante casi toda la mañana. Los actos protocolarios en el Palacio Nacional de la Cultura inician a las 8:00 horas.
Para las 11 horas, se tiene previsto un mensaje conjunto y después Harris continuaría con las conversaciones con representantes de otros sectores del país, entre ellos, de la sociedad civil, empresarial, académico, entre otros.
Harris ha sostenido conversaciones previas con Giammattei, intengrantes de organizaciones sociales, tanques de pensamiento, operadores de justicia, así como empresarios internacionales, entre estos, Luis von Ahn de Duolingo, para abordar las causas de la migración irregular y encontrar soluciones enfocadas en el combate a la corrupción, generación de inversiones, atención a poblaciones afectadas por Eta e Iota, entre otros.
EXMILITARES PROTESTAN EN LAS AFUERAS DE LA FAG
Previo a la llegada de la vicemandataria Kamala Harris a territorio nacional, un grupo de personas que se identificaron como exmilitares y “republicanos”, colocaron mantas en los alrededores de la FAG en rechazo a la visita de Harris, también expresaron consignas a favor del expresidente de los EE. UU., Donald Trump.
Kamala Harris en Guatemala: una visita por descarte, no por mérito
Por Justo Pérez
«Si la corrupción persiste, la historia nos ha dicho que será un paso adelante y dos atrás”. Así explicó la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, ante el Concejo de las Américas, organización que promueve el libre comercio, el enfoque de su gobierno para el norte de Centroamérica. Ese día anunció la visita a Guatemala.
EE.UU. ve a Guatemala como un socio para atender uno de los principales problemas políticos de la administración de Joe Biden: la migración irregular.
A principios de 2021 era más agresivo, cuando diplomáticos y políticos de EE.UU. manejaron un tono fustigante contra las élites económicas de la región. Juan Gonzáles, director de Seguridad del hemisferio occidental del Departamento de Estado, utilizó el término «élites depredadoras».
Pero los decibeles fueron bajando con Guatemala. La visita de Zúñiga, delegado del Departamento de Estado para la región norte de Centroamérica, la videoconferencia entre Harris y Giammattei, y el viaje que la vicepresidenta realiza a partir de este domingo, dan cuenta del lugar privilegiado que el presidente guatemalteco ocupa en comparación con los vecinos.
Sin embargo, el análisis muestra que ese espacio no lo ganó Guatemala, sino que lo perdieron El Salvador y Honduras.
Guatemala ha mostrado poco compromiso con el estado de derecho. Por ejemplo, en la vía libre que dio la Corte de Constitucionalidad (CC) a la Ley de ONG, o en el rechazo del Congreso al nombramiento de Gloria Porras como magistrada.
Pero el país fue la única opción para EE.UU., pues la situación política en el suroriente es más grave: Bukele extiende su poder a todos los órganos del estado y se acerca a China; y Hernández tiene a un hermano cumpliendo cadena perpetua por narcotráfico en Nueva York.
La opción por default es Guatemala, que apretó los puños y escuchó paciente el marco propuesto por Harris: que la corrupción provoca violencia y la violencia migración. Guatemala esperó hasta que el discurso del país del norte comenzó a ceder ante la realidad política regional.
Esa relajación explicaría el trato que EE.UU. ha tenido con Guatemala: designaciones a políticos periféricos, apertura al diálogo y la oferta de vacunas e inversión extranjera directa.
Guatemala socio «por default»
En la presentación virtual que ofreció ante el Concejo de las Américas, Harris dividió los catalizadores del éxodo centroamericano entre las catástrofes y las causas profundas. En la primera ven la pandemia de COVID19, los huracanes, las sequías y sus efectos en la inseguridad alimentaria. Y entre los problemas de fondo: corrupción, violencia, pobreza, falta de oportunidades y ausencia de un buen gobierno.
Esta descripción va en sintonía con el informe del centro Woodrow Wilson, tanque de pensamiento del Departamento de Estado, que evaluó la política de cooperación de dicho país hacia la región.
En este documento se promueve una política de cooperación y asistencia que va a las causas profundas. Identifica el factor principal del subdesarrollo en la región: «La resistencia a la lucha contra la corrupción y a las reformas de gobernabilidad de una pequeña pero poderosa elite de actores políticos y económicos, con un hondo interés de mantener el estatus quo».
Ese marco permite explicar la altisonante declaración de Juan Gonzáles sobre las élites «depredadoras», o la calificación de la congresista demócrata Norma Torres de «narco gobiernos» a los líderes políticos de la región.
La tesis y el tono que EE.UU. asumió fueron incómodos para sus liderazgos políticos. Nayib Bukele, por ejemplo, asumió una postura beligerante, evidente en el desaire que hizo a Luis Zúñiga, delegado especial del Departamento de Estado, a quién no recibió personalmente cuando visitó su país.
La confrontación fue escalando cuando funcionarios de EE.UU. mostraron su preocupación por la remoción y cambio del tribunal constitucional y el fiscal general salvadoreños a inicios de mayo, una decisión tomada por la mayoría parlamentaria del partido de Bukele.
La segunda visita del delegado Zúñiga a El Salvador, a mediados de mayo, tuvo como punto de agenda la remoción de estas autoridades. Apenas un día después de la visita, Bukele publicó en redes sociales que aquellas «voces que aún piden que volvamos al pasado. Con mucho respeto y cariño: Los cambios que estamos realizando son IRREVERSIBLES».
Días después, la congresista Norma Torres publicó una lista que solicitó al Departamento de Estado donde se señalan a políticos vinculados con la corrupción en Centroamérica. La Lista Torres incluye 17 políticos de la región, incluidos dos miembros del gobierno salvadoreño. Entre ellos, la jefa del gabinete de Bukele, Carolina Recinos.
Bukele criticó la lista, diciendo en redes que la acción «no es de combate a la corrupción, es geopolítica» e intensificó su relación con China que, a diferencia del resto del cuerpo diplomático, tomó distancia del conflicto político local y ofreció a El Salvador USD$500 millones para proyectos de asistencia e infraestructura.
Esta acción fue criticada por Julie Chung, subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental. Dijo que «nada de China viene de gratis» y, según información, el acuerdo contempla delegar una zona de libre comercio de 3 kilómetros en el Golfo de Fonseca. EE.UU. también anunció que desviaría su cooperación de las fuerzas armadas a la sociedad civil, a lo que Bukele respondió comunicando su interés por acercarse a Rusia.
Tiziano Breda, analista de Crisis Group, explicó a elmundo.es que esa escalada de tensiones puede resultar cara para El Salvador si EE.UU. decide poner en la mesa aspectos económicos, como la presión para el pago de la deuda externa con organismos multilaterales, o algún arancel a las transacciones financieras, entendiendo que 20% de su Productor Interno Bruto (PIB) proviene de las remesas. Sin embargo, esto incrementaría la migración, resultando contraproducente. El confrontamiento no baja y no se ve una salida.
Por otra parte, Honduras parece descartado por default. La condena de cadena perpetua por narcotráfico que recibió Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando, también embarró al mandatario. Los fiscales lo señalaron de participar en los negocios ilícitos, pero no lo acusaron.
Honduras es el país más pobre de la región, la economía más afectada por la pandemia, y el más dañado por las tormentas Eta y Iota. Queda por ver si la próxima elección general de noviembre deja un interlocutor menos vinculado con el crimen organizado, permitiendo a EE.UU. acercarse más al país que más necesita apoyo.
Adriana Beltrán, directora de Seguridad Ciudadana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y experta en seguridad en Centroamérica, confirma que «por descarte, el diálogo ha sido más fluido con Guatemala». La experta enfatiza que la tensión «entre Harris y Bukele por los ataques contra la democracia, y las preocupaciones por la creciente evidencia de vínculos entre las más altas esferas del gobierno y el narco en Honduras, complican la capacidad de sostener diálogo a alto nivel con esos gobiernos».
Descarte, pues según Beltrán «Guatemala también vive una fuerte regresión en el fortalecimiento del Estado de Derecho, la gobernanza y la lucha anticorrupción. Ha implementado medidas que buscan desmantelar los avances de la lucha contra la impunidad, como atacar y remover figuras que habían sido clave», refiriendo la situación que enfrentó Gloria Porras.
El contexto hace a Guatemala el único interlocutor posible para avanzar los propósitos de corto y largo plazo de EE.UU. en materia migratoria. Y explica por qué las famosas listas de políticos corruptos apuntaron a la periferia.
Las listas Maginstky y Torres apuntan bajo y (casi) sin sorpresas
El contexto político de la región explica el corto alcance de las listas Maginstky y Torres en la estructura de poder de Guatemala, si se compara con el efecto que se buscó en El Salvador. Con excepción del diputado Boris España, del partido Todos, los señalados ya enfrentan procesos con la justicia estadounidense.
La lista Maginstky es una herramienta del Departamento de Estado que sanciona a políticos relacionados con corrupción o narcotráfico en el mundo. Los castiga retirándoles la visa y cancelando en EE.UU. los activos de los señalados. La lista publicada por la congresista Torres surge de una solicitud de información que hizo al Departamento de Estado sobre políticos de la región relacionados con corrupción o narcotráfico.
Los únicos designados en la lista Maginstky fueron el empresario Gustavo Alejos y el diputado del partido Todos, Felipe Alejos, a quienes EE.UU. ya había retirado la visa en 2020. Ambos son señalándolos de conspirar para cooptar la justicia en Guatemala como artífices de los casos Cortes Paralelas 2014 y 2020.
La Lista Torres extendió los señalamientos a 4 políticos más: Mario Estrada, Acisclo Valladares, Carlos Preciado y, finalmente, Boris España, la sorpresa.
La lista explica que España fue acusado por ser operador de una red de sobornos con la que el gobierno de Otto Pérez Molina compró voluntades de diputados. Es el caso Legislativo subordinado al Ejecutivo que presentaron la CICIG y la FECI.
El diputado España resta valor a estas acusaciones. A su criterio, la Lista Torres está «basada en relatos inconsistentes, espurios, y sin ningún fundamento jurídico ante las cortes guatemaltecas». España afirma que en varias ocasiones la justicia resolvió mantener su antejuicio, por lo que la lista sólo es un tema de incidencia política de la diputada. «Invito a Torres a informarse previo a hacer una cosa de esa naturaleza», dijo.
El impacto de las designaciones y señalamientos en la estructura política es bajo, según expertos consultados. Alejos, diputado por Todos, ha perdido influencia tras su distanciamiento con el Gobierno que, se presume, tuvo origen en diferencias personales con el director del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez. Pero también por su pobre desempeño electoral. Así dice el abogado y experto legislativo, Oswaldo Samayoa.
«Como bancada se vio afectado en las elecciones.. Sus diputados históricos (Ovidio Monzón, Ronald Arango y Jorge Mario Barrios Falla) no entraron y quienes llegaron al Congreso no son capaces de articular», afirma Samayoa. A lo anterior agrega su «pleito con el Ejecutivo. Era la figura que sostenía al presiente del Congreso, pero luego se peleó con el Gobierno y dejó de tener manejo de agenda», agrega el experto.
Álvaro Montenegro, de Alianza por Reformas, afirma que Alejos aún sobrevive por su relación con la Corte Suprema de Justicia (CSJ). «Tiene cortes protegiéndolo y aún puede competir en las elecciones si tenemos una CC cooptada. No deja de estar fuera de la jugada porque creó lealtades para proteger y ser protegido, sobre todo el sistema de justicia», dice.
Las designaciones sí parecen haber afectado al partido Todos, como lo explica el analista político Fernando Ixpanel. Tras analizar las votaciones observó que desde septiembre, «a partir de la designación de Alejos, aumentaron las ausencias del partido en el pleno. Todos dejó de ser uno de los articuladores principales para definir la agenda política y quedó sujeto a otros actores», comenta.
En el año 2020, las ausencias de la bancada en sesiones de votación pasaron de 670 antes de la designación a 980, según Ixpanel.
Todos también pierde a sus diputados, entre ellos a Boris España, quién confirmó que ha recibido invitaciones para trabajar las bases del partido Vamos en el oriente de país. «No puedo decir que no me hayan hablado para que busque gente y organice, pero hoy la ley no me permite participar con ellos», dijo el diputado.
Pero la distancia que el diputado Alejos, líder de Todos, tiene con el Ejecutivo permite afirmar que las designaciones no apuntaron alto, ni afectan las relaciones de EE.UU. con Giammattei.
Para Montenegro, la designación deja algunos mensajes al Gobierno, pues indica que «el hecho de seguir sancionando a Alejos dice que están preocupados porque la justicia está cooptada y el presidente es parte de eso, es implícito».
Hellen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack es más escéptica. A su criterio «el mensaje fue fuerte, pero no suficiente. Las acciones de EE.UU. no se ven con mucha claridad. Los mensajes del Congreso, Senado y algunos funcionarios son claros, pero pareciera que la inercia burocrática les gana a las acciones estratégicas».
El criterio de los analistas es irregular en valorar el impacto que las designaciones tuvieron en el esquema de distribución de cortes develado por la FECI en 2019 y, por tanto, en la influencia de Gustavo Alejos en el sistema de justicia.
Gustavo Alejos, empresario y secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), sería el arquitecto de la estructura de apoyos que permitió a jueces y magistrados entrar a la lista de candidatos a la CSJ y de Apelaciones, conocido como el caso Comisiones Paralelas 2020.
A pesar de que fue capaz de poner en jaque a la justicia siendo privado de libertad, su nombramiento no sorprendió a muchos. Alejos ya fue designado por el Departamento de Estado en septiembre de 2020 y enfrenta seis casos penales graves por corrupción, cooptación y lavado de dinero. El empresario incluso brindó información a la FECI para aclarar su participación en el caso Comisiones Paralelas.
Su nombre en las listas no cambia la situación política en Guatemala ni los acuerdos alcanzados para la elección de las cortes, como lo explican los expertos consultados.
Samayoa considera que la designación de Alejos no afectó los arreglos sobre las cortes. «El Congreso no va a elegir hasta que no elija a los que quiere. Los magistrados y jueces electos son útiles en cuanto a impunidad y están muy cómodos», explica, indicando que podríamos pasar meses o años con las mismas autoridades judiciales. Samayoa afirma que las autoridades guatemaltecas «le apuestan a sostener la avalancha gringa, que cambie el gobierno y volverse a recomponer».
Mack sopesa que sí impactó, pero para acelerar el avance de la impunidad. Dice que la designación de los Alejos «hizo llegar un mensaje, pero no es lo mismo castigarlos a ellos que a Allan Rodríguez».
Según Mack, la designación agilizó la elección de la CC y, con ello, los esfuerzos para poder elegir cortes libremente. «Ya están planificando en el Congreso cómo será la elección de la CSJ y de Apelaciones para que lleguen como magistrados los que ellos quieren», afirma.
Hasta el momento, este es el alcance de las acciones de presión de EE.UU. En cambio, creció la asistencia humanitaria y las ofertas de inversión. Una cara amable para el único socio digerible.
La ficha de cambio: Inversión, vacunas y Guatemala albergará migrantes
Más allá de la retórica, EE.UU. atiende el problema fronterizo de corto plazo como lo hizo la administración anterior: aplicando el llamado título 42, orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump que impide el ingreso de solicitantes de asilo por causas sanitarias, es decir, la pandemia.
Bajo la administración Biden la orden sigue vigente. Obliga a la mayoría de los detenidos a esperar su proceso en los pueblos fronterizos del norte de México.
Según datos del New York Times, el número de detenciones en las fronteras superó los 178 mil en abril, el más alto de los últimos 20 años. El 63% habrían sido expulsados del país, muchos de ellos a México. Según WOLA, 750 mil personas han sido expulsadas con base en el título 42.
Helena Olea, de Alianzas Américas, organización internacional que atiende el tema migración, dice que no hay ninguna razón para que la administración Biden tenga vigente el título 42. «La economía de EE.UU. sigue repuntando y ha sido efectivo el plan de vacunación contra COVID19, pero los republicanos mantienen la opinión en contra de la migración y por eso la disposición de Trump de cerrar la frontera con México sigue vigente», afirma.
Hasta ahora, la administración de Biden no ha derogado la disposición, aunque abril registra el número de deportaciones más bajo de la historia.
Estados Unidos también anunció su interés de abrir un centro de atención migrante en Guatemala, en el que albergará a los solicitantes de asilo a dicho país. A la fecha no se conoce si se trata de un lugar de detención y deportación, en sintonía con el acuerdo de tercer país seguro firmado por Trump y el expresidente Jimmy Morales, o un espacio de transmisión de capacidades, ni qué lugar ocupa en la estrategia migratoria de ambos países.
Sobre el centro para migrantes que se ubicará en Guatemala, Helena Olea, de Alianza Américas, dice que no es parecido a lo que planteaba Trump, pues este centro sería para brindar información y albergue a migrantes que piden asilo en EE.UU. «La duda y preocupación es la capacidad que se tenga para procesar las solicitudes», dijo.
En el mediano plazo, EE.UU. encuentra una ruta para afianzar su compromiso con Guatemala: ofreció al presidente Giammattei medio millón de vacunas contra el COVID19, dentro del esquema de hasta 80 millones de vacunas que donará al mundo en 2021.
Y apuntando al largo plazo y las oportunidades, Harris ha gestionado acuerdos con grandes transnacionales para atraer inversión a la región. Microsoft, MasterCard y la empresa de lácteos Chobani, Nespresso, Duolingo, y otras 7 empresas más han ofrecido invertir en Guatemala y Honduras.
EE.UU. parece haber entendido el impacto de su retórica. Aunque no abandona la tesis de las causas fundamentales, suaviza el tono y despliega otros incentivos a su único interlocutor viable: Guatemala.
No obstante, Adriana Beltrán señala la posibilidad de que la lucha contra la corrupción se refleje de forma contundente en la visita de Harris a Guatemala. El 3 de junio, el día que Giammattei expresó dudas sobre la imparcialidad del fiscal Juan Francisco Sandoval, titular de la FECI, EE.UU. puso la lucha contra la corrupción como prioridad en su estrategia de seguridad nacional.
Beltrán espera que esto empuje el tema a las «reuniones bilaterales con el gobierno guatemalteco, dado el ataque sistemático contra operadores de justicia, pero también al manejo de préstamos de instituciones financieras internacionales, donde se podría asegurar que no estén siendo otorgados a compañías o entidades implicados en actos de corrupción».
«También espero que, en su corta visita, la vicepresidenta Harris, tenga la oportunidad de verse con los operadores de justicia que han luchado contra la corrupción, para mostrar respaldo a su trabajo», dice Beltrán.
La mesa está puesta.
