Guatemala | Del bloque de poder y el Estado guatemalteco – Por Mario Sosa
Por Mario Sosa*
En una de sus acepciones, todo Estado constituye una relación social. En otros
términos, esto implica que es un objeto de disputa entre grupos o entes de poder
que cuentan con los suficientes conocimientos, capacidades y recursos para
competir por el control de las políticas e instituciones fundamentales. Estos
grupos van constituyendo un bloque de poder que no necesariamente es
homogéneo, pero que articula los intereses de las clases y grupos dominantes.
Es ese bloque el que tiene la capacidad de orientarlo estratégicamente en el
corto o largo plazo. En el caso del Estado guatemalteco, este es controlado hoy
por un bloque integrado por grupos de poder económico (grupos corporativos o consorcios empresariales) y por grupos de poder político articulados como redes
y estructuras unidas tangencialmente en uno u otro partido político de derecha
o centroderecha y de alianzas partidarias según sus confluencias.
Dicho bloque se articula en torno a:
1) un modelo de acumulación de capital que, por vías legales e ilegales, en las
distintas escalas (local, nacional e internacional) se caracteriza por la
apropiación de los recursos públicos y comunes; la reproducción de dinámicas
de producción, comercio y servicios rentables; la garantía de continuar basando
tal acumulación en salarios deficitarios para satisfacer las necesidades de la
clase trabajadora, y un modelo que constituye la fuente de su enriquecimiento y,
por consiguiente, de su capacidad para influir determinantemente en el proceso
político;
2) un sistema político que, mediante el control de buena parte de los partidos
políticos y de las diversas instituciones y políticas, le permite ejercer acciones
represivas y desplegar diversos medios para lograr cierto consenso social que
asegure la reproducción del modelo de acumulación de riqueza, y
3) un objetivo que de manera particular los une en la coyuntura: mantenerse en
la impunidad después de la arremetida que, por medio de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público
(MP) a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), los desnudó
en sus prácticas, estructuras y redes corruptas y mafiosas.
Es el tercer punto de articulación el que sobresale en el actual momento de
configuración del bloque de poder y, por consiguiente, del Estado en su
orientación actual. Después de la expulsión de la Cicig, dicho bloque había
avanzado a tal punto que solo le faltaba controlar la Corte de Constitucionalidad
(CC) e integrar una Corte Suprema de Justicia que le permitiera cerrar el círculo
de la impunidad.
Ese objetivo lo han logrado al punto de que el 14 de abril recién pasado lograron
la integración de una CC totalmente proclive a sus intereses, tanto en materia de
impunidad como de apuntalamiento del modelo de acumulación de capital y de
la política represiva.
Y lo hicieron descaradamente, al grado de que obstaculizaron la toma de
posesión de quien fuera elegida como magistrada de la CC por el Consejo
Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala: Gloria
Porras, quien —se sabe— podía mantener criterios de autonomía con relación a
tal bloque de poder y ser la voz disidente en dicho órgano constitucional.
Pese a la heterogeneidad y a los intereses diversos que subsisten en dicho
bloque de poder, este tiene la posibilidad de afianzar las condiciones necesarias
para configurar el Estado con un carácter decididamente mafioso en el corto
plazo, pero con potencial para extenderlo en el largo plazo si no ocurre un hecho
que constituya un punto de inflexión para revertir esa tendencia.
Salvo que aparezca una fuerza popular alternativa, el único factor de poder que
podría imponer límites a dicho bloque es Estados Unidos, imperio que está
interesado en contener los flujos masivos de migrantes a su territorio, lo cual
pasa por la disminución de la corrupción y por la creación de condiciones en
materia de gobernabilidad del país, todo ello sumado, claro está, a otros
objetivos, como garantizar un contexto adecuado para sus negocios y la
continuidad de su influencia determinante en el proceso guatemalteco, dadas
sus expectativas de dominio geoestratégico en la región.
Política de desprecio por el migrante
Una flagrante violación de derechos humanos constituyó la acción represiva del
Gobierno guatemalteco contra miles de hondureños que en caravana
emprendieron el largo viaje hacia Estados Unidos.
Este hecho represivo no puede ser interpretado de otra manera, dado que la decisión fue
detener policial y militarmente a quienes solo buscaban transitar por territorio nacional
en busca de una alternativa de vida y de trabajo para resolver sus problemas de miseria,
violencia y vulnerabilidad social en sus países de origen.
A los riesgos producto de la delincuencia común y organizada, a las penurias por
carencia de agua y de alimentos, a enfermedades emergentes como la covid-19, a las
diversas formas de discriminación y de abuso, al despojo que padecen por funcionarios
corruptos que los extorsionan en el camino, entre otros, a estos seres humanos les llovió
sobre mojado: gases lacrimógenos y golpizas más las afectaciones psicológicas al verse
objeto de la violencia institucional.
Contrario a implementar una política enfocada en un entendimiento complejo
de la dinámica y problemática migratoria y en los derechos humanos que asisten
a los migrantes en tránsito, el Gobierno guatemalteco decidió convertirlos en
delincuentes, imaginario que además promovió —como hecho pedagógico— en
la sociedad guatemalteca.
Esto ocurrió así desde el momento en que instauró el estado de prevención
como marco para potenciar medidas de control, contención y represión contra
la emergente caravana que avanzaba en territorio hondureño. Además, este
gobierno obvió el hecho de que en la caravana venían niños y niñas,
adolescentes, mujeres e incluso adultos mayores, a quienes asisten derechos
específicos y a quienes se vulneró aún más con la acción represiva.
Es evidente que, en general, la capacidad de este gobierno de analizar la
realidad migratoria es bastante estrecha, cortoplacista y condicionada por
poderes externos como el Estado estadounidense. Esto lo lleva a desconocer o
ignorar la problemática estructural que provoca este tipo de flujos migratorios:
falta de medios de producción, crédito, empleo, educación, salud y seguridad,
situación que se agrava aún más en los territorios rurales.
Esto, sin duda, provoca desesperación en las familias ante la falta de
alternativas de reproducción vital, con lo cual se ven forzadas a decidirse por
este tipo de travesías riesgosas. Esto ni por asomo es considerado por los
decisores de las políticas gubernamentales en todas las escalas de la
administración pública.
Claro que esta política, aplicada de estas maneras a los migrantes
centroamericanos en tránsito, refleja el carácter clasista que aplican Gobiernos
como el guatemalteco. No es de olvidar que quienes integran este tipo de
caravanas son parte de la clase trabajadora en condición de desempleo y
pobreza.
Es decir, forman parte de esos segmentos mayoritarios de
las ciudadanías nacionales, a las cuales excluye el caduco modelo de
desarrollo imperante y que carecen de representación política, de capacidad de
incidencia y de influencia en las instituciones y altas esferas de decisión
gubernamental. Son grupos que históricamente han sido objeto del desprecio de
las élites que han tenido el control de los Estados, de las políticas y de sus
aparatos.
Guatemala mantiene una política migratoria basada en la sumisión absoluta a
la política fracasada de Estados Unidos, que, basada en criterios de seguridad,
ha sido incapaz de controlar y detener los flujos de centroamericanos hacia ese
país. Contrariamente, el Gobierno guatemalteco debería definir e implementar
una política coherente con la problemática.
Seguir en esa ruta de dependencia de su política migratoria solo mantiene y
profundiza la ya deteriorada soberanía nacional, convierte al Estado en franco
violador de los derechos humanos de los migrantes y se constituye en un factor
que genera y profundiza la crisis migratoria y social que experimentan nuestros
países.
Por lo demás, las guatemaltecas y los guatemaltecos con conciencia social
deberíamos intensificar nuestras miradas y voces críticas para promover
propuestas y alternativas a este tipo de gobiernos y políticas que se ven
beneficiados por los flujos de remesas mientras desprecian y violan los derechos
de los migrantes que las generan.
* Antropólogo político, investigador en el Instituto de Investigación y Proyección
sobre el Estado (ISE) de la Universidad Rafael Landívar (URL). Ha sido docente en
la URL, en la USAC y en Flacso-Guatemala.
