Ya fueron asesinados 18 candidatos durante la campaña para las legislativas de junio
Las campañas hacia las elecciones del próximo 6 de junio no han iniciado formalmente en todo el país y ya suman 61 actores políticos asesinados, de los cuales 18 eran aspirantes a un cargo de elección popular, de acuerdo con el Indicador de Violencia Política en México elaborado por la consultoría especializada Etellekt.
Ivonne Gallegos Carreño, candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, asesinada el sábado pasado, es la víctima 18 en este proceso electoral que arrancó en septiembre de 2020. Contendía en un proceso bajo un cúmulo de factores de riesgo que estalló en una agresión armada, sin que por ello contara con protección alguna.
Estos crímenes se cometieron en un momento previo a la definición final de las candidaturas, considerado por la consultoría como uno de los de mayor riesgo, junto con el tramo final de las campañas.
Sube violencia
De acuerdo con Rubén Salazar, especialista en análisis político y de riesgo y director de la consultoría Etellekt, el proceso electoral de 2021 ya se considera como el segundo más violento de la historia, sólo por abajo del de 2018, cuando asesinaron a 48 aspirantes y candidatos.
Salazar identifica cuatro escenarios hacia los que puede dirigirse el proceso electoral actual en materia de violencia: uno deseable, otro inercial, uno crítico y otro catastrófico.
Hasta el momento ya se superó el primero y existe 80% de probabilidad de que los asesinatos de aspirantes y candidatos se ubiquen entre 30 y 60.
De superarse las 48 víctimas de 2018, México habría alcanzado el escenario crítico.
“Empieza a aumentar la violencia en dos momentos: en el periodo de definiciones de candidaturas y ya cuando arrancan las campañas.
“Se repite un patrón de violencia en precampañas o intercampañas, cuando los aspirantes aún no cuentan con registro ante los organismos electorales”, aclara Salazar.
Lo anterior, explica el experto, sucede porque es cuando los aspirantes están más vulnerables, pues por ley sólo se da protección a candidatos con registro no a los precandidatos.
“La respuesta de la autoridad es más laxa cuando asesinan a un aspirante que si ya son candidatos registrados ante los órganos electorales.
“Los casos quedan en el olvido y la impunidad, y en pocas ocasiones se da con el autor intelectual”, agrega y da como ejemplo que, de los 18 aspirantes que han asesinado en este proceso, sólo se hay detenciones por un caso.
Mayor riesgo
De los aspirantes asesinados, 14 contendían por una presidencia municipal y 66% lo hacían desde la oposición. Además, 15 eran originarios de estados del sureste del país.
Según un conteo elaborado por EL UNIVERSAL, de los 18 aspirantes asesinados, siete son de Veracruz; cuatro de Guerrero; dos de Quintana Roo. Guanajuato, Chihuahua, Chiapas y Jalisco tienen uno, respectivamente. A ellos se sumó la víctima de Oaxaca. De estos, 15 eran hombres y tres mujeres.
Para el especialista, otros factores de riesgo que pueden enumerarse en los asesinatos de quienes buscan un puesto de elección son la presencia del narcotráfico, alta conflictividad social y política, marginación y ofertas de los propios aspirantes de combatir el crimen organizado o la corrupción.
Afirma que el modelo de protección presentado desde el gobierno federal parte de un diagnóstico errado que se basa sólo en el número de ejecutados, sin tomar en cuenta factores de riesgo como amenazas e intimidaciones, por lo que resulta “imposible brindar medidas cautelares de protección si no se sabe quiénes están en riesgo”.
La finalidad, expone, tendría que ser identificar a los candidatos en riesgo y acercarse a ellos para tomar medidas de manera temprana y no sólo cuando ya haya un riesgo inminente de perder la vida.
Además, subraya que el plan del gobierno parte de una criminalización de las víctimas, pues de manera ligera se asegura que en la mayoría de los casos está el crimen organizado, sin tomar en cuenta los móviles políticos y los antecedentes de las víctimas. Esto, afirma, es un regreso a la narrativa de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
“No es sólo el asesinato, es infundir terror sicológico al candidato o aspirante, obligándolos a desistir o amenazando con usar métodos de violencia más extremos, pero no se investigan casos como las amenazas para identificar móviles y ejecutar las sanciones electorales correspondientes para evitar que la violencia política se convierta en un instrumento de competencia electoral que defina los resultados en una contienda”, asevera el experto.
