Argentina | Comienzo de año legislativo – Por Carlos Heller
Por Carlos Heller*
El primero de marzo pasado, el presidente de los argentinos, Alberto Fernández, brindó un discurso con motivo del inicio del periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Recordó que tan sólo diez días después de su intervención en ese mismo marco el año pasado, la Organización Mundial de la Salud declaraba la pandemia de Covid-19. A partir de ese momento, la Argentina tuvo que hacerle frente a la ya de por sí difícil situación económica y también sanitaria que heredó de la gestión anterior, a lo que se sumó la pandemia y la consecuente paralización de la mayoría de las actividades económicas por el aislamiento que ésta requirió para evitar un desborde en el sistema de salud.
Como todos sabemos, la crisis no discriminó por países, llegó a todo el mundo. Sin embargo, un año después, la Cepal dejó en claro que la región más afectada fue América Latina, que “con sólo 8,4% de la población mundial, registró el 27,8% de las muertes por Covid-19”, señala el organismo en un informe publicado hace pocos días. El documento estima también que más de un tercio de la población de la región se encuentra en situación de pobreza y un 12,5% en pobreza extrema, es decir, personas que ni siquiera pueden satisfacer sus necesidades alimentarias. Datos que hablan por sí solos y requieren del urgente compromiso de los gobiernos de Latinoamérica y de todo el mundo.
Volviendo a las palabras del Presidente argentino en su discurso: “durante el primer semestre del 2020 la pobreza aumentó en 5,4 puntos porcentuales (de 35,5% a 40,9%)”, periodo que incluye los meses de mayor confinamiento. No obstante, aclaró el mandatario, “en esta crisis inmensa la pobreza creció menos que entre 2017 y 2019, cuando subió de 25,7% a 35,5%”. Cifras que dan una idea de los efectos de las políticas aplicadas durante el gobierno de Mauricio Macri, sin pandemia de por medio. “Debíamos enfrentar el incendio sabiendo que otros habían acabado con el agua” fue la frase utilizada por el Presidente para denotar el escenario en el que se encontraba la Argentina cuando asumió en diciembre de 2019.
Ante esta situación, los actuales funcionarios de gobierno afirmaron en reiteradas ocasiones que el eje de la gestión es lo contemplado en el Presupuesto 2021 sobre la base fundamental de que los salarios crezcan por encima de la inflación, y el Presidente lo reafirmó: “La recuperación de los ingresos reales constituye un elemento fundamental para el crecimiento”.
Hacia ese objetivo apuntan las políticas que se están llevando a cabo en el año en curso. Políticas que priorizan la reactivación del mercado interno y que también buscan fomentar el agregado de valor en las exportaciones para así incrementar el ingreso de divisas por una vía distinta al endeudamiento externo.
En este último punto es preciso efectuar un análisis en profundidad. Yendo un poco hacia atrás en el tiempo, en junio de 2016, a seis meses de haber asumido la administración el gobierno de Mauricio Macri, el por entonces ministro de Economía, Nicolás Dujovne, señalaba que la Argentina tenía “niveles de endeudamiento bajísimos tanto a nivel gobierno como a nivel de las empresas y familias”. Además aseguraba que la deuda neta del Estado con los organismos internacionales era del 16% del PIB y de ellos, sólo 8 puntos nominados en moneda extranjera.
Dos años después, a mediados de 2018, el país ya se encontraba en una crisis de balanza de pagos, recesión, aumento del desempleo y pobreza e indigencia. Luego de haberse endeudado fuertemente con acreedores privados, el gobierno de aquel entonces se había sumido en un virtual default, ya que perdió el acceso al financiamiento externo y decidió recurrir al FMI. Obtuvo el mayor préstamo de la historia: el Fondo le adjudicó 55 mil millones de dólares, de los cuales finalmente ingresaron poco más de 44 mil millones.
Adicionalmente, como ya hemos manifestado varias veces, constituía un préstamo ciertamente insostenible: implicaba pagos de capital de unos 3.900 millones de dólares en 2021 y, peor aún, más de 37.000 millones de dólares concentrados en 2022 y 2023. Queda claro que fue un acuerdo político con el organismo y el entonces Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, (cuestión reconocida por altos funcionarios de aquel gobierno) para impulsar la continuidad de la gestión de Macri como Presidente de Argentina. En este sentido, señalaba hace pocos días Héctor Torres, ex director argentino en el FMI: “Es un préstamo que salió por la relación estrecha de Macri con Trump y consiguió forzarle la mano al Fondo Monetario. La responsabilidad es del directorio del Fondo que aceptó ese tipo de presiones”, a lo que agregó que queda “claro” que “no se podía repagar en los términos previstos porque ningún país puede dedicar el 20% o el 25% de sus exportaciones solo a pagarle al Fondo”.
Como si esto fuera poco, los dólares obtenidos por el préstamo no fueron utilizados para fines productivos que pudiesen incrementar la actividad económica y, por lo tanto, la capacidad de repago. Paralelamente, hubo una fuerte salida de dólares: según el BCRA, entre mayo de 2018 y octubre de 2019, cuando Macri estableció controles cambiarios más estrictos, la formación de activos externos (conocida como “fuga”) alcanzó los 45.100 millones de dólares.
Es por ello que, volviendo al reciente discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, éste señaló, refiriéndose a los funcionarios del gobierno anterior respecto al endeudamiento con el FMI: “he instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
Finalmente, para evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir, se acaba de aprobar una ley que establece que todo endeudamiento en moneda extranjera, bajo ley externa y con jurisdicción extranjera, deberá tener el aval del Poder Legislativo. También se estableció que todo programa de financiamiento y operación de crédito público realizados con el FMI, así como la ampliación de los montos de los programas u operaciones, requerirá de una ley del Congreso Nacional que lo apruebe expresamente. Estas disposiciones garantizarán que nunca más el Poder Ejecutivo pueda endeudar al país sin consultar al Congreso de la Nación.
En consonancia con el objetivo de recuperación de los ingresos reales de la población, el Presidente anunció el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos y regulados, con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos. Desde que asumió en diciembre de 2019 y luego durante la pandemia, la actual administración de gobierno mantuvo el congelamiento de tarifas de esos servicios. Cabe recordar que durante 2016 y 2019 éstas se habían elevado fuertemente y abarcaban una porción importante del ingreso de un amplio sector de la ciudadanía. El objetivo actual, según Alberto Fernández es “lograr tarifas diferenciales según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio. El propósito último es que los subsidios del Estado solo amparen a los que lo requieren”.
Desde luego, hay una cuestión mucho más de fondo que he planteado reiteradas veces y es la discusión de quién debe ser el prestador del servicio público, si ese servicio lo tiene que prestar un ente que tiene como objeto la maximización de la ganancia o una organización que tenga como objeto prestar el servicio en las mejores condiciones de calidad y precio. Esa es una discusión que debe darse y que hace al modelo de país. Para el corto plazo lo que el gobierno está planteando es el camino correcto.
En síntesis, luego de un año excepcionalmente difícil, el Presidente argentino definió en una frase la visión de su gobierno de acá en adelante: “Vengo a proponerles que construyamos juntos un nuevo acuerdo para que la Argentina no recaiga más en un Estado ausente. Aquello que las argentinas y los argentinos esperamos, un país justo, que crezca y distribuya la riqueza, donde haya trabajo y lugar para todas y todos”.
*Diputado Nacional por el Frente de Todos y Presidente del Partido Solidario
