Colombia | Nuevo informe: más de 6.400 civiles asesinados por el Ejército como “falsos positivos” en el gobierno de Uribe
JEP informa sobre falsos positivos y Uribe responde
En seis territorios del país se concentrará la primera fase de investigación del Caso 03: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado’ o falsos positivos.
Así lo dio a conocer, a través del Auto 033 de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad al presentar ante los sujetos procesales, intervinientes especiales, víctimas acreditadas ante la JEP y a la sociedad en general, cómo se aplicaron los criterios de priorización en ese proceso judicial.
Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son las regiones priorizadas. Esta decisión se tomó tras un proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la Jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno.
El proceso arrojó, entre otros resultados, que por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. El 66 % del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo.
Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (Sijuf), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP.
Sin embargo, las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. “El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78 % del total de la victimización histórica”, según lo apuntó la JEP.
Las fuentes también coinciden en que el fenómeno cayó drásticamente en el 2009 hasta los 122 casos reportados frente a los 792 registrados en 2008.
De acuerdo con la JEP, “con el universo de hechos y conductas que componen el caso delimitado, se aplicaron los criterios de priorización que hoy permitieron establecer un orden razonable de atención para los mismos y asignar recursos diferenciados para la instrucción de los subcasos”.
Dentro de la estrategia de investigación del Caso 03 “de abajo hacia arriba” la Sala de Reconocimiento priorizó seis subcasos que le permitirán esclarecer el fenómeno, primero, a nivel local, para después subir al nivel regional y nacional de responsabilidad.
Bajo esta lógica, en la segunda fase de la investigación del Caso la Sala abordará los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros.
Aplicando los principios de máxima publicidad y transparencia en la priorización -según el alto trinunal- la Sala les concedió a las víctimas acreditadas en el caso y a la Procuraduría General de la Nación un plazo de 15 días hábiles para presentar observaciones sobre las decisiones adoptadas por la magistratura en este Auto.
La JEP dilucidó que, debido a que aborda fenómenos delictivos distintos, hay particularidades. En el Caso 03, conocido como el de los falsos positivos, por ejemplo, la estrategia de investigación adoptada por la magistratura consiste en ir de “abajo hacia arriba”.
De esta forma -conforme a lo explicado- primero se identifican los partícipes determinantes y máximos responsables a nivel local. Posteriormente, y con base en la construcción fáctica y jurídica realizada en esos primeros peldaños, se determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a nivel regional y nacional.
Los seis sub casos
La aplicación de los criterios, remarcó la JEP, se hizo a partir de la información recibida, recaudada y analizada por la Sala. Esto hace que cada subcaso cuente con elementos particulares de análisis. No existe entre los seis subcasos un orden de prioridad adicional y el avance de estos, en cada una de las etapas, corresponde al avance propio de la investigación que depende de la disponibilidad de información y recursos.
Antioquia: registró el 25 % del total de víctimas ocurridas a nivel nacional entre 2002 y 2008, es decir, una cuarta parte del total. El año de mayor victimización de la región fue 2004. “La IV Brigada, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73 % de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013”, anotó el tribunal especial.
Se priorizarán los hechos ocurridos entre enero de 2003 y diciembre de 2005 en el oriente antioqueño. Uno de los casos emblemáticos es el del cementerio Las Mercedes en Dabeiba del que han entregado información ante la JEP 14 miembros de la Fuerza Pública, de distinto rango. La mayoría de ellos no habían sido investigados por la justicia ordinaria y quienes sí lo fueron, confesaron ante la JEP la comisión de crímenes nunca antes judicializados.
Costa Caribe: el 7,3 % del universo de víctimas, para el periodo comprendido entre 2002 y 2008, se encuentra en el departamento del Cesar, el tercer departamento con mayor nivel de victimización en el país, tal como lo expuso la JEP.
La Guajira reporta el noveno lugar de incidencia en la victimización del país con 90 muertes, equivalentes a un 4 %. La Sala priorizará en un primer momento la investigación de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de la Guajira que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”.
Norte de Santander: Dentro de la información con la que cuenta la JEP, se tiene conocimiento de 420 víctimas reportadas en el período 1985-2016. Norte de Santander ocupa el sexto lugar a nivel nacional. El 82 % de las víctimas se concentran entre 1999 y 2008.
La mayor cantidad de víctimas reportadas, según el informe, se concentra en El Catatumbo. La Segunda División, con jurisdicción en el Norte de Santander y Boyacá, se encuentra dentro de las cuatro divisiones del Ejército Nacional que concentran cerca del 60 % de los casos. Con base en este panorama cuantitativo, la JEP comunicó que decidió concentrarse en el esclarecimiento detallado de los casos que ocurrieron entre 2007 y 2008 en El Catatumbo. Allí la JEP ha identificado por lo menos dos patrones representativos del Caso 03.
Huila: “la Quinta División del Ejército, que tiene jurisdicción sobre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila -según el tribunal- se caracterizó por un incremento sustancial de casos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2005 y 2008, en comparación con el número de casos que se registran antes y después de ese lapso”.
De un total de 327 muertes reportadas como resultados operacionales -añadió- se tiene que la mayoría se concentraron en el sur y el centro del departamento del Huila, particularmente en el municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondiente al 26,9 % del total de las muertes, seguido del municipio de Garzón en donde se registraron 19 víctimas, es decir el 13,1 % del total presentado.
Casanare: la Cuarta División -apuntó la JEP- ocupó el segundo puesto en resultados operacionales de todo el país y en 2007 alcanzó el primer puesto. “Con el análisis de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por 100.000 habitantes, se pudo determinar que, para el periodo entre 2002 y 2008, la tasa para este departamento fue la más alta en todo el país con casi 12 por 100.000 habitantes”, subrayó el informe.
En esta zona la JEP priorizará la investigación por los hechos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008 que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Brigada XVI.
Meta: el Batallón de Infantería no. 21 “Batalla Pantano de Vargas” (Bivar) presentó el incremento más significativo en la cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2005. En consecuencia, se priorizará el esclarecimiento de los hechos ocurridos en este periodo.
Uribe respondió
El expresidente Álvaro Uribe, quien gobernó durante el periodo de los hechos señalados por la Jurisdicción Especial, emitió un comunicado con 15 argumentos frente a lo que calificó como un “nuevo atropello de la JEP”.
Así las cosas, comenzó por señalar que iniciando su Gobierno (2003), organizaciones no gubernamentales denunciaron a las Fuerzas Armadas por “asesinar campesinos en lugar de dar de baja a criminales”. A raíz de ello -continuó con sus descargos- “se ordenó que el cuerpo dado de baja en combate no fuera movido y se esperara la llegada del representante del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI)”.
También -según defendió- en esos primeros años, enfrentó “el grave hecho entre soldados y policías ocurrido en Guaitarilla”, en alusión al abatimiento de 10 policías y un civil, por error, a manos del Ejército.
En otro apartado de su texto, Uribe relató también lo siguiente: “en una ocasión me reuní con un capitán del Ejército, testigo protegido, en la sede de Naciones Unidas en Bogotá, al salir revelé al país su versión de que en la Brigada de Ocaña habían asesinado inocentes para proteger a narcotraficantes y pretender demostrar que sí perseguían al narcotráfico; los responsables están presos”.
Así mismo, aseguró haber suspendido de sus cargos a 27 oficiales del Ejército a finales de 2008, decisión derivada de un informe del Ministerio de Defensa, que presentaba indicios de conductas penales en uno de los casos y, en los demás, falta de rigor en los protocolos operativos que podrían facilitar hechos delictivos.
Próximo a terminar el Gobierno -apostilló el expresidente- recibió la visita de un representante de Naciones Unidas, quien, según escribió en su comunicado, le informó que en los últimos dos años “solamente” hubo cuatro casos sospechosos de violación de Derechos Humanos.
Uribe también remarcó en su texto siempre haber privilegiado la desmovilización y la captura sobre las bajas, y los resultados muestran que en el Gobierno hubo 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros desmovilizados, “sin el costo institucional, ni la impunidad total del reciente mal llamado proceso de paz”, tal como lo recriminó.
En las siguientes líneas, según apuntó, durante su Gobierno las capturas fueron 36.363 y las bajas 13.992. “También me acusan con el tema ‘Uribe acosaba mucho’, qué tal que no, acosé lo mismo a los ingenieros para que avanzara la Malla Vial del Valle del Cauca como a las Fuerzas Armadas para que le garantizaran tranquilidad a la ciudadanía”, anotó.
“El afán de eficiencia -complementó ese punto- no es excusa para violar la ley. La inacción me habría evitado la acusación, pero el terrorismo se habría acercado a la toma del poder”.
En el remate de su carta, el expresidente aseveró que “no hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos, que como gobernador y presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas”.
Sumado a todo lo anterior, Uribe controvirtió que las organizaciones tenidas en cuenta para las pesquisas de la JEP, son de “marcada orientación política y enemigas del Gobierno que presidí”.
Adicionalmente, escribió que “la Comisión Civil de la Verdad, dirigida por Herbín Hoyos, demostró que no existió el Falso Positivo de Dabeiba”.
[gview file=»https://www.nodal.red/wp-content/uploads/2021/02/positivos.pdf»]Es un nuevo atropello que busca desacreditarme: Uribe sobre informe de la JEP por falsos positivos
En un comunicado, el expresidente Álvaro Uribe respondió al informe de la JEP en el que aseguran que durante su periodo como mandatario fue el momento más crítico en falsos positivos .
El comunicado fue denominado “nuevo atropello de la JEP por falsos positivos” y en él asegura que la Comisión Civil de la Verdad, dirigida por Herbin Hoyos , demostró que no existió el falso positivo de Dabeiba, como lo ha dicho el alto tribunal.
En el escrito, el expresidente entregó un resumen de medidas para garantizar la transparencia de su política de seguridad democrática, que aplicó durante los ocho años de mandato en los que, según la JEP, aumentaron los casos de falsos positivos.
“Asumí públicamente el tema y se ordenó que el cuerpo de alguien dado de baja en combate permaneciera en el lugar, no fuera movido por las FFAA y se esperara la llegada del representante del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía”, dijo.
“Poco antes de la reelección presidencial, en 2006, en Jamundí, se dio el trágico suceso nuevamente entre soldados y policías. El ministro Camilo Ospina, con mi apoyo, hizo el convenio con la Fiscalía para que este ente asumiera el inicio de investigación en cualquier caso de bajas”.
“Me reuní con las madres de Soacha, dije al país lo que las escuché, afirmé que nada justifica el asesinato. Un grupo de madres de Soacha, diferentes a quienes acudieron a la Presidencia, me denunció hace poco ante la Corte Suprema en razón de que en redes repetí lo que había dicho como presidente”, agregó.
Uribe recordó que durante su gobierno aumentaron las capturas de personas presuntamente involucradas en algún delito y asegura que siempre privilegió “la desmovilización y la captura sobre las bajas y los resultados muestran que en el Gobierno hubo 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros desmovilizados, sin el costo institucional ni la impunidad total del reciente mal llamado proceso de paz”.
El exmandatario manifestó que la oposición tuvo las mismas garantías y protección que cualquier otro colombiano.
El exjefe de estado sierra su comunicado señalando que: “no hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación y creo ser uno de los colombianos que, como gobernador y presidente, más ha hablado con integrantes de las fuerzas armadas”.
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