¿Cómo se explican las desigualdades de género en la inseguridad alimentaria? – Por Nzinga H. Broussard
Por Nzinga H. Broussard *
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) considera que la seguridad alimentaria “existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, y así poder llevar una vida activa y sana”. Dada la complejidad de la seguridad alimentaria, un solo indicador no puede cubrir todas las dimensiones de lo que significa tener seguridad alimentaria (Coates 2013; Jones et al. 2013). Además, la definición de seguridad alimentaria permite cierta subjetividad, de modo que la percepción de un individuo sobre la cantidad suficiente de alimentos para satisfacer sus necesidades individuales y fa-miliares puede diferir según su género, clase y entorno social.
Este estudio utiliza una medición de inseguridad alimentaria basada en la experiencia consistente con la definición de seguridad alimentaria de la FAO, que calcula la dimensión de acceso a la seguridad alimentaria con base en las siguientes preguntas: 1) ¿Existen diferencias de género en la inseguridad alimentaria?; 2) ¿Qué regiones presentan las mayores diferencias de género en la inseguridad alimentaria?, y 3) Las diferencias de género en la educación, el empleo, los ingresos y las redes sociales, ¿explican las diferencias de género en la inseguridad alimentaria?
Las mediciones de inseguridad alimentaria basadas en la experiencia están comprendidas en una clase de mediciones de inseguridad alimentaria informadas por los individuos. A diferencia de los indicadores antropométricos o basados en la ingesta calórica, los individuos definen el consumo “adecuado” desde su perspectiva, en lugar de usar una definición externa. La percepción de las familias acerca de la cantidad suficiente de alimentos y sus necesidades alimentarias puede diferir según su nivel socioeconómico (Headey y Ecker 2013). Por ejemplo, es posible que los hogares ricos estén acostumbrados a una dieta diferente a la de los hogares pobres. Además, los hombres y las mujeres pueden no coincidir en lo que perciben como una cantidad suficiente de alimentos, lo que implica diferencias en las respuestas de hombres y mujeres a las preguntas de inseguridad alimentaria (Croson y Gneezy 2009). En este sentido, las mediciones reportadas por los individuos sobre la inseguridad alimentaria presentan deficiencias similares a las de las mediciones subjetivas de pobreza (Ber-trand y Mullainathan 2001; Ravallion 2012). Sin embargo, las respuestas a preguntas de seguridad alimentaria basadas en la experiencia no se basan en percepciones de inseguridad alimentaria, sino en comportamientos y experiencias reales asociados al acceso a los alimentos (FAO 2013).
Se ha demostrado que las mediciones de inseguridad alimentaria basadas en la experiencia son fiables y válidas respecto a la inseguridad alimentaria para su uso en Estados Unidos, América Latina y el África Subsahariana (ASS) (Frongillo 1999; Pérez-Esca-milla et al. 2004; Frongillo y Nanama 2006). Estas mediciones son relativamente nuevas y están ganando popularidad debido a su costo de implementación (FAO 2013). Este documento no sólo contribuye a nuestra comprensión de las diferencias de género en la inseguridad alimentaria, sino también a la literatura sobre el uso de indicadores reportados por los individuos, utilizados para medir el bienestar subjetivo (Steptoe, Deaton y Stone 2015) y la pobreza (Pradhan y Ravallion 2000).
El desarrollo de indicadores basados en la experiencia comenzó a principios de la década de 1990 como una forma de medir la inseguridad alimentaria entre las mujeres y los niños (Radimer et al. 1992). El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha utilizado una escala de seguridad alimentaria de 18 puntos desde 1995 como parte del Suplemento de Seguridad Alimentaria de la Encuesta de Población Actual (CPS, por sus siglas en inglés) para evaluar la prevalencia y la gravedad de la inseguridad alimentaria en su territorio. En los países en vías de desarrollo se han desarrollado y utilizado escalas similares de inseguridad alimentaria de múltiples puntos basadas en la experiencia, por ejemplo, la Escala de Seguridad Alimentaria de América Latina y el Caribe (ELCSA) y la Escala de Acceso a la Inseguridad Alimentaria en el Hogar de Asistencia Técnica en Alimentos y Nutrición (HFIAS-FANTA, por sus siglas en inglés) (Coates, Swindale y Bilinsky 2007).
Las mediciones experienciales se basan en las respuestas de un encuestado a preguntas sobre los comportamientos del hogar o el individuo al experimentar la falta de alimentos. El conjunto de preguntas conforma una escala y cubre varios campos de la inseguridad alimentaria que resultan comunes entre los hogares que experimentan inseguridad alimentaria (Coates, Swindale y Bilinsky 2007).1 Debido a que las preguntas recopilan comportamientos leves a graves asociados al acceso limitado a los alimentos, los individuos pueden agruparse por la gravedad de su inseguridad alimentaria, determinada por el número de respuestas afirmativas después de verificar que los datos no rechacen los supuestos del modelo de medición Rasch.
Pocas encuestas contienen preguntas sobre la seguridad alimentaria individual que requieran que su inferencia se base en el estado de seguridad alimentaria del hogar. Por lo tanto, la mayoría de los estudios asume que el estado de seguridad alimentaria del hogar es un indicador suficiente de la situación individual. Sin embargo, un estudio reciente de Brown, Ravallion y Van De Walle (2017) cuestiona este supuesto y documenta las limitaciones de depender de los indicadores de pobreza en los hogares para identificar a las personas desnutridas. Los pocos estudios que han investigado el consumo y la nutrición individuales han encontrado que los hombres consumen más calorías que las mujeres (Pitt, Rosenzweig y Hassan 1990; D’Souza y Tandon 2015), que se benefician más de las fuentes de alimentación adicionales (Broussard 2012) y que existen mujeres desnutridas en los hogares tanto en las distribuciones de riqueza como de consumo (Brown, Ravallion y Van De Wa-lle 2017). La preferencia por garantizar la seguridad alimentaria de los hombres del hogar frente a las mujeres se ha atribuido a las diferencias en los rendimientos del trabajo, el nivel educativo reducido de las mujeres, su acceso limitado a oportunidades laborales y su poco poder de negociación dentro del hogar. Aunque no midan directamente la inseguridad alimentaria, estos estudios proporcionan evidencia de que las mujeres pueden padecer más inseguridad alimentaria. La medición de inseguridad alimentaria en el nivel individual utilizada en este estudio permite desglosar los datos por género para investigar a fondo las tendencias señaladas por estos estudios.
El análisis de las diferencias de género en la inseguridad alimentaria tiene repercusiones importantes en las políticas. En primer lugar, ayuda a comprender las diferencias dentro del hogar en materia de seguridad alimentaria y si éstas merecen atención al formular las políticas. En segundo lugar, para diseñar programas dirigidos a la inseguridad alimentaria, los responsables deben identificar los factores que conducen a la inseguridad alimentaria. Si existen diferencias de género, entonces estas políticas específicas también pueden atender la inseguridad alimentaria. Además, los programas de ayuda alimentaria o basados en la nutrición sólo proporcionan soluciones temporales a la inseguridad alimentaria. Si las limitadas oportunidades laborales y educativas de las mujeres dan lugar a que tengan más probabilidades de padecer inseguridad alimentaria, las políticas encaminadas al empleo y la educación de las mujeres y las niñas tendrán consecuencias a largo plazo para la inseguridad alimentaria. Por último, este análisis sirve para tomar decisiones respecto a los programas de ayuda alimentaria y nutricionales.
[gview file=»https://www.nodal.red/wp-content/uploads/2021/01/Cap_2.pdf»]* Investigadora asociada de IMPAQ International. Recibió un doctorado en Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Michigan.
