“Pañuelos celestes”: Quién es quién en la cruzada contra el aborto legal
Los «celestes»: quién es quién en la cruzada contra el aborto legal
Por Gloria Ziegler
“Poderes no santos” es una investigación regional liderada por OjoPúblico en Perú, Argentina, Estados Unidos, Brasil y México, en alianza con Agencia Pública, Animal Político, POPLab y Tiempo, que detalla la presión y la agenda de grupos ultraconservadores y negacionistas de toda América Latina contra la ampliación de derechos sexuales y reproductivos.
Tienen todos los elementos para ser virales. En uno de los videos, registrado a mediados de agosto, la mujer –vestida con un poncho marrón y un mate entre las manos– asegura que los argentinos están siendo utilizados para un experimento peligroso:
“Todos tenemos que pedir por recobrar nuestra libertad, nuestra dignidad. No somos ni seremos conejillos de Indias para que nos inoculen vacunas de nuestro enemigo ancestral: Inglaterra”, arenga desde el jardín de su casa.
En otro, grabado el 13 de octubre, durante un foro virtual antivacunas, la mujer rubia aparece, de nuevo, con el peinado prolijo, ojeras marcadas y el ceño rígido. Esta vez, está sentada frente a un crucifijo de madera y viste un guardapolvo. Desde allí, insinúa que la pandemia fue planificada como un arma biológica, y dice que las vacunas van a “provocar enfermedades, modificar nuestro genoma y producir la esterilización de la gran mayoría de los varones”.
La protagonista de las grabaciones es Chinda Concepción Brandolino, una médica argentina habilitada para ejercer en la provincia y la ciudad de Buenos Aires que integra la agrupación negacionista de la ciencia Médicos por la Verdad. Aunque sus declaraciones fueron desmentidas en reiteradas oportunidades, su popularidad creció durante la pandemia. En los últimos meses lideró movilizaciones sociales, participó en conversatorios regionales e integró, junto a otros profesionales de la salud y abogados, una reunión con un grupo de asesores políticos y senadores, en la que hizo lobby en contra de la vacunación.
Su activismo no se limita a una agenda antivacunas. En los últimos años ha participado en conferencias contra el enfoque de género, se manifestó públicamente contra el matrimonio igualitario y fue una de las expositoras que se opuso al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en 2018. Desde aquella intervención, la “Mujer de la Ola Celeste” –como la llaman en las redes sociales– se convirtió en una referente del movimiento “pro vida”, y este año no fue la excepción.
Brandolino no es la única activista que ha tenido un discurso conservador y negacionista durante la pandemia. Para determinar el alcance de estos referentes y sus alianzas en América Latina, OjoPúblico realizó una investigación en la que identificó preliminarmente a más de 30 líderes religiosos, 70 líderes de la sociedad civil y más de 200 políticos que impulsaron una agenda alineada a grupos antiderechos o negacionistas de la ciencia, en la Argentina.
Como parte de esta investigación se detectó, en simultáneo, la presencia de más de 85 organizaciones civiles y religiosas ultraconservadoras (algunas de ellas, filiales de movimientos internacionales; y otras, con soporte de agrupaciones transnacionales como Hazte Oír-Citizen GO, Capitol Ministries, Juventud Con Una Misión-JUCUM, y Human Life International).
Durante la emergencia sanitaria, estos espacios han apelado a discursos contra las políticas de salud sexual y reproductiva, el enfoque de género y, en algunos casos, mensajes antivacunas. Sus acciones, articuladas con referentes de distintos partidos políticos, se incrementaron a medida que se acercan las elecciones legislativas de 2021 y, especialmente, con el impulso del Ejecutivo al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que el pasado 11 de diciembre obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
Hombres de fe
La relación de estos actores con un buen número de legisladores deja en evidencia las alianzas –políticas y económicas– que se juegan en torno a derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva, el enfoque de género y la diversidad sexual.
En las semanas previas al primer debate en el Congreso sobre la legalización del aborto, esos lazos empezaron a reavivarse. Si fueron menos exitosos que otros años –o no–, es una discusión que se resolverá en los próximos días, cuando el Senado trate la propuesta. Pero ahora las negociaciones continúan, y los sectores religiosos cobran protagonismo por su cercanía con varios representantes de la Cámara Alta.
Mientras el Papa Francisco parece empeñado en no confrontar de manera directa con el gobierno argentino, las autoridades eclesiásticas locales despliegan una agenda opositora al proyecto de ley cada vez más activa. Esto atraviesa por igual a las áreas más conservadoras de la Iglesia Católica como a otras, consideradas más “progresistas”, incluidos los curas villeros.
Hace unas semanas, por ejemplo, los obispos Óscar Vicente Ojea y Carlos Humberto Malfa –presidente y secretario de la Conferencia Episcopal Argentina, respectivamente– emitieron un comunicado en el que invocaron a los sacerdotes a “realizar plegarias por el cuidado de la vida no nacida” en todas las celebraciones religiosas del 8 de diciembre.
En paralelo, otros representantes de la Iglesia participaron en las reuniones en comisiones del Congreso. Dentro de ellos, destacaron Gustavo Carrara (obispo auxiliar de Buenos Aires), el religioso José María «Pepe» Di Paola (del Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares) y Andrea Imbroglia, funcionaria de la organización Cáritas Argentina.
“Esa defensa de la moral no es nueva. Lo novedoso es la capacidad de adaptación y mutación que ha mostrado la iglesia para encontrar, en nuevos argumentos, formas de defender esos viejos principios morales”, dice Juan Marco Vaggione, doctor en Sociología y Derecho e investigador del Conicet, que estudia las formas de activismo religioso. Comenzaron a articularse, señala, a partir del progresivo reconocimiento de derechos civiles, demandados por los movimientos feministas y LGBTIQ+ durante décadas.
Dichos avances implicaron una profunda crítica a la influencia de la religión sobre la política, la cultura y el derecho. Pero esto, indica Vaggione, fue resistido desde la Iglesia Católica con la construcción de dos amenazas: la “cultura de la muerte” (vinculada al aborto y la eutanasia, pero también a “una mentalidad no reproductiva”) y la “ideología de género” (un rótulo que agrupa y tergiversa demandas de los movimientos feministas y LGBTIQ+).
Esos conceptos, creados en los años 90 dentro de las esferas del catolicismo, empezaron a trascender la religión y fueron incorporándose a la sociedad civil y a la política. En paralelo, la Iglesia Católica impulsó una agresiva convocatoria para movilizarse contra los derechos sexuales y reproductivos –que incluyó a los fieles, gobernantes, legisladores, jueces, intelectuales y académicos–, la politización de los derechos religiosos y, por último, una serie de alianzas con otros cultos y sectores conservadores.
Dentro de ellos, sobresale la actividad que tienen algunas organizaciones evangélicas, como la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), y el rol de líderes religiosos como Hugo Márquez, un pastor que preside la Confederación Evangélica Bautista Argentina y tiene lazos regionales influyentes dentro de los sectores ultraconservadores.
En los últimos años, este referente religioso ha participado, al menos, en cuatro eventos del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia –un movimiento regional que se opone a los derechos sexuales y reproductivos, al enfoque de género y a la educación sexual integral; y aboga por “la defensa de la familia” desde las políticas públicas–, en Argentina, México, Panamá y Perú.
En 2018, como vocero de esa agrupación, participó de la 48° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la ciudad de Washington. En ese evento, ofreció un discurso en el que rechazó la educación sexual integral, habló de un “avance de los Estados nacionales como adoctrinadores y propulsores de la ‘ideología de género’” e hizo referencia a la interrupción legal del embarazo como un “atentado a la vida”.
En Neuquén, donde se desempeña como pastor de la Iglesia Jesús es Rey, ha encabezado movilizaciones contra la legalización del aborto. Y el colegio Amén –una institución educativa que fundó en los años 80– fue denunciado, en 2018, por no cumplir con el programa de educación sexual integral.
Las figuras evangélicas que animan la movida regional son numerosas. Pero destacan tres pastores: Gabriel Ballerini (otro integrante de la junta directiva de la Confederación Evangélica Bautista), Rubén Proietti (líder de ACIERA y presidente de la Alianza Evangélica Latina), y Luciano Bongarrá (fundador y presidente de Parlamento y Fe Internacional).
Las esferas evangélicas más conservadoras de Argentina incluyen, asimismo, a referentes más discretos. Y, al menos, a un pastor –Bernardo Affranchino, de la iglesia bonaerense Cristo Para Todos– vinculado a Capitol Ministries, la organización evangélica ultraconservadora patrocinada por el Departamento de Estado estadounidense, que promueve la evangelización de líderes políticos.
Dios está en todas partes
Pequeñas, transnacionales, activistas, evangelizadoras o explícitamente políticas. Las fundaciones y ONGs autodenominadas provida –o afines a esta idea– nunca fueron tan numerosas e influyentes. El fenómeno no es espontáneo: responde al llamado de la Iglesia Católica a movilizarse en defensa de la “cultura de la vida”.
Su conexión con la religión, sin embargo, muchas veces resulta ambigua. Así, mientras algunas se identifican públicamente como organizaciones católicas, otras se presentan como laicas, aunque su agenda está alineada a la de grupos ultraconservadores. “Ese desplazamiento ha tenido diversas consecuencias sobre el activismo católico conservador, entre las que destacan su mayor profesionalización, la intensificación de sus alianzas con sectores evangélicos y la federalización de su política”, señala Vaggione.
En Argentina, uno de los primeros referentes de este tipo fue Jorge Scala. Este abogado, vinculado a El Portal de Belén –organización conocida por judicializar procesos legales para evitar la entrega grauita de anticonceptivos y la aplicación de protocolos de atención de abortos no punibles– es, además, uno de los principales teóricos de la “ideología de género”.
Aunque este tipo de organizaciones se han replicado de manera asombrosa, hay una que llama la atención por sus conexiones internacionales: Fundación Libre, que se presenta como un centro de estudios enfocado en “contrarrestar la ideología progresista” e impulsar “ideales de libertad individual, responsabilidad y republicanismo”, dirigida por el politólogo, escritor y conferencista Agustín Laje.
Conocido por afirmar que el feminicidio no existe o que el aborto le quita el estigma al incesto y la pedofilia, las actividades de Laje y su fundación se centran en una crítica feroz al feminismo, a la educación con enfoque de género, a la interrupción legal del embarazo y a las demandas de la comunidad LGBTIQ+.Dentro del consejo consultivo de su organización se encuentran el economista ultraliberal Javier Milei y otros representantes del campo político y económico conservador.
A diferencia de otros referentes, Laje no tiene reparos en admitir su rol como actor político: busca convertirse en un referente intelectual de la derecha. Así, su discurso apela a la pluralidad religiosa y giros académicos, junto a estrategias más provocadoras: él mismo reconoce que actúa como troll en las redes sociales para acaparar la atención de los centennials. E, incluso, tiene una cuenta activa en la plataforma de streaming Twitch.
Con esa idea, las actividades que promueve a nivel local recurren a influencers provida, críticos del feminismo, economistas liberales y políticos vinculados a la derecha. Su proyección regional, mientras tanto, responde a conexiones internacionales estratégicas dentro del ámbito conservador que se opone al enfoque de género y a las políticas de salud sexual y reproductiva.
En 2018, por ejemplo, protagonizó junto a Nicolás Márquez una gira de conferencias por nueve ciudades de España, organizada por Hazte Oír. Un año después, esta misma asociación ultraconservadora que promueve la defensa de la vida, la familia y la libertad le otorgó un premio por “combatir la ideología de género”. Admirador de Donald Trump y Jair Bolsonaro, durante esa visita a España, logró cierto acercamiento al VOX y, en México, ha conseguido lo mismo con algunos referentes del Partido Morena.
Las actividades de Laje y su fundación no se ha pausado con la pandemia: solo considerando los tres últimos meses, el cordobés lideró una decena de conversatorios virtuales en Perú, Chile, Costa Rica, España, República Dominicana, México y Guatemala, además de participar en la Cumbre Iberoamericana Gobierno, Vida, Familia, un espacio que, en septiembre, congregó a referentes conservadores y “pro vida” de la región.
Estas actividades no están destinadas únicamente a sectores mayores de la población o actores conservadores clásicos. También han comenzado a aglutinar a un importante número de jóvenes. Dicho alcance se puede observar en el caso de Laje y, también, en otros referentes argentinos con proyección internacional, como la asociación civil Frente Joven.
Esta agrupación, dirigida por el activista Leandro Flocco, tiene una marcada agenda contra la legalización del aborto y cuenta con representantes en Perú, Ecuador y Paraguay. Aunque sus líderes no hacen declaraciones públicas vinculadas a la religión, se definen como una agrupación que promueve la participación de los jóvenes en acciones sociales y políticas públicas de “promoción del derecho a la vida y a la salud integral de la mujer embarazada y su hijo”.
Sus conexiones han permitido que sus dirigentes participen, al menos, en dos oportunidades en la Asamblea General de la OEA. Y a nivel local, de acuerdo a su anuario 2019, cuentan con el auspicio de conocidas organizaciones civiles –entre ellas, Familia CONIN, Unidad ProVida, Fundación Más Humanidad y Juventud Con Una Misión (JUCUM)– y empresas, como el Banco Macro y la compañía de seguros San Cristóbal.
La agenda de Frente Joven y Fundación Libre coincide con la de otras importantes organizaciones civiles que se oponen a la legalización del aborto en Argentina. Entre ellas destacan la Mesa de Enlace Provida –que nuclea a varios colectivos celestes–, la Fundación Más Vida –dirigida por Raúl Magnasco–, Acción por la Vida y la Familia –a cargo de Oscar Botta, representante de Human Life International en Argentina– y la sede local de Hazte Oír.
La complejidad de este fenómeno, sostiene Vaggione, radica en la capacidad que han mostrado los grupos ultraconservadores para adaptarse a un Estado laico. En otras palabras, los debates públicos, salvo raras excepciones, ya no giran en torno a argumentos religiosos; sino a ideas más vinculadas a la legislación y cierta concepción de la bioética. “Y eso –remarca el investigador– muestra la capacidad que tienen ciertos sectores para desarmar la democracia con el mismo juego de las reglas democráticas”.
El Señor es mi pastor
Aunque los sectores religiosos no tienen estructuras partidarias propias en la Argentina, los referentes ultraconservadores no son ajenos al terreno político. “Esa carencia hace que los fieles se integren a expresiones políticas que, muchas veces, tienen posicionamientos ideológicos antagónicos”, explica Marcos Carbonelli, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet, que estudia la participación política de los sectores evangélicos.
La investigación de OjoPúblico identificó, de manera preliminar, a más de 200 funcionarios –en diferentes niveles de gobierno e instituciones estatales– que promueven una agenda común a la de grupos antiderechos o negacionistas de la ciencia. Dentro de ellos hay representantes de la oposición. Pero, también, líderes provinciales del Frente de Todos, que tienen una postura conservadora respecto a temas de género y la ampliación de derechos sexuales y reproductivos.
Más de 150 de los referentes identificados son diputados y senadores –integrantes, en su mayoría, de Propuesta Republicana (PRO), el Frente de Todos y la Unión Cívica Radical (UCR)– que han impulsado acciones en contra de la legalización del aborto; junto a 22 representantes de ambas cámaras –casi todos del PRO– con una agenda contrapuesta a la perspectiva de género.
Si bien el entorno de Alberto Fernández se ha mostrado optimista después de la media sanción conseguida en la Cámara de Diputados, las proyecciones en la Cámara Alta todavía son apretadas: allí hay más de 35 senadores que se han pronunciado públicamente en contra de la legalización del aborto. La mayoría de ellos pertenecen al Frente de Todos y la UCR y se oponen al proyecto con argumentos jurídicos y bioéticos.
No obstante, hay un grupo más confrontativo –integrado por Silvia Beatríz Elías de Pérez, Alfredo Luis de Angeli, Belén Tapia y Pablo Daniel Blanco–, que el 3 de diciembre emitió un comunicado solicitando la suspensión del debate en el Congreso y la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García, por considerar que “el proyecto presentado por el Gobierno nacional propone el genocidio lisa y llanamente como ley”.
Elías de Pérez, parte de la mayoría del Senado que en 2018 rechazó el aborto legal, también está vinculada a un colectivo novedoso: la Red de Legisladores por la Vida. Esta organización se presentó formalmente a inicios de noviembre, como una agrupación que “defiende el derecho a la vida en todas sus etapas, estimula la generación de políticas públicas que fomenten la protección de la vida, propicia la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus valores y conciencia” y se opone a lo que denominan “ideología de género”.
La red es coordinada por la diputada provincial María Cristina del Valle Fiore Viñuales – abogada y exsenadora nacional por Salta– y ya agrupa a más de 100 senadores, diputados y concejales de distintas fuerzas políticas. Dentro de ellos destacan, además de la senadora, tres diputados del PRO que se opusieron a la interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara Baja.
El primero de ellos es Francisco Sánchez, participante habitual de los conversatorios de la Fundación Libre; David Schlereth, quien ha sido orador del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia; y Dina Rezinovsky, legisladora con una conocida militancia “celeste” y cercana a Osvaldo Carnival, uno de los principales líderes evangélicos del país.
En el Senado, claro, la influencia de la Iglesia Católica sobre los legisladores es todavía más fuerte. Pero una particularidad adicional entrará en juego en el debate que se viene: el cálculo político camino a las elecciones legislativas de 2021. “Algunos legislan por convicción y otros por presión, o por una lógica de toma y daca”, recuerda Carbonelli.
Aborto legal con final abierto en el Senado: cómo es el trabajo para lograr la mayoría
Por Gimena Fuertes
Comenzó la semana de trabajo subterráneo para buscar una mayoría que se prevé más que ajustada para lograr la sanción del aborto legal en el Senado. Las principales figuras del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio que votarán a favor se dedicarán a trabajar de manera privada y ninguno, según aseguraron a Tiempo, develará su estrategia. Las presiones de los grupos antiderechos -algunos muy violentos- se hicieron sentir esta semana en la que, a pesar de ello, se logró una consistente cantidad de firmas para el dictamen que podrá convertirse en ley el martes 29 de diciembre.
Este jueves, el senador radical pampeano Juan Carlos Marino confirmó su voto negativo luego de haber dicho que podría reconsiderar su posición, mientras que en el dictamen quedó la rúbrica estampada de Silvina García Larraburu, peronista rionegrina que en 2018 había votado en contra. Estos movimientos volvieron a poner el contador con un voto por arriba a favor de la sanción. Pero este “poroteo”, según explicaron algunas senadoras, no es conveniente a la hora del trabajo de persuasión de los indecisos o “tapados”, como se les dice a los legisladores que prefieren no dar a conocer su posición para evitar presiones.
A su vez, la salud del senador y expresidente Carlos Menem, que se agravó este viernes, puso en duda su participación durante la sesión. Su hija Zulema había asegurado que se iba a encargar de que el expresidente votara desde la clínica donde permanece internado, pero su corazón sufrió una severa arritmia y se encuentra peleando por su vida. En su reemplazo podría asumir su sucesora en la lista, la actual vicegobernadora riojana Florencia López, quien está a favor del derecho al aborto, pero si quisiera permanecer en el ejecutivo provincial, le tocaría asumir al exministro de Economía de La Rioja, Ricardo Guerra, cuya posición se desconoce.
Una de las críticas que surgieron esta semana durante el tratamiento en comisiones es la penalización que caería sobre los y las profesionales de la salud que dilaten o interfieran en la realización de la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Según planteó el senador Alberto Wereltineck eso provoca el aumento del listado de objetores de conciencia, aunque adelantó que votará a favor, por lo menos, en el tratamiento en general de la Ley. Este punto fue uno de los que más se trabajó desde el Poder Ejecutivo, tarea de la que se encargaron la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, al permitir la objeción de conciencia en las clínicas confesionales. Ese ítem quedó plasmado en el dictamen antes de que ingresara al recinto de Diputados para despejar posibles puntos de conflicto.
Los senadores que están en duda son el entrerriano Edgardo Kueider, su coprovinciana Stella Olalla y el radical Oscar Castillo, que se negó a firmar el dictamen. También la neuquina Lucila Crexell, quien pidió bajar el plazo permitido para abortar de 14 a 12 semanas, pero que no se opone de manera abierta al derecho de las mujeres y personas gestantes.
El trabajo oculto a favor de la sanción dentro del Frente de Todos está a cargo de las senadoras cristinistas Anabel Fernández Sagasti, Nancy González y María de los Ángeles Sacnun. En tanto, Juntos por el Cambio cuenta con que todas sus autoridades legislativas dentro del Senado están a favor, como el jefe del bloque radical, Luis Naidenoff, el del PRO, Humberto Schiavoni, y el vice de la cámara, el porteño Martín Lousteau.
Si bien la votación traza una línea transversal, la disputa partidaria también está en juego. Desde el oficialismo acusan a la oposición de priorizar una eventual derrota del proyecto de Ley firmado y enviado por el presidente Alberto Fernández. En ese sentido, recuerdan que en 2018 el entonces Frente para la Victoria sí se cargó al hombro la militancia por el derecho al aborto y su consecuente casi mayoritario voto a favor, sin especular con que el debate había sido habilitado por Mauricio Macri. Sin embargo, desde la oposición niegan ese razonamiento. Aseguran que prefieren no dar entrevistas sobre el tema para evitar rispideces en el intrabloque y cuidar los votos verdes. Y de paso, recuerdan que las diferencias son profundas también dentro del oficialismo, ya que José Mayans, titular del bloque, está trabajando en contra de la directiva de su propio Ejecutivo.
Es que a diferencia de la votación en Diputados, el protocolo sanitario del Senado contempla la posibilidad de que muchos legisladores debatan y voten de manera remota desde su casa. Esto deslocaliza el debate y también provincializa la militancia feminista que deberá seguir el debate desde la calle pero también de manera virtual. Por lo pronto, la votación presenta un final abierto y habrá que esperar al 29 para saber si por fin en Argentina el aborto será legal. «
Gómez Alcorta: “Si los votos no alcanzan, las derrotadas seremos las mujeres»
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo que si el proyecto de legalización del aborto «no alcanza los votos» necesarios en el Senado «las derrotadas seremos las mujeres, no el presidente» Alberto Fernández.
«No es que si los votos no alcanzan, el derrotado es el Presidente. Nuevamente, en todo caso, el costo y las derrotadas seremos aquellas que hace mucho tiempo venimos peleando por el acceso a este derecho», dijo la ministra esta mañana en declaraciones a la radio AM 750.
En ese marco, sostuvo que «la expectativa del Gobierno es que tengamos ley antes de terminar el año” y afirmó que «estamos trabajando para conseguir los consensos, sabiendo que el Senado es un ámbito más difícil».
«Faltan 10 días para la votación. Es un montón de tiempo todavía. Vamos a estar con una justeza en los números hasta los días previos. Esperamos salir de esa justeza llegando al 29”
De cara a la sesión del martes 29 de diciembre, la ministra reconoció que «todavía hay varios senadores y senadores indecisos, o que al menos no han manifestado públicamente la votación».
«Faltan 10 días para la votación. Es un montón de tiempo todavía. Vamos a estar con una justeza en los números hasta los días previos. Esperamos salir de esa justeza llegando al 29”, expresó la funcionaria.
En ese marco, la funcionaria dijo que el proyecto es «una demanda que viene de abajo hacia arriba, que fue tomada por el Presidente, pero no es un proyecto propio, sino que es de la calle y de las mujeres».
No obstante, remarcó que «de sancionarse la ley, el factor de que haya sido un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tiene un peso importante».
En tanto, al hablar de las presiones que reciben algunos legisladores, la ministra indicó que «la presión política de los poderes que están en la comunidad incide pero hay que pensar las consecuencias de los votos».
«Apelamos a que los senadores tengan la capacidad de sostener sus convicciones pese a eso”, concluyó Gómez Alcorta.
