Entrevista a Victoria Tolosa Paz, Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Argentina – Por Dolores Gandulfo y Alejo Alvarez
Por Dolores Gandulfo * y Alejo Alvarez **
El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es el organismo que en nuestro país tiene a cargo la ejecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que en el 2015 reemplazaron a los Objetivos del Milenio.
Desde diciembre de 2019, bajo la presidencia de Victoria Tolosa Paz, el Consejo ha tenido un rol cada vez más relevante en la agenda política argentina, promoviendo y ejecutando los objetivos y metas de la Agenda 2030 en todo Argentina, a través de un trabajo conjunto tanto con otros organismos de la Nación, de Provincias y Municipios, como con empresas y actores del sector privado.
En esta entrevista, Tolosa Paz reflexiona acerca de la interacción entre el Estado, las Empresas y los Derechos Humanos, y comenta acerca de políticas públicas puntuales articuladas con el sector privado y que tienen como objetivo garantizar los derechos humanos.
¿Cuáles son las primeras reflexiones que te surgen cuando se vinculan a dos conceptos como empresas y Derechos Humanos?
Tiene que ver con el nuevo concepto de Derechos Humanos en la actualidad, que para nosotros es, lamentablemente, la tremenda huella de lo que fue el comienzo de la lucha de los derechos humanos, muy asociada al drama de la dictadura militar. Primeramente hay toda una rama que seguimos muy activos luchando justamente por la justicia.
Hoy la cara de la relación empresas y derechos humanos, que en el pasado fue la cara trágica de un proceso que evidentemente fueron cómplices de la dictadura cívico-militar, en el presente está claramente asociada a que las empresas deben cumplir con la construcción de los derechos humanos en marco de sus actividades en relación con los trabajadores y trabajadora. Es ahí donde para nosotros se abre el paradigma obviamente de los derechos laborales, de la construcción, de la mayor equidad en términos de relación con la empresas y trabajadoras, aportar obviamente a la lucha salarial: igual trabajo, igual remuneración. Son en todo caso, las discriminaciones insertas en toda la sociedad que las empresas replican mucho respecto a las mujeres, que lamentablemente ocupan los menores rangos dentro de la estructura de una empresa, porque solamente la cúpula está dirigida al sector masculino.
Yo creo que hoy, en realidad la mirada de los derechos humanos es mucho más amplia de la que supimos construir anteriormente con la fortaleza del desarrollo para el país en el inicio de la democracia, hoy creo que todas las secretarías de derechos humanos de la Nación, de cada municipio y de cada provincia, se trata de dar una agenda más amplia con los derechos, por supuesto a la vida, derecho a los servicios públicos, derecho al hábitat, derecho a la tierra, derechos que obviamente todavía, lamentablemente, el Estado no le puede garantizar a toda la ciudadanía y que cada uno inserto en nuestra sociedad tiene que aportar a la construcción de ese desafío.
¿En tu perspectiva cuál es el rol que le cabe al sector privado en materia de derechos humanos?
Primero si entendemos que los derechos humanos hoy tienen mucho más que ver con la consagración de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, el rol de las empresas privadas es muy importante porque tiene de por sí una relación con el conjunto de trabajadores y trabajadoras que tienen que garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, pero además tienen que trabajar en la construcción de los compromisos que son parte del país en el sector privado. Deben colaborar en esos compromisos y también con el cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados por Argentina en términos, por ejemplo, en el que se los conocen en el mundo como los ODS y la Agenda 2030, en donde el sector privado tiene un alto compromiso de llevar adelante, es parte de esa agenda que tiene que ver con la no contaminación, conservar un ambiente, los derechos laborales, construir mayor equidad de las mujeres; es muy importante no disociar o dejar al sector público la responsabilidad de construir una agenda con el pleno ejercicio de la garantía de derechos humanos. También el sector privado tiene que apropiarse de esa agenda y poder llevarla adelante, sin que exista permanentemente como la mera instrucción, castigo, la pena o la multa por el incumplimiento de esto.
Vuelvo al caso de nuestro convencimiento y compromiso con erradicar el trabajo infantil de la República Argentina.¿Lo puede hacer solamente el Estado? No, lo tiene que hacer el Estado con el sector privado, con el sector que desarrolla una producción. Lamentablemente, en Argentina todavía los niveles de trabajo infantil, asociados sobre todo a la actividad agropecuaria, son muy altos y tenemos que trabajar para erradicarlo definitivamente.
Ahora el sector privado necesita poder entender. Además de la pena, del castigo, de la multa, necesitamos trabajar de manera integral en la concepción de que quizás una de las soluciones, en lugar de la multa, es poder trabajar de manera conjunta en aspectos del cuidado para que esas madres no vayan al campo a adelantar la cosecha o trabajar con sus hijos acuesta, como pasa habitualmente en el interior de la Argentina, en todo el interior.
Creo que nosotros venimos trabajando esa articulación, de manera integral. Entonces, me parece que la Agenda 2030 tiene que ser trabajada con el sector público, que tiene una responsabilidad indelegable en el cumplimiento, pero sin sacarle ese horizonte al sector privado, que lo debe desarrollar, que lo debe cumplir y que en la búsqueda de la rentabilidad externa, que a veces tiene como motor el sector privado, necesita acordar con el Estado cuáles son los derechos humanos que debemos garantizar de manera conjunta.
¿Qué rol le cabe al Estado en la interacción con el sector privado?
Construir agenda juntos. Porque creemos de verdad que tenemos que ir trabajando juntos. Como el derecho a la alimentación: por el lado de las empresas, derecho a la alimentación sana, segura y saludable, trabajar por ejemplo con el sector y actividad que produce alimentos. Pero,¿qué alimentos deberíamos propiciar a la ciudadanía? Actualmente estamos trabajando en el tema de la ley de etiquetados, que es es darle al consumidor la posibilidad de elegir y saber que está eligiendo para alimentarse, para nutrirse, que tiene que salir en el etiquetado y garantiza el derecho al consumidor. Tiene que estar bien definido para poder elegir qué vamos a consumir para alimentarnos. Con cada uno de los sectores, ramas y actividades del sector privado, ramas productivas o servicios hay una agenda de articulación entre Estado y el sector privado para ir complementando justamente este avance en la construcción del derecho humano tan entendido en esta época en integralidad de lo que significa, creo que ahí obviamente hay un gran trabajo.
Creo que, para nosotros, desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, llevar adelante la agenda 2030 y poder construir en cumplimiento en la próxima década de los ODS habla justamente de la necesidad imperiosa de articular con el sector privado, en donde cada uno hace sus objetivos. En definitiva, es la construcción del derecho humano, que en cada una de sus áreas vamos a estar garantizando, por ejemplo, el derecho al agua potable y el saneamiento, entendiendo que es un derecho insoluble del derecho a la salud. Niños que consumen agua obviamente contaminada, un agua no potable e insegura, son niños que van a tener grandes enfermedades dentro de la etapa de su desarrollo.¿Cómo podemos hacer? Obviamente solos no. Se hace con un Estado que articula con ese sector privado. Hay una agenda compartida y hay un sector privado que aporta a la construcción de un país centrado en la garantía de derechos humanos. El pago de impuestos, por un lado, queremos un sector privado que aporte, vía la matriz impositiva, a la caja del estado para permitir justamente que el Estado garantice estos derechos. Creemos claramente que hay todo un trabajo para articular en lo que son las empresas, con la responsabilidad social empresaria, que es la cantidad de obras y bienes, servicios que donan las empresas, muchas veces articulada desde el Estado.
Estamos tratando justamente de que una mirada articulada del Estado pueda avanzar con determinadas obras en una localidad y la planta o el inversor privado que está desarrollando, por ejemplo, energía en Salta, pueda hacer por ejemplo el pozo de agua para Salta. Y ahí vemos ya ejemplos en donde articulamos con el Estado y el sector privado para lograr el derecho humano al agua. Creemos que en esos modelos de articulación podemos ser más eficientes y más contundentes en la respuesta que damos a la ciudadanía
Considerando esta experiencia que llevan adelante desde el Consejo y todas las articulaciones que han realizado ya para esta iniciativa de la ley del etiquetado que comentaste, las articulaciones que vienen llevando con distintas empresas en materia de responsabilidad social empresaria. ¿Qué acciones te parece o cómo se puede desde el Estado volver más atractiva la perspectiva de derechos humanos para las empresas?
Las empresas, en definitiva, tienen un compromiso. Las empresas no son islas. Se desarrollan, crecen y articulan en una sociedad, una comunidad, un territorio, que como siempre, vemos en las distintas cámaras y asociaciones que nuclean a pymes y a grandes empresas. Lo primero que te manifiestan es que obviamente hay una clara conciencia que ese desarrollo tiene que ver con el compromiso, cada vez se refleja más en las agendas del sector privado. Hay un fuerte compromiso con la comunidad: primero con la comunidad cercana donde están muchas veces, donde las plantas de desarrollo digamos las oficinas o sectores donde se producen, porque obviamente entienden que una planta en una ciudad al norte de Santa Fe puede cambiar radicalmente no sólo la fisonomía del pueblo, sino la mano de obra; después las localidades pequeñas donde una inversión privada, modifica claramente la convulsión de esa localidad.
Entonces hay, como nunca antes, un compromiso social muy importante de articulación. Así como se contempla, lamentablemente, que en el pasado muchas de esas empresas fueron funcionales a la peor dictadura cívico-militar –por eso le llamamos cívico militar, porque hubo un compromiso de casi una sociedad,y en ella, el de muchas empresas,con la peor dictadura de la Argentina-, en la actualidad esa huella, ese camino trágico que todavía necesitamos que la justicia pueda resolver y tener a los culpables, y puedan ser condenados; en esta cara de hoy 2020 hay una mirada muy profunda sobre empezar a relacionarse más con proyectos locales de cercanía entre la empresa y su territorio.Es muy común ver empresas que son las que desarrollan actividades culturales, teatro de solidaridad o que desarrollan la construcción de albergues estudiantiles, si en esa zona hay universidades, para que los chicos puedan quedarse a vivir. Hay un montón de complementos, no solo con la infraestructura, con la educación, la salud, la alimentación, que son todos cada uno de los derechos humanos de este presente que se construyen entre la localidad, la sociedad y las empresas.
Creo que hay un camino muy grande para desarrollar y para trabajar, lo veo en todas las provincias, intendencias que, cuando llegas a algún lugar y vez una planta, se cuestiona cómo se llevan con esa empresa o que articulas y te empiezan a decir la mayoría de acciones que articulan, políticas de infancia sostenidas por el aporte de empresas hasta el mejoramiento de obras e infraestructuras del pueblo o de la localidad, hay mucho de articulación público y privado en los hechos, en el territorio.
Nos queda ver cómo esto se articula obviamente con un Estado que sienta en la mesa al sector privado y los invita en todo caso a ser parte del desarrollo de esas localidades, regiones o de esos corredores productivo que se va mermando en nuestro país.
¿Qué mensaje le darías a las empresas para involucrarse más en los derechos humanos?
El mensaje final para las empresas es que nadie se desarrolla sola, todos nos desarrollamos obviamente en comunidad. El mensaje es romper las barreras, justamente de la que muchas veces nos hacen creer que solos nos salvamos y poder trabajar agendas bien locales, territoriales, viendo los esquemas de donde estoy trabajando y desde donde veo el rostro a mi comunidad y volver a acercarme a trabajar una agenda común sea donde sea, esté donde esté la planta. Sea 25 de mayo o en San Lorenzo, Santa Fe o en Paraná. Cualquier localidad dentro del interior donde hay mucha actividad privada, esa actividad no solamente se piensa a sí misma desde la empresa sino en relación con la comunidad. Y creo que ahí la potencia no solamente de la empresa en este caso, sino también del compromiso social, creo que es un camino definitivo para no sólo desarrollarnos como país, sino para desarrollarnos en comunidad con un país que sueña con verse desarrollado, industrializado y generando obviamente oportunidades.
Creo que hay mucho para hacer, creo que hay que romper algunas estigmatizaciones: no todos los políticos somos malos, no todos los empresario son malos, hay una mixtura dentro de la sociedad, en donde tenemos que tratar de trabajar estos consensos tan necesarios, empresas, movimiento obrero y Estado para poder complementar la agenda de este presente basándonos en los derechos humanos, en la integralidad del cumplimiento con una idea bien local, territorial donde obviamente el aporte sea concreto, la transformación pueda ser palpable tanto para la empresa como para la sociedad donde se desarrolla.
* Magíster En Políticas Públicas y Directora Ejecutiva de la Unidad de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
** Licenciado en Relaciones Internacionales e integrante de la Unidad de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
