Derechos humanos, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Empresas de Propiedad Estatal en Argentina – Por Flavio Fuertes
Por Flavio Fuertes *
La Argentina cuenta con un número importante de empresas de propiedad o control y participación estatal, incluso después del proceso de privatizaciones llevado adelante en la década del 90. Se contabilizan más de 50 empresas públicas a nivel nacional y se desconoce la cantidad de empresas públicas controladas por los gobiernos provinciales y municipales. A nivel nacional, más 50% de las EPEs se encuentran vinculadas a los sectores de transporte, información y comunicaciones, y generación y distribución de energía.
El Pacto Global de Naciones Unidas se considera la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad en el mundo con más de 10.000 participantes en todo el mundo. Es una iniciativa que promueve un comportamiento empresarial responsable mediante la adopción de 10 principios universales relacionados con el respeto a los derechos humanos, los estándares laborales, el cuidado del ambiente y la lucha contra la corrupción. En nuestro país el liderazgo en la adopción de este decálogo viene de la mano del sector empresarial privado. Sin embargo, ya hay 11 empresas públicas que han adoptado este compromiso público con sus grupos de interés: Banco de la Nación Argentina, Banco Provincia, AYSA, YPF, Trenes Argentinos Infraestructura, INVAP, Administración General de Puertos, CEAMSE, IESA, Banco Ciudad y Nucleoeléctrica Argentina.
En septiembre del 2015 las Naciones Unidas lograron aprobar una nueva agenda de desarrollo a ser alcanzada en el 2030. Los ODS son un conjunto de 17 objetivos y 169 metas que los gobiernos decidieron alcanzar en el 2030 y comprende una agenda de crecimiento económico en armonía con el cuidado del ambiente y la búsqueda de la equidad social en un marco de alianzas renovadas para el desarrollo sostenible.
Las empresas pueden participar de esta agenda, ya sean mediante inversión social estratégica, la adopción de estos objetivos en su estrategia de negocios o simplemente haciendo abogacía para que se cumplen en su esfera de influencia. Por el peso específico de estas empresas en sus sectores de actividad, la participación de estas empresas públicas en la agenda 2030 es clave. Una manera sencilla y concreta de asegurarse una contribución positiva a esta agenda es evitar que las empresas hagan daño. Es decir, garantizar un respeto o al menos no vulneración a los derechos humanos por medio de un proceso de debida diligencia con enfoque de derechos humanos. Evitando hacer daño es, sin duda, una gran contribución que las empresas pueden hacer a esta agenda.
A lo largo del 2019 condujimos desde el Pacto Global, en conjunto con el PNUD Argentina y el Consejo Nacional de Coordinacion de Políticas Sociales, un ejercicio que consistió en mapear el estado de situación de un conjunto de EPEs a los ODS en Argentina. Fueron invitadas casi 20 compañías a participar de un ejercicio pionera en nuestro país, y la región.
El resultado, luego de varios encuentros a lo largo del año, fue la publicación de un informe donde encontramos que:
- al menos 16 de las 52 EPEs están trabajando con los ODS;
- el 50% de estas EPEs son miembros del Pacto Global;
- las 16 EPEs han identificado como materiales objetivos sociales y ambientales y
- 3 y hasta un máximo de 13 ODS han sido priorizados por los respectivos Comités Directivos de estas compañías.
Es interesante ver la diferente contribución que hacen las empresas, destacándose el desempeño de empresas como el Banco de la Nación Argentina (13 ODS), YPF y el Correo Argentino (8 ODS).
Los ODS que reciben mayor atención por parte de las empresas públicas son:
A modo de conclusión, podemos afirmar que las Empresas de Propiedad Estatal no están alejadas de esta agenda propuesta por las Naciones Unidas. Parece lógico que el compromiso gubernamental por la agenda 2030 se exprese también en la integración de esta agenda en las decisiones de las empresas públicas. Quedan varios desafíos por delante pero uno de ellos es claro: las empresas se vinculan más con la dimensión ambiental o económica de la agenda 2030 y tienen dificultades para vincularse con la agenda social del desarrollo sostenible. Esa dimensión tiene una estrecha relación con los derechos humanos. De allí que parece oportuno profundizar el debate sobre la utilización de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos al interior de los órganos de decisión de estas empresas. Los derechos humanos están en el corazón de los ODS y, como dijimos anteriormente, una gran contribución a esta agenda se materializará si las empresas logran gestionar sus actividades sin hacer daño a los derechos humanos. O al menos, garantizando que no se vulneran los mismos.
* Coordinador Ejecutivo del Pacto Global y Responsable de Alianzas con Sector Privado del PNUD Argentina
