Crisis política en Perú | Continúan las protestas y congresistas impulsan referéndum para modificar la Constitución
Anuncian segunda marcha nacional descentralizada para este sábado
Por Elizabeth Prado
La ciudadanía retornará a las calles este sábado para expresar su repudio a la decisión del Congreso de la República de vacar al presidente Martín Vizcarra y colocar en el Gobierno a Manuel Merino.
El estudiante Ricardo Gamarra informó que, en Lima, la principal movilización será en la plaza San Martín a las 2.00 de la tarde, mientras que en los distritos de La Molina, Miraflores, Surco, Magdalena, San Miguel, San Borja, Lince, Los Olivos, Jesús María, Comas y Chosica, los desplazamientos se realizarán a las 4.00 de la tarde.
“Serán marchas descentralizadas. Lo que queremos es que las personas se trasladen lo menos posible a otros lugares y que haya más gente en cada zona. La protesta no se ha detenido. Hoy hubo en La Molina y San Isidro. Un grupo fue a la casa del premier Antero Flores Araoz. La manifestación fue pacífica, se trató de un cacerolazo”, refirió Ricardo Gamarra.
El estudiante explicó que estas movilizaciones no tienen a un grupo coordinador y lo que hace la gente es estar atenta a los acuerdos de las federaciones universitarias, las organizaciones sociales y también los distritos.
También resaltó el carácter pacífico de las marchas de protesta ciudadana. Refirió que cuentan con grupos de whatsap donde tratan de captar gente y pasar información, siempre con ánimo pacifista, pero que no faltan personas que alientan la violencia.
“Dicen ‘vamos a quemar esto, a romper esto’; ellos inmediatamente son eliminados del grupo, no toleramos esas actitudes”, afirmó Ricardo Gamarra.
UPP impulsa referéndum y Asamblea Constituyente para modificar la Constitución
Por Harold Quispe
Propuesta. La bancada de Unión por el Perú (UPP) presentó un nuevo proyecto de ley para realizar un referéndum y convocar una Asamblea Constituyente a través de una consulta popular, la cual podría llevarse a cabo el mismo día de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2021.
Fue el congresista Javier Mendoza Marquina quien propuso al Congreso de la República, por medio del Proyecto de Ley 6642-2020/CR, una reforma constitucional para que la población peruana decida «si está de acuerdo o no en darse una nueva Constitución mediante el mecanismo de la Asamblea Constituyente”.
Esta iniciativa de UPP sostiene que, si bien la actual Constitución Política de 1993 “no contiene una cláusula para su reforma total”, sí lo tiene en su forma parcial, argumento prescrito en el artículo 32 de la misma y la cual sería motivo para realizar un referéndum.
La propuesta precisa que el pueblo peruano, como titular único del poder constituyente, puede “decidir cuándo y a través de qué mecanismos darse una carta política”.
También busca «recoger la percepción de la población sobre legitimidad o la representatividad de la actual Constitución para evitar mayores polarizaciones entre los diversos sectores”.
No obstante, para el constitucionalista José Tello, este proyecto de UPP “no es viable», ya que el artículo 32 habla de un referéndum ciudadano y no de una convocatoria para una Asamblea Constituyente.
“Acá quiere darse una consulta para saber si el pueblo quiere una nueva Constitución, y eso viene con un proyecto de ley votado por el Parlamento o sometido, en este caso, a consulta popular», dijo a La República.
Unión por el Perú, por su lado, considera que la herramienta para llegar a un consenso “transparente, objetivo, inclusivo, y prioritario” es la Asamblea Constituyente.
En efecto, el grupo liderado por Antauro Humala busca someter a consulta popular la siguiente pregunta: “¿Aprueba la convocatoria para la elección de una Asamblea Constituyente con la finalidad de elaborar y promulgar una Nueva Constitución Política del Perú?”.
Al respecto, Tello explicó que el referéndum para esta consulta puede presentarse de dos formas: como un acuerdo de la ciudadanía o como parte de una reforma constitucional presentada ante Pleno del Congreso que, luego de ser rechazada o modificada, podría pasar a un referéndum ciudadano.
Apuntó que este sería muy diferente al referéndum confirmatorio como, por ejemplo, el realizado en diciembre del 2018 con las cuatro reformas constitucionales promovidas por el Gobierno de Martín Vizcarra.
“Un referéndum confirmatorio es completamente legal, pero en esta propuesta (de UPP) no hay de dónde mandar un referéndum y no sabemos qué tipo es. Tampoco es viable su pregunta porque se va a constituir un nuevo Parlamento a partir del siguiente año”, agregó.
Por otra parte, Carlos Caro asegura que integrar un referéndum en el proceso de elecciones el 2021 “no es constitucional”, ya que “son temas completamente distintos”.
El letrado señaló a este diario que, en caso se aprobara hacer este tipo de referéndum, este tendría que ir por una “una vía propia con un totalitario electoral”.
Además, afirmó que este mecanismo ya no puede incluirse en los comicios del próximo año debido a que ya existe un calendario aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“Siempre está abierta la posibilidad de una reforma constitucional. Otra cosa es que sea procedente o que la petición sea razonable. En lo particular, pienso que este proyecto no es conveniente. Estos temas solo alteran el orden democrático y económico”, manifestó el abogado.
Carlos Mesía: “La Constitución del 93 no establece ir a una Asamblea Constituyente”
Para Carlos Mesía, expresidente del Tribunal Constitucional, esta propuesta de Unión por el Perú es “inconstitucional”, ya que la Carta Magna no atribuye el mecanismo de plebiscito para tomar decisiones o hacer consultas a la ciudadanía.
“Lo que está establecido en la Constitución es el referéndum, que sirve para aprobar leyes. Lo que ellos están planteando es un plebiscito, que es hacer una consulta. Tendrían que crear un proyecto de reforma total de la Constitución, exponerlo al Pleno y que se debata. Si no se alcanzan los 87 votos, entonces pedir que se someta a referéndum”, acotó el congresista fujimorista a este medio.
El objetivo de UPP es poner en consulta a los peruanos vía referéndum «si están de acuerdo o no en darse una nueva Constitución mediante el mecanismo de la Asamblea Constituyente”.
Sin embargo, Mesía, quien también forma parte de la Comisión de Constitución del Congreso, aseveró que este procedimiento, estipulado en el artículo 206, debe ser respaldado con la mitad más uno del número legal de parlamentarios para no llegar a un referéndum.
Afirmó que no se puede aprobar la convocatoria de una Asamblea Constituyente porque primero “tendría que modificarse la actual Constitución”
“La Constitución del 93 no establece ir a una Asamblea Constituyente como un método para cambiar la Constitución. Esta no contempla ese mecanismo. La única reforma total a la Constitución es por la vía del referéndum, pero el referéndum es para admitir o derogar leyes”, indicó.
UPP ratifica que su proyecto “no tiene vicios de inconstitucionalidad ni de legalidad” ya que, según refiere, el pueblo puede «ejercitar su poder constituyente” así como buscar el orden constitucional y “decidir si continuamos o no con la Constitución actual”.
Finalmente, el extitular del TC puntualizó que no se puede plantear un referéndum en los próximos comicios porque una Asamblea Constituyente “puede ser usada como trampa por parte de algunos congresistas para reelegirse”.
“Quieren tener una Asamblea Constituyente para seguir teniendo poder. Además, una Asamblea Constituyente significa que desaparecería el Parlamento y, entonces, lo que manda es el Poder Constituyente, que sería el que va a legislar y, al mismo tiempo, el que va a lanzar una Constitución”, añadió.
Defensoría: Se ha registrado uso excesivo y desproporcionado de la fuerza policial en protestas
La Defensoría del Pueblo emitió un balance sobre las movilizaciones llevadas a cabo a nivel nacional en vísperas, y concluyó que «se ha registrado uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública».
En ocho regiones del país se registraron hechos violentos, siendo los más graves los ocurridos en la ciudad de Lima, añadieron. Los enfrentamientos ocurridos en la capital entre manifestantes y policías se prolongaron por más de cinco horas dejando 19 personas heridas entre civiles y agentes.
Tres ciudadanos participantes en las manifestaciones fueron impactados por proyectiles de armas de fuego, indicaron. Lo que queda por determinar es si fueron lesionados por perdigones, balas o similares.
Dada la gravedad de los hechos, demandan la inmediata intervención del Ministerio Público con el propósito de determinar la responsabilidad de quienes hicieron uso de dichas armas.
Las y los comisionadas/os defensoriales reportaron, además, 18 personas detenidas en dependencias policiales.
Confirman presencia de policías vestidos de civil
La Defensoría confirma que «las autoridades del orden utilizaron gas lacrimógeno en inmediaciones de áreas residenciales y de hospitales, como el Hospital del Niño, siendo ello prohibido e inaceptable pues coloca en riesgo la vida y la salud de las personas».
Igualmente, advirtieron «la participación de personal policial vestido de civil, en diferentes manifestaciones y sin portar identificación alguna, realizaron detenciones de personas».
«En todos los lugares donde se registraron movilizaciones, la Defensoría del Pueblo recordó a la Policía Nacional del Perú los límites existentes sobre el uso de la fuerza(…). No obstante, se registraron hechos que evidencian el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional», agregan.
«La inadecuada intervención mencionada se refleja en la utilización desproporcionada del gas lacrimógeno, las detenciones realizadas por personal policial sin identificación, así como en la utilización de escopetas de perdigones disparadas contra los manifestantes».
Violencia de algunos manifestantes no justifica abuso policial
Consideraron también que los actos de violencia por parte de un reducido grupo de manifestantes, «de ningún modo pueden justificar el incumplimiento» de los deberes de protección que la Constitución asigna a las autoridades policiales.
La institución hizo una invocación para que el uso de la fuerza se haga «de manera racional, necesaria y proporcional» tal como lo señalan las leyes, reglamentos y los instrumentos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas.
«Desde la Defensoría del Pueblo exhortamos a las autoridades a no estigmatizar a ciudadanas y ciudadanos que libremente deciden manifestarse pacíficamente», finalizan.
