Marchas y repudios por la represión y el desalojo de la toma de Guernica
Organismos de derechos humanos repudiaron el desalojo en Guernica
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) denunciaron este jueves ante la Justicia la represión de la policía bonaerense en el desalojo a la toma de Guernica, tanto dentro del predio como en los alrededores. Y Hebe de Bonafini, durante la marcha de los jueves que ahora es virtual, dijo «no estoy de acuerdo con el desalojo de Guernica, siempre pagamos los más pobres». También se pronunciaron organismos como la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.Durante el día se movilizaron en repudio organizaciones sociales y partidos de izquierda, tanto en el centro porteño como en frente a la municipalidad de La Plata.
“En atención de estar presente en estos momentos un grupo de integrantes de nuestras instituciones en el predio de la toma de Guernica, nos presentamos con el fin de denunciar la desproporción del uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales en el marco de la medida dispuesta en autos”, señalaron en la presentación al juez de Cañuelas, Martín Rizzo, quien lleva la causa por el desalojo.
La denuncia está firmada por Diego Morales y Paula Litvachky del Cels y por Adolfo Pérez Esquivel y Ana Almada, del Serpaj, y allí también se advierte que la represión continuó aun después del desalojo: “La policía ha continuado su accionar represivo a más de 400 metros de distancia del predio ocupado”, se indica.
Desde el Cels presentaron dos escritos: uno, sobre la medianoche del miércoles, que tuvo la intención de que el juez frenara el desalojo, algo que no ocurrió. El jueves sumaron a la causa judicial ya existente una denuncua por el accionar represivo y el operativo desproporcionado que comandó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.
A la denuncia se adjunta material audiovisual en el que se registran disparos de balas de goma –prohibidos en desalojos–, y se solicita también que se investigue si existió un uso abusivo de los de gases lacrimógenos.
«En las últimas semanas, las familias, las organizaciones y el Estado buscaron alternativas al desalojo policial violento. El esfuerzo para alcanzar acuerdos reales y participativos implicó discutir una solución habitacional definitiva y sus etapas», indicaron desde el Cels en la cuenta de Twitter.
«Se hizo un relevamiento, se discutió en asambleas participativas la propuesta y se dialogó con el dispositivo interministerial sobre el alcance y contenido de los compromisos. Así se llegó a una propuesta de acuerdo que podía dar una solución de fondo a las necesidades urgentes», repasaron.
«Luego del desalojo violento, que rompió este proceso, es importante que el gobierno provincial sostenga la propuesta y de curso a nuevas conversaciones para reconducir una respuesta al reclamo por el derecho a la vivienda». Tanto el Cels como el Serpaj habían participado del relevamiento de las familias que se encontraban en la toma de Guernica, como veedores, y habían elaborado un informe para el Gobierno provincial.
«Siempre pagamos los más pobres»
«No estoy de acuerdo con el desalojo de Guernica, siempre pagamos los más pobres, ese es el tema», dijo Hebe de Bonafini. «Me pareció injusto, muy violento siempre con los que menos tienen. Los que estaban ahí no están preparados para enfrentar a las fuerzas policiales, que son como verdugos».
«Yo quiero saber si van a actuar de la misma manera para desalojar los barrios de ricos que nunca pagaron impuestos, porque están como terrenos baldíos, son ocupas con dinero», preguntó la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. «Estoy muy enojada. Nuestros Hijos dieron la vida justament epara que no haya mmás Guernicas».
Repudios
La Comisión Provincial por la Memoria dijo en un comunicado que «rechaza la decisión de hacer efectivo el desalojo y la violenta represión realizada esta madrugada por la Policía Bonaerense en el predio de Guernica y solicita al Estado medidas urgentes para contener la extrema situación de vulnerabilidad en que se encuentran las más de 1400 familias víctimas que desde hoy ya no tienen dónde vivir».
Integrantes de la CPM se hicieron presentes en el lugar junto a otros organismos de derechos humanos, la Gremial de Abogados, HIJOS La Matanza, APDH de La Matanza, el SERPAJ y el CeProDH, para repudiar la decisión del desalojo y acompañar a las familias afectadas.
«La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos repudia enérgicamente la represión en Guernica. El accionar de las fuerzas de seguridad responde a las directivas del juez y del fiscal de la causa, quienes en tiempos express agotaron las instancias judiciales y resolvieron un desalojo. Este acto violenta derechos humanos que necesariamente deben resguardarse en esta delicada situación, privilegiando la seguridad y la vida de las y los habitantes», expresó el organismo.
«Insistimos que el único camino es la solución pacífica y el diálogo y rechazamos el uso de la violencia y la fuerza como dirimente de los conflictos sociales. Lamentamos que todos los esfuerzos que las partes estaban llevando adelante a fin de encontrar salidas y soluciones de techo y vivienda para cientos de familias hayan derivado esta madrugada en un desalojo violento cuyas víctimas son las víctimas de siempre: las personas excluídas y vulneradas de un sistema inhumano e injusto».
La Liga Argentina por los Derechos Humanos repudió «el desalojo violento de las familias habitantes de la toma de Guernica». «La imagen, las acciones y el discurso del ministro Berni respaldan el paradigma de las derechas y la oligarquía: la propiedad privada es sagrada y el Estado, en este caso el gobierno provincial de Kicillof, están para reprimir a quienes se atreven a cuestionar tales paradigmas del orden capitalista. Sostenemos el derecho a la vivienda y el derecho colectivo a luchar por ese derecho. La vida primero, jamás el interés económico de los poderosos», sostuvo el organismo.
El Gobierno provincial de Axel Kicillof es responsable de haber estafado a miles de familias con promesas que a último momento decidió incumplir. Exigimos el cese de la represión y la inmediata vuelta a la negociación», expresaron desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
Delegados de la toma de Guernica marchan a la Plaza de Mayo por “Tierra para Vivir”
Luego del violento desalojo de la toma de tierras en la localidad de Guernica y la recuperación del predio por parte de las fuerzas de seguridad, el cuerpo de delegados de los vecinos que ocupaban las tierras emitió un comunicado en el que repudian la represión y reclaman una solución para su reclamo de viviendas.
Allí, además, convocan a una conferencia de prensa a las doce del mediodía del viernes en el Obelisco y anuncian una movilización posterior a la Plaza de Mayo a la que convocan a participar a organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos.
En el texto aseguran que “el desalojo violento sobre las 1400 familias que reclamamos desde hace tres meses tierra para vivir, fue la única respuesta que nos dieron Kicillof, Larroque y Berni”.
Además expresan su reclamo de una “inmediata reunión” con el gobierno para conseguir “una propuesta de solución integral de tierra para las más de 1400 familias” que fueron censadas en común por el gobierno provincial y las organizaciones sociales la semana pasada bajo la veeduría de organizaciones de derechos humanos como el CELS y la SERPAJ.
Los delegados adelantan que “esta gran lucha sigue en busca de una solución real a un problema social” que, denuncian, “no se resuelve con represión”.
Bajo la consigna de “Tierra para vivir” convocan a una conferencia de prensa el viernes a las 12 horas en el Obelisco en la que además de dejar de manifiesto la continuidad de su reclamo ofrecerán su versión de los hechos que llevaron a la ruptura de las negociaciones que, aseguran, fue resultado de un cambio de política repentina de parte del gobierno provincial. Al concluir la conferencia se dirigirán en una movilización hasta la Plaza de Mayo.
Sobre las 19 horas del jueves, los 37 detenidos en el desalojo ocurrido por la mañana, entre ellos una menor de edad dirigente del centro de estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, se encontraban en libertad.Sobre las 19 horas del jueves, los 37 detenidos en el desalojo ocurrido por la mañana, entre ellos una menor de edad dirigente del centro de estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, se encontraban en libertad.
Kicillof y Larroque justificaron la represión en Guernica
El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó hoy que el desalojo del predio de la localidad de Guernica que se concretó esta mañana «se hizo con todos los cuidados posibles para evitar heridos y situaciones de violencia». Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, aseguró que el Gobierno hizo «todos los esfuerzos posibles».
«Es una situación compleja. Unos nos criticaron por no desalojar el primer día, otros por hacer acuerdos con las familias, pero pusimos el máximo empeño en dar una solución», aseveró el mandatario bonaerense en una conferencia de prensa que brindó en Bahía Blanca y remarcó comprender «los problemas genuinos» que tienen esas personas, citó Télam.
De ese modo, Kicillof se refirió al desalojo del predio de alrededor de 200 hectáreas ubicado en Guernica, partido de Presidente Perón, que se desarrolló hoy desde las 6 de la mañana por orden judicial, tras haber sido ocupado el 20 de julio pasado por unas 2.000 familias provenientes de diversos distritos bonaerenses.
Expuso que «en Guernica hubo una denuncia judicial y luego una orden de desalojo que estaba vigente desde hacía mucho tiempo» y reiteró que fue «una decisión judicial» y que «la policía simplemente actuó como auxiliar de la justicia para llevar adelante esa orden».
«Solicitamos varias prórrogas y, en el medio hicimos un censo, identificamos que había 1.904 personas. Dispusimos instrumentos para ver si el desalojo se desarrollaba voluntaria y pacíficamente», relató.
Kicillof dijo que se ofreció a las familias «diferentes respuestas» a los problemas planteados y explicó que, tras el trabajo de un grupo multidisciplinario, «se construyó una solución a la que adhirieron 734 familias» que luego abandonaron el predio.
Después, completó, esas familias se inscribieron en un registro provincial para poder acceder a una vivienda.
«La segunda prórroga terminaba mañana. El juez y el fiscal entendieron que había que ejecutar el desalojo, que se hizo con todos los cuidados posibles para evitar situaciones de violencia», añadió.
Luego, planteó que «si la decisión judicial no se implementaba, la política entraba en desacato» y reiteró que «se llevó adelante con todos los cuidados posibles». «El juez tomó la decisión y nosotros la ejecutamos de la manera más cuidadosa posible», finalizó.
Larroque aseguró: «Es una situación que siempre quisimos evitar y produce dolor porque no es lo que uno quiere, pero lamentablemente hubo tozudez de algunos sectores de obturar cualquier tipo de acuerdo», planteó.
En declaraciones a El Destape Radio, Larroque resaltó que «hicimos todos los esfuerzos pero acá había alguna intencionalidad que va más allá de las necesidades de la gente».
En tanto, a través de un comunicado, titulado «¿Qué pasó en Guernica?», el ministerio que conduce Larroque difundió 7 puntos que describen el proceso desde el inicio de las conversaciones hasta el desalojo.
Subrayó que la cartera trabajó «40 días en Guernica a fin de alcanzar el retiro pacífico de los ocupantes de la toma» y que durante ese tiempo «se definió una estrategia, se censó, se dialogó con todos los actores vinculados a la toma y se acordó con 734 familias su reubicación».
Advirtió que durante ese proceso «las organizaciones de izquierda, principalmente el Partido Obrero, obstaculizaron el diálogo, impidieron el ingreso al predio e hicieron pública su intransigencia».
«El dispositivo interministerial en Guernica elaboró propuestas a medida de las familias y atendiendo las observaciones de los delegados de la toma. Estas fueron: subsidios para alquileres, ampliación y refacciones de viviendas de origen, refugio para personas en situación de calle y acompañamiento de víctimas de violencia de género», se detalló.
Además, fue «reforzado el presupuesto del área social del Municipio y como solución de fondo, 3 mil lotes con servicios para el distrito».
«Aquellas familias que aceptaban el retiro voluntario también podían optar por residir en las 11 hectáreas que el ministerio había puesto a tal fin. Asimismo, se asistió regularmente con elementos de higiene, de prevención al Covid, agua, alimentos y colchones. Además del compromiso de no judicializar la situación de las familias ocupantes. El teléfono y la presencia del ministro a disposición las 24 horas», sintetizó el comunicado difundido por el Ministerio.
También da cuenta de las «dos prórrogas de la orden de desalojo» solicitadas al juez y del hecho que, una vez vencidas, también «se solicitó seguir dialogando».
«Luego de todas las maniobras dilatorias del Partido Obrero, organizaciones delictivas locales y sectores que no comprendían la gravedad del asunto, el juez y el fiscal definieron el desalojo de toma», dice el texto.
Por último, agregó que, en el marco del operativo de desalojo, «el Ministerio asistió con tres espacios de contención para las personas que no tenían adonde ir».
«Es importante subrayar que la mayoría de las familias acordaron salir voluntariamente y que fueron agotadas todas las instancias de diálogo», concluye el comunicado.
En declaraciones radiales, Larroque había expresado también que hubo «inexperiencia o torpeza» de parte de «algunos dirigentes de la toma porque nunca hubo un dispositivo interministerial de esta naturaleza ni una propuesta como esta».
