Por Carina Vance *
La región de Suramérica, como el resto del mundo, se enfrenta a una de las peores crisis sanitarias en la historia de la humanidad. En la última semana de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que la región se convertía en el epicentro mundial de la pandemia. La situación que atraviesan varios países de la región es alarmante en cuanto al número de casos y muertes asociadas al COVID-19. Alarmante también, es que miles de estas muertes se pudieron haber evitado con políticas orientadas hacia el acceso universal a la salud, cosa que en estos últimos cinco años va en retroceso por un giro brusco en la región que, después de un período progresista, ha vuelto a instalar políticas neoliberales. En este contexto, y pensando en el que lo seguirá, planteo un análisis de cómo hubiera podido contribuir la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) a la respuesta regional a la pandemia y cómo podríamos imaginarnos la integración regional postpandemia.
Desde su creación en el 2008, la UNASUR priorizó la salud, reconociéndola como un derecho humano. El Consejo de Salud Suramericano, conformado por los 12 ministros y ministras de Salud de la región, fue el segundo en crearse en el organismo y fue uno de los más activos, habiendo, entre muchos otros logros, fortalecido la red de vigilancia epidemiológica regional, generado el Plan Regional de prevención y atención al cáncer de cuello uterino, liderado procesos de negociación conjunta para la compra de medicamentos para el VIH y el cáncer (generando millones de dólares en ahorros), y establecido el Banco de Precios de Medicamentos que permitió evidenciar que el potencial de ahorro por medio de la compra regional conjunta de medicamentos podría superar los mil millones de dólares anuales para la región. Claramente se evidencia que la orientación del trabajo de la UNASUR en el campo de la salud, representa una amenaza para los intereses de las transnacionales farmacéuticas, interés comercial fuertemente defendido por los EEUU.
Otro reconocido logro del Consejo de Salud de UNASUR fue la creación del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS) que entró en funcionamiento en el año 2011.El Consejo definió que la misión del ISAGS sería generar y difundir conocimiento sobre los avances y retos en las políticas de salud de la región suramericana, así como formar líderes y recursos humanos en salud, todo con el fin de fortalecer las capacidades de gobernanza de los Estados Miembros. En sus años de funcionamiento (hasta el 2019) coordinó la publicación de varios libros y más de 40 estudios relacionados a la salud de la región, organizó decenas de seminarios, conferencias y cursos que reunieron a cientos de autoridades y profesionales de los Ministerios de Salud de la región para debatir sobre los temas más importantes para la salud de nuestras poblaciones, así como crear oportunidades de cooperación entre países.
A nivel global, el Consejo de Salud de UNASUR presentó 35 posicionamientos conjuntos en la Asamblea Mundial de la Salud (algo inédito en la historia del órgano máximo de decisión de la OMS) todos volcados a defender los intereses de la región y muchos contrapuestos a las posturas de países del hemisferio norte. Uno de los temas priorizados fue el acceso universal a los medicamentos, que, en el contexto actual, de pugna global por recursos sanitarios escasos para afrontar el COVID-19, hubiera podido ser una estrategia potente para lograr mayor acceso para los países de la región. En casi todos han existido reportes de escasez de pruebas diagnósticas, equipos de protección personal (PPE) y medicamentos para afrontar esta crisis y esto nos ha costado decenas de miles de muertas que pudieron haberse evitado (Kurmanaev, A., et al. 2020).
Si en la actualidad existe una clara pugna por estos recursos, es difícil imaginar que esto no se agudice cuando contemos con una eventual vacuna o medicamentos que demuestren mayor efectividad en el tratamiento del COVID-19. Si no logramos fortalecer la integración regional, los países de la región tendrán largas esperas hasta poder contar con estos recursos, que muy posiblemente no lleguen en las cantidades requeridas hasta que los países del Norte hayan satisfecho sus propias necesidades. Este escenario, significaría la pérdida de aún más vidas.
Sin duda, negociar el acceso equitativo a estos recursos no será suficiente en un mundo en el cuál la investigación, innovación y producción de medicamentos y otros recursos sanitarios, se concentran en los países del hemisferio norte. Este es un eje que debe hacer parte de la visión que tengamos de la integración regional post pandemia. No es casual que en el ámbito farmacológico la región siga teniendo un alto grado de dependencia sobre la oferta internacional. Los acuerdos comerciales con EEUU y la Unión Europea suelen estipular condiciones favorables para el ingreso de sus productos, generando un nivel de competencia difícil de superar para muchos productores locales. Asimismo, en varios países, las políticas de incentivo a la producción local han sido escasas y deficientes. El ISAGS estaba llevando a cabo un levantamiento de la capacidad productiva de medicamentos (en los ámbitos público y privado) de la región, pero esto, como los demás proyectos que llevaba el Instituto, quedó truncado por el ahogo financiero al que fue sometido por los gobiernos que optaron por abandonar la UNASUR, tal como sucedió con su Secretaría General.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), contaba desde hace décadas con una plataforma que le hubiera permitido ser un actor clave en el impulso a la investigación, innovación y desarrollo de medicamentos en la región, pero su trabajo en el área ha sido mínimo. Su perspectiva se ha visto bastante limitada al tema de apoyar el diseño de políticas de medicamentos (débiles en cuanto al desarrollo y producción local) y agregar la demanda regional de varios medicamentos para conseguir condiciones económicas más favorables para los países.Considero que la estructura misma de la OPS, similar a la de la Organización de Estados Americanos (OEA),se constituye en el principal impedimento para que ésta se involucre en procesos de este tipo, que generarían mayor soberanía farmacológica regional, ya que está diseñada, para que los intereses de EEUU puedan prevalecer.La integración regional hacia el futuro (aquella que se base en los principios de la equidad y la justicia social) deberá sobrepasar esta barrera si queremos lograr los objetivos en salud basados en intereses regionales comunes.
En la OPS, con sede en Washington, D.C., si bien la designación de la Directora Ejecutiva se da por decisión conjunta entre los Estados Miembros, el segundo cargo más alto, el de director/a adjunto/a, desde su creación corresponde a una persona designada por el gobierno de los EE.UU. Pero, ¿por qué tendría que tener un país (EE.UU.), al que le corresponde solo un voto (de 35 que tienen los países miembros del organismo), mayor poder de decisión que los demás?
Entre las cosas que ha desnudadoesta pandemia está el grado de influencia qué demanda el gobierno de EEUU sobrela OPS y la OMS. Por ejemplo, el 10 de junio del presente año(U.S. Department of State, 2020), el Secretario de Estado de EEUU, Michael Pompeo se refirió al caso penal que se desarrolla en el Estado de Florida contra la OPSdesde el 2018. La OPS está acusada de tráfico de personas y crimen organizado por haber apoyado el programa de cooperación técnica bilateral entre Brasil y Cuba “Mais Médicos” (Matos Rodríguez, et al. v. PAHO, 2018) en el que más de 15.000 profesionales de la salud de Cuba trabajaron en zonas rurales y urbano marginales de Brasil entre 2013 y 2019 (año en el que elpresidente de Brasil, Jair Bolsonaro terminó el acuerdo unilateralmente). Pompeo indicó que la OPS debe explicar por qué apoyó lo que consideran un programa potencialmente ilegal y debe reformarse para que nunca vuelva a darse algo así, señalando que tal como están haciendo con la OMS (el Presidente Trump amenazó con dejar de pagar sus cuotas a la OMS y salir del organismo si no éste no realiza reformas relacionadas a lo que él considera un mal manejo de la pandemia)el gobierno estadounidense demandará que los organismos de salud que “dependen de sus cuotas” apoyen “sus valores”. Desde 2019, EEUU no paga sus cuotas a la OPS. La estrangulan financieramente intentando forzar que las cosas se hagan a su manera.
El contexto ha dejado crudamente evidenciada la necesidad imprescindible de retomar el camino de una integración regionaldespojada de vestigios coloniales. La post pandemia no puede encontrarnos con las mismas aspiraciones de la pre pandemia. El sufrimiento incalculable que ha vivido la población suramericana por esta crisis debe darle aliento a la lucha por tener una región de paz, equidad, bienestar y salud para todas y todos.
En el ámbito de la salud, considero que retomar el camino de la UNASUR debería implicar la creación de una organización intergubernamental con más atribuciones que las que tuvo el ISAGS en las áreas de fortalecimiento del gobierno en salud, de los sistemas de salud, y de la vigilancia de la salud. Su mirada debe orientarse hacia incidir sobre la determinación social de la salud. Tendría que promover con fuerza el desarrollo de capacidades regionales de investigación, innovación y producción de medicamentos y otras tecnologías sanitarias. Los avances regionales en salud no se pueden ver anclados a los intereses comerciales del Norte.Los mecanismos de financiamiento de la UNASUR deben seguir siendolibres de presupuestos que provengan de las fundaciones filantrópicas tipo Gates, que por detrás tienen intereses comerciales. Sus vínculos con las transnacionales de medicamentos y alimentos procesados, entre otros, genera un conflicto de interés inaceptable.Tienen miles de millones de dólares en paraísos fiscales, eludiendo el pago de impuestos que podríandedicarse a temas de salud, para dedicarle al sector migajas, que a cambio les permiten proteger sus intereses comerciales. Ese modelo nos condena a repetir la historia, no puede continuar. En relación a este punto, para evitar futuros estrangulamientos financieros a los mecanismos de integración, deberíamos considerar establecer que el voto popular sea el que determine el ingreso y/o egreso de un país a estos mecanismos.
El futuro parecería incierto por la gravedad de la crisis causada por la pandemia de COVID-19, pero esta tragedia también puede (y debe) dar vida. Que sea oportunidad para consolidar el acceso universal a la salud, para financiar adecuadamente los sistemas de salud (el gasto público en salud debería llegar el 6% del PIB), para generar procesos de construcción colectiva de la salud.En los últimos 100 años, nunca se le ha dado el enfoque que tiene ahora la salud. Es hora de consolidar este derecho para todas y todos, y en el contexto geopolítico que le atañe, la integración regional anti hegemónica es imprescindible.
LAS OPINIONES AQUÍ VERTIDAS SON RESPONSABILIDAD DE LA AUTORA Y NO CORRESPONDEN A UNA POSICIÓN OFICIAL DE LA CISS
Referencias
Kurmanaev, A., Andreoni, M., Casado, L., Mitra, T. (12 de mayo, 2020). Los Brotes en América Latina ahora compiten con los de Europa. Las perspectivas son peores. The New York Times. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2020/05/12/espanol/america-latina/virus-latinoamerica.html (Accedido el 10 de junio, 2020)
Matos Rodríguez, et al. v. PAHO, 1:18cv24995-DPG (Fla 2018)
U.S. Department of State (10 de junio, 2020). Remarks to the press, Michael R. Pompeo, Secretary of State. Disponible en: https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-at-a-press-availability-on-the-release-of-the-2019-international-religious-freedom-report/ (Accedido el 12 de junio, 2020)
* Fue Directora Ejecutiva del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud de UNASUR (ISAGS) entre 2016 y 2019. Entre 2012 y 2015 fue Ministra de Salud Pública del Ecuador. Fue presidenta del 52do Consejo Directivo de la OPS en 2013. Actualmente cursa el programa de PhD en Salud Pública de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, EE.UU.
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