Guatemala, el nuevo muro antimigrantes – Por Ricardo Marroquín
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región. Por Ricardo Marroquín
Tres días después de entrar en Guatemala, la caravana de migrantes hondureños está diezmada y desintegrada. Grupos dispersos continúan el camino por Petén. ¿La respuesta del Gobierno facilitó desarticularla? Algunos analistas opinan que sí. El Ejecutivo adujo motivos de salud pública para imponer un estado de Prevención en varios departamentos de paso. Según la Policía Nacional Civil 2,159 personas de las 4,000 que ingresaron el jueves pasado fueron remitidas a las autoridades de migración de Honduras o bien retornaron de manera voluntaria.
Esta es la primera vez que una caravana de migrantes se desintegra en Guatemala. En octubre de 2018 partió la primera que rompió con la clandestinidad y que se mantuvo masiva y compacta desde Honduras hasta Tijuana, México. Entonces, unas 3,000 personas lograron romper el cerco que formaron las fuerzas de seguridad mexicanas en la frontera de Tapachula, en Chiapas, y continuó con el recorrido.
En enero de 2020 fue la última caravana antes de la pandemia. Entonces la experiencia fue similar en Guatemala pero no en México: Cientos de migrantes cruzaron la frontera por el río Suchiate pero se enfrentaron con un muro de fuerzas de seguridad antes de llegar a Estados Unidos.
«Guatemala está funcionando como un muro para que los migrantes no avancen. El Gobierno no toma en cuenta que son poblaciones que viven en una situación muy difícil por la violencia y la pobreza», aseguró Danilo Rivera, consultor en temas migratorios.
A los migrantes que ingresaron el pasado 1 de octubre por la frontera El Corinto, en Izabal, se esperaba que se uniera otro grupo más, pero no ocurrió. La ruta que escogió la mayoría fue Izabal y Petén. Otros buscaron la frontera sur con México y algunos pasaron por la ciudad de Guatemala. Según voluntarios de la Casa del Migrante, que se encuentra en la capital, a diferencia de las experiencias anteriores esta vez solo atendieron a unas 100 personas. Por la situación de la pandemia no ofrecieron albergue para pasar la noche, pero sí alimentos y artículos de higiene.
Ayer, el Instituto Guatemalteco de Migración informó que en la frontera de Tecún Umán, en San Marcos, apenas hay unas 150 personas y otras 200 se encuentran en Izabal, en el tramo entre La Ruidosa y Cadenas. Ya no hay caravana, solo algunos grupos desperdigados que todavía buscan llegar a Estados Unidos.
Así, el muro se corrió un poco más al sur. En enero fue en México y ahora está Guatemala.
«La pared que ofrece el presidente Donald Trump no es de cemento», dice Oswaldo Samayoa, abogado experto en migración. «La estrategia de Washington es utilizar las fuerzas de seguridad de México y de los países centroamericanos para detener a los migrantes», afirmó.
La pandemia como excusa
El Gobierno apeló al cuidado de la salud de la población, pero analistas y defensores de los derechos humanos coinciden en que solo fue una excusa para expulsar a los migrantes. Las acciones estuvieron enfocadas en la seguridad y la criminalización. Esto permitió desarticular la caravana.
«En medio de la emergencia sanitaria actual nuestro deber es garantizar la vida de nuestros ciudadanos ante grupos que pueden vulnerar la seguridad y la vida, por lo que se tomarán las medidas junto con Honduras para contener la violación de las fronteras», dijo el presidente Alejandro Giammattei el jueves 1 de octubre, un día después de haber terminado el estado de Calamidad por la pandemia.
Julia González, de la Mesa Nacional del Migrante (Menamig), afirmó que no es la primera vez que el Gobierno de Guatemala ha querido frenar las caravanas de migrantes, «pero ahora fue más evidente el uso de la fuerza».
«El Estado está obligado proteger a los migrantes, pero las acciones del Gobierno preocupan mucho porque van en sentido contrario. Se promovió una coordinación interinstitucional para impedir su avance, en vez de sumar esfuerzos para brindarles apoyo», afirmó.
Una de las coordinaciones interinstitucionales es entre la PNC y el Ejército. Según dijo Jorge Chinchilla, vocero de la PNC, se instalaron 30 puestos de control en las principales carreteras de los departamentos en donde hay estado de Prevención. Algunos también cuentan con presencia del Ministerio de Salud. Ahí detienen a camiones y plataformas en las que viajan los migrantes para verificar si cuentan con el registro del paso en la frontera y la prueba de COVID19.
El estado de Prevención se impuso en Izabal, Petén, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y El Progreso, departamentos fronterizos con Honduras o por donde se trazó la ruta de la caravana. «Somos respetuosos del derecho humano de migrar, pero no seremos tolerantes de la forma violenta e ilegal de ingresar a nuestro país», afirmó Giammattei, quien aseguró que ordenó la captura de las personas que habían entrado a Guatemala sin cumplir los requisitos migratorios.
«El estado de Prevención fue una decisión muy autoritaria del Gobierno. Si la preocupación era la salud, el Estado debió hacerles pruebas para determinar si eran portadores de COVID19 y así dejarlos continuar su camino», dijo Danilo Rivera.
Esta visión la comparte el abogado Oswaldo Samayoa. Según él, el Gobierno no abordó la situación desde una perspectiva de seguridad humana, sino policial. «Se debió buscar la atención de los migrantes y buscar retornos voluntarios e informados. Pero también brindar asistencia a las personas que están huyendo de la violencia o la pobreza», dijo.
Una de ellas es Josué Rosales, de 30 años, un campesino hondureño que se enteró de la caravana y salió de San Pedro Sula el pasado 1 de octubre. Luego de pasar la frontera hizo grupo con otros 10 hombres. Juntos decidieron entrar a México por Tecún Umán, San Marcos porque consideran que el camino es más corto. El viernes por la tarde llegaron a la Casa del Migrante de la capital, donde recibieron alimentos.
«En Honduras hay mucha pobreza. No hay manera de hacer dinero», dice Rosales. Cuenta que es la segunda vez que va a Estados Unidos. Ya estuvo allá, pero lo deportaron. «Lo que quiero es sacar adelante a mi padre y madre», afirma. Dice que no le tiene miedo al COVID19. «En Honduras ya se está yendo la pandemia porque ya casi no hay muertos, igual que en Guatemala».
El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, solicitó al Gobierno que evitara el uso de la fuerza para detener el avance de la caravana, pidió un trato «humanitario», y proteger la salud de los migrantes. Los diputados de la Comisión de Migrantes del Congreso también emitieron un comunicado en el que calificaron de discriminatorio e intolerante el mensaje del presidente Giammattei.
El retorno ¿voluntario?
Desde el 1 de octubre, cuando ingresó la caravana, la PNC informa sobre el número de migrantes que regresaron a Honduras. Dice que retornan de manera voluntaria.
La decisión para los migrantes no es del todo libre. Algunos, en realidad, son «remitidos», es decir, entregados a las autoridades migratorias porque tienen algún problema legal. Jorge Chinchilla, vocero de la PNC, dijo que cuando detienen a las personas verifican si cuentan con el registro migratorio y con la prueba de COVID19.
Si no tienen estos documentos, se los traslada en camiones del Ejército a la frontera por la que ingresaron. La mayoría es devuelta a El Corinto, Izabal. «Ahí es cuando los migrantes pueden decidir retornar a su país o hacer los trámites para ingresar de manera regular a Guatemala», afirmó Chinchilla.
Los ciudadanos de El Salvador, Honduras y Nicaragua, gracias al Acuerdo CA-4, tienen derecho a permanecer en Guatemala sin necesidad de visa o pasaporte. Aunque es necesario un registro de entrada en la frontera, no se extiende ningún certificado y solo están obligados a portar su documento de identificación. Así lo aclara el abogado Oswaldo Samayoa. «Este acuerdo regional es una garantía para que los centroamericanos puedan circular por el país sin ningún problema», dijo. «Esto se suma al Código de Migración, que no establece parámetros de expulsión, sino de protección, atención y asistencia a los migrantes».
La periodista Pía Flores, que hace una cobertura de la caravana, asegura que ha visto «en varios retenes que les quitan los papeles a los migrantes, los suben a los vehículos que los trasladarán a la frontera. Les dicen que ahí les devolverán sus documentos», afirma.
Danilo Rivera asegura que esta es una modalidad de expulsión de migrantes. «Estas acciones van en contra del Código de Migración. Además, no se respeta el principio de no devolución, que atiende a personas con necesidad de protección personal por amenaza o riesgo de su vida», afirmó.
Aunque algunos se han topado con la PNC y el Ejército, pudieron continuar con su camino. Así sucedió con el grupo en el que se encuentra Josué Rosales. Él cuenta que los trataron de convencer de regresar a Honduras, pero su objetivo está claro: Llegar a Estados Unidos. «Los policías nos vienen siguiendo pero nuestra misión es llegar», dice.
Pero la mayoría de los migrantes sí son trasladados por las fuerzas de seguridad de Guatemala hacia la frontera con Honduras. Van en vehículos del Ejército y de la PNC. Contracorriente, un medio de comunicación hondureño, compartió un video de cuando un grupo de migrantes inicia el camino de vuelta desde Morales, Izabal. Mientras los que van de regreso a su país acercan sus rostros por la ventana, tres jóvenes que decidieron no abordar tratan de convencerlos de seguir.
«Los están engañando», les gritan desde la calle mientras el bus arranca y avanza.
«¡Tienen derecho a estar en Guatemala!»
