Colombia | Excombatientes realizan peregrinación hacia Bogotá por los continuos asesinatos
Movilización por asesinato de miembros Farc llega el 30 de octubre a Bogotá
Por Sebastián Cortés
Durante la segunda jornada de la movilización ‘Peregrinación por la Paz y la Vida’, donde miembros del ahora partido Farc y demás excombatientes piden detener los asesinatos en su contra, los firmantes del acuerdo explicaron los motivos de su manifestación.
«El objetivo de esta peregrinación es llevarle un mensaje al Gobierno y a los colombianos, porque el futuro del país no puede seguir siendo la guerra. Nosotros no firmamos el acuerdo de Paz para que nos asesinen, sino para que haya garantías de seguridad y de derecho a la vida», dijo desde Mesetas, Meta, Deisy Arango, integrante del Consejo Político NAR, Libertad Simón Trinidad.
? Firmantes de la paz caminan hacia Acacías, Meta, #PorLaVidaYPorLaPaz. pic.twitter.com/rdC8PoQfmz
— Reincorporación FARC (@CNRFARC) October 22, 2020
Y aunque la manifestación, precisamente, se originó en el Meta, el senador Carlos Antonio Lozada aseguró que también se viene realizando «desde los departamentos de Cauca, Valle, Tolima, Huila, Cundinarmarca, Putumayo, Caquetá, Antioquia, Chocó, Santander y Norte de Santander, Guaviare, Arauca, Atlántico, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y la Guajira».
De hecho, fue en ese momento cuando explicó que «tenemos previsto que todas estas peregrinaciones confluyan a partir del próximo 30 de octubre en la capital de la República, donde estaremos hasta el 5 de noviembre, y aspiramos a tener una reunión con el presidente Iván Duque, que reciba una delegación de estos peregrinos de la paz y la vida».
La finalidad de dicha reunión, explicó, es que «escuche y comprometa el esfuerzo del Gobierno en el cumplimiento de lo acordado en la Habana, en materia de garantías de seguridad para la vida y para la reincorporación socioeconómica y política de los exguerrilleros que le estamos cumpliendo al país».
De igual manera, los manifestantes esperan reunirse con la Segunda Misión de la ONU, el Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia, el procurador general, Fernando Carrillo, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo. «También aspiramos a ser escuchados en una audiencia en las comisiones de Paz de Cámara y Senado, así como con los congresistas de la bancada alternativa y también con el movimiento ‘Defendamos la Paz'», concluyó Lozada.
Participando de la peregrinación por la vida y la paz, con los y las firmantes del Acuerdo Final, ONU, Comisión de la verdad, entre otros que se han unido a esta justa causa.#PorLaVidaYLaDignidad pic.twitter.com/2rPmPywlIH
— Rodrigo Londoño (@TimoFARC) October 21, 2020
Polémica por cifras de asesinatos de líderes sociales
Una polémica se armó luego que el presidente Iván Duque diera una cifra de líderes sociales asesinados en lo corrido del año, porque no coincide con las cuentas que manejan otras fuentes.
Como no es la primera vez que se pone de presente que las estadísticas oficiales parecen minimizar la magnitud del flagelo, no está de más explorar la razón de esas diferencias.
El miércoles, en relación con los asesinatos de líderes sociales el presidente Duque precisó que en 2016 fueron cometidos 61 homicidios; en 2017, 84; en 2018, 115. “Es decir, cuando empezó nuestro gobierno teníamos en los tres años anteriores 260 líderes asesinados”, anotó e indicó que en lo corrido de 2020 se han perpetrado 49 crímenes de esa naturaleza. Explicó que de esas acciones violentas “tuvimos una reducción en año 2019, certificada por la Fiscalía y, además, por las Naciones Unidas y por la Defensoría”.
Distintos métodos
La cifra expresada por el presidente Duque es la reportada por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales con corte al 17 de octubre (el sábado pasado), que calculó en 41% la reducción de los homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos si se compara con el mismo periodo de tiempo en el 2019, advirtiendo que 56 casos están aún en trámite de documentación por parte de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh). O sea que los 49 homicidios podrían en realidad ser 105.
Ya hace más de un año el exmagistrado auxiliar Rodrigo Uprimny, integrante del Consejo Directivo del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, resaltó que las cifras del Gobierno se basan en los informes de la Oacnudh, “que es una fuente seria e independiente, por lo cual su informe parece sólido”.
Sin embargo, este peca por ignorar “otras fuentes que han llegado a resultados distintos”, como son la Defensoría del Pueblo, o centros investigativos serios, como la Fondo de Inversión para la Paz (FIP) o el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac)
Dichas conclusiones pueden controvertirse, pero no simplemente ser ignoradas, “sobre todo porque estamos frente a un fenómeno con alto subregistro, frente al cual los expertos internacionales, como Patrick Ball, recomiendan no basarse en una sola fuente, sino usar datos de distintas fuentes, con métodos como la llamada captura y recaptura”, recalcó Uprimny.
El punto neurálgico del problema es el procedimiento que cada organización contabiliza estos y otros casos sociales.
Las cifras de Oacnudh, también tomadas por la Fiscalía, son recogidas en varias regiones del país, donde sus equipos adelantan tareas humanitarias, como la protección a defensores de derechos humanos, aprovechando lo cual se verifican los reportes con las organizaciones o comunidades en el territorio. Un método de registro similar maneja la Defensoría del Pueblo, pero con mayor despliegue en las regiones. Ambas formas de llevar la cuenta implica un proceso para constatar que la persona asesinada sea líder social o defensora de derechos humanos.
En cambio las organizaciones sociales (comunidades, juntas de acción comunal, asociaciones campesinas, resguardos indígenas, entre otras), que nutren las bases de datos como la del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), parten de la certeza que sus integrantes reúnen los requisitos para ser señalados como líderes o defensores, a lo que obedece que su conteo sea más numeroso.
“Un guardia indígena o un miembro de una junta de acción comunal, así no sea su presidente, que esté en funciones de liderazgo puede ser líder social. Al igual que los que apoyan la sustitución de cultivos. Que los maten es un golpe a la organización y al proceso de paz”, ha explicado Camilo González Posso, director de Indepaz.
Otra cifra: 237
Con el homicidio del exconcejal Franco Javier Ojeda, de Cambio Radical, ocurrido el miércoles en el barrio Mariluz, de Pasto, el registro de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados desde el 1 de enero de 2020 llegó para Indepaz a 237, aclarando lo ya expuesto: “El registro se realiza con información directa e inmediata de las organizaciones sociales a lo largo y ancho de Colombia que reivindican a estas personas como líderes sociales y/o defensores de derechos humanos”.
152 de esos homicidios se habrían cometido, según las cifras de Indepaz, desde el inicio de la cuarentena.
Según la estadística del Gobierno, los 49 homicidios confirmados se presentaron en 16 departamentos y 34 municipios del país, así: 11 casos en el Cauca (dos en Corinto, dos en Puerto Tejada, dos en Santander de Quilichao, dos en El Tambo, uno en Páez, uno en Buenos Aires y uno en Guapi), ocho en Norte de Santander (tres Tibú, dos Convención, uno Cúcuta, uno Chitagá y uno Puerto Santander), ocho en Putumayo (cinco Puerto Guzmán, dos Puerto Asís y uno San Miguel), cinco en el Valle del Cauca (dos Palmira, dos Cali y uno Jamundí); con dos casos están Huila (Algeciras y Campoalegre), Caquetá (ambos en Belén de los Andaquíes), Boyacá (Cocuy y Güicán), Antioquia (Tarazá y Medellín) y Chocó (Nóvita y Nuquí), y con un solo caso Tolima (Cunday), Cesar (Becerril), Vichada (Cumaribo), Nariño (Tumaco), Bolívar (Barranco de la Loba) y Magdalena (Santa Marta).
Los 56 que están pendientes de verificación ocurrieron en 17 departamentos: Cauca 13, Antioquia 7, Chocó 6, Bolívar 5, Nariño 4, Valle del Cauca 3, Meta 3, Cundinamarca 2, Córdoba 2, Norte de Santander 2, Arauca 2, Putumayo 2, Quindío 1, Santander 1, Risaralda 1, Guaviare 1 y Magdalena 1.
De acuerdo con Naciones Unidas, en lo que va del año unos 50 excombatientes de las Farc han sido asesinados. Desde el acuerdo de paz, la misión de verificación de la ONU ha reportado 297 ataques contra excombatientes, incluyendo 224 asesinatos de exguerrilleros.
Cifras de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de que aproximadamente el 73% de los asesinatos de los excombatientes se registraron en zonas rurales.
Un informe realizado por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró que durante la cuarentena la presión de los grupos armados ilegales sobre la población civil ha sido palpable en regiones de Nariño, Cauca, Putumayo, Antioquia y Córdoba.
Conpes de protección
El 30 de julio el Gobierno nacional, durante la duodécima edición del Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos de la Unión Europea (UE) y Colombia, anunció la adopción de un documento Conpes de política pública para la protección integral y garantías para líderes sociales, comunales, periodistas y defensores de derechos humanos.
La delegación del Gobierno encargada de hacer el anuncio estuvo liderada por la viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía, e incluyó la participación de la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, y otros altos funcionarios.
La UE y Colombia hicieron un balance de los avances alcanzados y los retos que enfrentan en materia de promoción y protección de los derechos humanos. Manifestaron la voluntad de fortalecer su cooperación, teniendo en cuenta el marco de la crisis mundial desencadenada por el covid-19, su impacto en las poblaciones vulnerables y el aumento, en este contexto, de desafíos comunes como la violencia de género y la violencia doméstica.
Como asunto de particular relevancia, se abordó la situación de seguridad de las y los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
El Gobierno de Colombia compartió las acciones que ha desplegado desde la anterior edición del Diálogo en materia de prevención, protección (individual y colectiva) y el abordaje integral de las causas fundamentales de los ataques, reconociendo que la violencia afecta de forma diferenciada según el territorio y las características de la población, con especial vulnerabilidad para las minorías.
Se coincidió en el interés de seguir avanzando en la judicialización de perpetradores y autores intelectuales, destacando la cooperación entre la UE y Colombia respecto a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, cuya estrategia persigue lograr avances en el desmantelamiento de las organizaciones detrás de esta violencia. La UE también compartió el interés en fortalecer la colaboración con la Defensoría del Pueblo en estrategias de protección de comunidades, especialmente en zonas rurales.
