Persecución en Bolivia | Gobierno de facto anuncia juicio contra Evo Morales por “ecocidio”
El Gobierno anuncia un juicio contra Evo Morales por «ecocidio»
El Gobierno interino anunció este miércoles otro proceso contra el expresidente Evo Morales, esta vez un juicio de responsabilidades por lo que considera un «ecocidio» por incendios forestales del año pasado.
El Ejecutivo transitorio argumenta que un decreto «criminal» aprobado por Morales dio pie a la quema de más de cinco millones de hectáreas, lo que considera un atentado contra la vida, «un delito» por el que debe ser juzgado, dijo a los medios el ministro interino de Presidencia, Yerko Núñez.
El ministro interino afirmó en rueda de prensa en La Paz que el exmandatario y «sus ministros» deben comparecer en un juicio de responsabilidades, un mecanismo previsto en el país para procesar al presidente por una serie de delitos.
El decreto «del ecocidio» que autorizó quemas con fines agrícolas en la región oriental de Santa Cruz y la amazónica de Beni será abrogado, subrayó, para evitar un «desastre» como el de hace un año.
Núñez hizo estas declaraciones poco después de que la presidenta transitoria del país, Jeanine Áñez, comunicara la declaración de emergencia en Bolivia ante los incendios.
Áñez se desplazó al municipio de San Ignacio de Velasco, uno de los afectados por el fuego en Santa Cruz, donde recordó que las quemas ya se prohibieron desde agosto en esta región y en Beni.
La presidenta interina se comprometió a evitar el desastre medioambiental del año pasado, recurriendo «a todo» lo necesario para sofocar las llamas, y criticó una «doble moral» de su antecesor, al observar que en organismos internacionales defendía la Madre Tierra mientras en su país «no le importaba».
Jeanine Áñez fue cuestionada durante esta jornada desde distintos sectores políticos de Bolivia como los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, al considerar que no hace lo suficiente para evitar estos incendios.
El Gobierno interino anunció una reunión esta tarde hora local con la cooperación internacional presente en Bolivia, para solicitar ayuda, y estimó en unas 717.000 las hectáreas quemadas en lo que va de año, cerca de 50.000 de bosques, unas cifras que aseguró son muy inferiores a las de 2019.
La región de Santa Cruz tiene declarada emergencia ante cerca de una veintena de incendios en zonas como la Chiquitania, un área de transición entre el Chaco y la Amazonía donde el fuego amenaza una de las principales reservas naturales del país, el parque nacional Noel Kempff Mercado, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Desde que asumió el poder de forma transitoria en noviembre pasado, el Gobierno interino de Bolivia ha acusado a Evo Morales de delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional de La Haya y de otros como genocidio, terrorismo y sedición ante la Fiscalía de Bolivia, que emitió varias órdenes para que comparezca en el país por distintos procesos, pues el expresidente está en Argentina, donde solicitó refugio.
Organizaciones de la sociedad civil invitan a diálogos políticos sobre medio ambiente
Organizaciones de la sociedad civil, dedicadas al tema del medioambiente, invitaron a las fuerzas políticas que participan de las elecciones 2020 a que participen de un diálogo principalmente dle tema de los bosques.
“Desde la sociedad civil, invitamos a las ocho fuerzas políticas que terciarán en las elecciones, a dialogar sobre la futura gestión ambiental nacional, porque el proceso electoral deben tomar en cuenta el futuro del patrimonio natural del país, principalmente de los bosques, y otros importantes temas ambientales”, aseguró Magdalena Medrano, Presidente de LIDEMA.
“Los diálogos buscan que los candidatos que lleguen a asumir en un futuro cercano el poder legislativo y el ejecutivo, conozcan los posicionamientos de los actores sociales, compartan sus propuestas, se comprometan a mejorar la gestión ambiental nacional y al cumplimiento de los convenios internacionales relacionados a la sostenibilidad, ratificados por Bolivia, y llegar a acuerdos que en el futuro permitan mejorar la legislación socioambiental”, aclaró.
La Mesa Técnica Permanente por los Bosques – MTPB, la Liga de Defensa del Medio Ambiente – LIDEMA, la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia – UPAB, y el Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable – GIT OR, con el apoyo de la WWF, organizan este proceso participativo, con dos niveles de diálogo: los departamentales, destinados a temas que competen al Poder Legislativo, y en los que se contará con candidatos a diputaciones y senadurías para tratar temas ambientales priorizados departamentalmente y, por otra parte, el diálogo nacional.
“En el diálogo nacional, programado para el 2 de octubre 2020, los candidatos a la presidencia de las distintas fuerzas políticas presentarán sus propuestas, responderán a las preguntas preparadas por los organizadores y dialogarán con el público asistente, sobre las formas de mejorar la conservación y uso sostenible de nuestra herencia natural y cultural”, acotó por su parte Carlos Lara, Presidente de la UPAB.
Esta iniciativa, a la que una cantidad cada vez mayor de organizaciones de la sociedad civil se está sumando, se desarrolla en base al análisis de la realidad y a prospectivas socioambientales del país, en búsqueda de visibilizar los temas ambientales y de sostenibilidad para mejorar el futuro del patrimonio natural y la calidad ambiental nacional.
Las organizaciones impulsoras de este proceso están preparando información relevante sobre temas priorizados, a nivel departamental y nacional, que en los próximos días serán puestos a conocimiento de la opinión pública y de las fuerzas políticas.
“Por la importancia de los temas que se abordarán en los diálogos y el alto nivel de representación política que amerita el análisis del modo de desarrollo en general y el urbano en particular, el cambio de uso del suelo, la gestión de recursos hídricos y el cambio climático, entre otros, se espera contar con la amplia participación de diferentes organizaciones y actores sociales y políticos”, concluyó Medrano.
OEA enviará una comisión de observación electoral encabezada por el excanciller de Costa Rica
Once meses después de asistir a la elección más controvertida en la historia de Bolivia, el excanciller de Costa Rica, Manuel González, vuelve al país para una segunda misión de observación que dispuso la Organización de Estados Americanos (OEA).
“La misión será encabezada por el ex Canciller de Costa Rica Manuel González” señala un boletín del organismo multilateral. El diplomático llegó en septiembre del pasado año como jefe de misión del organismo y hoy la misma entidad comunicó que una nueva misión será encabezada por el diplomático costarricense desde este mes.
La misión de observación electoral que enviará la OEA estará conformada por más de 30 expertos en organización y tecnología electoral, financiamiento político-electoral, participación política de las mujeres, justicia electoral, estadística, medios y redes sociales, voto en el extranjero, y participación política de pueblos indígenas, señala el comunicado de la organización.
Los observadores desarrollarán sus funciones en el eje del país La Paz, Santa Cruz y Cochabamba; mientras que otros funcionarios harán seguimiento al voto en el exterior, en tres países, Argentina, España y Estados Unidos.
El 21 de octubre de 2019, un día después de las elecciones presidenciales en Bolivia, Manuel González ofrecía una conferencia de prensa con un informe preliminar que sembró dudas sobre la credibilidad del proceso que se había realizado un día antes.
“La Misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas” señalaba el cuarto párrafo de ese informe preliminar y alentó las versiones de fraude electoral que denunciaban los opositores a Evo Morales.
Ahora y en virtud de la situación sanitaria impuesta por la pandemia de Covid-19, la misión implementará un esquema que le permitirá recopilar la información en el terreno y combinará componentes presenciales y virtuales para facilitar la interacción entre los principales actores de la elección y analizar integralmente los aspectos técnicos del proceso.
Como en anteriores oportunidades los componentes de este equipo arribarán al país los días previos a la elección y, durante su estancia, se reunirán con autoridades electorales, representantes del gobierno, partidos políticos, candidatos y representantes de la sociedad civil, siempre con estricta observancia de los protocolos sanitarios, incluyendo la distancia física y el uso de mascarillas.
Copa promulga dos leyes, Gobierno anuncia juicio y expertos ven errores del Ejecutivo Dos expertos constitucionales afirman que las autoridades comenten errores “infantiles” con las consultas previas de leyes
Por Marco Antonio Chuquimia Huallpa
Después de la sesión de la Asamblea Plurinacional, la presidenta del Senado, Eva Copa promulgó dos normas, la Ley del Bono contra el Hambre y Ley que Regula los Efectos de la Censura de Ministros. El Gobierno se apresuró a advertir que pueden iniciar procesos penales por este acto. Y los expertos lanzaron duras críticas contra el propio Ejecutivo por las consultas de constitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“El Bono contra el Hambre fue promulgado por mi persona ya que se rechazaron las observaciones que hizo el Ejecutivo. Este saldrá de los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial que suman 740 millones de dólares. Es un bono que espera la población boliviana porque muchos no pudieron salir a sus fuentes de empleos ni vender su mercadería”, dijo la presidenta del Senado.
El Ejecutivo había presentado sus observaciones a esta norma el 26 de agosto, la misma fue derivada a la Comisión Mixta de Planificación y Política Económica, cuyos componentes decidieron que las observaciones eran infundadas.
La Asamblea fue convocada el lunes, hoy sesionó y luego de aprobar el informe de la comisión, Copa procedió a la promulgación de la nueva Ley.
En el caso de la Ley que Regula los Efectos de la Censura de Ministros, el Ejecutivo no se pronunció luego de su sanción. Según el artículo 173 de la Constitución Política del Estado (CPE), existe un plazo de 10 días para que plantee observaciones y si no se pronuncia en este tiempo, puede promulgar el presidente del Senado. Las autoridades afirman que esta Ley está en consulta ante el TCP.
Juicio
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, adelantó que la presidenta Copa se arriesga a ir a proceso penal porque no correspondía la promulgación de la norma. La misma tuvo una explicación desde el Ejecutivo con informes de los organismos financiadores como son el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Estamos analizando las acciones pertinentes, tenemos acciones constitucionales, por un lado, y por otro, acciones penales, porque se habría cometido el delito de malversación al promulgar esta ley del bono contra el hambre”, dijo Alanoca.
El viceministro de Economía, Gonzalo Quiroga, explicó que el Gobierno consultó a los dos organismos si esas operaciones de crédito podían ser utilizadas en el pago de los bonos que propone la Ley y que esas dos entidades negaron que se utilice de ese modo el dinero. Llevaron las cartas al Legislativo haciendo ver las limitaciones, pero de igual modo aprobaron la Ley.
Respecto de la Ley que Regula los Efectos de la Censura de Ministros, Alanoca dijo que la misma está en el TCP y que debía resolverse en ese ámbito y no correspondía la promulgación. Las autoridades iniciaron reuniones para contrarrestar estas dos normas.
Los errores
Los abogados constitucionalistas, Iván Lima y Carlos Böhrt explicaron, por separado, los errores los comete el Órgano Ejecutivo, porque las consultas previas de constitucionalidad corresponden a los proponentes de las leyes y no al Ejecutivo.
“Quien se está equivocando es el Ejecutivo, no debería consultar los proyectos porque no está legitimado. Lo que tiene que hacer el Gobierno, ahora que les han rechazado y en estricta aplicación del Código Procesal Constitucional, es presentar la acción abstracta de inconstitucionalidad de las leyes”, dijo el abogado Carlos Böhrt.
En tanto, su colega Iván Lima cuestionó el papel del ministerio de la Presidencia porque está incumpliendo la propia CPE y que le manda a publicar de manera inmediata todas las leyes que se están promulgando desde el Legislativo.
“No solamente es esta ley, hay más de 10 leyes que no se están publicando en la Gaceta, porque lamentablemente la máxima autoridad de la Gaceta Oficial y la cabeza de la institución es el ministro de la presidencia Yerko Núñez, han tomado una decisión política de no publicar las leyes, esto hay que decirlo que es un incumplimiento de deberes”, dijo Lima y admitió que puede provocar procesos administrativos y penales.
