Persecución en Bolivia | Fiscalía cita a declarar a Evo Morales por “sedición y terrorismo”
Morales es citado por edicto para declarar en la denuncia por sedición y terrorismo
El expresidente Evo Morales, quien radica en la Argentina desde diciembre de 2019, fue citado por el Ministerio Público, a través de un edicto, para declarar en la investigación iniciada por sedición y terrorismo tras la revelación de un audio en el que se le escucha instruir al dirigente cocalero Faustino Yucra impedir el ingreso de alimentos a las ciudades.
«La autoridad judicial ha dispuesto la notificación, (a través de) la emisión de un edicto, para que el señor Morales, en un plazo de 10 días, pueda apersonarse ante la autoridad judicial», explicó el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa.
El 6 de julio, la Fiscalía Departamental de La Paz emitió la imputación formal en contra de Morales por el caso audio-terrorismo. Solicitó la detención preventiva de la exautoridad imputada por los delitos de sedición y terrorismo, cuya pena máxima -según la ley penal boliviana- es de 20 años de presidio.
El video de la conversación entre Morales y Yucra fue hecho publicó en noviembre de 2010, cuando el exmandatario residía en México, tras su renuncia el 10 de noviembre en medio de una convulsión social provocada por denuncias de fraude en los comicios generales del 20 de octubre, un motín policial, un paro cívico y la sugerencia militar de dimisión.
En febrero de este año, un informe pericial dio cuenta de “una alta probabilidad” de que la voz que se escucha al otro lado del teléfono de la conversación que sostenía Yucra era de Morales.
«Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad», se escucha en la comunicación con Yucra, dirigente cocalero aprehendido por la Policía en abril pasado en la localidad de Tarabuco, en el departamento de Chuquisaca. El expresidente, ahora asilado en Argentina, no se pronunció sobre el caso.
Corre un plazo de diez días, tras la notificación por edicto en prensa. De acuerdo a procedimiento, si el citado no acude a declarar se expone a ser perseguido con una orden de aprehensión.
Denuncia Evo Morales persecución de exfuncionarios en Bolivia
El expresidente boliviano Evo Morales denunció hoy la constante persecución política del gobierno de facto a varios exfuncionarios, ahora contra el excanciller Diego Pary y el exministro de Defensa Rubén Saavedra.
En un mensaje difundido en twitter, el exmandatario, quien desde el golpe de Estado de noviembre de 2019 se encuentra en Argentina en condición de refugiado político, subrayó que la persecución política continúa y expresó su solidaridad y apoyo a Pary y Saavedra.
‘No cumplirán su propósito de reducir el apoyo de la comunidad boliviana a nuestro proceso de cambio’, advirtió Morales, quien en varias ocasiones ha denunciado la persecución política y judicial contra varios exfuncionarios de su gobierno y los dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS).
La canciller del gobierno de facto, Karen Longaric, anunció el pasado lunes que presentaría una demanda penal contra Pary y Saavedra por lo que consideró daño lesivo al Estado en la adquisición de un inmueble en Buenos Aires.
Con fotografías, Pary señaló en twitter que la compra de la infraestructura para el consulado en Buenos Aires se realizó cumpliendo la normativa de Bolivia, así como los procedimientos internos exigidos por Argentina.
‘No me amedrentarán. Interpuse una medida preparatoria a la acción penal ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en preparación a una querella por difamación y calumnia en contra de Longaric y otros funcionarios por acusaciones infundadas’, manifestó el excanciller.
Comisión parlamentaria visita Senkata para investigar hechos luctuosos de 2019
La comisión mixta de investigación sobre los sucesos acaecidos a partir del 21 de octubre de 2019 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se constituyó este martes en la plaza 25 de Junio de la zona de Senkata de la ciudad de El Alto para inspeccionar y tomar las declaración in situ de los familiares de los fallecidos y heridos de la masacre ocurrida en noviembre de la gestión pasada, durante los primeros días de gobierno de Jeanine Añez.
Miembros de la comisión parlamentaria; el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, David Inca; y la Asociación de las Víctimas de la Masacre de Senkata, se reunieron este martes en horas de la tarde para la inspección in situ.
«Desde las 15:00 estamos en audiencia», confirmó Inca a Página Siete Digital.
La visita fue acordada con la Asociación de víctimas, fallecidos y heridos de la masacre de Senkata en El Alto para la inspección en el marco que la investigación que realiza dicha comisión a objeto de investigar la vulneración de los derechos y garantías constitucionales durante los sucesos tras las movilizaciones que tuvieron lugar a partir del 21 de octubre de 2019, como los hechos ocurridos en Senkata, Sacaba, Yapacani y otros.
La comisión citó para el lunes a los ministros de Gobierno, Defensa y Justicia, así como a los responsables de la Policía y del Ejército, quienes en calidad de funcionarios públicos tienen la obligación de comparecer y dar explicaciones respecto a esos hechos, sin embargo las autoridades no comparecieron, pese a que fueron notificadas.
“Quiero recordarles que ellos son funcionarios públicos y tienen la obligación de comparecer, de lo contrario por resolución de esta comisión vamos a iniciar un proceso penal por incumplimiento de deberes”, advirtió el presidente de la comisión parlamentaria, Víctor Borda.
Entre las visitas, también se tiene programado que la comisión llegue el miércoles 16 a Sacaba en Cochabamba, el jueves 17 se harán presentes en Santa Cruz, y por último, el sábado 19 visitarán Potosí.
“A partir del 27 de septiembre estaríamos elaborando el informe final, determinando quiénes son los responsables materiales e intelectuales de las muertes de Senkata y del trópico y de los heridos, además de otros delitos que se cometieron”, remarcó.
En medio de las protestas posteriores a la renuncia del expresidente Evo Morales, acusado de haber gestado un fraude electoral, un grupo de manifestantes bloqueó la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Senkata.
El 19 de noviembre un contingente militar y policial llevó a cabo un operativo terrestre y aéreo para desbloquear el sector, producto del hecho se registró 10 fallecidos y al menos 70 heridos de bala, además de casi un centenar de detenidos, todos civiles.
A 10 meses de los hechos de violencia registrados en Senkata, no hay ni un detenido y no se registraron avances en la investigación.
Pero además la Asociación de las Víctimas de la Masacre de Senkata y la representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto denunciaron el «incumplimiento al Decreto Supremo 4176 de ayuda humanitaria» para los heridos y familiares de los fallecidos durante los conflictos de noviembre de 2019.
Sube la tensión entre Gobierno y MAS por 15 leyes pendientes de aprobación
Sube la tensión entre el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS), con mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por 15 leyes pendientes de aprobación para su cumplimiento.
Actualmente hay 12 que se encuentran promulgadas por la presidenta del Senado, Eva Copa, sin embargo no fueron publicadas en la Gaceta oficial, por lo que su aplicación no es posible.
El rechazo viene acompañado de diversos recursos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Mientras tanto, otras dos están encaminadas para su aprobación y ponen en alerta al sector de los profesionales médicos.
El Bono Contra el Hambre podría ser promulgado hoy por la ALP.
Copa aprobó la Ley de Estados de Excepción; del descuento del 50% en los alquileres; donación de plasma hiperinmune; de atención gratuita a pacientes de COVID-19 en clínicas privadas; para el Control y Fiscalización de Endeudamiento Público y Donaciones; y siete leyes que aprueban 176 contratos mineros.
El TCP rechazó ayer la consulta del Ejecutivo respecto a la Ley de Estados de Excepción, sin embargo, se emitió un recurso de queja.
Ante esta respuesta del Gobierno, Copa le exigió publicar en la Gaceta Oficial del Estado todas las Leyes ya promulgadas por la ALP.
“Una vez más el TCP rechaza un control previo de constitucionalidad tramitado por el Gobierno transitorio por no tener legitimación activa. Cumplan la Constitución y publiquen de manera inmediata las leyes promulgadas por la Asamblea Legislativa en favor del pueblo boliviano”, escribió en su cuenta de Twitter.
LEY DE EXCEPCIÓN La Comisión de Admisión del TCP rechazó la consulta de constitucionalidad interpuesta por la presidenta Jeanine Áñez, en contra del proyecto de Ley de Estados de Excepción, que fue sancionado en junio por los dos tercios del MAS, en el Legislativo.
El TCP argumentó que la consulta realizada carece de legitimación, porque la norma no emergió del poder Ejecutivo.
Asimismo, decidió levantar la medida cautelar que había dejado en suspenso la promulgación de esa norma, y su publicación en la Gaceta Oficial.
El Gobierno argumentó que esa norma no tiene sentido, porque los estados de excepción ya están regulados en la Constitución Política del Estado (CPE), y que el objetivo del MAS era crear un instrumento jurídico que le permita convulsionar el país, frenando la acción de policías y militares.
La ley dice que se puede declarar estado de excepción solo en situación de guerra, invasión o ataque de potencias o grupos irregulares, pero no en conflictos, agitación popular, movilizaciones sociales o dificultades financieras. También señala que las Fuerzas Armadas podrán participar en operaciones de orden público y control de disturbios, sólo cuando la Policía haya sido rebasada y se haya declarado estado de excepción.
«Lamentamos que el Tribunal Constitucional haya emitido este rechazo sin ir al fondo. Vamos a interponer en los próximos días un recurso de queja que nos garantiza el Código Procesal ante el Tribunal Constitucional», anunció el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, en contacto con Radio Panamericana.
Dijo también que esa normativa busca dar un golpe de Estado al Gobierno de la presidenta Áñez en complicidad con el Legislativo y la Defensoría del Pueblo.
«Este proyecto de ley lo que pretenden es darnos un golpe de estado mediante el Órgano Legislativo en concordancia con la Defensoría del Pueblo porque ellos hicieron esta ley de estado de excepción en el cual quieren obligar a la presidenta Jeanine Áñez dictar estado de sitio en 48 horas (si se generara conflictos)», indicó.
BONO CONTRA EL HAMBRE Para hoy está previsto la promulgación de la ley del Bono Contra el Hambre de Bs 1.000 en la ALP, pese la observación del Ejecutivo. Así lo informó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque.
“Ya se ha sacado la convocatoria. Es para analizar las observaciones que hizo el Gobierno transitorio respecto al Bono Contra el Hambre. Mañana (por hoy) veremos sin son fundadas o infundadas estas observaciones, si son fundadas volverá nuevamente a la comisión para su revisión y si son infundadas se procederá inmediatamente la promulgación tal cual establece la Constitución Política del Estado”, sostuvo.
Áñez observó el proyecto con el argumento de que la Asamblea aún no aprobó los recursos con los que deben ser financiados.
“Ya habíamos mencionado antes que este bono estaba respaldado con dos créditos que habíamos suscrito con el Banco Mundial (BM) y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Sin embargo, no se ha promulgado hasta el momento e hicieron una observación y optaron por devolvernos el proyecto”, recordó.
LOS MÉDICOS Por otro lado, los médicos del país rechazaron el proyecto de ley que declara a la medicina como profesión libre, propuesta impulsada por el diputado del MAS, Franklin Flores. Dan un plazo de 48 horas para su retiro o iniciarán medidas de presión.
«Un total rechazo a esta norma que es algo que va en contra de lo que es la profesión médica no solamente en el país, sino, a nivel mundial, propuesta que rechazamos», dijo el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.
La norma tiene por objeto promover el ejercicio libre de la actividad profesional del médico boliviano con título en provisión nacional, mediante la creación de un registro público de médicos egresados del sistema universitario público y privado de Bolivia, a cargo del Ministerio de Salud responsable de la supervisión y control del ejercicio profesional.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, indicó que este proyecto de ley busca callar la voz de los médicos en su intento de cerrar los colegios departamentales y nacionales, vulnerando su derecho al desarrollo académico y científico. Además, consideró que ese proyecto de ley es una estrategia «política», además de calificar esa intención de «distractiva y persecutoria» a ese sector.
Adelantó que su sector se movilizará hasta conseguir que se archive esa norma, y recordó que fueron 14 años del gobierno del MAS de «desastre, corrupción e ineficiencia».
Este rechazo también fue expresado por el colegio departamental de médicos de Oruro.
APORTES AFP Entre tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, informó que una comisión de esa instancia legislativa analizará la factibilidad de ley para la devolución parcial de 10% de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a los trabajadores que tengan un ahorro individual de hasta 100.000 bolivianos, propuesta presentada por el candidato del MAS, Luis Arce.
“En comisión se evaluará si es viable técnicamente, se realizará las consultas con el Ejecutivo, si es pertinente lo vamos a aprobar”, informó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque.
No obstante, Choque explicó que existen varias iniciativas y propuestas sobre el tema, las mismas que serán analizadas y se viabilizará la que esté mejor planteada.
“Varias iniciativas tenemos de varios compañeros, esta es una más, cuál es la mejor que pueda dar solución a este tema se considerará”, agregó.
El lunes Arce detalló que hasta diciembre del año pasado los aportes a las AFP llegaban hasta los 18 mil millones de dólares, cifra que debió incrementarse en lo que va del 2020 hasta por lo menos los 20 mil millones.
En ese sentido, afirmó que con la medida planteada, se lograría inyectar al menos 1.200 millones de dólares a la economía boliviana.
La entrega de esos recursos se daría en dos desembolsos, en un periodo no menor a los 90 días, en beneficio de más de 2 millones de personas y, al mismo tiempo, se ayudará a paliar la crisis económica que vive el país.
