México: realizan operativos en cinco municipios por el caso Ayotzinapa
Han realizado operativos en 5 municipios en búsqueda de los 43 normalistas
Por Francisco Mejía
El Comité Científico Asesor que forma parte de la Comisión para Ayotzinapa ha revisado 800 millones de llamadas telefónicas “que permiten su georreferenciación respecto de las antenas de telefonía que cubrían el territorio” de esa parte del estado de Guerrero, con el objetivo “de ubicar zonas de interés, y su relación con los registros de búsqueda de fosas”, durante la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos.
En su Segundo Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reporta que se han realizado “múltiples operativos de búsqueda en cinco municipios” de la entidad.
Detalla que los trabajos se han hecho en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República.
Recuerda que han sido enviados fragmentos óseos a la Universidad de lnnsbruck, en Austria, “para su análisis e identificación”, además de que se gestionó “la transferencia de la base de datos genéticos de la División Científica a Servicios Médicos Forenses de la Fiscalía General de la República”.
Añade que a partir del pasado 26 de septiembre, cuando se cumplieron cinco años de las desapariciones, el Ejecutivo federal se ha reunido en seis ocasiones con la Comisión de Ayotzinapa, además de familiares de los estudiantes desaparecidos.
En el texto se recuerda que otro evento realizado sobre el tema fue que el gobierno federal emitió un acuerdo ministerial que posibilitará la consulta directa a la investigación por parte de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI).
“La grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país desde hace más de 15 años” llevó a este gobierno a asumir el compromiso de hacer frente a las demandas de verdad, justicia, reparación y no repetición que expresaron tanto las víctimas de estas violaciones como la sociedad en su conjunto.
En el apartado Libertad e Igualdad del Segundo Informe de Gobierno se explica que un primer acto del actual gobierno federal fue la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
El Presidente de México «asumió como prioridad central el compromiso de esclarecer el caso de los 43. Se propuso romper el pacto de silencio que prolongó la impunidad y que sacudió al país”, afirma.
El informe agrega que el gobierno federal presentó el pasado 13 de julio la actualización y versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas.
Sostiene que entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2020 “se reportaron en el país 38 mil 467 personas desaparecidas”, de las cuales 20 mil 726 son hombres y 17 mil 411, mujeres. En contrapartida en el mismo periodo “fueron localizadas 22 mil 639 personas”.
Tan solo en plena emergencia sanitaria, entre marzo y mayo pasados se registraron mil 260 personas como desaparecidas o no localizadas.
Paralelamente fueron ubicados, “658 sitios de exhumación clandestina, donde se encontró un total de mil 143 fosas y se exhumaron mil 682 cuerpos”. Al día de hoy, sólo han sido identificados 712 de esa cantidad.
Además, informa que “se transfirieron 341. 6 millones de pesos de recursos de la federación a las 24 comisiones locales de búsqueda que los solicitaron”.
Mientras que al día de hoy, las 32 entidades federativas del país cuentan con ley o decreto de creación de su comisión local de búsqueda.
“De éstas, 27 comisiones cuentan con titular, una con delegado, una con encargado de despacho, una está acéfala, asimismo en dos entidades falta nombramiento de la o el titular de la comisión”.
Destaca, entre otras acciones que ha habido sobre el tema de los desaparecidos en México, la creación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).
En relación al tema de los presos políticos, detalla que al 30 de junio de 2020 “se recibieron 2 mil 387 casos, entre los que se encuentran ex gobernadores, ex presidentes municipales, activistas sociales y defensores de derechos humanos”. De ese número solo se han logrado 26 liberaciones.
Aprueba Senado competencia de la ONU en casos de desaparición forzada
Por Andrea Becerril y Víctor Ballinas
En su primera sesión del nuevo periodo ordinario, el Senado de la República aprobó esta noche, por unanimidad, la declaratoria por la que el Estado mexicano reconoce la competencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para recibir e investigar denuncias por desaparición forzada de personas en el país, ocurridas a partir de diciembre del 2010, en que nuestro país firmó la convención respectiva.
Con dispensa de trámite y el voto de los 107 legisladores asistentes, el pleno del Senado avaló la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de aceptar la jurisdicción del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, organismo que establece la atención a las víctimas de ese delito, de manera integral.
Senadores de Morena, PRI, PT, PVEM y PRD reconocieron que el presidente López Obrador haya avalado la intervención de ese organismo de la ONU, que gobiernos anteriores rechazaron.
El coordinador Morenista Ricardo Monreal resaltó es de la mayor trascendencia aprobar que la competencia de ese Comité de la ONU, que ahora podría investigar y dictar recomendaciones en torno a denuncias que familiares o representantes de desaparecidos le hagan llegar.
“Quizá hubiéramos tenido justicia en Ayotzinapa si este Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU hubiera tenido competencia”, señaló e hizo notar que “de ese tamaño es el compromiso del ejecutivo federal”, porque los familiares de los más de 60 mil desaparecidos que hay en este momento en el país, pueden acudir al organismo de Naciones Unidas.
Igualmente, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos, resaltó que “por fin llega la hora en que México convoca genuinamente a organismos internacionales, en este caso a Naciones Unidas, para que coadyuven en el combate a la violación de los derechos humanos, en particular a una de las violaciones más atroces, la desaparición forzada”.
Dijo que “a lo largo de décadas,México se resistía a invocar la ayuda del exterior para la lucha contra sus grandes lacras” y ello “quizá se explica porque aquellos gobiernos incurrían en tantas prácticas que no resistían el escrutinio foráneo”.
El senador Vasconcelos agregó que “el gobierno que busca la Cuarta Transformación del país no tiene nada que esconder “y por tanto acepta la colaboración para combatir y resolver la desaparición forzada, que es una de las conductas antihumanistas que suelen ser perpetrados por el crimen organizado o por los Estados represores”.
El senador de Morena, Martí Batres, resaltó, igualmente, que es de la mayor importancia que en el inicio del periodo, el Senado apruebe este instrumento contra un delito de lesa humanidad y recordó las batallas de de Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Frente Nacional contra la desaparición forzada durante la llamada “guerra sucia”, donde los propios cuerpos de seguridad se llevaban a luchadores sociales.
Expuso que entonces se documentaron cientos de desaparecidos, pero décadas después, al calor de la llamada “guerra contra el narco”, la delincuencia organizada desapareció a miles de personas. Batres formuló un reconocimiento a la Secretaria de Gobernación, Olga Sanchez Cordero y al subsecretario Alejandro Encinas, artífices de que se cumpliera el compromiso del presidente López Obrador en esa materia.
La senadora del PRI, Beatriz Paredes saludó “con beneplácito la voluntad politica” del ejecutivo federal al remitir al Senado ese documento en el que se acepta la intervención del sistema de la ONU que facuta a cualquier persona a presentar denuncias sobre desaparición forzada y convocó a que en concordancia, el Estado mexicano realice un gran esfuerzo para mejorar los mecanismos para atender a las victimas. “No son suficientes las palabras y debe seguir la acción “.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, consideró que es un logro de las organizaciones de la sociedad civil que el gobierno haya reconocido la intervención de la ONU en el combate a ese delito, “uno de los ilícitos mas devastadores”.
El instrumento aprobado destaca que este Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, se constituyó al amparo de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que se encuentra vigente para nuestro país desde el 23 de diciembre de 2010, y establece que, de manera urgente analizará casos que le sean notificados.
En el texto se precisa que una vez recibida la comunicación y antes de decidir sobre el fondo, el Comité puede dirigir al Estado Parte en cuestión, una solicitud para que adopte las medidas cautelares necesarias, con miras a evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación.
En su estreno como presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar remitió al ejecutivo federal, la ratificación de esa declaratoria que reconoce la jurisdicción de la ONU.
Durante esa sesión nocturna, que concluyo cerca de la medianoche, el Senado aprobó la solicitud para separarse por tiempo indefinido de sus funciones legislativas que presentó el senador de Movimiento Ciudadano y presidente de ese partido, Clemente Castañeda.
Sus compañeros de MC y de las demás fuerzas políticas reconocieron el trabajo que realizó en esa cámara.
Asimismo el pleno aprobó que el Senado solicite a la Secretaría de Hacienda un presupuesto de poco mas de 4 mil millones de pesos para el 2021.
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