Ayotzinapa | Expectativa en los familiares por el anuncio de mañana de AMLO al cumplirse seis años
A seis años del caso Ayotzinapa: esto es lo que ocultó el gobierno de EPN
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Ayotzinapa, confían en que los avances que tiene previsto presentar el gobierno el sábado; en el sexto aniversario de un crimen que conmocionó al país.
Espera que dichos avances sean las detenciones de militares o policías federales, pues aseguran que, según sus abogados, hay elementos para ello.
“Hay pruebas suficientes para proceder en contra de esas personas”, afirma Santiago Aguirre, director del centro de derechos Humanos Prodh y representante de las familias. Parte de los avances, dice, surgieron del rastreo de la telefonía móvil y de nuevas declaraciones.
El caso, aún en el misterio
A su juicio, “no hay duda de que eran parte del esquema» criminal entre funcionarios y delincuentes que permitieron las desapariciones aunque lamentó que todavía no se sepa con claridad qué pasó esa noche, ni el paradero de los muchachos.
La falta de certezas mantiene a las familias en la desesperación, pero detener u ordenar el arresto de algunos militares plenamente identificados tendría una gran carga simbólica dado el apoyo y la defensa incondicional que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo de las fuerzas armadas.
“Nos tiene que dar algo dar algo concreto, algo de avance» y esas detenciones lo serían, comentó Clemente Rodríguez, padre de uno de los jóvenes.
En julio pasado, a Rodríguez le informaron sobre el hallazgo de un fragmento de un hueso del pie de su hijo, Christian Alfonso.
Según Rodríguez, la identificación de un resto de dos gramos no responde a la pregunta clave de qué pasó con los 43 estudiantes aunque sí la considera un avance y una nueva confirmación de la falsedad de la versión que les dio el anterior gobierno.
La caída de la «verdad histórica»
La considerada “verdad histórica” por la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) aseguraba que el 26 de septiembre de 2014 policías locales de Iguala capturaron a los estudiantes en esa localidad de Guerrero y los entregaron a integrantes del crimen organizado.
Señalaron que éstos los incineraron en un basurero de un municipio vecino, Cocula, y luego tiraron sus restos a un río cercano.
En ese río se localizó un hueso que fue identificado como el de uno de los estudiantes, Alexander Mora, pero un grupo de expertos internacionales independientes no pudieron comprobar cómo llegó ahí.
Denunciaron multitud de irregularidades en el proceso, obstrucción a la justicia de autoridades locales, estatales y federales y que acusados clave fueron torturados, algo que luego la ONU ratificó.
La propia justicia mexicana ordenó en 2018 la reposición de todo el proceso porque la fiscalía federal no había sido imparcial.
Gobierno de AMLO reveló otra verdad
La llegada de López Obrador al poder dio un giro a la investigación, se creó una Comisión de la Verdad, se hicieron nuevas búsquedas -como en la que se halló el resto de Rodríguez, la segunda identificación plena- y se iniciaron procesos clave contra dos funcionarios: el jefe de la policía ministerial federal por tortura.
También se dio la detención de una detective por falsificación de documentos y ocultar información en un caso de desaparición forzada.
Entre los prófugos sigue el entonces responsable de la oficina de investigación de la fiscalía, Tomás Zerón, presunto artífice de la “verdad histórica”.
Asimismo, decenas del centenar de detenidos por el caso, incluidos sospechosos clave, fueron liberados debido a la irregularidad en el proceso, lo que indignó a las familias.
«La Carnicería», pieza clave en el caso Ayotzinapa
Entre las preocupaciones expresadas por el director del Centro Prodh, destaca el que nuevas declaraciones de testigos protegidos puedan configurar una nueva narrativa basada en testimonios y no en pruebas, algo que siempre criticaron.
Confió en que entre los próximos restos óseos que se manden a la universidad de Innsbruck, en Austria, para su identificación; no sólo se incluyan fragmentos hallados en búsquedas recientes sino otros encontrados en 2016 que las autoridades; de entonces, descartaron que fueran de los estudiantes. No se hizo ningún contraste de ADN y que están en poder de la fiscalía.
Tanto esos fragmentos más antiguos como los recientes fueron encontrados en distintos puntos de una misma zona conocida como “la carnicería”, de donde salió el hueso de Christian Alfonso Rodríguez.
¿Qué desató el caso Ayotzinapa?
Qué motivó el ataque contra los estudiantes sigue siendo una incógnita pero Aguirre asegura que “el móvil está vinculado a la toma de autobuses” que intentaron hacer los jóvenes esa noche.
Una práctica habitual de los estudiantes de las escuelas de magisterio rurales de México es ‘confiscar’ temporalmente autobuses que usan para acudir a manifestaciones y luego devuelven.
El problema es que en Iguala esos vehículos eran utilizados por el cártel local para traficar heroína hasta Chicago con la aparente protección de autoridades.
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Padres de normalistas involucran a 3 militares en la noche de Iguala
Por Vanessa Job y Melissa Del Pozo
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y su defensa tienen en la mira a por lo menos tres militares del batallón 27 de Iguala, Guerrero, por estar relacionados “por acción u omisión” con la desaparición de los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Son líneas que ya se tenían desde antes, pero que no había querido el gobierno anterior profundizar”, señaló Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.
La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de noviembre de 2018 sobre el caso Ayotzinapa, refiere irregularidades en la investigación a militares, como inspecciones a equipo de cómputo con un retraso de tres años, pérdida de evidencia fotográfica o que el Ejército destruyó las armas de los policías involucrados en los hechos.
“Tenemos acciones penales contra militares, contra policías federales, acciones penales e investigaciones que están en curso”, señaló Rosales sobre la petición.
Además, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, señaló que hay indicios de la colusión de elementos del Ejército en este caso, aunque precisó que se trata de personas, no de la institución.
Se trata del capitán José Martínez Crespo, el teniente Joel Gálvez y el soldado Eduardo Mota, a quienes la defensa señala de tener vínculos con la delincuencia organizada, según consta en un documento entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador en agosto, en el que le solicitaron “detener y someter a proceso a los elementos del 27 Batallón de Infantería que incurrieron en falsedad de declaraciones, que incurrieron en delitos por sus omisiones la noche de los hechos, que tenían vínculos con la delincuencia organizada y/o que por acción u omisión participaron en los hechos”.
El capitán Martínez Crespo estuvo en la comandancia a la que llevaron a los normalistas antes de que la policía de Iguala los entregara al grupo criminal, mientras que el teniente Gálvez es señalado de recibir información de parte de sus subordinados del 27 batallón y no haberla reportado.
El soldado Mota estuvo presente cuando los estudiantes que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531 fueron atacados y sometidos por policías municipales frente al Palacio de Justicia de Iguala.
Además, los padres han sido insistentes en que debe investigarse a miembros del 27 batallón que realizaban operaciones encubiertas vestidos como civiles.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, así como integrantes de la Comisión para la Verdad, se reunirán mañana con los padres, a quienes darán información sobre recientes detenciones y diligencias efectuadas en al menos cinco municipios del estado en busca de los normalistas.
En tanto, un juez federal vinculó a proceso por el delito de delincuencia organizada a José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, y a su abogado Arturo Rodríguez García, señalado por la fiscalía como la persona que le habló a la madre del presunto líder de Guerreros Unidos para solicitar dinero a cambio de dejarlo libre.
Con información de: Rubén Mosso y José Antonio Belmont.
Entre los restos de Cocula, hasta 41 desaparecidos; la “clave” está en 114 fragmentos
Por Andrés Becerril
El costo para conocer la identidad de entre 17 y hasta 41 personas calcinadas en el basurero de Cocula, a través del análisis genético a los restos óseos localizados en ese lugar durante las investigaciones para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ronda entre los 11 mil 400 y 114 mil dólares.
La Fiscalía General de la República (FGR) tendría que hacer esa inversión para enviar al Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck los 114 restos óseos planteados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como “clave” en el caso de los estudiantes desaparecidos hace 6 años.
El análisis genético a esos 114 restos, según la CNDH, servirían para descartar o confirmar el aspecto que sostiene la verdad histórica de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en torno al destino final de los normalistas: que fueron calcinados en el basurero de Cocula y arrojados al cauce del Río San Juan.
Aun si los restos óseos no corresponden a ninguno de los 43 normalistas, esos fragmentos tienen información genética relacionada con la identidad de personas que siguen como desaparecidos y que quizás sus familiares los están buscando también.
De acuerdo con una tabla de costos de la Universidad de Innsbruck, el análisis genético nuclear, que se centra en la parte medular de la célula, tiene un costo de 100 dólares por pieza. Lo que equivaldría a 239 mil 400 pesos por analizar los 114 restos.
Mientras que el análisis genético mitocondrial, en esa misma institución austriaca, que se efectúa en cada una de las mitocondrias de la célula, alcanza un costo de mil dólares por cada una de las 114 piezas, que representaría un gasto de 2 millones 394 mil pesos.
En el área de Servicios Periciales de la FGR permanecen resguardados los 114 restos óseos rescatados entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre de 2014, de un cúmulo de 63 mil restos.
Se trata de 111 recuperados en el basurero de Cocula y tres más en el Río San Juan, presuntamente durante la incursión ilegal de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, con el acusado Agustín García Reyes, alias El Chereje, realizada el 28 de octubre de 2014.
Este grupo de 114 restos óseos está compuesto por 38 porciones petrosas del hueso temporal; 26 cóndilos mandibulares; 12 huesos ganchosos; 14 huesos semilunares; 10 órganos dentales; 11 fragmentos de huesos maxilares y mandibulares; y las 3 petrosas que se recuperaron en el Río San Juan.
El Grupo de Expertos Internacionales en Materia de Fuego que trabajó en el caso, establecieron en su informe, Fuego en el Basurero Municipal de Cocula. Estudio inicial e informe sobre su análisis, que: “Los equipos de antropología y odontología identificaron los restos de, al menos, 17 cuerpos humanos adultos…”
La tesis de las 17 identidades también la sostuvo la PGR.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en conferencia de prensa del 9 de febrero de 2016, hizo público su Dictamen Sobre el Basurero de Cocula. Las 38 porciones petrosas de huesos temporales con las que determinó un número mínimo de 19 personas en los restos del basurero y hasta 38.
La CNDH, por su parte, estima que en los restos tanto del basurero, como del Río San Juan se podría identificar entre 21 y 41 personas.
Según la Recomendación de la CNDH los indicios recuperados del basurero del Río San Juan deberían estar resguardados en contenedores que prevengan su pérdida, contaminación y deterioro.
Recomendó, “almacenar los fragmentos óseos bajo condiciones de iluminación, temperatura y humedad controladas, con la finalidad de detener el biodeterioro y la contaminación que los fragmentos óseos presentaron al día de la intervención de este Organismo Nacional, consecuentes al deficiente embalaje en contenedores de plástico cerrados y en envolturas de aluminio”, dice el documento de la CNDH.
En su momento también recomendó que se realizara el embalaje de los restos utilizando materiales que favorezcan la conservación de las muestras biológicas como la espuma de polietileno “ethafoam” esterilizada y la tela de Tyvek para la elaboración de los contenedores secundarios.
De acuerdo con la Recomendación 15VG/2018 de la CNDH, en su apartado 19, los restos óseos recuperados en el basurero de Cocula, que mayor certidumbre podría dar para identificar a individuos, a través de la obtención de ADN son “las porciones petrosas del hueso temporal. Los equipos periciales de la PGR y del EAAF, en su primera visita al vertedero llevada a cabo del 27 de octubre al 6 de noviembre de 2014, recuperaron 38 porciones petrosas”.
El documento del Órgano Autónomo señala que de las 38 porciones petrosas recuperadas, los peritos de la PGR consideraron 17 de éstas para la determinación del Número Mínimo de Individuos (NMI): 17 porciones petrosas izquierdas y 16 derechas.
“De tal manera que en su estimación del NMI de 17, no tomó en cuenta 5 porciones petrosas. Ello se debió a que (la PGR) no logró establecer su lateralidad, es decir, no pudo determinar si se trataba de porciones petrosas izquierdas o derechas”, señala la CNDH.
Además, señala que peritos del EAAF “llevaron a cabo el análisis de las 38 porciones petrosas con las que, a diferencia del perito de la PGR, determinaron un número mínimo de 19 individuos. Es decir, determinaron que en el sitio fueron hallados restos óseos correspondientes a, al menos, 19 distintas personas. El EAAF sí determinó que se trataba de 19 porciones petrosas derechas y de 19 porciones petrosas izquierdas, pero no estableció si eran porciones pares o no, es decir, no determinó si cada par correspondía a una misma persona, de donde resulta que existe la posibilidad —al menos, la posibilidad— de que los restos óseos pudieran corresponder a más de 19 personas distintas”, señala la CNDH.
A partir de las investigaciones de su equipo de peritos, la CNDH estuvo de acuerdo con el dictamen de los forenses argentinos. Dice su Recomendación:
“Los peritos de este Organismo Nacional consideran que el Número Mínimo de 19 Individuos a los que pudieran corresponder las porciones petrosas analizadas, es correcto, entre otros aspectos científicos, porque para poder determinar la lateralidad de las porciones petrosas, el EAAF, a diferencia del perito de la PGR, consideró como elemento fundamental la presencia del meato u orificio auditivo interno en las muestras óseas”, señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
