Natasha Suñé, Magister en Derecho Administrativo: «La decisión de Luis Almagro sobre la CIDH es contraria a las normas de derecho internacional»

Entrevista a Natasha Suñé, Magister en Derecho Administrativo

Por Nicolás Retamar, de la redacción de NODAL

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) decidió no renovar el mandato de Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo el argumento que existen “reiteradas denuncias sobre posibles violaciones de sus derechos”. La CIDH, por su parte, denunció injerencia, presión, interferencia y un “un grave embate contra su independencia y autonomía”. Lo que debía ser un trámite sin complicaciones se transformó en una disputa entre Luis Almagro y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para conocer los detalles y lo que conlleva esta decisión, NODAL dialogó con Natasha Suñé, abogada, Magister en Derecho Administrativo y Especialista en Litigios Internacionales.

¿Qué implica la decisión de Luis Almagro de no renovar el contrato del Secretario Ejecutivo de la CIDH Paulo Abrão?

En primer lugar, es una decisión contraria a las normas de derecho internacional previstas para los organismos internacionales. En el caso específico del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que crea a la Comisión Interamericana como un órgano autónomo de la Secretaría General por el cual, al ser un órgano autónomo, tiene competencia para dictar su propio reglamento interno sobre su funcionamiento. Esta competencia de dictar su propio reglamento le otorga las facultades para decidir la designación del Secretario Ejecutivo, que es un cargo de confianza como la mayoría de las secretarías de los órganos administrativos. Esto significa que la decisión de Luis Almagro como Secretaría General de intervenir en un organismo que es autónomo, es una interferencia y está extralimitándose de sus funciones. La Secretaría General no tiene competencias para decidir el cargo de Secretario Ejecutivo. Al contrario, en el caso de no renovación por pérdida de confianza, supuesto que prevé el estatuto, ya sea del secretario general, o de la CIDH, se debe dar conocimiento a la propia CIDH del motivo por el cual se ha realizado esta pérdida de confianza y consultar sobre esta decisión. Es decir que en ese caso también tendría que tener el visto bueno de la Comisión Interamericana para esta decisión. Por lo tanto, no está facultado jurídicamente Luis Almagro para tomar esta decisión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla en su comunicado sobre injerencia, presión e interferencia en sus funciones y denuncia el embate contra su independencia y autonomía. ¿Cuál es el peligro de la postura del Secretario General de la OEA?

La decisión de la Secretaría General afecta el funcionamiento en sí de la CIDH, afecta su actividad y su autonomía pues no solo está decidiendo respecto de la designación del secretario ejecutivo sino también que está tomando decisiones respecto al funcionamiento de un órgano autónomo y la ejecución de su presupuesto. Esas son decisiones que se toman en la Asamblea General y por lo tanto él tampoco tendría competencias para decidir al respecto. La interferencia de funciones siempre es un peligro en todos los organismos, por eso tienen sus competencias establecidas en reglamentos, en estatutos y en decisiones administrativas. El funcionamiento de estos organismos internacionales tiene todo un complejo jurídico de normas administrativas internas para su funcionamiento y cualquier interferencia dentro de las funciones de otros órganos se considera que son incompetentes y por lo tantocarentes de efectos jurídicos. Esto es muy importante decirlo porque el secretario general no es la primera vez que asume competencias que son de otros órganos o que realiza este tipo de interferencias en el funcionamiento de la OEA en general. Esto genera un triste antecedente y peligra la institucionalidad que ya es bastante cuestionada de por sí.

Luis Almagro, a su vez, emitió un comunicado donde tilda de «falta de ética» a la CIDH y la acusa de «generar confusión» por la no designación del Secretario Ejecutivo por supuestas denuncias en su contra. ¿Hay causas de fondo más allá de la designación de Paulo Abrão  para esta disputa? ¿Tienen relación con la actual situación de los derechos humanos en América Latina y el Caribe?

Los que tratan de generar confusión son los comunicados de la Secretaría General ya que lo que tratan de dar como cierto es que es el secretario general quien puede designar al secretario ejecutivo de la CIDH, desconociendo a un órgano que es independiente y autónomo en su funcionamiento. El secretario general no puede designar al secretario ejecutivo de la CIDH. Justamente, es la presencia del secretario ejecutivo actual lo que evidentemente lo pone incómodo. Puede estar relacionado por los últimos acontecimientos en la región, por las protestas que hubieron en Bolivia, en Ecuador y en Chile en materia de derechos humanos y las manifestaciones o comunicados de preocupación que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano que observa el cumplimiento de los derechos humanos dentro de los Estados miembros. Puedo pensar que esta molestia de Luis Almagro viene por ese lado. Imagino que, al haber logrado su reelección en el cargo, ha condicionado también el voto de algunos de esos Estados para apoyar la continuidad como secretario general. Evidentemente, la CIDH ha tenido presencia estos últimos meses con respecto a la gran vulneración de derechos humanos que hemos sufrido en la región latinoamericana.