Excancilleres de América Latina rechazan injerencia de Luis Almagro en la elección del secretario ejecutivo de la CIDH
Rechazo de exmiembros de la CIDH y excancilleres latinoamericanos a la intervención de Almagro en el organismo
Una decena de excancilleres de países latinoamericanos le exigieron al titular de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que “se abstenga de intervenir en el proceso” de elección del secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a quien vetó pese a la “autonomía e independencia” que tiene ese organismo. En el mismo sentido se expresaron algunos exdirectores y expresientes de la CIDH, quienes pidieron «la formalización de la renovación del mandato del segundo periodo del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana, Paulo Abreu, conforme a la decisión unánime de la Comisión Interamericana adoptada en enero de este año».
“El secretario general (de la OEA) no decide sobre la continuidad del secretario ejecutivo de la CIDH”, recalcaron los ex diplomáticos, a través de un duro documento que cita y clarifica el reglamento que regula el funcionamiento independiente de esos organismos.
El pronunciamiento sale al cruce de la intromisión de Almagro, quien públicamente vetó la reelección de Paulo Abreu al frente de la CIDH, con el argumento de que sobre él pesan 61 denuncias por supuesto maltrato laboral contra trabajadores de ese organismo de derechos humanos.
Los ex cancilleres calificaron de “ilegítima” y “sin fundamento” a la intervención del titular de la OEA y lo conminaron a dar marcha atrás con esa postura que “menoscaba” la autonomía del sistema interamericano de derechos humanos.
La misiva fue firmada por los ex cancilleres Jorge Taiana (Argentina), David Choquehuanca (Bolivia), Celso Amorín (Brasil), Guillaume Long y Ricardo Patiño (Ecuador), Hugo Martínez (El Salvador), Fernando Carrera (Guatemala), Patricia Rodas (Honduras) Jorge Lara Castro (Paraguay) y Rodolfo Nin Novoa (Uruguay).
Una «CIDH independiente y autónoma»
En tanto, un grupo de expresidentes y exdirectivos de la CIDH le enviaron el pasado 26 de agosto una carta a Almagro para pedirle que formalice la renovación del mandato de Abreu, y así «contribuir a fortalecer a la CIDH como instancia independiente y autónoma, encargada de cumplir con su importante mandato».
«Queremos comenzar expresando que la pronta resolución de la crisis creada por esta controversia, es una responsabilidad histórica sobre la cual, no exageramos al decir, están puestos los ojos del mundo y los de millones de personas de nuestro Hemisferio», expresaron los firmantes, Víctor Abramovich, Robert Goldman, Rose-Marie Antoine, Claudio Grossman, Carlos Ayala, Juan Méndez, Paolo Carozza, José de Jesús Orozco, James Cavallaro, Paulo Sergio Pinheiro, Francisco Eguiguren, Dinah Shelton, Tom Farer Paulo Vannuchi y Felipe González.
Según recordaron en la escrito, en sus 61 años de existencia la Comisión Interamericana «se ha consolidado en un órgano internacional independiente de promoción y protección de los derechos humanos de las personas en las Américas, afirmando progresivamente su autoridad jurídica y moral».
Además, indicaron los ex funcionarios al criticar la intervención de Almagro en el proceso de elecciones, uno de los elementos «necesarios y esenciales» para el cumplimiento del mandato de la Comisión Interamericana es, justamente, «su independencia y autonomía», en los términos previstos en la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana), su Estatuto y su Reglamento.
En la carta, los exdirectivos y expresidentes rechazaron el veto de Almagro, quien «desechó la decisión adoptada por unanimidad por la Comisión Interamericana de renovar el período de su Secretario Ejecutivo, Paulo Abreu, la cual había sido anunciada públicamente el 9 de enero de 2020».
Además, resaltaron, «es sorprendente la demora de la Secretaría General de la OEA, de más de ocho meses, en la formalización de la renovación administrativa del contrato, para notificar su negativa a escasos días de su vencimiento».
En un extenso documento en el que recuerdan las formalidades de la CIDH para elegir autoridades, los ex funcionarios hicieron un «llamado respetuoso» a Almagro para que «en plena conciencia de la responsabilidad histórica para la protección de los derechos humanos en las Américas se logre una solución al impase causado entre su despacho y la Comisión Americana, de manera que salga fortalecido todo el sistema interamericano de protección de derechos humanos, que es la esperanza de justicia de los habitantes de este hemisferio».
Según aclararon, este pedido no irá en perjuicio del «procedimiento de investigación interna de las observaciones o denuncias que hayan sido presentadas (contra Abreu)», cuyo contenido dijeron desconocer, «para que en un plazo razonablemente breve lleguen a término con sus consecuencias, respetando el principio del debido proceso, incluida la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de todos los interesados y las interesadas».
Comunicado: ex cancilleres de América Latina rechazan injerencia en el proceso de selección del Secretario Ejecutivo de la CIDH
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Presidente de la CIDH: «Hubo una separación de facto de Abrao sin un debido proceso»
aulo Abrao es el secretario ejecutivo de la CIDH desde 2016 y fue reelegido en enero de este año para un segundo período que comenzaba el 15 de agosto. Sin embargo Almagro, encargado de firmar el nuevo contrato, vetó esta designación y difundió el contenido de un informe confidencial que menciona «61 denuncias» de trabajadores de la comisión sobre el actual funcionamiento interno.
En entrevista con Télam, Hérnandez aclaró que «no son denuncias, sino visitas» que se hicieron a la ombudsperson, la funcionaria encargada de conciliar las quejas del personal, y que no están individualizadas contra Abrao «sino que son situaciones generales del ambiente laboral».
El jurista mexicano indicó que la comisión tiene «el mayor interés que se avance en las investigaciones y se deslinden responsabilidades», pero se manifesstó «sorprendido» de recibir el informe ocho meses después de votar la reelección del secretario ejecutivo y cinco días antes del inicio de su segundo mandato.
La CIDH cree que la decisión es «un grave embate a su autonomía e independencia», según indicó en un comunicado, postura que es compartida por un grupo de excancilleres de América Latina y distintas organizaciones de derechos humanos de la región.
-Télam: ¿Quién es hoy el secretario ejecutivo de la comisión?
-Joel Hernández: Paulo Abrao. El 9 de enero la comisión tomó la decisión unánime de renovarle el mandato. Es un hecho que hoy no tiene un contrato que le permita realizar sus funciones administrativas, pero la comisión le dio su voto de confianza y no convocó a un concurso para un nuevo secretario ejecutivo ya que insiste en la renovación de su contrato.
-T: ¿Se siguieron los mecanismos correspondientes para la no renovación de Abrao?
-JH: Esa es la cuestión y lo que nos sorprendió. La decisión de la comisión se hizo pública el 9 de enero, pasaron ocho meses y no hubo ninguna señal de desaprobación. Hasta que me llega una comunicación por escrito señalando la decisión del secretario general de la OEA de no continuar con el proceso de renovación del contrato.
-T: ¿Esperaban esa decisión por parte de Almagro?
-JH: Fue muy sorpresiva. Nuestra reflexión es que si el secretario general hubiese tenido algún problema o impedimento, tuvo ocho largos meses para hacerlo saber. En este tiempo de pandemia mantuvimos varias reuniones, virtuales para analizar cuestiones administrativas.
-T: ¿Y en ningún momento Almagro manifestó un reparo?
-JH: Nada. Pudo haberme llamado o pudo haberlo conversado con la junta directiva o con la comisión. Hay una obligación en el estatuto de, en casos de separación del secretario ejecutivo, tener consultas con la comisión. Y eso nunca ocurrió.
-T: ¿Qué piensa de las fechas en las que ocurrió todo?
-JH: Llama la atención porque es un informe que se presenta cinco días antes (del inicio del segundo mandato de Abrao) sobre hechos que la ombudsperson venía observando desde el año pasado. Sorprende que el informe no se haya presentado con anticipación y que no tome en cuenta las medidas adoptadas por el secretario ejecutivo para atender sus recomendaciones.
-T: Más allá del cuestionamiento de hacer público un informe confidencial, esas denuncias existen, ¿no?
-JH: Hay que poner las cosas en contexto. Primero, se trata efectivamente de un informe de carácter confidencial. Segundo, el número está mal explicado: no son 61 denuncias, son 61 registros de visitas a la ombudsperson. Tercero, tampoco podemos hablar de denuncias porque no se trata de una caracterización de hechos concretos, sino lo que hace la ombudsperson es evaluar situaciones generales del ambiente laboral y a partir de ahí hacer recomendaciones. Esto confunde a la opinión pública: no son denuncias, no son casos y no están individualizados. La comisión vela por el respeto de los derechos laborales y desde el primer momento que tuvimos conocimiento del informe, le expresamos al secretario general el mayor interés que se avance en las investigaciones y se deslinden responsabilidades.
-T: ¿Alguna vez sintieron, previo a esta situación, que la autonomía de la CIDH estaba siendo avasallada por Almagro?
-JH: En los dos años y medio que llevo en el cargo nunca hubo un momento de oposición con el secretario. Fue respetuoso de nuestras funciones, autonomía e independencia. No hubo ninguna presión ni señalamientos al trabajo que realizamos. Por eso es tan sorprendente la manera en que se suceden las cosas desde el 15 de agosto. La comisión, actuando de buena fe, espera que continúe esta relación de respeto. Es con este hecho cuando se quiebra la confianza que habíamos construido.
-T: ¿Mantiene negociaciones personales con Almagro?
-JH: No ha habido comunicaciones directas en la última semana, pero como presidente del CIDH estoy abierto a dialogar porque es en el interés de la organización zanjar esta crisis. No solo afecta a la comisión, sino a la organización en su conjunto y al secretario general también.
-T: Si no llegan a avanzar en la designación de Abrao, ¿barajan otras opciones?
-JH: Por el momento no. Insistimos en el derecho que asiste a la comisión. Fijamos tres puntos de base para una solución: reafirmarmos nuestra prerrogativa de seleccionar y renovar el mandato del secretario ejecutivo; subrayamos el reconocimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores de la comisión; y pedimos que todo procedimiento se haga conforme al debido proceso. Reafirmamos la presunción de inocencia, porque aquí hemos sufrido no solamente una negación a la prerrogativa de nombrar al secretario ejecutivo, sino también una separación de facto de Abrao sin seguir el debido proceso.
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