El gobierno argentino denunció a ex funcionario de Seguridad por su rol en la muerte de Santiago Maldonado
El Gobierno denunció a Pablo Noceti por su responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado
«Antes de entregarlo lo rompo acá mismo en mil pedazos», dicen que dijo Pablo Noceti cuando la Justicia le pidió su teléfono celular en el marco de la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Quien fuera la mano ultraderecha de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich nunca estuvo imputado pero ahora es posible que eso cambie, porque acaba de ser denunciado por quienes lo sucedieron en esa cartera. Tras una investigación iniciada el 22 enero de 2020, el Ministerio de Seguridad de la Nación se presentó ante los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires para denunciar al exjefe de gabinete del ministerio de Seguridad de la gestión 2015-2019, por su responsabilidad penal en el operativo realizado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017, que derivó en la muerte de Santiago Maldonado, cuyo cuerpo fue hallado 78 días después de aquel procedimiento represivo.
La investigación, realizada por la propia Gendarmería , llegó a la conclusión de que Noceti dio las órdenes para el ingreso de cuatro escuadrones de Gendarmería a la comunidad en Resistencia de Cushamen, donde los mapuche realizaban un corte de la ruta 40 por la liberación de su lonko Facundo Jones Huala. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, la presentó ayer por videoconferencia, en un acto del que participaron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y el actual titular de la Oficina Antocorrupción, Félix Crous. La denuncia presentada ayer es contra Pablo Noceti, Gerardo Otero, exdirector de Gendarmería y su segundo, Ernesto Oscar Robino. Recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y los acusan de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Las órdenes de Noceti, avaladas por las autoridades de la gendarmería de 2017, y los procedimientos internos de la fuerza realizados en aquel momento, constituyeron una «ingeniería jurídica de la impunidad» destinada a ocultar las irregularidades e ilegalidades cometidas en el operativo del 1° de agosto de 2017 en la Ruta 40, según indica la investigación ordenada por Frederic al inicio de su gestión. «El minucioso informe de más de 600 fojas presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación configura un hecho reparatorio de parte del Estado respecto del daño producido por el mismo Estado nacional», indicaron desde la cartera.
El ministerio aclaró que «la investigación que se hizo en 2018 dentro de la Gendarmería impidió que se conocieran los detalles de su actuación en el operativo generando, al menos por ahora, la situación de cosa juzgada». Al mismo tiempo destacó que «es diferente es la situación de la entonces conducción del Ministerio, es esta dimensión del operativo que derivó en la muerte de Santiago Maldonado la que ahora es objeto de denuncia ante los juzgados Federales, que deberán deslindar o establecer las responsabilidades penales del caso.
Órdenes ineficaces e ilegales
La pesquisa realizada por la actual conducción de la GNA de Andrés Severino, cuyo informe lleva la firma de Severino y Javier Lapalma, muestra que, «atravesadas por imprudencia, inoportunidad, impericia, e ineficacia, las acciones represivas de 2017 carecieron de proporcionalidad y de racionalidad para el inicio de un operativo de despeje que sólo se llevó a cabo por voluntad política, por las órdenes impartidas por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, doctor Pablo Noceti, y del ex director Nacional de la Gendarmería, el comandante (Gerardo) Otero”.
Según consta en la investigación, “El doctor Nocetti estuvo el día previo y el mismo día del operativo en la zona, dando instrucciones a la Gendarmería para actuar bajo la figura de la flagrancia para conjurar el accionar de la agrupación RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), considerada terrorista para la gestión anterior”.
La investigación del Ministerio afirma que “en coincidencia con las instrucciones en el lugar de Noceti, su protocolo ordenaba a las fuerzas perseguir y detener a los manifestantes, aun cuando lograra efectivizarse el despeje, por considerarlos delincuentes en situación de flagrancia. Se soslayó así, deliberadamente, a la aplicación del protocolo normativamente vigente, del año 2011, que establecía principios de actuación en base a un modelo de seguridad democrática y de uso racional de la fuerza”. Es decir, no sólo se realizó un operativo desmedido e inoportuno, sino que se indicaron procedimientos falsamente protocolares y declaradamente ilegales. Según advierte el informe, se aplicó «un protocolo de actuación inexistente, nunca aprobado, aunque sí anunciado por la ex Ministra Bullrich el 17 de febrero de 2016».
Desde el ministerio manifestaron que «tal como planteó Frederic al inicio de su gestión y que ahora se ve respaldada por la investigación interna de la Gendarmería, las acciones ilegales que derivaron en la muerte de Santiago Maldonado deben servir, en adelante, para reformular protocolos y modos de actuación que impidan que se repitan este tipo de hechos».
¿Libres de culpa?
En su denuncia, los actuales funcionarios de Seguridad explicaron que «la anterior conducción de la Gendarmería, con las autoridades del Ministerio de Seguridad 2015-2019, arbitraron los medios necesarios para que la fuerza no tuviera ningún tipo de reproche sobre el accionar en el desalojo del corte de la ruta 40 el 1 de agosto de 2017».
Esto fue posible porque ante la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, y el pedido de cambio de carátula en la causa judicial hecho por los abogados de la ministra Bullrich, la investigación interna «liberó de culpa y cargo a todos los efectivos que participaron de forma directa e indirecta en el operativo que derivó en la muerte de Santiago Maldonado». La auditoría que realizó este año la nueva conducción de la fuerza desmontó esa «ingeniería de impunidad que habían organizado durante la gestión pasada». Y en tal sentido concluyó que:
* No fue prudente ni razonable realizar el operativo de despeje de la Ruta Nacional 40 en las condiciones que se daban el 1° de agosto de 2017.
* Además de poner en riesgo a los manifestantes, se expuso al personal a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaba equipado con los elementos de actuación necesarios.
* Ya se encontraba en camino un destacamento móvil especialmente entrenado y capacitado para situaciones de protesta social.
* Se ordenó el retiro de la zona a más de la mitad del personal con que se contaba al inicio o primeras horas del día 1 de agosto, dejando en el lugar a sólo diez efectivos del escuadrón 36 Esquel y otros 20 del escuadrón 35 El Bolsón, «además de inexpertos, desposeídos de elementos adecuados».
* Si bien había cortes intermitentes de la ruta 40, no había urgencia para realizar el operativo en esas condiciones, ya que existían vías alternativas de circulación y no había riesgo de desabastecimiento en las localidades cercanas.
* «Se soslayó así, deliberadamente, la aplicación del protocolo normativamente vigente, del año 2011, que establecía principios de actuación en base a un modelo de seguridad democrática y de uso racional de la fuerza».
Además de Noceti, la investigación cuestiona también al ex director nacional de la Fuerza, Gerardo Otero, y reconoce faltas graves cometidas por los jefes a cargo de los operativos de ese día 1° de agosto de 2017, Diego Balari, Fabián Méndez y Juan Pablo Escola.
A los dos primeros le adjudican haberse ausentado durante los operativos, y al último «por haber ordenado en forma intempestiva y apresurada que el escaso y mal equipado personal que había quedado a su cargo interviniera en el despeje de la calzada, poniendo en peligro la seguridad de los mismos y de los manifestantes, con el uso de una camioneta Ford Ranger, de escopetas con munición antitumulto, como así también el ingreso al campo contiguo al corte para detener a los manifestantes».
Encontraron un objeto de Facundo Castro en un destacamento policial
El viernes, en un peritaje con perros, se encontró un objeto de Facundo Astudillo Castro en un calabozo usado como basurero en destacamento policial de Teniente Origone. Se trata de una sandía de madera, que Cristina, madre del joven desaparecido hace más de tres meses, reconoció. “Era un regalo de su abuela que llevaba siempre con él y mi otro hijo tiene uno igual. También hallaron manchas de sangre que serán analizadas”, dijo en declaraciones radiales a La Retaguardia.
Fue Yatel, el perro adiestrado del perito de la querella Marcos Herrero, el que hizo este descubrimiento. “El perro lo buscó tres veces”, dijo Cristina, quien agregó que Facundo siempre andaba con ese regalo encima: “Cuando vi el regalo de mi mamá ahí, casi me muero. ¿Y esta gente me dijo que Facundo no había estado allí y que lo dejaron seguir?”.
Además, la madre contó que la sandía de madera, de alrededor de cinco centímetros de diámetro con una vaquita de San Antonio en su interior, fue llevada a Buenos Aires, junto con la bolsa de basura en la que fue encontrado, para que sea peritada por la Policía Federal.
“Los tiempos de las justicia no son los tiempos nuestros, yo lo entiendo, pero me hubiera gustado que ese mismo día se hubieran levantado estas muestras. Yo sé que estamos cerca de saber qué hicieron con mi hijo. Son ellos (por la policía bonaerense Villarino) los que me tienen que devolver a mi hijo”, cerró Cristina.
La mujer afirmó además que «todas las pericias que están surgiendo nos llevan de cabeza a la Policía de Villarino», al agregar que «quiero que me devuelvan a mi hijo, el 23 de agosto cumple 23 años, lo quiero tener conmigo, lo quiero tener acá, pertenece a la madre y a la familia».
Por su parte Leandro Aparicio, uno de los abogados de la mujer, anunció hoy a Télam que mañana a las 11, junto a Cristina Castro y su colega Luciano Peretto, ofrecerán una conferencia de prensa para dar a conocer los últimos avances de la pesquisa, la cual se realizará en el estudio ubicado en Alsina al 100, de Bahía Blanca.
Facundo fue detenido a las 10 del 30 de abril pasado en un retén policial cuando abandonó Pedro Luro y fue llevado a la comisaría de Mayor Buratovich, de donde salió unas horas después.
Según la pista que sigue su madre, entre las 15.30 y 16 de ese mismo día, el joven fue nuevamente interceptado por efectivos que lo introdujeron en una patrulla y, desde ese momento, nada más se supo de él.
El expediente está a cargo de la Justicia Federal ante la sospecha de que pudo haberse tratado de una desaparición forzada de persona, tal como denuncia la familia de la víctima.
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