Exigen respuestas a un mes de la desaparición forzada de cuatro líderes garífunas
Comunidad garífuna encara al Conadeh en busca de respuestas por rapto de pobladores
Una comitiva de la comunidad garífuna de la zona atlántica de Honduras se apostó este martes frente al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para exhortar a las autoridades de esta institución a que velen por la protección de los derechos de cuatro pobladores de la comunidad de El Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida, raptados y desaparecidos desde el 18 de julio.
Los líderes comunitarios fueron recibidos por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, a quien, además de exigirle su mediación para establecer el paradero de sus cuatro compañeros, le entregaron una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) mediante la cual se insta al Estado de Honduras a proteger a las comunidades garífunas.
Este martes 18 de agosto se cumple un mes desde la desaparición forzada de los pobladores de El Triunfo de la Cruz, en un hecho que fue perpetrado por sujetos que vestían indumentaria de la Dirección de Investigación Policial (DPI), según los relatos de los familiares de las víctimas que presenciaron el hecho.
Entre los cuatro líderes garífunas raptados, está el presidente del patronato, Sneider Centeno, así como Milton Martínez y Suany Álvarez, defensores del Comité de Tierras de la comunidad.
La sentencia de la Corte-IDH contra el Estado de Honduras fue emitida en el 2015. “Son cinco años de asesinatos sistemáticos de líderes garífunas y de kilómetros y kilómetros de tierra que han sido despojados “, dijo Ana Alma Ávila, quien viajó desde la comunidad de Corozal, La Ceiba, litoral Caribe hondureño.
Ávila, reclamó a Herrera Cáceres por su decidia y dio pistas frente a todos los medios de comunicación sobre los posibles escenarios de la desaparición forzada, al manifestar que Snaider Centeno era un líder nacional que estuvo luchando junto a la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) contra la aprobación de una ley que pretendía legitimar el despojo de sus tierras.
Agregó que Snaider también estuvo presente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) exigiendo el cumplimiento de una sentencia contra el Estado de Honduras que ordena proteger a las comunidades garífunas.
“Se establece que los que secuestraron a nuestros hermanos garífunas eran agentes de la DPI y estas acciones no solo generan temor, sino que quebrantan toda una lucha organizada”, dijo la líder de la comunidad de Corozal.
Roberto Herrera Cáceres, quien estuvo a la par de la joven garífuna, confirmó haber recibido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y expresó que asumirá el cumplimiento de esta.
A pesar de que la comunidad garífuna dice que no hay respuestas, Cáceres manifestó que el Conadeh está haciendo “acciones concretas” y que le preocupa “el tiempo que transcurre y no tener evidencias de vida de los garífunas desaparecidos”.
“Sabemos que, si el Estado no encuentra a los autores de esta desaparición forzada, tendrá que asumir su responsabilidad”, concluyó el ombudsman hondureño.
A un mes del secuestro de garífunas, Gobierno sigue con silencio cómplice
Un mes ha pasado desde que Alberth Snider Centeno, presidente del patronato de la comunidad garífuna El Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida, y cuatro pobladores más fueron secuestrados la madrugada del 18 de julio. Era sábado, y mientras Honduras entera se encontraba bajo el toque de queda por la pandemia, la tranquilidad del mar y las olas en El Triunfo de la Cruz, era arrebatada.
Hombres fuertemente armados con insignia policial y militar llegaron a cada una de las casas de los pobladores, sin dar explicación a sus familias los subieron a los vehículos de lujo que portaban, y pese a la resistencia de la comunidad que bloqueó las principales entradas y salidas, los malhechores cumplieron su objetivo: secuestrar a los cinco garífunas.
Desde el día del secuestro las comunidades garífunas y los pobladores de El Triunfo de la Cruz se hicieron nudo para emprender la búsqueda de sus cinco hermanos. Con caminatas, caravanas, tomas de carretera, plantones en otros sectores del país y en el exterior, han demandado al Estado hondureño mayor interés y celeridad en las investigaciones. Sin embargo, el silencio ha sido lo que ha reinado en torno al misterioso caso.
“Hasta el momento seguimos en las mismas. El Estado de honduras no da respuesta sobre el paradero de nuestros hermanos”, dice Jenny Herrera, presidenta del Comité para el Cumplimiento de la Sentencia en la comunidad.
La dirigente social detalló a Radio Progreso que, a un mes del secuestro existe un silencio total de parte de las autoridades encargadas de la investigación. “Para nosotros no es normal que, dentro de nuestra comunidad, que se ha caracterizado por ser tranquila, se estén dando este tipo de situaciones a vista y paciencia de las autoridades”, señaló.
Jenny Herrera siguió contando que, este primer mes ha sido difícil y a medida avanza el tiempo, la falta de respuestas, el silencio Estatal hace que la fe y la esperanza de encontrarles con vida vaya disminuyendo.
Responsabilidad del Estado
El secuestro de los cuatro pobladores no es un caso aislado. El hecho violento se da en medio del litigio por el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se encontró en el año 2015, al Estado de Honduras internacionalmente culpable por la violación de la propiedad colectiva de la comunidad El Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida y Punta Piedra en el departamento de Colón.
El pasado 6 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), resolvió requerir al Estado de Honduras que adopte medidas necesarias y adecuadas para dar con el paradero de los pobladores secuestrados.
Además, lo emplazó para que a más tardar el 24 de agosto del 2020, brinde un informe completo y detallado de la resolución emitida por ese organismo hemisférico de derechos humanos.
En ese sentido, la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda dice que no hay ninguna respuesta y están a la espera del informe que debe dar el Estado a la Corte.
Para la lideresa del pueblo garífuna, el Estado es partícipe porque la misma comunidad y la OFRANEH han venido denunciando todo el atropello que habido contra la comunidad El Triunfo de la Cruz.
“Esto que pasó en El Triunfo de la Cruz es una muestra de la irresponsabilidad del Estado respecto a una problemática que ha enfrentado la comunidad. En ese sentido, ahora que no haya respuesta nos indica que el Estado es partícipe y responsable de lo que está pasando”, señala.
Miranda detalla que, en medio del contexto de la desaparición de los pobladores en El Triunfo de la Cruz, hay enormes presiones contra líderes de otras comunidades garífunas. Para el caso, el presidente del patronato de la comunidad de San Juan ha sido víctima de hostigamiento. Es decir hay un recrudecimiento del hostigamiento hacia el liderazgo de las comunidades.
“Por eso hemos venido diciendo que todo esto forma parte de un plan de exterminio, de genocidio contra el pueblo garífuna”, puntualiza.
La bahía de Tela y la persecución contra las comunidades
Este paradisíaco rinconcito ubicado en el atlántico hondureño es conocido por sus hermosas playas, aguas cristalinas y su exuberante vegetación, también por la riqueza cultural de las comunidades garífunas. Sin embargo, detrás de toda la “cara bonita”, las comunidades garífunas de Río Tinto, Miami, Tornabé, San Juan, La Ensenada y El Triunfo de la Cruz, enfrenten una terrible realidad.
Las comunidades son víctimas de persecución, criminalización y violencia dirigida por el propio Estado. Toda esta realidad a raíz del interés de los grupos empresariales que en complicidad con la clase política hondureña han visto en la Bahía de Tela, una cantera para continuarse enriqueciendo. Aunque esto signifique el sufrimiento de las poblaciones que viven en las orillas del mar.
Los proyectos hoteleros han sido vendidos como una alternativa para sacar de la pobreza a las comunidades; sin embargo, lo único que han traído es el despojo de las tierras que ancestralmente les corresponde a los garífunas.
Frente a todo ese sombrío panorama, las comunidades mantienen un constante proceso de resistencia, impulsando asambleas y movilizaciones en defensa de la madre tierra. A pesar del proceso de expulsión, exclusión y discriminación, el pueblo garífuna se levanta de forma organizada en la defensa de su tierra y su cultura organizadas para recuperar y defender su territorio y cultura.
