Chile: Fiscalía abre investigación por el violento desalojo de civiles a comuneros mapuche
Fiscalía abrió investigación contra civiles que atacaron a comuneros mapuche
La Fiscalía de La Araucanía decidió abrir una investigación de oficio contra quienes fueron parte de los hechos de violencia ocurridos el fin de semana en las comunas de Curacautín y Victoria.
La investigación fue abierta por los delitos de desórdenes públicos, lesiones a terceros, incendio de vehículos, además de la infracción del artículo 318 del Código Penal por delitos sanitarios y vulnerar el toque de queda que impera en el país.
La indagatoria se llevará a cabo en base a los videos publicados en redes sociales y medios de comunicación y que muestran los ilícitos no denunciados ocurridos en las municipalidades de Curacautín y Victoria.
La noche del sábado grupos de civiles desalojaron por la fuerza las municipalidades de Curacautín y Victoria, que se mantenían en toma por comuneros que exigen la «libertad de los presos políticos mapuche».
PRONUNCIAMIENTO DEL INDH
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó «un llamado a todos los actores a propiciar una cultura de diálogo y de respeto por los derechos humanos, que debe darse dentro del Estado de Derecho de una sociedad democrática».
«Un motivo de especial y gran preocupación son las tomas de municipios de la región, que además afectan el acceso a servicios esenciales para el goce efectivo de derechos de las personas. Es muy grave el que grupos de civiles decidan ejecutar acciones de desalojo de dichas tomas, que sólo competen a las autoridades competentes, y que éstas no actúen oportunamente», indicaron.
«Alertamos sobre situaciones cada vez más recurrentes que promueven el enfrentamiento y el odio racial. Todos los actores sociales, y en particular las autoridades, deben condenar enérgicamente dichas situaciones, pues no son aceptables en una sociedad que debe construirse sobre la base de la convivencia intercultural», precisaron.
INDH y violencia en La Araucanía: «Es muy grave que civiles decidan ejecutar acciones de desalojo»
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) emitió un comunicado respecto a lo ocurrido en La Araucanía en los últimos días, especialmente el desalojo ejecutado por civiles a algunas municipalidad tomadas por grupos pro mapuche.
En el comunicado, el INDH lamentó las tomas de algunas municipalidades en La Araucanía y también que los desalojos hayan sido practicados por civiles.
“Es muy grave el que grupos de civiles decidan ejecutar acciones de desalojo de dichas tomas, que sólo competen a las autoridades competentes, y que éstas no actúen oportunamente. Por lo mismo, hacemos un llamado a que se investiguen estas situaciones y se identifique a las personas responsables”, afirman en el comunicado.
EL organismo también llama al Estado a tomar todas las medidas para eliminar cualquier incitación a la discriminación racial, en referencias a gritos como “el que no salta es mapuche” durante el desalojo de la municipalidad de Curacautín.
“Asimismo el Estado de Chile, en virtud de la Convención para eliminar todas las formas de Discriminación Racial, tiene el deber de tomar a través de sus distintos organismos medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a la discriminación racial o actos de tal discriminación”, agregaron.
Finalmente, respecto a la situación en La Araucanía, el INDH afirma que ha mantenido diálogo con todos los actores al respecto, incluyendo a los presos de origen mapuche en huelga de hambre, asegurando que buscan una solución por la vía institucionalizada.
“Hemos exigido el respeto de los derechos humanos de todos y todas las personas que habitan en la región, incluyendo los derechos de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas. También hemos llamado insistentemente a todos los actores a retomar y mantener el diálogo y actuar con apego a una cultura del respeto y la paz, llamado que reiteramos enfáticamente en estos momentos”, cierra el comunicado.
Concepción: Comuneros Mapuche realizan protesta frente a dirección de Gendarmería
Una manifestación causó incidentes y dejó al menos una persona detenida en Concepción. Esto luego que cerca de 100 personas llegaran a las afueras de la dirección regional de Gendarmería a exigir el traslado a Lebu del comunero Tomán Antihuen, quien actualmente permanece en la cárcel El Manzano,
Al retirarse del lugar, los manifestantes se dirigieron a las afueras de la intendencia del Biobío donde se registraron enfrentamientos con personal de FF.EE.
Antihuen, de 18 años, es investigado por su presunta participación en la quema de un carro lanzagases durante una marcha el pasado 15 de julio en Cañete.
La manifestación en Concepción se suma a los episodios de tensión ocurridos en La Araucanía durante el fin de semana en medio de la toma en los municipios de Curacautín, Victoria y Collipulli en apoyo a la huelga de hambre de más de 90 días del machi Celestino Córdova, quien exige poder cumplir su condena en su territorio.
Este lunes el vocero de gobierno, Jaime Bellolio afirmó en Radio Duna «la Araucanía necesita y merece paz. La violencia, el racismo y la autotutela con completamente inaceptables en una democracia. Simplemente no puede haber espacio para ella, y las condenamos completa y totalmente”.
Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas solicita al gobierno buscar solución política y desmilitarizar el conflicto en La Araucanía
“Por una solución política y no militarizada en La Araucanía”, se titula la última declaración pública del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA), en la que la organización se pronuncia sobre los hechos acontecidos durante el fin de semana en varias localidades del sur del país, y que comenzaron con la polémica visita del recién asumido ministro en la cartera del Interior, quien ha sido responsabilizado por varios sectores por los actos de violencia racial que se vivieron.
“Vemos con preocupación las afirmaciones del ministro del Interior, Víctor Pérez, quien en su primera visita a La Araucanía y ante las protestas de comuneros mapuche, sin proporcionar evidencias, afirmara: ‘estamos aquí frente a grupos con capacidad militar, con financiamiento, capacidad operativa y logística, que están decididos a que no exista paz y tranquilidad; y eso es lo que tenemos que combatir, y lo vamos a combatir’. Sus palabras impulsaron a grupos de civiles a violentas agresiones, de corte racista, contra estos manifestantes“, establecen.
“Este enfoque refuerza una gestión de gobierno caracterizada por entrenar militarmente a Carabineros e involucrar a los militares en esta conflictiva zona. Esta militarización agrava una situación cuya solución es necesariamente política y que no puede radicar en la imposición de la fuerza”, destacan, agregando que esto solo lleva a profundizar la violencia en un conflicto que se ha mantenido por siglos entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, y que hoy vive otro de sus crudos episodios bajo la pandemia.
Así también, se refieren a los proyectos que avalan la intervención de instituciones castrenses en democracia, y que han sido propuestos – y promulgados algunos – durante el Estado de Excepción por el gobierno de Sebastián Piñera, como la denominada Ley de Inteligencia, por ejemplo. “Estas propuestas abren la ventana a una suerte estado de excepción constitucional permanente, con amplias facultades de acción interna para las FFAA, sin control del Congreso, avalando el incremento de la autonomía y poder de los cuerpos armados. Tal política es un ataque al corazón de nuestro régimen democrático al reinstalar la lógica del ‘enemigo interno’ que tanto daño causó hasta hace no muchas décadas. Nunca más se debe confundir orden público con guerra. En un estado de derecho, el orden público debe priorizar la defensa de los derechos de la ciudadanía, muy distinto al combate militar”, señalan desde GADFA, agregando que el incorporar el orden público como una función militar permanente, “expone a las instituciones armadas al peligro de una corrupción operativa, en que la presión por obtener resultados a corto plazo relativiza la centralidad de los Derechos Humanos en su accionar, tal como ocurrió con Carabineros de Chile en la misma región”.
“Instrumentalizar a las instituciones armadas para responder a las exigencias de ciertos sectores de la derecha y del empresariado local, quienes plantean que para hacer frente a la crisis que se vive en La Araucanía se necesita más autoridad y menos diálogo y democracia, es continuar erosionando la profesión castrense”, concluyen.
Revisa la declaración completa aquí:
[gview file=»https://www.nodal.red/wp-content/uploads/2020/08/471323772-Declaracion-Gadfa-Araucania.pdf»]Dirigentas de toda la oposición emplazan a ministro Víctor Pérez a “asumir su responsabilidad política” por violencia en el Wallmapu
Este lunes, las dirigentas agrupadas en la Articulación de Mujeres de Oposición emitieron una declaración en rechazo a los actos de odio racista acontecidos este fin de semana en La Araucanía, haciendo un llamado al gobierno a destrabar el conflicto con los comuneros mapuche que permanecen en huelga de hambre.
Las representantes pidieron al Poder Judicial “investigar por qué una autoridad municipal le entrega a grupos de civiles particulares la función de desalojar un edificio”, además de indicar que “el Ejército y Carabineros deben explicar por qué los únicos detenidos son activistas mapuche y no decenas de personas que violaban el toque de queda”.
“El ministro del Interior debe asumir la responsabilidad política que implica la violación a los Derechos Humanos cometidos y amparados por la inacción por parte de las fuerzas de ‘orden y seguridad’”, añadieron.
De esta forma, las dirigentas llamaron al gobierno “a responder las demandas de los huelguistas de hambre y dar pie atrás en la línea de crispamiento e intimidación anunciada por el ministro del Interior, Víctor Pérez, en su reciente visita a La Araucanía. Y a condenar los actos de estos grupos que están actuando de forma impune, siendo incluso respaldados por las fuerzas de orden y seguridad”.
“Hacemos un llamado urgente a un diálogo político y social al más alto nivel que permita escuchar las demandas de los comuneros en huelga, encontrar caminos de salida atendiendo a los tratados de derechos humanos en materia de pueblos originarios y enfrentar como un problema de Estado la relación vejatoria que se ha perpetuado por siglos con el pueblo mapuche”, agregaron en su declaración.
Al respecto, la vicepresidenta de RD, Marcela Sandoval, comentó que “Chile tiene una tremenda deuda con los pueblos originarios, pese a comprometerse en tratados internacionales a proteger sus derechos, existe un trato discriminatorio de parte del Estado”.
Y agregó que “con el proceso constitucional tenemos la oportunidad de generar condiciones para la representación de los pueblos originarios a través de los escaños reservados, esperamos que el Congreso acelere la tramitación de este mecanismo para garantizar que sean los propios pueblos los que definan sus prioridades para la nueva Constitución”.
Por su parte, Antonia Orellana del Frente Feminista de Convergencia Social llamó “a todas las fuerzas políticas y sociales a aislar a los grupos racistas” y señaló que “es urgente un diálogo político y social al más alto nivel que permita escuchar las demandas de los comuneros en huelga, encontrar caminos de salida atendiendo a los tratados de derechos humanos en materia de pueblos originarios”.
Revisa aquí la declaración completa y quiénes la firman:
[gview file=»https://www.nodal.red/wp-content/uploads/2020/08/471333875-Declaracio-n-Curacauti-n-y-Pueblo-Mapuche-Mujeres-de-Oposicio-n.pdf»]
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