Pese al gran descontento social, Chile implementa gran capacidad de respuesta al COVID-19
A pesar de contar con un sistema de salud fragmentado y la falta de cobertura universal en el servicio, y de que la pandemia llegó en un momento de gran descontento social, luego de diversas protestas durante 2019, Chile cuenta con una de las tasas más bajas de letalidad por Covid-19 de la región, debido a su capacidad institucional y la implementación de paquetes de emergencia superiores a los aplicados en la región. Sin embargo, se requiere invertir en el mejoramiento permanente del sistema de salud y de los programas de protección social, los cuales deben trascender la crisis sanitaria.
Así lo señala el documento “Chile ante la pandemia del Covid-19” de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), que analiza los planes de emergencia implementados en ese país y que tienen como pilares la protección del empleo y de los ingresos de las personas trabajadoras, así como la inyección de liquidez a las empresas.
Chile se caracteriza por ser una macroeconomía estable y de instituciones sólidas. Los niveles de pobreza son relativamente bajos: en 2017, sólo el 10.7 % de la población vivía en condiciones de pobreza y el 1.7 % en pobreza extrema. No obstante, Chile tiene alta desigualdad con un coeficiente de Gini de 0.45 en 2017, un 45.7 % del ingreso concentrado en el quinto quintil, y sólo un 7.7 % en el primero.
En ese contexto, Chile registra que el número total de contagiados al 22 de mayo de 2020 es de 61 mil 857, con 35 mil 885 casos activos, 630 personas fallecidas, 850 pacientes con ventilación mecánica invasiva y 159 en estado crítico. El número total de exámenes realizados es de 442 mil 093, la tasa de pruebas per cápita más alta de América del Sur.
Como se señaló anteriormente, a pesar de que no existe cobertura universal en servicios de salud, lo cual no garantiza el acceso a toda la población, la implementación del plan de emergencia ha coadyuvado a mitigar los efectos de la pandemia. El paquete de emergencia consta de dos partes, la primera es de 11 mil 750 millones de USD e incluye la extensión del seguro de desempleo, prórrogas en los pagos de impuestos a personas y empresas, y un incremento del presupuesto de salud, entre otros aspectos; la segunda contempla un fondo de 2 mil millones de USD, enfocado a la protección de los trabajadores más vulnerables y un plan de hasta 3000 millones de USD para créditos en apoyo a empresas.
En cuanto al sistema de salud, a partir de la pandemia del Covid-19, se determinó que el diagnóstico para esta enfermedad fuera gratuito para los afiliados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), al cual están afiliados 78% de los chilenos; otorgamiento de licencias médicas; ampliación de capacidad hospitalaria y colaboración del sector público y privado de salud, y aumento en el gasto a la salud.
En cuanto a las asignaciones familiares, además de las implementadas normalmente, se activó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual apoya a los hogares pertenecientes al 60 % más vulnerable de la población y que dependan de fuentes informales de ingresos. El otro apoyo es el Bono de apoyo a los ingresos familiares (Bono covid-19), el cual consiste en la transferencia monetaria de 50 000 clp a los beneficiarios del programa de Subsidio Único Familiar y del Subsistema Seguridades y Oportunidades. Además de estos, se encuentran medidas tributarias de apoyo a personas naturales y el fondo de 2 mil millones de USD para la protección de los ingresos de los más vulnerables.
En lo que a protección del empleo se refiere, se estableció la ley para empleados formales que, debido a la contingencia, no puedan seguir prestando servicios o deban ajustar sus jornadas de trabajo, protegiéndolos de despidos por hasta 6 meses obligando a empleadores a continuar pagando cotizaciones previsionales y de salud; en cuanto a trabajadores independientes se prevé la devolución anticipada de impuesto a la renta de mayo a abril, y la devolución de retención de impuesto a la renta desde enero de 2020; y en cuanto a las pymes y a las grandes empresas, se encuentra la suspensión o postergación de pagos de impuestos y contribuciones, la condonación de intereses y multas por impuestos y declaraciones fuera de plazo, así como considerar los gastos relacionados con la contingencia como gastos tributarios.
