Haití: organizaciones de DDHH denuncian connivencia de autoridades con bandas armadas
ONG denuncian la connivencia de las autoridades haitianas con grupos armados
Las investigaciones realizadas en Haití por dos organizaciones del ámbito de los Derechos Humanos ponen de manifiesto que las autoridades del país protegen y actúan en connivencia con bandas armadas e, incluso, participan en ataques perpetrados en su territorio con vehículos policiales.
Así lo ponen de manifiesto la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) y la Fundación Je Klere (FKJL) en sendos informes en los que denuncian vínculos entre agentes de Policía de unidades especializadas y los grupos armados que aterrorizan a la población de los barrios populares.
RNDDH: LAS AUTORIDADES SUMINISTRAN A LAS BANDAS ARMADAS
En un informe sobre los ataques a barrios desfavorecidos publicado el 24 de junio, la RNDDH exige el fin de la protección a las bandas armadas por parte de las autoridades que ostentan el poder.
A la organización le preocupa que las organizaciones criminales protegidas por el gobierno de Jovenel Moïse sean cada vez más poderosas, indica el documento.
Los barrios víctimas de ataques son, en su mayoría, áreas de resistencia antigubernamental, como La Saline y Nan Tokyo, donde entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019, se ha registrado más de una docena de ataques de bandas que han causado unas 136 muertes, así como la violación de 11 mujeres y niñas, según la ONG.
Además, 34 personas, entre ellas tres menores y seis mujeres, fueron asesinadas en cinco barrios obreros de Puerto Príncipe entre el 23 y el 27 de mayo de 2020, ataques en los cuales se utilizaron vehículos de la Policía Nacional, revela la RNDDH.
«Se organizan con la bendición de las autoridades que les proporcionan armas y municiones. Se benefician, en su mayoría, de la protección de la institución policial», apunta el informe.
El texto cita a Jimmy Cherizier, alias Barbecue, como una de las personas autorizadas a utilizar vehículos de la Policía Nacional si dice que quiere atacar los barrios desfavorecidos que albergan a familiares de la oposición política.
LA FJKL HACE SONAR LA ALARMA
En cuanto a la investigación de la FJKL, revela que se están organizando bandas armadas en milicias para permitir que el poder gobernante se renueve.
«Si el plan tiene éxito, Haití será oficial y legalmente un estado rebelde, un orden público asesino. Y los derechos humanos seguirán siendo violados masiva y sistemáticamente», predice la institución en su informe.
Asimismo, hace un llamamiento a los ciudadanos para que despierten ahora y detengan este macabro plan, recomendando la creación de una comisión de investigación independiente con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que arroje luz sobre estos acontecimientos.
También para indagar sobre el creciente número de actos delictivos, desapariciones forzadas, violaciones, incendios provocados, secuestros y ejecuciones extrajudiciales, que constituyen la suerte cotidiana de los habitantes de los barrios populares en particular y de la población en general, y que se haga justicia a las víctimas.
En el informe, publicado el 22 de junio, la entidad habla de que la población es abandonada a su suerte frente a las bandas armadas que, en algunos casos, han recibido el apoyo activo o pasivo de las fuerzas del orden por razones ideológicas o, simplemente, criminales.
ATAQUES CON FINES ELECTORALISTAS
Los ataques de bandas armadas en barrios precarios como La Saline, Nan Tokio, Fort Dimanche siempre han dado lugar a que se maten, hieran, decapiten o quemen a personas y se destrocen e incendien casas.
Las dos organizaciones denuncian la formación de bandas armadas en varios distritos de la capital al servicio del poder bajo el nombre de «G9 y aliados» que hicieron una demostración de fuerza el pasado fin de semana instalando a nuevos cabecillas en los barrios conquistados en Puerto Príncipe: Pont Rouge, Chancerelles, Wharf Jérémie, Fort Dimanche, La Saline y Nan Tokyo.
En el centro de estos ataques, según la RNDDH y la FKJL, está el control político, con fines electoralistas, de los territorios atacados.
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