Se agrava la situación en penales de Brasil y Colombia, y en Chile piden por los detenidos en protestas
Continúa agudizándose la emergencia carcelaria en Colombia
La emergencia carcelaria en Colombia se ha agudizado en los últimos meses. Las altas cifras de contagio de Covid-19 de los internos que se encuentran en los centros penitenciarios reflejan la sistemática violación a los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad. A esto se suma la represión por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- que ha dejado varios internos muertos y otros tantos heridos.
En las cárceles de Colombia, el hacinamiento es del 53%. Según la Defensoría del Pueblo, estas instalaciones sobrepasan la capacidad de albergue para las que fueron creadas. Al menos 42.000 personas recluidas cumplen su condena en pésimas condiciones de vida.
#DerechosHumanos? | El día de ayer, internos en cárcel La Picota de Bogotá realizaron cacerolazo. A las afueras, sus familiares (gran mayoría mujeres) se movilizaron. Denuncian crisis carcelaria. Cifras de contagios en cárceles supera las 670. pic.twitter.com/8fWG4RdhZD
— Colombia Informa (@Col_Informa) May 7, 2020
Desde que la Covid-19 fue catalogada como pandemia, personas privadas de la libertad en diferentes cárceles del país así como sus familiares han realizado manifestaciones contra la negligencia gubernamental para evitar la expansión de esta enfermedad al interior de los centros. A esto se la han sumado las denuncias sobre el maltrato y los constantes hostigamientos por parte de integrantes del Inpec a las y los internos.
Sin embargo, el hacinamiento es una de las principales causas de vulneración de derechos a las y los internos. De los 138 centros penitenciarios del país, 129 presentan hacinamiento. Las ciudades con mayor cifra son Santa Marta (Magdalena), Magangué (Bolívar), Valledupar (Cesar), Villahermosa (Cali) y Bogotá.
“El dramático aumento de las cifras de hacinamiento que pasaron del 27.8% al 53.7% durante los últimos cinco años, demuestra que no ha habido una política gubernamental integral en materia carcelaria y criminal que permita superar los problemas estructurales”, decara el Comité de Solidaridad de los Presos Políticos -CSPP- en su artículo Situación carcelaria en Colombia.
Aunque no se han implementado soluciones al hacinamiento tampoco se han desarrollado proyectos de protección frente a la pandemia para los presidiarios y guardianes de las cárceles.
Según la Fundación Defensora de Derechos Humanos Lazos de Dignidad, en las cárceles de Colombia van 1.297 casos confirmados de Covid-19 y cuatro muertes. La cárcel de Villavicencio (Meta) resulta la más afectada, con 877 casos confirmados.
#EmergenciaCarcelaria| La grave situación que se está viviendo en las cárceles en la coyuntura del #COVIDー19 es una bomba de tiempo, el decreto 546/2020 sigue reflejando una actitud de indiferencia ante esta barbaridad carcelaria.@INPEC_Colombia @IvanDuque @FiscaliaCol pic.twitter.com/uiQeFvpyft
— Lazos de Dignidad (@FLazosDignidad) May 25, 2020
Fondos mal empleados
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – Uspec- firmó contratos por más de 500 millones de pesos colombianos en servicios de abogados. Llama la atención que este dinero no ha sido puesto en marcha para solventar elementos que requieren las cárceles en la emergencia sanitaria.
Se presume que funcionarios de las cárceles de Villavicencio (Meta) y de la Alcaldía de Soledad (Atlántico) estén implicados en este mal manejo de los recursos del Estado.
Las cárceles son un principal foco de contagio y aunque la Uspec es una entidad que suministra elementos que requieren las cárceles, los elementos sanitarios que requieren los prisioneros son negados.
Una protección que no llega
El Movimiento Nacional Carcelario -MNC- ha exigido al Gobierno Nacional la derogación del Decreto 456 de 2020 pues este “se convierte en una burla las justas solicitudes de prevención y respeto a la dignidad humana de la población privada de la libertad, donde se desconoce la necesidad de descongestión de los centros penitenciarios y se prioriza la tortura por encima de la humanidad”.
El MNC sostiene que lo previsto por el Decreto no abarca ni un 2% de la población en condiciones de hacinamiento así como tampoco tiene en cuenta a las personas privadas de libertad que se encuentran con mayores riesgos de contraer la Covid-19 y morir a causa de esta enfermedad. “Exigimos la libertad inmediata para las mujeres lactantes y mujeres de la tercera edad con enfermedades” señalaron.
Específicamente en la cárcel de Cúcuta, internos han realizado manifestaciones que han terminado con abusos por parte de los guardias. De esta situación se conoce poco pues el Inpec no ha querido dar información, ni siquiera a los familiares.
La Asociación de Familiares y Amigos de Internos e Internas de la Cárcel de Cúcuta – Asofaminterccuc- ha venido liderando las acciones de agitación y visibilización de esta situación en la ciudad frontera. Entre plantones y velatones (y a pesar de los constantes hostigamientos y amenazas por parte de la fuerza pública) este grupo de personas,ha continuado resistiendo y denunciando la actual emergencia carcelaria.
“Estos actos se han realizado con el objetivo de que el Estado nos escuche, porque no han tomado ninguna acción hasta el momento. También conmemoramos la memoria de los masacrados en La Picota el 23 de marzo de este año por parte de integrantes del INPEC”, comentó Ángela Ochoa, representante de la Asofaminterccuc.
#EmergenciaCarcelaria?| ¡Más de mil contagios y 4 muertes por #Covid19 al interior de las cárceles en Colombia! Familiares de internas e internos de la cárcel de Cúcuta realizaron un acto para denunciar la negligencia del Gobierno Nacional para evitar la expansión del virus? pic.twitter.com/70F6KEFQL3
— Colombia Informa (@Col_Informa) May 14, 2020
También la Fundación Lazos de Dignidad ha exigido “respeto a la dignidad humana y garantías efectivas en beneficio de las personas privadas de la libertad en Colombia, obligada por el Estado a vivir en condiciones de inhumanidad y a morir ante la desidia estatal, pena a la que no fueron condenados y no están en capacidad de soportar”.
Familiares de las y los detenidos exigen al Gobierno de Iván Duque garantías y medidas inmediatas, tanto para las personas privadas de la libertad como para las personas que hacen parte del personal que atiende las instituciones penitenciarias y que en muchas ocasiones salen y entran a las instituciones sin ningún tipo de protección ni protocolos. Estas mismas familias se han unido mediante campañas y actividades de recolección de elementos personales y de alimento para suministrar las ayudas y elementos de protección que no llegan.
Coronavirus en Brasil: la situación en las cárceles dispara las alarmas
La situación en las cárceles de Brasil, que siempre fue compleja y con severos problemas de hacinamiento, dispara nuevamente las alarmas con el avance entre la población penitenciaria del coronavirus, que en el país ya suma 374.898 casos confirmados y 23.473 muertos.
El Departamento Penitenciario Nacional (Depen), el organismo estatal responsable por una población carcelaria de 758.676 detenidos, contabilizaba hasta la semana pasada 755 contagios y 29 muertes en las prisiones de todo el país.
Sin embargo, el número puede dar un salto en el próximo recuento nacional, que será publicado en los próximos días, debido a que hasta el lunes sólo el Complejo Penitenciario de Papuda, localizado en el Distrito Federal de Brasilia, registraba 671 casos confirmados entre los detenidos.
La Secretaría de Salud del Distrito Federal reportó que hasta la noche del lunes se había registrado una muerte dentro del complejo, mientras que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario (Sesipe) indicó que hasta la fecha, 222 agentes se han contagiado y uno ha fallecido en la capital brasileña.
Así, con la aplicación de 4.000 pruebas clínicas para detectar la presencia del Covid-19, el número de detenidos y guardias infectados en el Complejo Penitenciario de Papuda llega a los 893, con dos fallecimientos.
Para contener el avance del virus, las autoridades de Brasilia extendieron hasta el próximo viernes, cuando será revaluada la medida, la suspensión de visitas a los presos, que está en vigor desde el 12 de marzo.
Al mismo tiempo, avanzan las obras en el hospital de campaña que está siendo construido en un espacio de 1.000 metros cuadrados dentro del complejo y que después de la pandemia continuará funcionando para la población carcelaria.
Pese a las acciones para contener el avance del coronavirus en las cárceles del país, Human Rights Watch (HRW) advirtió que solo un 0,4% de la población penitenciaria en Brasil pasó por pruebas para determinar la presencia del Covid-19, por lo que los casos pueden ser más.
El escenario se agrava con la determinación de la Justicia de pasar al régimen semiabierto a unos 30.000 detenidos por formar parte de los grupos de mayor riesgo, pero el gobierno del presidente Jair Bolsonaro se opone y propuso que los presos contagiados sean aislados en contenedores adaptados.
Existe en Brasil «una prohibición al uso de contenedores que fue establecida después de críticas en 2010 por causa de las condiciones infrahumanas en ese tipo de albergue improvisado en las cárceles», comentó HRW en una nota enviada a EFE.
Miedo tras las rejas
Uno de los detenidos del régimen semiabierto del Complejo Penitenciario de Papuda, que estuvo infectado y pidió para no ser identificado, afirmó a EFE que el coronavirus entró al presidio a través de los guardianes y que el número oficial divulgado puede ser mayor porque «no hicieron exámenes en todos».
«Es un número absurdo, pero puedo decir que todos allí contrajimos el virus, porque muchos ni se manifestaron por miedo a ser aislados, porque no se tienen colchones ni el debido amparo con la atención médica», comentó el detenido, quien dice que cuando alguien pide socorro en la madrugada es tratado con «fuerza bruta».
«Somos tratados peor que animales», aseguró el preso, para quien «el índice de personas que van a morir (en Papuda) es cada vez mayor» y, por eso, pidió en nombre de los otros detenidos «un acompañamiento psicológico», porque la presión ha llevado a que se planeen algunas «tentativas de fuga».
La falta de productos de higiene y desinfección de las celdas y, particularmente, las aglomeraciones cuando se toma sol, fueron también denunciadas.
Otro detenido, que también pidió mantener el anonimato, reclamó de esas condiciones en medio de la pandemia y de la ocultación de muertes por causa del coronavirus.
«Supimos que unos cinco o seis (presos) que murieron a causa del coronavirus fueron reportados como fallecimientos por otro tipo de cosas,como «insuficiencia respiratoria», puntualizó el detenido.
Por Joedson Alves, agencia EFE
Chile | Diputados ingresan proyecto para cambiar prisión preventiva de detenidos durante estallido social
Parlamentarios de oposición ingresaron un proyecto de resolución donde solicitan conmutar la prisión preventiva a arresto domiciliario, para los detenidos durante el estallido social.
De acuerdo al documento al que tuvo acceso BioBioChile, se pide incorporar “las disposiciones administrativas y legales para conmutar las medidas de prisión preventiva para la población penal que hayan sido formalizadas y se les haya decretado Prisión Preventiva, entre el 18 de Octubre del 2019 y el 16 de marzo del 2020”.
En esa línea, se pide aplicar medidas cautelares menos gravosas de arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Lo anterior, a propósito de la pandemia por el coronavirus, ya que a juicio de los parlamentarios que firman el documento, la sobrepoblación y hacinamiento al interior de los recintos penales hacen imposible llevar a cabo el distanciamiento social recomendado por la autoridad sanitaria.
Asimismo, aseguran que la precariedad de la infraestructura complican el acceso de todos los reclusos al agua potable, a lo que se suma que no se cuentan con espacios especiales para mantener a los casos sospechosos de haber sido contagiados.
“A ello se suma la ausencia de protocolos claros y uniformes, así como el cumplimiento de estos debido a la carencia de implementos de seguridad personal y elementos que permitan sanitizar las dependencias”, agrega el texto.
El proyecto fue firmado por las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas (Comunes), Emilia Nuyado (PS); además de sus colegas Jorge Brito (RD), Gabriel Boric (Convergencia Social), Patricio Rosas (PS) y Matías Walker (DC).
Al respecto, la diputada Claudia Mix sostuvo que “en el contexto actual es urgente lograr una pronta excarcelación de las personas que se encuentran en prisión preventiva a propósito de la movilización social de octubre”.
“Ellos no son delincuentes y protestaban por demandas totalmente vigentes”, agregó.
La iniciativa fue trabajada junto a Guacoldas, Agrupación de Familiares y Amigos de los Prisioneros Políticos, quienes llamaron a las autoridades a cumplir con las recomendaciones dadas por organismos internacionales para cambiar la prisión preventiva por otras medidas de cautela en el actual contexto de pandemia.
Esto último, “con el fin de descongestionar los penales y de salvaguardar la vida de personas que según la legislación vigente son inocentes, y que se encuentran en peligro ante la propagación del COVID-19”, declaran desde la agrupación.
Mientras, el diputado Jorge Brito (RD) señaló que en las cárceles no están dadas las condiciones en este contexto de pandemia.
“Creemos que aquellas personas que fueron detenidas por carabineros, con pruebas de dudosa procedencia, y que se encuentren en prisión preventiva desde el 18 de octubre, pueden cumplir este proceso desde sus domicilios, porque en los centros penitenciarios se van a contagiar dado que no están las medidas para cuidar la vida”, sentenció.
Argentina | Alberto Fernández: “Tener en las cárceles personas en situación de riesgo y que el Estado no reaccione es inhumano”
En un acto junto a Axel Kicillof e intendentes bonaerenses, el presidente Alberto Fernández reavivó la discusión sobre las cárceles y las condiciones de hacinamiento que convierten a los centros penitenciarios en un peligro en medio del brote de coronavirus.
“La pandemia dejó la muestra de la desigualdad en la que vivimos, lo primero que debe enseñarnos es que vivimos en un país injusto y ahora nadie tiene excusa de decir ‘no me di cuenta’, porque todos lo vimos», señaló el jefe de Estado, antes de marcar que “el desafío no es mano dura o mano blanda”.
“Encarcelar a todos y no construir cárceles no tiene sentido, es todo marketing”, disparó en referencia al gobierno anterior. “Tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione es un acto inhumano. Y nosotros abrazamos la política porque la humanidad es lo que nos importa”.
El mandatario realizó esa reflexión minutos después de que el gobernador Kicillof anunciara la creación de un total de 2.000 nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Bonaerense: 650 nuevas, que se suman a las 1.350 que informó hace unas semanas.
Una gran parte del discurso del Presidente estuvo enfocada en la desigualdad que se observa en la Argentina: “Decimos vivir en un país federal, pero en los hechos actúa como unitario; con un Estado que acumula y distribuye con cierta discrecionalidad y gobiernos provinciales que toman y distribuyen con discrecionalidad. Lo que necesitamos es un sistema que distribuya a cada uno lo que corresponda».
Luego de esa introducción, el mandatario hizo foco en el distrito bonaerense: “Uno se pregunta por la provincia de Buenos Aires, que produce el 41% del PBI, que tiene una densidad demográfica impresionante y ha crecido como ninguna provincia en los últimos 30 años, por qué le toca lo que le toca”.
“Buenos Aires sigue recibiendo no solo habitantes del Norte sino de países hermanos, que llegan a un lugar que no tiene los recursos para poder desarrollar en condiciones de dignidad la vida de cada uno”, remarcó el jefe de Estado, que así reabrió una larga discusión sobre la distribución de recursos.
“Lo que nos pasa con el coronavirus, que queda concentrado en el AMBA, demuestra cuál es el efecto real del hacinamiento y sus consecuencias; cómo podemos ver semejante diferencia tan cercana y no reaccionar”, reflexionó antes de reclamar que algún día habrá que sentarse a discutir “cómo hacemos para que la Argentina deje de ser un país riquísimo en el centro y pobrísimo en el Norte y en el Sur; cómo hacemos para que los que están en el Norte encuentren la posibilidad de vivir, disfrutar y morir en el mismo lugar donde nacieron. Ese es el desafío que la pandemia nos exige”.
En ese contexto, señaló que “en Villa Azul (el barrio bonaerense que fue aislado) están las dos Argentinas”. El ejemplo apuntaba a que de un lado estaba la zona que pertenece a Avellaneda, donde –destacó– está “el barrio que se construyó con condiciones dignas, en el que el contagio es infinitamente menor que cuando verificamos en la zona más débil de ese mismo barrio”, que pertenece al partido de Quilmes, donde hasta finales de 2019 gobernó Juntos por el Cambio.
“Si somos gente digna, no podemos permitir que esa situación de desigualdad se profundice. Pero no va a haber magia del mercado que lo haga, lo tenemos que hacer nosotros”, destacó Alberto Fernández antes de cerrar con una frase con tono de promesa. “Tenemos una suerte: en medio de tanto dolor y entre tanta pena, tenemos la suerte de que ese país más justo nos tocó construirlo a nosotros. Y yo no voy a dejar pasar la oportunidad”.
Tras el acto, una serie de intendentes bonaerenses que participaron del acto se refirieron al plan “Argentina Hace”. Entre ellos estuvo el alcalde de La Matanza, Fernando Espinoza, quien destacó que «es un día muy importante porque estamos ya poniendo en marcha la Argentina de la post pandemia. No con palabras, claramente, sino con hechos. Quiero agradecerle muy especialmente a nuestro querido presidente, Alberto Fernández, por haber cumplido con su palabra y traer la inversión que necesitamos para poner en marcha las obras que precisan todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires, incluida por supuesto La Matanza”.
“Lo que hoy terminamos de firmar con nuestro Presidente y con nuestro Gobernador tiene que ver con una muy fuerte inserción del Estado en la vida económica de la Argentina que viene. Necesitamos hacer lo que hicieron los grandes países después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el conocido Plan Marshall. Eso significa una fuerte inversión de recursos del Estado en la economía, porque no van a venir inversiones del sector privado si no se pone en marcha primero el Estado”, resaltó Espinoza.
Bolivia | En Palmasola se reportan 36 reos con COVID-19
El director general de Régimen Penitenciario, Clemente Silva, informó que a la fecha son 36 los privados de libertad del penal de Palmasola contagiados con coronavirus.
Asimismo, detalló que hay 103 reclusos aislados; 50 en la denominada Casa Blanca, 33 en la guardería y otros 20 en el Centro de Apoyo Integral Pedagógico (CAIP).
También existen 18 presos hospitalizados por COVID-19; siete de ellos fueron dados de alta y hay unas 70 pruebas pendientes.
Una nota de prensa del Ministerio de Gobierno refiere que en la cárcel de Palmasola los policías, personal administrativo, bolsas y paquetes son fumigados antes de ingresar, y que de manera paralela se realiza el desinfectado de todos los pabellones y ambientes.
Silva aseguró que las medidas de bioseguridad aplicadas en marzo, como la prohibición de visitas, evitó que el coronavirus se manifieste en otras penitenciarías del país.
Hace dos semanas, en el penal cruceño hubo una protesta por parte de los internos, quienes reclamaron la dotación de barbijos, alcohol en gel y guantes de látex para su protección, y la atención médica de emergencia.
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) envió un grupo de médicos para la atención de los reclusos.
Sin visitas
Por decisión de los mismos privados de libertad, se prohibieron las visitas en todas las cárceles del país y solo se permite el ingreso de alimentos y otros insumos de primera necesidad, previa desinfección.
Honduras | Tras muerte de seis reclusas, Conaprev llama a autoridades a tomar decisiones: “cárceles son una bomba de tiempo”
Tras la muerte violenta de seis privadas de libertad el fin de semana en Honduras, el director del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (Conaprev), Orle Solís, llamó a las autoridades hondureñas a sostener una reunión para tomar decisiones inmediatas en las cárceles del país, para evitar más violencia.
“El Consejo de Seguridad Nacional, el Conaprev y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos deben reunirse para encontrar una solución al desorden del centro carcelario”, dijo Solís en entrevista para Diario Matutino.
Diario Matutino: Orle Solís, del Comité de Prevención de la Tortura. «El principal problema que tenemos en todos los centros penitenciarios es el hacinamiento. Todos estos recintos son una bomba de tiempo». pic.twitter.com/VmpUijNQEn
— Radio HRN (@radiohrn) May 25, 2020
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