Gran indignación en Colombia tras revelarse espionaje del Ejército a periodistas y políticos
Colombia condena espionaje del Ejército y critica uso de inteligencia militar
Según una investigación publicada por la revista Semana, miembros del Ejército espiaron hasta hace pocos meses a por lo menos 130 personas, entre ellas periodistas nacionales extranjeros, defensores de derechos humanos, sindicalistas e incluso generales y miembros del Gobierno, al parecer mediante el desvío de recursos de la cooperación estadounidense.
Asociaciones de periodistas, entes de control, partidos políticos y líderes de opinión condenaron las actividades con las que unidades militares hicieron perfiles de los afectados que incluyen gráficos sobre sus contactos, movimientos y trabajos periodísticos.
«Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país», manifestó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en un comunicado.
La tentación de hacer seguimientos a la prensa es recurrente en unidades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, pero esta vez llama la atención la amplitud de la operación, llevada a cabo entre febrero y diciembre de 2019.
GARANTÍAS PARA UNA PRENSA LIBRE
Aunque más de un centenar de personas fueron «perfiladas», el foco de los seguimientos está puesto en la prensa, en especial en corresponsales de medios estadounidenses, como Nick Casey, de The New York Times.
La revelación Semana incluye a otros periodistas como Juan Forero, del Wall Street Journal; John Otis, corresponsal en América Latina para National Public Radio (NPR) e investigador del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), sigla en inglés), la fotoperiodista Lynsey Addario y el fotógrafo Stephen Ferry.
«Las carpetas secretas son un atentado a la libertad de prensa, de opinión y a la intimidad de las personas. Eso no puede pasar en una democracia», escribió en su cuenta de Twitter el director de Semana, Alejandro Santos Rubino.
En ese mismo sentido, la Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) y la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) rechazaron «la interceptación ilegal y seguimiento a periodistas nacionales e internacionales», y pidieron garantías de seguridad para los corresponsales perseguidos.
RECHAZO DE PARTIDOS POLÍTICOS
La denuncia de Semana también reveló que el espionaje fue realizado cuando el comandante del Ejército era el cuestionado general Nicacio Martínez, que pasó a retiro a finales de ese año, después de doce meses de una gestión marcada por constantes denuncias de presunta falta de compromiso con los derechos humanos.
Por eso, este sábado partidos como la FARC, condenaron «que mientras los líderes sociales y exguerrilleros se encuentran en total desprotección, los organismos de inteligencia militar se ocupen de indagar como ‘blanco legítimo'» a estos ciudadanos.
Lo mismo hizo el senador Gustavo Bolívar, que aparece entre los perfilados, quien aseguró que una operación de este tamaño debió constar miles de millones de pesos y que un movimiento como ese no se realiza «sin que el Estado sepa».
En las carpetas hay igualmente perfiles de políticos de oposición y de defensores derechos humanos, como el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, o el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).
«Es de suma gravedad que en el interior de las Fuerzas Militares varias unidades continúen realizando labores de espionaje ilegal contra las organizaciones que documentamos o acompañamos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de estas instituciones», manifestó el Cajar en un comunicado.
LLAMADOS DE ORGANISMOS DE CONTROL
Ante las denuncias, la Procuraduría General (Ministerio Público) anunció que asumirá el proceso disciplinario que lleva a cabo el Comando de las Fuerzas Militares por presuntos seguimientos por parte de miembros del Ejército a estos ciudadanos.
Según el ente de control, este proceso se suma a la indagación que inició en enero contra miembros del Ejército por los hechos derivados de un allanamiento hecho en diciembre de 2019 en las instalaciones de un cantón militar en Cundinamarca.
El viernes, horas antes de que Semana publicara la investigación, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la desvinculación del servicio activo de 11 oficiales y el retiro voluntario de un brigadier general, como parte de las investigaciones por las denuncias que hizo la misma revista enero.
Sobre esto, el procurador general, Fernando Carrillo, designó a un funcionario especial para que evalúe los hechos que dieron lugar al retiro de esos funcionarios.
Ante la denuncia, el presidente colombiano, Iván Duque, subrayó que su Gobierno no tolerará «a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley» y por eso encargó a su ministro Trujillo una «rigurosa investigación de las labores de inteligencia de los últimos 10 años».
“¿Por qué nos vigilan?”: FLIP exige a Duque y al Ejército explicaciones por espionaje militar
Más de cien comunicadores nacionales y extranjeros enviaron carta rechazando los seguimientos por parte de inteligencia militar y pidiendo respuestas claras.
Ante las recientes denuncias sobre perfilamiento, vigilancia y espionaje a periodistas por parte de inteligencia del @COL_EJERCITO , 34 de los periodistas perfilados han emitido esta carta a la opinión pública con el respaldo de más de 105 de sus colegas y de la @RedperiodismoU pic.twitter.com/5t2GQz9NSC
— FLIP (@FLIP_org) May 3, 2020
En un duro pronunciamiento el New York Times asegura que las informaciones sobre el monitoreo del Ejército a periodistas colombianos y a su corresponsal en Colombia constituyen un preocupante intento de intimidación a la prensa.
Así se lo manifestó a la revista Semana, responsable de la investigación, Danielle Rhoades Ha, vicepresidenta de comunicaciones de The New York Times Company.
“Nos preocupan profundamente los reportes recientes según los cuales el Ejército colombiano monitorea las actividades de periodistas, entre ellos el corresponsal de The New York Times. Dichos actos constituyen un intento de intimidar a la prensa y a sus fuentes, y de restringir informes que el público tiene derecho a conocer”, dijo.
Por su parte, la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) también manifestó su rechazo al espionaje del que fueron víctimas varios periodistas y enviaron al presidente Iván Duque y al Ejército una carta titulada “¿Por qué nos vigilan?”.
La misiva, publicada en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, fue firmada por 35 periodistas perfilados por inteligencia militar y otros 105 comunicadores entre los que se encuentran el director y el subdirector de Noticias Caracol Juan Roberto Vargas Y Alberto Medina.
“Aquí se trata de reconstruir la confianza en un Estado que no está para vigilar periodistas sino para garantizar la vida democrática y aquí se ha cruzado un límite”, expresa Pedro Vaca, de la Fundación para la Libertad de Prensa.
Estas son las preguntas formuladas al gobierno en la carta:
¿Quién o quiénes dieron la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de organismos de inteligencia militar?
¿Somos los periodistas y medios vigilados por el Estado una amenaza para la seguridad nacional?
¿Quiénes eran los destinatarios y/o tuvieron acceso a las carpetas con los perfilamientos y espionajes a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos?
¿Tiene el presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa o alguno de sus altos funcionarios conocimiento de estas actividades de espionaje ilegal? ¿Qué acciones tomarán para garantizar que los periodistas puedan ejercer la profesión sin ser blanco de perfilamientos, espionaje y estigmatización?
Las organizaciones internacionales de prensa APIC Prensa Internacional y Reporteros Sin Fronteras rechazaron estos seguimientos.
ONU advierte que inteligencia militar no es para vulnerar derechos
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos cuestionó este domingo que la inteligencia militar se utilice para vulnerar los derechos y no para protegerlos, a raíz del nuevo caso de espionaje del Ejército denunciado este fin de semana.
Según una investigación publicada por la revista Semana, miembros del Ejército espiaron hasta hace pocos meses a por lo menos 130 personas, entre ellos periodistas nacionales extranjeros, defensores de derechos humanos, sindicalistas e incluso generales y miembros del Gobierno, al parecer mediante el desvío de recursos de la cooperación estadounidense.
«La Oficina expresa su profunda preocupación por estas denuncias públicas que señalan la existencia de agresiones frente a la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, entre otras personas», manifestó la organización en un comunicado.
La investigación de la revista reveló que militares hicieron perfiles de los afectados que incluyen gráficos sobre sus contactos, familiares, movimientos y trabajos periodísticos.
Por eso, la oficina reiteró que «la regulación e implementación de actividades de inteligencia debe guardar correspondencia con la garantía de protección de los derechos humanos, no vulnerarlos».
En el mismo pronunciamiento, el organismo ratificó «su apoyo y su solidaridad con el trabajo legítimo de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de partidos políticos, jueces y otras personas, en Colombia».
Además, recordó al Estado colombiano la recomendación de la Alta Comisionada de «tomar medidas específicas para que los sistemas de inteligencia respeten los derechos humanos y estén sujetos a estrictos controles civiles y judiciales».
También pidió avanzar en la investigación de los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos, e implementar un mecanismo efectivo de depuración de archivos con la activa participación de la Procuraduría.
Precisamente ante las denuncias, el Ministerio Público anunció este sábado que asumirá el proceso disciplinario que lleva a cabo el Comando de las Fuerzas Militares por presuntos seguimientos por parte de miembros del Ejército a estos ciudadanos.
En el Día de la Libertad de Prensa, la Oficina exaltó la labor de los periodistas, «ya que su trabajo de buscar y difundir información veraz y de abrir espacios de participación a diversidad de voces en la sociedad es uno de los pilares de las democracias».
Por lo tanto, advirtió, que este debe ser protegido con todas las garantías necesarias para su ejercicio libre.
Procuraduría asumió investigación por presuntos seguimientos del Ejército a periodistas
Luego de que la revista Semana hizo pública una denuncia por presuntos seguimientos por parte de miembros del Ejército a periodistas, políticos, ONG y sindicalistas, la Procuraduría General de la Nación anunció que asumirá el proceso disciplinario que adelanta el Comando de las Fuerzas Militares.
Si bien por este caso el Ministerio de Defensa habría retirado del servicio activo 11 oficiales, el Procurador General, Fernando Carrillo, designó a un funcionario especial para que evalúe los hechos.
Adicional a este proceso, en enero se había hecho una indagatoria a miembros del Ejército Nacional por una diligencia de allanamiento y registro efectuada en diciembre del año pasado en las instalaciones del Batallón de Ciberdefensa, en Facatativá (Cundinamarca), desde el cual recoleta información la dirección Nacional de Investigaciones Especiales.
“La Procuraduría inicia la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó el comportamiento presuntamente irregular y el perjuicio causado a la administración pública”, indicó la entidad.
La lista de oficiales retirados del Ejército por presuntas chuzadas
A través del Decreto 616 de 2020, el Ministerio de Defensa llamó a calificar servicios a un grupo de coroneles del Ejército por presuntas irregularidades al interior de la institución. La salida de los miembros de la fuerza pública se da en medio del escándalo que se ha presentado por la denuncia de supuestos seguimientos ilegales a periodistas, políticos y defensores de Derechos Humanos.
De acuerdo con la resolución, que fue firmada por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se retiró de la institución a los coroneles Milton Eugenio Rozo Regado, Hugo Armando Díaz Hernández, Juan Pablo Prado Torres, Julio Tobías López Cuadros y Helmon René Ramos Naranjo. Los mayores del Ejército que también fueron retirados son Eduardo de la Torres Díaz, Hernán Rolando Villamil Ortegón y Mauricio Quintero Arias.
Antes de conocerse este decreto, el presidente Iván Duque pidió investigar a fondo y sanciones severas contra los 11 militares que habrían adelantado estas chuzadas ilegales.
“Tras instrucción dada al ministro de Defensa, destaco que investigaciones estén produciendo resultados. Reitero mi rechazo contundente a cualquier acción de seguimiento. Perfilar periodistas, políticos y funcionarios de Presidencia debe ser investigado a fondo y sancionado con severidad”, escribió Duque desde su cuenta de Twitter.
El mandatario también escribió que “he dicho, desde inicio de mi gobierno, que no toleraré a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley. Pedí al ministro Carlos Holmes Trujillo, desde que llegó al Ministerio de Defensa, adelantar rigurosa investigación de labores de inteligencia de últimos 10 años”.
Lo que dice la defensa del general Nicacio Martínez
Ante la presunta responsabilidad que pudo haber tenido el entonces comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en las supuestas chuzadas, su abogado, Jaime Granados, emitió este domingo un comunicado.
Granados indicó que luego de que Semana publicó un informe titulado ‘Chuzadas sin cuartel’ en enero pasado, se dio vía libre a investigaciones penales, disciplinarias y administrativas, en las cuales hasta ahora “ninguna parece obrar prueba de chuzada y no se han pedido siquiera explicaciones al general Nicacio de Jesús Martínez”.
Señaló que “las supuestas interceptaciones y violaciones al derecho de la intimidad parecen existir solo en las publicaciones de Semana, porque no se evidencia que lo corroboren”. Igualmente sostuvo que ninguno de los uniformados que fueron vinculados por la publicación responsabilizó al general Martínez.
Nuevas reacciones
Sobre este caso, la Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) y la organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF) rechazaron las supuestas interceptaciones irregulares por parte del Ejército a periodistas nacionales e internacionales durante varios meses.
“Manifestamos nuestro rechazo enfático a los seguimientos, perfilamientos, escuchas, interceptaciones y vigilancia a periodistas nacionales y extranjeros por parte del Ejército colombiano”, aseguraron en un comunicado conjunto las dos organizaciones.
“Solicitamos garantías de seguridad para los periodistas Federico Ríos, Nicolás Bedoya, Juan Forero, Andrés Cardona, Stephen Ferry, Christian Escobar Mora, Ernesto Mercado y otros colegas, y organizaciones periodísticas, como Rutas del Conflicto, que fueron vulnerados en su derecho a la intimidad y su ejercicio periodístico”, se precisó en el comunicado.
Agregaron que los hechos expuestos son inaceptables e hicieron énfasis en que el Ministerio de Defensa y el Gobierno Nacional sabían, al menos desde el 13 de enero pasado, de estas acciones contrarias a la ley, pero nunca informaron de la situación a los directos afectados.
Pidieron al Ministerio de Defensa que revele cuál unidad realizó las labores de inteligencia, bajo cuáles órdenes, con cuáles fines y quiénes eran los destinatarios de dicha información. Además, solicitaron a la autoridad que entregue a los periodistas afectados una copia total del contenido interceptado y que se les notifique las acciones que tomarán las autoridades para que cesen estas prácticas.
De igual forma, respaldaron la solicitud hecha por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) de pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 4 de marzo, para que “active las medidas de protección cautelar interamericana sobre los periodistas y medios perfilados por los organismos de inteligencia militar del Estado colombiano”.
“Solicitamos a la Revista Semana que los datos personales de periodistas víctimas de las prácticas ilegales del Ejército Nacional sean revelados de común acuerdo, o con la autorización, de los involucrados. Expresamos nuestra preocupación por la vulneración al Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH en cuanto a la reserva de la fuente periodística, dado que la confidencialidad se constituye en factor fundamentalmente de la información de interés público”, expresó la organización.
Los periodistas también consideraron que esas actuaciones “constituyen graves violaciones al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Constitución Política de Colombia”.
Finalmente, también solicitaron a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General adelantar las investigaciones y sanciones a que haya lugar.
A su vez, el partido Farc recriminó la nueva operación de presunto espionaje masivo del Ejército. A través de un comunicado, la colectividad cuestionó que periodistas, investigadores sociales y políticos hayan “sido blanco de seguimientos y hostigamientos por parte del aparato de inteligencia y contrainteligencia militar”, mientras que los líderes sociales y los excombatientes se encuentran sin protección.
En la comunicación, la Farc pidió al Gobierno “aclarar lo sucedido, incluyendo responsabilidades políticas” y aseguró que “los entes de control deben garantizar la transparencia en las investigaciones”.
“Este nuevo escándalo nos obliga a insistir en la urgencia de un debate nacional sobre la doctrina militar y de seguridad del Estado, que supere la idea del enemigo interno”, manifestó la colectividad.
