Es urgente que gobiernos promuevan políticas de inclusión a población migrante en materia de salud
La pandemia y la crisis sanitaria que ha suscitado el Covid-19 ha puesto a las personas migrantes en una situación doblemente alarmante al no contar con acceso garantizado a su derecho a la salud y la invisibilización de algunos gobiernos que no disponen de políticas públicas o planes emergentes que los protejan del riesgo de contagio.
El confinamiento que han ordenado las autoridades de salud, además de las medidas de distancia social e higiénicas, resultan casi imposibles de cumplir para la población migrante que se encuentra en desplazamiento o en centros migratorios, los cuales, muchas veces, no cuentan con las condiciones necesarias para su adecuada protección; por ello, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), emitió algunas recomendaciones que ayuden a los gobiernos a garantizar los derechos de la población migrante de la subregión México y Centroamérica.
En el documento “La protección de las personas migrantes de la subregión de México y Centroamérica frente al Covid-19”, el organismo internacional señala la urgencia de promover políticas de inclusión a los servicios de salud para las personas migrantes, en especial aquellas medidas que permitan acceder inmediatamente a los mismos, al menos durante la emergencia sanitaria, y de analizar las herramientas jurídicas vigentes en los ámbitos internacional y nacional, en la materia y permitir así el acceso y garantía del derecho a la salud y exigir su cumplimiento.
La situación de los migrantes en la subregión México y Centroamérica es especialmente delicada ya que los flujos migratorios son altos, lo mismo que la proporción de mujeres, niños y niñas, pues de los 58.6 millones de migrantes que residen en Estados Unidos, al menos 26.6 millones provienen de América Latina y el Caribe, en donde México sigue siendo emisor pero también se ha convertido en un país de tránsito y recepción, particularmente, a raíz del programa implementado a inicios del año pasado, “Protocolos de Protección a Migrantes”, el cual permite el regreso a México de población migrante que haya entrado a Estados Unidos ilegalmente mientras espera la resolución de su caso.
Según información del Instituto Nacional de Migración (INM), más de 21 mil personas migrantes quedaron varadas en México a consecuencia de las medidas tomadas contra el Covid-19. De ellas, 12 mil 500 se encuentran en el norte del país y 9 mil en el sur. Aunado a ello, países de donde son originarios los migrantes, pidieron evitar el regreso de sus ciudadanos sin considerar la situación precaria que se vive en los albergues, contando con que los migrantes estén en alguno; además, Estados Unidos continúa con deportaciones inmediatas.
En lo que respecta a los trabajadores migrantes, también están en alto riesgo, pues la mayoría se concentran en empleos informales de sectores como la construcción, servicios de turismo, hotelería y restaurantes o pequeños negocios, todos impactados por la crisis, lo cual los ha dejado sin empleo; además, otra parte importante de migrantes se concentra en actividades consideradas críticas o de alto riesgo de contagio como el transporte, la distribución de bienes esenciales, el sector salud, el trabajo del hogar o la limpieza de algunas empresas, fábricas y hospitales. Estos trabajadores, no cuentan con acceso a los servicios médicos, lo que dificulta su atención en caso de requerirse.
Es importante destacar que dentro de la población migrante se encuentran grupos doblemente vulnerables que requieren atención especial frente al Covid-19, tales como mujeres, niñas y niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, enfermos de VIH y personas con otras enfermedades que están igualmente expuestas y con muchos más riesgos de contagio.
Por ello, es que entre otras de las medidas sugeridas por la CISS, se encuentran la creación de un fondo subregional destinado específicamente a la atención de la salud de las personas migrantes; la generación de planes de acción con enfoque de género y que atiendan a las poblaciones más vulnerables como las mujeres embarazadas, niños y niñas, personas adultas mayores y enfermas; contar con protocolos de atención médica en caso de contagio por Covid-19, así como de trato diferenciado para los enfermos en las estaciones migratorias y en los albergues.
Otros organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han lanzado su Plan Estratégico Mundial de Preparación y Respuesta, que consiste en la recaudación de apoyo financiero para garantizar la protección de las personas migrantes frente al Covid-19, además de sensibilizar a los gobiernos y a los actores clave sobre las tendencias globales de la movilidad humana y la necesidad de dirigir y reforzar medidas sanitarias y de salud pública, tales como: ayudar a las personas migrantes varadas a acceder a los servicios y abogar por su inclusión en los planes de preparación y respuesta; fortalecer los mecanismos de protección y los servicios sociales existentes, incluidos los transfronterizos, para identificar y apoyar a las personas con necesidades de cuidado o protección, y referirlos a servicios más apropiados; entre otros.
