Ecuador: protestas en 11 ciudades contra la flexibilización laboral y el recorte en educación
Ayer hubo pedidos de cambios a la Ley Humanitaria, protestas en 11 ciudades y la nueva alerta por una posible explosión social
El presidente Lenín Moreno inició su semana con protestas en las calles pese a la pandemia, pedidos de veto a la Ley Humanitaria y una advertencia por la inestabilidad política.
El proyecto de Ley Humanitaria, ya aprobada por la Asamblea Nacional, tiene reparos. Ayer, una carta de la Cámara de Comercio de Quito con seis observaciones a la norma fue enviada al presidente Lenín Moreno. Además, se realizaron protestas convocadas por el sector de los trabajadores que también cuestionan la ley porque atenta contra los derechos de los trabajadores.
Y hay una nueva alerta por la inestabilidad política y estatal desde el Observatorio Ciudadano de Seguridad Estatal. En el documento, que también fue entregado ayer a la Presidencia, se advierte de un escenario duro para Lenín Moreno.
Las seis observaciones del sector privado
Ayer fue entregada una carta con seis observaciones a la Ley Humanitaria. La envió el presidente de la Cámara de Comerio de Quito, Patricio Alarcón, al presidente Lenín Moreno. Los pedidos están encaminados a remover de la norma ilegalidades y excesos que afectarían a la empresa y el empleo.
1. La primera observación tiene que ver con el art. 9 sobre Facilidades de pago a la seguridad social. Patricio Alarcón considera que esta es una importante ayuda para todos los sectores, sin embargo, muchas personas y empresas, han buscado realizar sus actividades sin que hayan tenido que mantenerse completamente cerradas, pero soportando una importante reducción de sus ingresos. Por eso proponen que el artículo aplique a todas las empresas, pues la afectación es a todos, incorporando a las todas las empresas, quedando el artículo de la siguiente manera:
“Artículo 9.- Facilidades de pago a la seguridad social.- Las personas naturales que ejercen actividades económicas, las micro, y pequeñas, medianas y grandes empresas, así como las restantes empresas y cooperativas de bienes y servicios que se mantuvieron cerradas durante el estado de excepción, que no hayan podido realizar el pago de sus obligaciones con la seguridad social correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2020, podrán realizarlas sin la generación de intereses, multas, ni recargos; así mismo no se generará responsabilidad patronal”.
2. La carta pide que se elimine la Disposición Transitoria Vigésima Segunda que permite vuelos internacionales hacia Galápagos. Las Islas tendrían una afectación por el ruido de aeronaves y las necesidades que los vuelos internacionales requieren. “Implicarían un peligro para aquello que tanto se ha defendido y que ha costado mantenerlo en las mejores condiciones. Asimismo, como es de su conocimiento uno de los sectores de mayor afectación es el del turismo, mismo que se vería aún más perjudicado, pues esto significaría una drástica disminución de frecuencias nacionales y un impacto en la ocupación hotelera de Quito y Guayaquil”, dice la misiva.
3. Sobre del artículo 12, de Reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero, pide la exclusión las instituciones no financieras. “Esto genera que muchos negocios que venden al por menor y a crédito se vean obligadas a recibir numerosas solicitudes y reprogramar con cada uno. Esto operativamente es complejo, y además financieramente con la previsible disminución en ventas es difícil de sostener”, dice Alarcón.
4. Otro reparo tiene que ver con la disposición interpretativa sobre la terminación de contratos. El proyecto de reforma hace inútil al Art. 193 del Código del Trabajo, dice el texto, que contempla el cierre de la empresa y sus consecuencias, con la figura del cierre o liquidación. “Tener dos normas que regulen lo mismo genera inseguridad jurídica”, dice el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Pide que se elimine esa disposición.
5. Brinda una alerta sobre el servicio privado de telecomunicaciones. El texto que consta en el proyecto establece una prohibición del incremento de tarifas por un año, incluido el internet. “Es necesario que se considere que este sector, el de las telecomunicaciones, es parte de aquellos que han sido afectados como el resto por la emergencia sanitaria. Esto teniendo en cuenta la periodicidad de pago normal, esto es mensual, periodicidad que no ha sido cumplida con la misma regularidad, generando complicaciones en la liquidez de las empresas”, dice la carta que llegó a Moreno. Por ello, asegura, establecer una prohibición general ahondaría las dificultades de las empresas y, por lo tanto, el empleo que estas generan. Y pidió que cambie esa norma.
6. En la carta se expuso que otro de los problemas de la Ley Humanitaria tiene relación con las empresas y los contratos de Seguros, y los artículos 7 y 13. Tal cual se refleja en el Proyecto de ley las empresas de seguros, escribió Patricio Alarcón, podrían ser afectadas directamente al generar la posibilidad de que se queden sin ningún ingreso al menos de forma temporal, esto, toda vez que el asegurado no necesite probar que ha sido afectado, sino mediante una simple notificación por correo electrónico señalar y no pagar. Pide el cambio.
Las protestas en 11 ciudades por la Ley Humanitaria y el recorte al sector de la Educación
Ayer se realizaron protestas en 11 ciudades del Ecuador. Los plantones y marchas se registraron en Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Manta, Portoviejo, Santo Domingo, Quevedo, Latacunga, Tulcán e Ibarra. Los manifestantes expresaron su descontento por la aprobación en la Asamblea de la Ley Humanitaria y por el recorte anunciado al sector de la educación, y que fue ratificado por el ministro de Economía, Richard Martínez.
Los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores, y otras organizaciones del sector laboral, de los estudiantes secundarios, universitarios y de los comerciantes minoritarios, anunciaron que demandarán la inconstitucionalidad de la Ley Humanitaria. El motivo que señalan es que atenta contra los derechos laborales adquiridos. En especial, aseguran, la rebaja de sueldos y la revisión unilateral del horario de trabajo que tendrá efecto directo en la paga. Está previsto que hoy continúen las protestas en contra del Gobierno, al menos, en Quito.
Explosión social: la nueva alerta para el Presidente
El Observatorio Ciudadano de Seguridad Estatal envió el sexto informe de seguridad al presidente Moreno, la Asamblea Nacional y al Consejo de Participación Ciudadana. Sobre los análisis de Inteligenica Estrategia hay una advertencia clara para el Mandatario porque se evidencia una crisis que tiene varias aristas y que crece.
Las recomendaciones que le hicieron a Lenín Moreno es que enfrente la crisis como un actor cohesionado en todos sus frentes. Y para eso debe tomar algunas acciones para evitar “un conflicto de explosión social e inestabilidad política por un bajo nivel de liderazgo gubernamental, la falta de consensos políticos, la corrupción generalizada, la falta de cohesión nacional y la iliquidez en la economía nacional que se refleja en una grave crisis económica”. Estas son:
– Buscar acciones de consenso con otros actores políticos con fuerte liderazgo.
– Renovar su Gabinete Ministerial con personas probas alejadas del correísmo.
– Reducir las instituciones no indispensables para la conducción política del Estado, así como eliminar la cuota política del Servicio Exterior.
– Tomar la decisión política de combate frontal al flagelo de la corrupción, con acciones contundentes y pragmáticas como disponer la recuperación de los recursos que se encuentran en paraísos fiscales y sancionar de manera ejemplar los actos de corrupción en el sector público.
– Despolitizar el Centro de Inteligencia Estratégico, para que el Ejecutivo cuente con un organismo confiable que le permita un adecuado y oportuno proceso de toma de decisiones.
La Corte Constitucional convocó para el 28 de mayo a la audiencia por el recorte a la educación superior
La jueza Carmen Corral, integrante de la Corte Constitucional (CC), convocó a la audiencia por la demanda de incumplimiento de dictamen o sentencia, que ingresaron varias organizaciones sociales y docentes universitarios debido al recorte presupuestario a más de 32 instituciones de educación superior públicas de Ecuador, en el marco de la emergencia sanitaria del coronavirus.
La magistrada fijó la convocatoria para el jueves, 28 de mayo del 2020. Además, dispuso que la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt), el Consejo de Educación Superior (CES) y el Ministerio de Finanzas se pronuncien, en forma documentada, sobre los hechos señalados en las demandas. El plazo para que cumplan con esta disposición vence el miércoles 20 de mayo.
Santiago Machuca, docente de la Universidad Central y uno de los juristas que interpuso la demanda, recordó la noche de este lunes, 18 de mayo del 2020, que la Corte Constitucional emitió medidas cautelares, en las que se ordenó al Ejecutivo suspender la realización de modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en las instituciones de educación superior públicas. Sin embargo, la Corte aclaró que esa decisión no suponía una decisión de fondo sobre la demanda.
Previamente, el Gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, había notificado un recorte de más de USD 98 millones. Machuca explicó que la magistrada Corral convocó, dentro de la causa 34-20-IS y otras causas acumuladas- por demandas idénticas presentadas días después- a la audiencia pública para el 28 de mayo. La Jueza, en el documento de notificación, adelantó que la diligencia se efectuará de manera telemática y que oportunamente se darán a conocer los detalles logísticos.
Los peticionarios esperan que la Corte Constitucional emita una decisión de fondo y prohíba al Ejecutivo la realización de cualquier recorte a la educación superior. El jurista indicó que la Constitución, en su artículo 165, señala que durante el Estado de Excepción se pueden utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación.
Según Machuca, para la audiencia la Corte Constitucional deberá convocar a los demandados, en este caso, al presidente de la República, Lenín Moreno; al ministro de Finanzas, Richard Martínez; y a los representantes de la Procuraduría General del Estado. Asimismo, deberán asistir los ciudadanos que ingresaron ‘amicus curie’ dentro del proceso. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló este lunes 18 de mayo del 2020 que el régimen respetará cualquier decisión que adopte la Corte Constitucional.
24 hospitales en nueve provincias del Ecuador son investigados por presuntas compras de insumos médicos con sobreprecio
El desborde de presuntos casos de corrupción en el país en medio de la emergencia sanitaria ha dejado como resultado 24 hospitales de la red pública de salud bajo investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado; así como auditorías de la Contraloría General del Estado.
Las investigaciones alcanzan nueve provincias del país, entre ellas, Guayas; Pichincha; El Oro; Los Ríos; Manabí; Tungurahua; Bolívar, Imbabura; y Carchi.
El cúmulo de hechos de presuntas compras de insumos médicos con sobreprecio para afrontar la crisis sanitaria inició el pasado 28 de marzo de 2020 con el “caso mascarillas”.
La denuncia de sobreprecios en mascarillas N95 adquiridas por Hospital Teodoro Maldonado Carbo, parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), tras varios reportes en redes sociales que señalaban presuntas compras de este tipo de mascarillas a USD 12 cada una, cuando en el mercado tienen un valor de USD 3,90.
De esta manera, el total del contrato de compra de las famosas mascarillas y demás insumos médicos alcanzaba los USD 9,4 millones.
Desde entonces, esta serie de hechos se ha presentado en el resto del país en nueves provincias, en las que entidades como Contraloría y Fiscalía han iniciado el proceso de investigación previa.
Aquí la lista de hospitales que se encuentran bajo investigación
En Guayas, los hospitales intervenidos son: Hospital Teodoro Maldonado Carbo; Hospital del IESS de los Ceibos; Hospital del IESS Guasmo Sur; Hospital Docente de la Policía de Guayaquil y Hospital Monte Sinaí.
En Pichincha los hospitales investigados son: Hospital Eugenio Espejo; Hospital Baca Ortíz; Hospital Carlos Andrade Marín; Hospital San Francisco; Hospital General del Sur de Quito; Hospital Pablo Arturo Suárez; Hospital Docente de Calderón; y Hospital Enrique Garcés.
En Tungurahua: Hospital Regional Docente de Ambato.
Bolívar: Hospital Alfredo Noboa Montenegro de Guaranda.
Los Ríos: Hospital General IESS Babahoyo; Hospital del IESS de Quevedo; y 6 Distritos de Salud pública.
En Imbabura: Hospital del IESS de Ibarra y Hospital General San Vicente De Paúl.
El Oro: Hospital General de Machala y Hospital Teófilo Dávila.
En Carchi: Hospital Luis G. Dávila de Tulcán.
Manabí: Hospital Verdi Cevallos de Portoviejo y Hospital Rodríguez Zambrano de Manta.
