Crisis carcelaria en América Latina: crecen las domiciliarias por el hacinamiento en varios países de la región
Perú | Ministro de Justicia informa que presentarán norma para que jueces revisen de oficio prisión preventiva de 10.000 procesados
El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, informó este lunes que su sector presentará un proyecto de norma para que los jueces revisen de oficio las prisiones preventivas de 10.000 procesados y puedan variarlas a comparecencias simples o con restricciones. Esta medida busca el deshacinamiento en los penales del país, en el marco del estado de emergencia por el COVID-19.
“En un máximo de 48 horas estamos presentando un proyecto de norma con la finalidad de poder establecer una obligación a los jueces para que de oficio puedan revisar las prisiones preventivas», indicó en entrevista a 90 Central.
«Estamos afinándola con la finalidad que se pueda impactar en nuestra población penitenciaria de 97 mil reclusos, de los cuales los jueces de oficio deberían revisar un universo de 10 mil procesados por prisión preventiva”, agregó.
En esa línea, Castañeda recordó que su sector ha exhortado por escrito y públicamente al Poder Judicial para que los jueces revisen de oficio las prisiones preventivas.
“Sin duda alguna, es un tema de salud pública, son factores que los jueces en el ejercicio de su jurisdicción deberían de valorar debidamente […] Todo el ámbito de procesados le compete al Poder Judicial y ellos son los que deberán dar las explicaciones (del caso)”, indicó el ministro de Justicia.
En otro momento, Castañeda detalló que este lunes 9 internos e internas del primer grupo de 37 reos que serán excarcelados fueron liberados.
“Efectivamente el día de hoy a salido el primer grupo de los grupos prioritarios que se había anunciado que tiene que ver con gestantes, madres con hijos y de enfermos. Recordemos también que faltan los enfermos crónicos, los mayores de 60 años que no hayan cometido delitos graves, aquellos que cumplan su condena en los próximos 6 meses y las penas menores a cuatro años», señaló.
Asimismo, precisó que 2.120 adolescentes internados serán objeto de evaluación por la Comisión de Indultos para obtener su libertad en el marco de la pandemia por COVID-19.
“Nosotros como Ministerio de Justicia hemos impulsado las medidas que nos corresponden, también hemos aprobado la norma de indultos para adolescentes, esa materia es muy importante”, aseguró.
Colombia | Han salido 268 presos por decreto de casa por cárcel por covid-19
En las poco más de dos semanas que lleva vigente el decreto de excarcelaciones por coronavirus, ya van 268 personas privadas de la libertad quienes, informó el Inpec, han sido beneficiados con casa por cárcel por los próximos seis meses, en medio de la emergencia por coronavirus.
El decreto, expedido por el gobierno el 14 de abril, permitirá que unos 4.000 presos salgan de las cárceles y vayan a prisión domiciliaria, según ha informado el Ministerio de Justicia. Esa medida, que beneficia a personas más vulnerables frente al coronavirus como los mayores de 60 años, madres gestantes y lactantes, personas con enfermedades crónicas graves, entre otros, también busca reducir el hacinamiento carcelario.
Según el Inpec, a la fecha han remitido 1.454 solicitudes a las autoridades judiciales, 268 han sido aprobadas y 198 negadas, estas últimas están en revisión frente a las observaciones recibidas.
Además, de las excarcelaciones concedidas, 18 han sido para personas mayores de 60 años – tres mujeres, 15 hombres-; tres beneficios fueron para hombres por enfermedades catastróficas; cinco excarcelaciones -cuatro hombres y una mujer- se concedieron por delitos culposos.
Igualmente se ha aprobado casa por cárcel para 111 personas -102 hombres, nueve mujeres- por condenas menores de cinco años y 87 – 82 hombres, cinco mujeres- por tener el 40 % de su pena cumplida.
A todas las personas que han sido beneficiadas con la casa por cárcel temporal por coronavirus se les ha realizado un examen médico de salida como medida de prevención. Además, explicó el Inpec, estas personas deben cumplir estrictamente con aislamiento social y familiar en sus domicilios por los primeros 14 días tras salir de prisión.
Cuántos presos salieron de las cárceles argentinas por la pandemia y qué pasa en el mundo
En los últimos días hubo una fuerte controversia sobre la situación carcelaria y la salida de presos en todo el país. En el medio de la pandemia por el coronavirus, diversos tribunales -principalmente de la Provincia de Buenos Aires- dispusieron el arresto domiciliario de detenidos con el objetivo de reducir la sobrepoblación carcelaria y evitar la propagación del virus dentro de los penales, como se explicó en esta nota. Esto también sucedió en otros países, incluso en mayor medida que en la Argentina.
Según informó la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, por fallos de distintos tribunales nacionales y federales se le concedió la prisión domiciliaria a 320 internos de los 12.600 alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal (un 2,5% del total). También se produjeron liberaciones en servicios penitenciarios provinciales, sobre todo en el bonaerense, el más grande del país: el procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, informó que la Justicia bonaerense dispuso la prisión domiciliaria de 800 detenidos en penales provinciales (menos de un 2% del total de 44 mil presos).
Los sistemas federal y bonaerense alojan a más de la mitad de los presos del país (casi 57 mil sobre casi 95 mil, según datos de 2018 del Ministerio de Justicia nacional, los últimos disponibles).
La Argentina no es el único país donde hubo salida de presos de las cárceles como consecuencia de las medidas sanitarias recomendadas para evitar la propagación de la pandemia, sino que también sucedió en otros países. Este es el caso de Brasil, los Estados Unidos, España, Italia, Irán, Indonesia y Turquía, como se explicó en esta nota de Chequeado. E incluso, en la mayoría de estos países con un mayor porcentaje, como se ve en este artículo de la Iniciativa de Política Penitenciaria (Prison Policy Iniciative, en inglés), una organización sin fines de lucro que investiga sobre políticas en el sistema carcelario.
Países que redujeron sus poblaciones encarceladas durante la face de la pandemia.
Esto va en línea con lo que recomendaron organizaciones internacionales, como el Subcomité de Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidieron reducir las poblaciones penitenciarias siempre que sea posible, mediante esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para casos en los que sea seguro hacerlo.
Esto justamente es lo que recomendó la Justicia nacional en la Argentina. La Cámara Federal de Casación, que es el máximo intérprete de la ley penal del país después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitió una acordada en la que recomendó a los tribunales que adopten medidas alternativas a la prisión para personas en prisión preventiva por delitos no violentos (como robos o estafas), así como otros presos, como los que están próximos a cumplir su pena, los que tienen condenas de menos de 3 años, los que ya están habilitados para acceder a salidas transitorias o a la libertad condicional y personas en grupos de riesgo (con enfermedades respiratorias preexistentes, por ejemplo).
Sobre los delitos graves (como homicidios o delitos sexuales), la Cámara de Casación ordenó evaluar “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo” la aplicación de estas recomendaciones.
Parte de la discusión en el país se centró sobre este punto de los delitos graves. En los últimos días trascendieron casos de algunos jueces que liberaron a personas acusadas por delitos de violación, abuso sexual y homicidio (ver acá y acá). Como se dijo antes, las fuentes oficiales muestran que en el Sistema Penitenciario Federal y el Bonaerense se le concedió prisión domiciliaria a un total de 1.120 presos, un porcentaje bajo respecto del total, aunque estas fuentes no aclaran por qué tipo de delitos se acusa a los liberados.
México | Prevén con amnistía liberación de 6 mil reos
La implementación de la Ley de Amnistía en México, por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dio pie a la liberación de miles de personas que cometieron «delitos menores».
Esta ley, que consiste en librar retroactivamente a un grupo selecto de personas de la responsabilidad penal por los delitos cometidos y que fue aprobada por el Senado mexicano, tiene el objetivo de liberar en el contexto de la pandemia a unas 6 mil personas condenadas por delitos sin violencia, como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.
Entre las intenciones principales de esta ley está el descongestionar las cárceles del país para evitar ser centros de aglomeración y reducir el margen de contagio del COVID-19.
En la República Mexicana hay 19 prisiones federales de alta seguridad con más de 17 mil reclusos y 309 cárceles estatales. En algunas ya han registrado casos de COVID-19.
Así mismo, un punto a mencionar es que en el Estado de México, recientemente se liberaron a 29 reos el pasado miércoles, sumándose a una cifra que rebasa los mil 800 excarcelados.
Justamente en dicho estado del país, a algunos de ellos se les ha colocado un brazalete de monitoreo electrónico.
Se estima que en los próximos días se liberen al menos 800 reos por esta misma razón.
En Nuevo León únicamente hay cinco prisiones: el Cereso 1 Norte y Cereso 2 Norte, en Apodaca; el Cereso 3 Oriente, en Cadereyta; y, el Femenil y el juvenil, en Escobedo.
Aunque los senadores del estado neolones Víctor Fuentes y Samuel García, han manifestado su desaprobación a esta ley. Al momento, no han pronunciado información al respecto en cuanto a la posible liberación de reos.
¿Quiénes no entran en la liberación por la Ley de Amnistía?
De acuerdo al documento de Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19, las personas que están en prisión por delitos graves, secuestro o que hayan utilizado armas de juego en la comisión del delito, no serán liberados.
Relatora de ONU señala riesgos de contaminación masiva por COVID-19 en penales de El Salvador
La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, declaró este lunes sobre las condiciones de hacinamiento y riesgo de contagios en los centros penales de El Salvador, que enfrentan una emergencia máxima tras el repunte de homicidios registrados entre el 24 al 27 de abril.
«Extremadamente preocupada por la situación reportada de prisioneros en El Salvador: ya era alarmante en 2018, con una tasa crítica de hacinamiento y brotes mortales de tuberculosis: tales condiciones son ideales para la contaminación masiva COVID-19″, dijo la experta francesa en derechos humanos.
Callamard señaló que el Estado es responsable de la vida e integridad corporal desde el primer momento en que detiene a personas ante la ley. Ante ello advirtió que los presos en El Salvador corren un alto riesgo de infección por COVID-19 dadas las condiciones de muchos centros de detención y prisiones.
«La muerte resultante de la denegación de saneamiento, espacio adecuado, ventilación adecuada o atención médica adecuada es una muerte arbitraria de la que es responsable el Estado. (…) Se deben tomar medidas urgentes para evitar la muerte arbitraria bajo custodia«, dijo la relatora.
La experta indicó que la COVID-19 no es la única enfermedad que podría desatar un foco de contagio de alto riesgo en las cárceles. En una declaración final de una misión en El Salvador realizada entre el 25 de enero al 5 de febrero de 2018, Callamard indicó que mil 272 personas privadas de libertad en los centros penales con medidas extraordinarias de seguridad padecían de tuberculosis (TB) y 137 personas presentan síntomas.
Antes de la entrada en vigor de estas medidas (marzo de 2016) se registraron 96 casos de tuberculosis en dichos centros penitenciarios, lo que representa un incremento del 1225%. También en esa ocasión, señaló que El Salvador debe de tomar urgentemente medidas efectivas para prevenir la privación arbitraria de la vida y finalizar el círculo vicioso de impunidad que hace posible las ejecuciones extrajudiciales.
Extremadamente preocupado por la situación reportada de prisioneros en #ElSalvador: ya era alarmante en 2018, con una tasa crítica de hacinamiento y brotes mortales de tuberculosis: tales condiciones son ideales para la contaminación masiva # Covid19. https://t.co/6RbQ7BCbfw pic.twitter.com/EMmmIhvu3y
— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) May 4, 2020
Más de 1,000 presidiarios son preliberados durante cuarentena en Honduras
Más de de mil reos han sido preliberados desde las cárceles en todo el país sólo durante el período de cuarentena, se conoció en el Juzgado de Ejecución Penal de los Tribunales sampedranos.
Hasta mediados de abril, el dato estadístico fijaba en 962 privados de libertad, que al cumplir los requisitos de ley salieron con preliberación del sistema carcelario. Esa cifra, no obstante, según la coordinadora Marisa Burgos ya superó los mil pues los funcionarios judiciales no han parado labores en la gestión de ese beneficio para los recluidos.
Esa gestión es parte del Plan de Descongestionamiento de los reclusorios que aprobó el pleno de la Corte Suprema de Justicia y que impulsa el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta.
Precisamente esas medidas fueron destacadas en un foro latinoamericano en Costa Rica, como las más adecuadas adoptadas en la región en la crisis mundial por la pandemia de coronavirus.
Además la jueza Burgos destacó que serán muchos más las personas encarceladas que recuperan su libertad una que entre en vigencia el nuevo Código Penal y de revise quienes puede ser beneficiados con libertad condicional.
Así, de acuerdo a la reforma de los artículos 183 y 184, y según las solicitudes presentadas por la Sala de lo Penal, se podría revisar las medidas impuestas a por lo menos 800 privados de libertad, según una auditoría penitenciaría.
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