Brote masivo en penales colombianos y cuarto preso muerto por Covid-19 en Bolivia
Colombia | Piden acción urgente por brote masivo de covid-19 en cárcel de Leticia
Con 90 casos confirmados –89 presos y un guardia– en tan solo dos semanas la cárcel de Leticia se convirtió en uno de los mayores focos de contagio de coronavirus en las prisiones del país, acompañada por la cárcel de Villavicencio, que ya supera los 800 casos.
En la cárcel de Leticia, cuyo primer caso registrado fue el de un funcionario del Inpec, ya se han contagiado el 49 % de los presos, puesto que en este centro penitenciario hay 181 internos en total. Además, la Gobernación de Amazonas confirmó que falleció por covid-19 un privado de la libertad que estaba en prisión domiciliaria.
Con 718 casos en todo el departamento, la situación de Amazonas es preocupante cuando se miden los contagios en proporción a su población: unos 78.000 ciudadanos. Así, Amazonas hoy registra una alarmante tasa de 544 contagiados por cada 100.000 habitantes, superando ampliamente el promedio nacional, que es 19,55. En este departamento también se han registrado 30 muertes.
Mientras la situación de Amazonas preocupa, la de la cárcel de Leticia en particular ha prendido todas las alarmas por tratarse de un brote masivo en un lugar con un hacinamiento que llega hasta el 53 %, y que hace difícil implementar medidas como el distanciamiento.
Según informaron desde el Inpec, en estos momentos están realizando gestiones de coordinación para aislar a los presos contagiados, y están buscando la atención médica para los internos con la Secretaría de Salud municipal.
No obstante, el dragoneante Luis Díaz, presidente del sindicato del Inpec en Leticia, comentó que ese establecimiento carcelario no cuenta con infraestructura para aislar a nadie. “La sobrepoblación que tenemos es un riesgo para todos”, explicó. El dragoneante añadió que la semana pasada se hicieron pruebas de coronavirus a cerca de 100 internos pero que faltan más de 80.
Y dijo que aunque el personal del Inpec recibió por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) elementos de protección, los insumos que les dieron a los presos fueron gracias a donaciones externas y están a punto de acabarse.
Aura Carmenza Navia, defensora del pueblo en Amazonas, también señaló que la cárcel de Leticia no tiene cómo manejar la cantidad de contagios.
“Se había dispuesto al principio un patio muy pequeño para tener allí a unas personas contagiadas, pero en este momento no se cuenta con el sitio para aislar a los más de 80 enfermos”, dijo la defensora.
Y añadió que para analizar las acciones puntuales que tomarán, hoy habrá una reunión con los defensores para revisar la situación de derechos humanos en el penal. En esa reunión esperan poder precisar la situación jurídica de los presos de cara a apoyar el trámite de solicitudes de excarcelación por el decreto 546 del Gobierno.
“Por lo que sabemos, solo se habían beneficiado 10 personas por ese decreto: 9 por hurto y un por inasistencia alimentaria. Pero teniendo en cuenta el número de contagiados que ya es alarmante y una bomba muy grave, creo que tocaría tomar medidas urgentes e inmediatas”, indicó.
A la preocupación por la situación de la penitenciaría se sumó el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Su presidente, el abogado Francisco Bernate, señaló que desde que se expidió el decreto de excarcelación –la segunda semana de abril– se había dicho que se iba a estudiar la posibilidad de un segundo decreto más amplio, y eso no ha ocurrido.
“Creemos que ha habido negligencia con esta situación, lo que ha llevado a cifras dramáticas de contagios en cárceles como Leticia y Villavicencio”, recalcó. Por el decreto de excarcelación del Gobierno habían salido, hasta este lunes, 408 presos a casa por cárcel a nivel nacional.
Desde el Ministerio de Justicia le dijeron a EL TIEMPO que están analizando con cuidado la situación de las cárceles de Leticia, Villavicencio y otras, y que están trabajando con las secretarías de Salud locales y la Uspec para la atención de los presos y realizar pruebas.
También dijeron que se está trabajando en un segundo decreto para agilizar las excarcelaciones y que este miércoles esperan entregar una información detallada del trabajo que han avanzado en esta materia.
Colombia | Preso relata caos que se vive en cárcel de Villavicencio por covid-19
Recluidos en celdas de tres por tres metros en donde viven hasta 10 personas, o celdas de seis por seis en las que conviven hasta 14, los internos de la cárcel de la cárcel de Villavicencio temen todos los días por su salud y su vida, en medio de la pandemia de coronavirus del país, y del caso puntual de la cárcel, en donde hasta el lunes se confirmaban 834 casos de coronavirus.
Fredy*, quien lleva 8 años en esta cárcel, habló desde allí sobre cómo están viviendo los presos esta situación. En el último mes ha sentido el miedo de que esta pandemia y la situación de la cárcel le arrebaten la posibilidad de volver a ver a su familia.
“A veces en las noches a uno se le derraman las lágrimas por pensar en la familia, le duele a uno llamar a la familia a decirle ‘yo tengo miedo, estoy temeroso de no volver a ver a mis padres, a mis hijos o a mi nieta””, contó desde la penitenciaría, en la que los presos tienen tapabocas y jabón gracias a donaciones externas.
“Acá la situación es lamentable, nos tomaron las muestras pero aún no sabemos los resultados, además después de eso todos volvemos al mismo patio, entonces el que no estaba contagiado le va a salir en la prueba que no tiene nada, pero con el transcurrir de los días, por estar en el patio, se va a contagiar tarde o temprano. Y también, el que sí estaba contagiado no tiene forma de saberlo y sigue en su pasillo y puede contagiar a los demás”.
Ante esa incertidumbre, algunos de los internos, aún sin conocer el resultado de sus pruebas, han optado por aislarse en sus celdas o pasillos todo el día, sin salir a lugares comunes, contó Fredy. “La mayoría nos hemos aislado en nuestras propias celda, por decisión propia, para evitar las aglomeraciones con los demás internos, pero hay muchos ‘carreteros’ que duermen en los pasillos, ellos de todos modos tienen que salir al patio porque es que acá el espacio es muy reducido”, contó Fredy.
Y añadió que aún los que sí duermen en celdas, como él, están a unos 20 centímetros uno del otro, puesto que en celdas que son máximo para seis personas duermen 9 o 10, en la suya, que es para 8 personas, duermen 14. Así en cada una de las doce celdas que en promedio hay en cada piso de los bloques.
La cárcel de Villavicencio es la más hacinada de las cuatro cárceles que hay en Meta, pues aunque a nivel departamental el hacinamiento carcelario es del 33 %, en esa llega al 94,7 % pues aunque fue diseñada para 899 personas, hoy viven allí 1.750, de las cuales el 58,9 % son sindicados, es decir, personas a la espera de su sentencia.
El tema es tan grave que este jueves la Corte Constitucional tuvo que intervenir y ordenó una serie de medida para deshacinar la prisión y proteger a los presos en medio de la pandemia. Entre estas, ordenó al Inpec actualizar la situación jurídica de los detenidos para identificar a los que, en calidad de sindicados, lleven más de un año -o más de dos en el caso de delitos más graves- sin un juicio, pues la ley prevé la libertad inmediata para quienes lleven ese tiempo en detención preventiva sin ser sentenciados.
Entre tanto, los presos siguen organizándose para tratar de frenar, en lo posible, los contagios. Además del autoaislamiento en la celda, con la excepción de los momentos en que van a reclamar los alimentos, algunos internos se están levantando una hora antes de lo normal, a las 4 a. m., para limpiar las cosas que usan a diario dentro de la celda, adicional a esto, contó, todos los miércoles y viernes se organizan para lavar y desinfectar puertas, muros, pasillos, pasamanos y otros espacios comunes, con el anhelo de reducir los focos de contagio.
En los momentos en que deben salir de sus celdas a reclamar los alimentos han optado por tratar de mantener una distancia de un metro y medio por persona en la fila, pero unas filas tan largas no todos cumplen esa medida.
Y añadió que la atención y control médico es casi inexistente, incluso para las personas confirmadas con covid-19, “no tenemos medicinas ni vienen médicos, entonces nuestras familias han optado por traer panela, limón, jengibre y así para que nos hagamos bebidas que nos pueden ayudar, así sea en lo mínimo, pero todo se intenta por salvaguardar nuestras vidas”, dijo Fredy.
Quien agregó que por ahora han tratato de organizarse y mantener la calma pero que viven con miedo a cada momento.
“No se tomaron todas las medidas necesarias y ahora lamentablemente nosotros sentimos mucho temor a diario por enfermarnos. Nos da mucho temor porque uno tiene su familia, sus hijos y sus nietos uno no quisiera después de haber pagado tanto tiempo en la cárcel tener que salir, lamentablemente, en una bolsa de aquí… Y eso es lo que queremos que no suceda. ”.
Por eso dice que el Gobierno debe tomar acciones rápidas antes de que haya más contagios en todas las cárceles, “tienen que tomar una decisión pronto porque si no estos se les va a volver como una olla Express, en cualquier momento va a reventar peor porque ya no va a haber contagiados sino muertos en unas cárceles llenas de desesperación”.
*Nombre cambiado por protección de la fuente.
Bolivia | Palmasola: muere cuarto reo con síntomas de Covid-19
A las 3 de la mañana aproximadamente murió un privado de libertad dentro del PC4, a las 22:45 había sido evacuado al micro hospital que se encuentra dentro del penal.
Se trata de un interno de 58 años, perteneciente al pabellón 2 del PC4, presentaba problemas para respirar cuando fue aislado. Esta persona aún no fue sometida a una prueba del Covid-19.
Suman cuatro internos fallecidos dentro del penal con síntomas de coronavirus.
Bolivia | Cae gobernador de Palmasola y trasladan a 9 internos a hospitales
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en una conferencia de prensa informó que se dispuso el alejamiento del gobernador del penal de Palmasola, debido a que no tomó acciones oportunas para prevenir el brote de coronavirus en esa cárcel.
Anoche, nueve internos fueron trasladados a hospitales por sospecha de coronavirus, luego de que se confirmara que un reo murió a causa de este mal y hay otros dos decesos que están en investigación.
“Ayer (el lunes) mismo ordené el cambio, no tomó las medidas que correspondían. Hemos coordinado con la gobernación para trabajar con los tratamientos médicos de los internos, ellos también son seres humanos”, manifestó la autoridad.
El coordinador de Redes de Salud de la Gobernación, Dorian Jiménez, junto con siete médicos atendió a 30 internos que presentaban sintomatología de enfermedades respiratorias y nueve de ellos fueron trasladados para recibir atención en tres centros hospitalarios de la capital cruceña.
Medios de esa ciudad informaron que cerca de las 21:00 otro reo fue trasladado de emergencia a un centro de salud por presentar síntomas de coronavirus.
El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, informó que 19 reclusos que estuvieron en contacto con el reo fallecido hoy por Covid-19 en Palmasola, guardan aislamiento en un espacio que fue habilitado en el penal cruceño.
“Se habilitó la guardería para este fin”, aseguró y dijo que también un grupo de policías fueron puestos en cuarentena.
La autoridad de Régimen Interior y Policía explicó que el reo que falleció no se contagió en el penal, sino que al adolecer de cardiopatía y diabetes era llevado con frecuencia a hospitales para su atención.
“Es muy probable que allí se haya contagiado con el Covid-19”, dijo la autoridad, aunque tampoco descartó que el contagio se haya dado por algún producto o material ingresado al penal.
Issa insistió que el Gobierno ha tomado las precauciones para evitar el contagio masivo de los reclusos en los penales, evitando en primer lugar el contacto con las visitas del exterior, aunque reconoció que las condiciones y la infraestructura en las cárceles son precarias.
Según los reportes de las autoridades, ayer por la mañana falleció un tercer interno, que estaba aislado y que tenía una enfermedad de base. No se informó el motivo del deceso.
El Ministerio de Gobierno aseguró que se instruyó la compra de catres nuevos, envío de médicos y enfermeras, la compra de medicamentos, además de la habilitación de espacios de aislamiento para los posibles contagiados con la enfermedad.
Por otro lado, la alcaldesa interina de la ciudad de Santa Cruz, Angélica Sosa, entregó insumos de bioseguridad y frutas a los internos del penal. También se desarrolló la desinfección de uno de los pabellones.
La presencia de la autoridad municipal en la cárcel se produjo luego del motín que protagonizaron el lunes por la noche los reos, tras la muerte de un interno que resultó positivo a coronavirus y de dos posteriores fallecimientos de presos que presentaban síntomas de la enfermedad.
La Alcaldesa interina se comprometió a programar visitas médicas continuas para la población penitenciaria.
“Ellos están privados de liberad, pero nuestra obligación es protegerlos. Nos piden cosas simples, como separar a las personas que tienen síntomas”, puntualizó Sosa.
Ayer por la madrugada falleció otro interno con síntomas de coronavirus.
MURILLO PIDE QUE SE ACTIVE LEY DE INDULTO
“Respecto a la ley de indulto, hago una súplica a las autoridades judiciales. Les ruego que trabajen”, expresó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
La autoridad cuestionó a las autoridades judiciales por la inactividad en la atención a los requerimiento de indulto y amnistía de la población penitenciaria.
“Sueltan a narcotraficantes, violadores y a gente violenta; por qué no sueltan a los que se debe, a los que realmente lo necesitan”, cuestionó.
En el país, existe un porcentaje alto de hacinamiento en los centros penitenciarios del país. Se estima que hay 18 mil personas en las cárceles, el 70% con detención preventiva. “Ellos también son seres humanos, cometieron errores, pero también tienen derechos”, dijo.
El distanciamiento físico y social en las cárceles salvadoreñas es casi imposible
Las organizaciones defensoras de derechos humanos Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés), Women’s Equality Center (WEC), la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19 hemos tenido conocimiento del agravamiento de las condiciones en las que están viviendo las mujeres privadas de libertad; situación que nos preocupa y que afecta al país. La aplicación de medidas que promueven el aislamiento y la restricción de movilidad y contacto físico no es viable en condiciones de reclusión, tememos por el riesgo al contagio y un posible agravamiento del brote que lleve a estas personas a la muerte.
La realidad que vive la mayoría de la población es más grave para las personas privadas de libertad en El Salvador, en especial para las mujeres que se encuentran con sus hijos en edad infantil en las cárceles.
Según datos que el Estado proporcionó a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante su visita “in loco” en diciembre 2019, el Sistema Penitenciario cuenta actualmente con una población privada de libertad de 38,627 personas, del cual el 92.25% corresponde al sexo masculino y el 7.74 % al femenino. Lo que convierte a El Salvador, según el World Prison Population List, en el segundo país del mundo con la mayor tasa de encarcelamiento, con 604 por cada 100,000 habitantes. Un dato relevante es que si bien el 72.43% de la población privada de libertad se encuentra ya condenada, hay un 27.57 % que está procesada a la espera de juicio y a la que no se le está garantizando la presunción de inocencia.
La situación de hacinamiento del sistema carcelario, unido a las medidas extraordinarias que se están aplicando en la actualidad, como estrategia gubernamental para el control y prevención de la violencia, les provoca a estas personas graves riesgos de salud, entre ellas brotes mortales de tuberculosis, condiciones ideales para la contaminación masiva de COVID-19 entre la población privada de libertad, tal como señaló Agnes Callamard, Relatora Especial para Ejecuciones Extrajudiciales del Consejo Nacional de Naciones Unidas en su reciente vista a el país.
Antes de iniciar la cuarentena se prohibió a las mujeres encarceladas que sus familiares les ingresaran productos básicos de higiene personal, incluidas toallas sanitarias, los cuales no son proporcionados por el Sistema Penitenciario. Un caso aún más grave, es el de las mujeres que viven con sus hijos menores al interior de la Granja Penitenciaria de Izalco, hay 108 niñas y niños. El COVID-19 también les está afectando pues carecen de pañales y leche para bebés. Desde nuestras organizaciones hemos promovido acciones de solidaridad para el ingreso de lotes de productos básicos de higiene femenina y para hijos.
Tal como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “el Estado salvadoreño tiene el deber ineludible de adoptar medidas concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida, salud e integridad de las personas privadas de libertad, debe garantizar condiciones de detención acordes con la dignidad de toda persona, proveer servicios de salud a la población penitenciaria, y aplicar el régimen de aislamiento de conformidad con estándares internacionales en la materia. Estas medidas son de especial urgencia considerando que las consecuencias de la pandemia representan un mayor riesgo para esta población”.
Ante esto, nos unimos a la demanda de organismos internacionales y solicitamos las siguientes medidas de prevención contra el contagio:
- Pruebas sistemáticas y amplias para detectar posibles contagios de COVID-19 y poder realizar los procesos de aislamiento y cuarentena recomendados por epidemiología.
- Garantía de agua y jabón para el lavado de manos.
- Garantizar productos de higiene personal para las mujeres, ya que actualmente no pueden recibirlo de sus familiares.
- Proveer pañales y alimentación para niños y niñas, esto para las mujeres que conviven con sus hijos en prisión.
- Garantizar un trato digno y respetuosos de los derechos de los privados de libertad.
- Habilitar procesos que faciliten la entrega de paquetes de familiares y organizaciones humanitarias, con productos de higiene femenina y para los menores de edad.
- Agilizar el trámite de medidas que permitan la libertad de reclusas que cumplan con los requisitos. Así como contemplar medidas alternativas a la prisión tomando en cuenta que las condiciones de hacinamiento y salubridad son factores de riesgo en el marco de la pandemia.
- Garantizar el derecho a la información pues, en medio de la pandemia, los familiares no han podido conocer el estado de integridad y salud de las internas y de los niños/as. Se ha dilatado o negado información a los abogados representantes de estas personas privadas de la libertad. Conocer el estado e integridad de las mujeres, y sus hijos, en prisión es esencial para garantizar sus derechos fundamentales.
Perú | Defensoría del Pueblo pide al INPE que extreme medidas de sanidad en penales
La Defensoría del Pueblo solicitó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que extreme las medidas de sanidad en los penales del país para prevenir contagios del nuevo coronavirus por parte de los internos y los trabajadores de las cárceles.
“Esta situación ha ido generando, a lo largo de la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria, diversas protestas por parte de la población penitenciaria, las cuales han tenido como consecuencia, en algunas oportunidades, el fallecimiento de hasta 9 personas en un solo día”, dice la Defensoría en un comunicado.
La institución presidida por Walter Gutiérrez señaló que los esfuerzos del INPE por proveer condiciones idóneas en los penales han sido insuficientes. Señala como ejemplo de ello las protestas ocurridas penal de mujeres Anexo de Chorrillos el pasado 10 de mayo.
“Resulta necesario que el INPE refuerce el diálogo con todas las personas privadas de libertad con la finalidad de evitar protestas que pongan en riesgo la seguridad penitenciaria. Del mismo modo, la institución carcelaria debe dotar de mayores recursos a las áreas de salud de cada penal”, insiste en el documento.
Cabe indicar que hasta este martes se ha presentado tres proyectos para el deshacinamiento de las cárceles. Estos ya son evaluados por la Comisión de Justicia del Congreso y se espera tener un texto sustitutorio para la sesión del pleno de este jueves.
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