Argentina: imputan al expresidente Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal
Imputaron a Macri por el espionaje durante su gobierno
El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al ex presidente Mauricio Macri en la causa que investiga presunto espionaje ilegal durante el gobierno que encabezó entre 2015 y 2019.
La denuncia fue presentada días atrás por la interventora de la Agencia Federal de Intelligencia, Cristina Caamaño, quien aseguró que fueron pinchados cuentas de mail de casi cien personas sin que mediara orden judicial alguna.
Con su resolución, el titular de la Fiscalía Federal 1 pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi la pesquisa e imputó a Macri, Gustavo Arribas y a otros agentes de la AFI, algunos de ellos todavía en funciones.
Los seguimientos que son denunciados habrían comenzado en junio de 2016 y las víctimas del espionaje habrían sido tanto dirigentes políticos de la entonces oposición como así también integrantes de Cambiemos. También sindicalistas, intelectuales, periodistas y comunicadores. Entre los nombres involucrados se encuentran Martín Sabbatella, Laura Alonso, Luis Majul, Ricardo Forster, Héctor Daer, Omar Perotti, Rodolfo Tahilade y Mario Negri
Entre el material que maneja Di Lello se ubica variada documentación y un disco rígido que fue encontrado durante (según los denunciantes) una revisión de rutina. También se puntualizó que gran parte de lo que había en el disco fue borrado, pero tras un rápido trabajo de recuperación el material se encuentra ya en uso judicial.
Caamaño quiere la indagatoria de Macri al entender que la dependencia de Inteligencia es responsabilidad directa del Jefe de Estado.
Al mismo tiempo, y según remarcó Página 12, el agente que estaba a cargo de la computadora donde se halló la nómina de más de ochenta correos electrónicos personales de políticos, dirigentes y políticos, está identificado. Por eso, la AFI pidió también que él y otros cinco empleados sean indagados por la Justicia.
Macri, imputado: las claves del dictamen
La Justicia abrió una investigación este viernes para determinar los alcances de la pinchadura de mails a más de 80 dirigentes políticos, sindicalistas, periodistas, intelectuales y policías que se realizó de forma ilegal desde la AFI macrista. El fiscal federal Jorge Di Lello pidió esta mañana una serie de medidas de prueba para precisar las responsabilidades de los imputados en este caso: el expresidente Mauricio Macri, el exdirector del organismo de inteligencia, Gustavo Arribas, su segunda, Silvia Majdalani y tres espías. La denunciante, Cristina Caamaño, interventora de la exSIDE, los señaló como responsables de este espionaje ilegal. Por eso en su presentación solicitó a la Justicia que los cite a prestar declaración indagatoria.
Este viernes, el fiscal Di Lello le dio impulso penal a la denuncia y le requirió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que tome una serie de medidas de prueba, entre las que se destacan:
-Que se pida a la AFI los legajos de los agentes involucrados en este expediente; la nomina “de todo el personal contratado desde diciembre del año 2015 hasta diciembre de 2019” así como un diagrama completo de la estructura de la secretaría, ya que quiere tener un mapa de cómo funcionaba la AFI M. También solicita “todas las ordenes de reunión de información que existieran en esa agencia federal respecto de las personas detalladas en la denuncia”. Entre los espiados figuran actuales ministros de la Nación, como Elizabeth Gómez Alcorta, gobernadores como Omar Perotti, líderes de centrales sindicales, como Héctor Daer, y dirigente de organismos de DD.HH, entre otros.
-El fiscal solicitó que “se le tome declaración testimonial al personal contratado (de la exSIDE) para que informen las instrucciones recibidas respecto a los hechos investigados, por parte de los ex funcionarios Arribas y Majdalani”. Y requirió la testimonial de los funcionarios y empleados del organismo que participaron “en el protocolo de recolección de datos efectuados sobre el disco rígido marca Western Digital” donde se halló el listado “a fin de determinar con exactitud cuál fue el procedimiento de recuperación de datos del mismo”.
-Por otra parte, Di Lello ordenó una pericia informática oficial para determinar “qué tipo de información contiene el disco rígido acompañado”. Pretende que se precise quiénes tuvieron acceso a la información al momento de su producción y que se “individualice los correos electrónicos que surgen del disco rígido”. A la par, busca que se “identifique en cada caso el asunto de cada uno de los correos electrónicos hallados” así como “también respecto de su contenido y archivos adjuntos”.
Con toda la prueba reunida, Di Lello solicitó al juez que se le vuelva a correr vista del expediente para expedirse sobre el pedido de indagatoria que hiciera Caamaño y que alcanza a Macri, Arribas y Majdalani, entre otros.
El caso
La denuncia que presentó la interventora de la AFI en los tribunales de Comodoro Py es por “producción de inteligencia ilegal” contra dirigentes políticos, periodistas, intelectuales y policías. Según la presentación, al menos desde el 2 de junio de 2016, se realizó espionaje ilegal sobre correos electrónicos privados de más de 80 personas.
Caamaño solicitó que se cite a prestar declaración indagatoria a Macri en este caso porque es el “responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”.
“Reunidos los elementos probatorios que acreditan los dichos contenidos en esta denuncia, solicito se cite en los términos del art. 294” a los acusados, escribió Caamaño. Luego citó a tres agentes cuyos nombres mantendremos en reserva. Uno de ellos fue jefe de gabinete de Majdalani, a quienes reportaban los otros dos espías. Su nombre ya se había mencionado en el marco del D’Alessiogate. Bajo el mismo artículo, la interventora pidió la convocatoria de Arribas, exdirector General de la AFI, y a Majdalani, exsubidirectora. “Asimismo, solicito se cite en los mismo términos al Señor Mauricio Macri”, afirmó Caamaño en su presentación.
La información que se volcó en la denuncia fue recuperada de un disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado. ¿Cómo se accedió a ella? “En el marco de la intervención decretada por el PEN, se procedió al análisis de rutina de distintos soportes tecnológicos utilizados en áreas sensibles de esta agencia”, se explicó desde la agencia, y fue entonces que “se procedió a analizar el contenido de un disco rígido marca Western Digital”. La sorpresa fue grande cuando “se encontraron rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos a este disco en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes, fuerzas policiales, entre otros”.
Tal como surge del análisis del material, “se procedió al borrado de la información que el mismo contenía, pero ello no de manera segura, por lo que fue posible reestablecerla -con algunas falencias del sistema-, a fin de acreditar los extremos esbozados en la presente denuncia”.
A través de los datos recuperados se logró “detectar el registro de conexión de dispositivos extraíbles (pen drives) en los cuales se había realizado un proceso sistémico de colección de información correspondiente a correos electrónicos privados”.
Los espiados
¿A quiénes espió el macrismo? Si bien se estima que la lista de espiados es mucho mayor, a partir de este registro se logró detectar que se les pinchó el mail a propios y ajenos. Aparecen muchos dirigentes del Frente de Todos, en especial aquellos más ligados al kirchnerismo, y varios actuales funcionarios del gobierno de Alberto Fernández como figura Elizabeth Gómez Alcorta, actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, pero que por entonces era abogada y defendía a Milagro Sala, primera presa política del macrismo.
Entre las espiadas también figura Verónica Magario, actual vicegobernadora bonaerense y entonces intendenta de La Matanza. Y el gobernador de Santa Fe Omar Perotti, por entonces senador.
Otros dirigentes vinculados al kirchnerismo que fueron espiados son el diputado Rodolfo Tailhade, que era miembro del Consejo de la Magistratura; Martin Sabbatella, Gabriela Cerruti, Martín Doñate, Marcos Cleri y Adrián Grana. Muchos manifestaron su repudio por redes sociales.
Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo y por entonces jefe de bloque en la legislatura porteña, también fue espiado. Lo mismo Carlos Raimundi, actual embajador ante la OEA, por citar otros ejemplos.
Entre los sindicalistas figura Héctor Daer, secretario general de la CGT y por la policía, el ex jefe de la Bonaerense Hugo Matzkin. También aparece el ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y hasta el periodista y operador mediático, Luis Majul.
Además, el macrismo también espió a los propios: es que en el listado figuran desde la extitular de la OA, Laura Alonso, hasta Nicolás Massot, que era el titular de la bancada PRO. También están entre las víctimas dirigentes importantes de Cambiemos como los radicales Mario Negri, Ernesto Sanz, Ángel Rozas y Mario Barletta.
Marcos Peña y Gabriela Michetti, denunciados por beneficiar a agencias de publicidad amigas que hacían propaganda oficial encubierta
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, entre ellos Marcos Peña y Gabriela Michetti, por contratar -eludiendo los mecanismos legales del Estado-, a agencias de publicidad privadas para hacer propaganda oficial por unos 291 millones de pesos.
El titular de la PIA, el fiscal Sergio Rodríguez, presentó la denuncia por los presuntos delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública” ocurridos mediante contrataciones directas de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el período 2016-2019.
Las empresas denunciadas son Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA. Se trata de las encargadas de las campañas publicitarias que se ofrecían bajo el formato de supuestas filmaciones caseras con teléfonos celulares y aparecían en las pantallas televisivas y en las redes sociales como expresiones espontáneas de ciudadanos satisfechos con la inauguración de una carretera, una cloaca, una red de gas o agua potable y otras obras públicas.
Los avisos no eran espontáneos ni expresiones amateurs de simples ciudadanos sino un costoso trabajo encargado mediante contrataciones directas, “sin concurso de precios y sin permitir la competencia de otras empresas que pudieran mostrarse interesadas y -eventualmente- ofrecer el cumplimiento de las prestaciones por un monto más beneficioso para el Estado”.
Para ese objetivo -explica la denuncia de la PIA- para lograr tal cometido, “los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros impulsaron la modificación del decreto 984/2009, el cual otorgaba exclusividad a Télam SE en el desarrollo de la publicidad oficial. Ello fue logrado a través del dictado del decreto número 978/2016, que fue suscripto por la entonces Vicepresidenta Marta Gabriela Michetti, cuando estuvo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional”.
“Se pudo determinar que desde la Secretaría de Comunicación Pública (dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros) se gestó un esquema de contrataciones de empresas publicitarias relacionadas con el gobierno de turno, en flagrante violación a los principios de las contrataciones públicas”, sostiene el escrito, que recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Jorge Di Lello.
“Las empresas beneficiadas serían las mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de la coalición política Cambiemos en el marco de la contienda electoral que llevó al Ing. Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación en el año 2015”, añade la denuncia.
Las agencias, en algunas de las cuales participan familiares políticos de ex funcionarios, “habrían sido las encargadas de desarrollar la publicidad oficial de otros distritos gobernados por el mismo signo político, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Vicente López”.
El nivel de informalidad fue de tal magnitud que, siempre según la denuncia, “se observaron pagos realizados por el Estado a las mismas empresas, sin la celebración previa de un contrato y en clara violación a la normativa de contrataciones públicas”.
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