La ONU alerta por los asesinatos de líderes y excombatientes en Colombia
ONU reitera preocupación por asesinatos de líderes sociales y excombatientes
Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue presentado este martes el más reciente informe del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, sobre la Misión de Verificación de ese organismo al proceso de paz de Colombia. Un documento que da cuenta de los hallazgos de dicha Misión durante los tres primeros meses de 2020, particularmente en lo relacionado a la reincorporación de los excombatientes de las Farc y las garantías de seguridad para esa misma población, así como para los líderes sociales, las comunidades rurales y los defensores de Derechos Humanos.
«La paz en Colombia no debería ser una víctima de esta pandemia. En este sentido, es importante seguir avanzando en la implementación plena del Acuerdo de Paz», dijo Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU en Colombia, quien presentó el informe. «La violencia en contra de líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional», enfatizó. Precisamente esta última situación es una de las tres prioridades que de acuerdo con esa entidad debería tener el Gobierno colombiano durante 2020.
Ponerle fin a la violencia contra líderes sociales, defensores de DD.HH. y excombatientes
Entre el 27 de diciembre de 2019 y el 27 de marzo de 2020 (período que monitoreó el informe) “la Misión verificó 16 asesinatos de exmiembros de las FARC-EP (incluida una mujer), con lo que la cifra total desde la firma del Acuerdo de Paz asciende a 190 (incluidas tres mujeres)”, se lee en el documento. Los departamentos que a la fecha concentran más casos de excombatientes asesinados son Cauca (36), Nariño (25), Antioquia (22) y Caquetá (20).
A dichos homicidios, la Misión agregó lo sucedido en febrero en Ituango (Antioquia), donde los excombatientes asentados en el antiguo espacio territorial de la vereda Santa Lucía exigieron ser trasladados ante la crítica situación de seguridad que atraviesan en ese municipio, el cual según el informe es el que más homicidios contra excombatientes presenta en el país, con 11 casos confirmados. Situación similar ocurrió en el antiguo espacio de reincorporación de Buenos Aires (Cauca), donde los excombatientes también pidieron ser trasladados por su seguridad.
Por eso, el Secretario General urge a que se agilice el trámite de 400 solicitudes de esquemas de protección que actualmente están pendientes y que no resolverlas puede traer riesgos para la seguridad de los exguerrilleros. Por ejemplo, la Misión documentó que “tres excombatientes fueron asesinados mientras esperaban a que se implementaran medidas de protección y otros siete lo fueron cuando sus medidas de protección estaban siendo evaluadas (por la Unidad Nacional de Protección, UNP)”.
Sin embargo, el informe reconoce avances por parte de la Unidad Especial de Investigación en varios casos de asesinatos a excombatientes de las Farc. Puntualmente menciona el caso de las medidas de aseguramiento dictadas para un coronel y tres soldados del Ejército por el homicidio del exmiliciano de las Farc Dimar Torres, ocurrido en abril de 2019 en el Catatumbo. Igualmente, los seis detenidos por el homicidio de Alexander Parra, excombatiente asesinado en el espacio territorial de Mesetas (Meta) en octubre de 2019. “Gracias a los esfuerzos de la Unidad se han dictado un total de 24 condenas (3 en el período sobre el que se informa) y 16 casos se encuentran en etapa de juicio (3 más en el período sobre el que se informa), de un total de 214 ataques investigados contra excombatientes, a saber, 175 homicidios, 26 intentos de homicidio y 13 desapariciones”, se lee en el documento.
Y en el caso de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, el informe sostiene que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), entre el 1 de enero y el 24 de marzo de 2020, recibió denuncias de 56 casos de asesinato.
Ante ese panorama, el Secretario General resaltó la necesidad de implementar las instancias creadas por el Acuerdo de Paz con el fin de garantizar la seguridad de los líderes sociales en los territorios. “Reitero mi llamado a que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se reúna con regularidad y avance en la adopción de una política pública para desmantelar efectivamente las organizaciones criminales, teniendo en cuenta las propuestas formuladas por las organizaciones de la sociedad civil”. Además de esta comisión, urgió poner en marcha el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, también contemplado en el Acuerdo.
Fortalecer la reincorporación de los excombatientes a largo plazo
Sin una tierra donde echar raíces va a ser muy difícil que quienes dejaron las armas consoliden un nuevo proyecto de vida en la legalidad. Ese es uno de los principales llamados que hace el informe para lograr que la reincorporación de los exguerrilleros sea exitosa y, sobre todo, sostenible en el largo plazo.
Durante los tres primeros meses del año venía gestionándose la transición de los antiguos espacios de reincorporación al ordenamiento territorial de los municipios donde están ubicados. El Gobierno alcanzó a visitar, antes de que comenzara la pandemia, los espacios de Ituango y Buenos Aires. “Durante las visitas, los excombatientes expresaron preocupación por las demoras en el acceso a la tierra”, dice el documento. A la fecha, ninguno de los 24 predios donde están los espacios territoriales ha sido adjudicado.
Si bien en materia económica han sido aprobados 49 proyectos productivos colectivos, que benefician a 2.156 excombatientes, y otros 1.225 proyectos individuales, “más de dos tercios de los proyectos productivos se siguen llevando a cabo en predios arrendados y no se ha avanzado en la concesión de tierras para este fin”.
“El asunto pendiente del acceso a la tierra, tanto para los antiguos espacios territoriales como para los proyectos productivos, es un elemento fundamental para que los excombatientes y sus familias puedan desarrollar sus proyectos de vida de la mano de las comunidades locales”, puntualiza.
Asegurar la protección de las comunidades más afectadas por la violencia
“El éxito a largo plazo del Acuerdo de Paz será determinado en última instancia por la medida en que las comunidades que sufrieron décadas de violencia puedan disfrutar de los beneficios de la paz”. Con esa frase, el informe enfatiza en que la seguridad de las comunidades que aún no han tenido un respiro de paz en medio de la guerra debe ser una prioridad para el Estado colombiano en 2020.
El informe llamó la atención puntualmente sobre la situación en los departamentos del Chocó, del Cauca, y el municipio de Ituango, que en los primeros meses ha sufrido múltiples asesinatos, masacres y desplazamientos masivos. Igualmente, sobre el municipio de Tumaco (Nariño), cuya alcaldesa declaró en enero pasado el estado de emergencia humanitaria y social en el municipio por los desplazamientos masivos de más de 3.000 personas que enfrentamientos entre grupos armados ocasionaron en la zona rural.
«Estoy especialmente preocupado por la situación en el departamento de Putumayo, incluyendo la situación de las lideresas sociales, líderes de sustitución de cultivos ilícitos y excombatientes», agregó Ruiz Massieu teniendo en cuenta la escalada de violencia en el Bajo Putumayo durante las últimas tres semanas.
Para proteger estas comunidades, recomendó poner en marcha el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, creado por el Acuerdo de Paz y reglamentado en abril de 2018, pero que no cuenta con mayores avances. Según el informe, el programa es valioso pues cuenta con un protocolo especial para proteger a las comunidades rurales afectadas por el conflicto armado, con el apoyo a la capacidad de denuncia de las organizaciones de DD.HH. en los territorios y un programa de promotores comunitarios de paz y convivencia. “Lograr avances sustanciales en la puesta en marcha del Programa tendría efectos positivos en la grave situación de la seguridad de comunidades en zonas rurales del país.”
ONU insta a grupos armados ilegales en Colombia a suspender acciones criminales ante emergencia por Covid-19
“En momento en que los esfuerzos deben centrarse en lucha contra la pandemia del Covid-19, instamos a todos los grupos armados ilegales de Colombia a que desistan de seguir perpetrando actos de violencia contra comunidades vulnerables, incluidas comunidades indígenas y afrocolombianas».
Las precisiones les hizo Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, al intervenir este martes en una sesión virtual del Consejo de Seguridad de la ONU, para presentar el Informe Trimestral sobre el desarrollo del proceso de paz en el país.
“Así como diferentes sectores en Colombia se están uniendo para enfrentar la pandemia, es necesario que todos los sectores se unan para poner fin a la epidemia de violencia contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes”, señaló.
Dijo que la pandemia COVID19 está teniendo un profundo impacto en Colombia y añadió que el proceso de paz sin duda sentirá sus efectos.
No obstante afirmó que «ha sido alentador ver como los colombianos y colombianas han encontrado respuestas a esta crisis y han respondido positivamente a los llamados a la unión».
Por otra parte, indicó que una de las prioridades 2020 debe ser adoptar medidas para proteger líderes sociales, defensores derechos humanos y excombatientes. Las situaciones en Puerto Asís, Putumayo y Argelia, Cauca muestran que la violencia se ha mantenido en territorios a pesar de la cuarentena nacional”, señaló.
En cuanto al Acuerdo de Paz, Ruiz Massieu advirtió que la implementación depende de la interacción y colaboración constante entre las partes y actores que se están adaptando a este escenario cambiante para asegurar el seguimiento de asuntos relacionados con la paz.
Señaló que es importante fortalecer las bases de la reincorporación a largo plazo y asegurar que los beneficios lleguen a excombatientes, independientemente del lugar en que viven. Apoyar los proyectos colectivos pueden ayudar a reactivar las economías locales.
«La violencia en contra de excombatientes se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional”, dijo el representante de la ONU y reseñó que en los primeros meses de este año otros tres excombatientes han sido asesinados, para un total de 195 desde la firma del Acuerdo de Paz».
En el informe detalla que entre el 27 de diciembre de 2019 y el 27 de marzo de la Misión verificó 16 asesinatos de exmiembros de las Farc, con lo que la cifra total desde la firma del Acuerdo de Paz asciende a 190 incluidas tres mujeres.
Los departamentos que a la fecha concentran más casos de exintegrantes de las Farc asesinados son Cauca, con 36; Nariño, 25; Antioquia 22 y Caquetá 20.
Ruiz Massieu pide que se agilice el trámite de 400 solicitudes de esquemas de protección que actualmente están pendientes y que no resolverlas puede traer riesgos para la seguridad de los exguerrilleros.
Cita el caso de tres desmovilizados que fueron asesinados mientras esperaban a que se implementaran medidas de protección y el d otros siete, cuando sus medidas de protección estaban siendo evaluadas por la Unidad Nacional de Protección, UNP.
«Debemos asegurar que comunidades, especialmente las víctimas, sigan estando al centro de esfuerzos de consolidación de la paz. Ningún esfuerzo debe escatimarse para garantizar la seguridad y protección en los territorios», precisó.
Así mismo señaló que una de las prioridades 2020 debe ser adoptar medidas para proteger líderes sociales, defensores derechos humanos y excombatientes. Las situaciones en Puerto Asís, Putumayo y Argelia, Cauca muestran que la violencia se ha mantenido en territorios a pesar de la cuarentena nacional.
Además hizo un nuevo llamado para que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se reúna con regularidad y avance en la adopción de una política pública para desmantelar efectivamente las organizaciones criminales, teniendo en cuenta las propuestas formuladas por las organizaciones de la sociedad civil”.
Y pidió poner en marcha el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, previsto en el Acuerdo del Fin del Conflicto.
De otro lado, cuestionó el hecho de que en materia económica haya sido aprobados 49 proyectos productivos colectivos, para beneficiar a 2.156 excombatientes, y otros 1.225 proyectos individuales.
Al efecto advierte que más de dos tercios de los proyectos productivos se siguen llevando a cabo en predios arrendados y no se ha avanzado en la concesión de tierras para este fin.
FARC denuncia que hombres armados buscan casa por casa a desmovilizados
El partido político Farc denunció este lunes que hombres armados buscan «casa por casa» en el municipio de Argelia, Cauca, a desmovilizados de la guerrilla con sus mismas iniciales, y responsabilizó al Gobierno del presidente Iván Duque de lo que pueda sucederle a sus compañeros.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común dijo en su cuenta de Twitter que «un grupo armado de 100 personas busca casa por casa (a) reincorporados de las antiguas Farc-EP» y que «el Ejército se encuentra a media hora del lugar y no ha hecho presencia», por lo que alertó «a la comunidad nacional e internacional».
«Aspiramos a que haya una respuesta inmediata que logre contener una ofensiva de esas características», afirmó por su parte el congresista Sergio Marín, de la Farc, quien dijo que este partido hace responsables «de lo que pueda pasar» al presidente de Colombia, Iván Duque, y a su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
La Farc ha denunciado que desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016, han sido asesinados más de 190 desmovilizados de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Ante la denuncia sobre lo sucedido en Argelia, el procurador general, Fernando Carrillo, pidió a la fuerza pública que proteja la vida de los desmovilizados.
«Sobre la situación en Argelia (Cauca), hacemos un llamado a la fuerza pública colombiana para garantizar la protección efectiva, la vida e integridad personal de los reincorporados en el marco de la implementación del acuerdo final (de paz)», dijo Carrillo en redes sociales.
A esa petición se unió la Oficina del Representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que no solo reclamó «protección inmediata» para los exguerrilleros sino también para «las comunidades que están padeciendo el control violento de grupos armados en la zona».
El departamento del Cauca prácticamente no alcanzó a vivir el acuerdo de paz del Gobierno con las Farc porque tan pronto se desmovilizó esa guerrilla surgieron allí grupos disidentes que se disputan territorios con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y con bandas narcotraficantes de origen paramilitar.
La Farc expidió además un comunicado este lunes en el que expresa su solidaridad con «la población privada de la libertad y las prisioneras y prisioneros políticos en este difícil contexto de pandemia del COVID 19».
Además, rechazó el reciente pronunciamiento del fiscal Francisco Barbosa, quien dijo tener evidencias de que detrás de los amotinamientos del pasado 21 de marzo, que dejaron como saldo 23 reclusos muertos, estarían el ELN y las disidencias de las Farc.
Para los desmovilizados ese señalamiento «estigmatiza las legítimas jornadas de protesta pacífica de la población privada de la libertad, con el falaz argumento de que encarnan un orquestado plan de fugas coordinado desde el exterior por el ELN y las mal llamadas disidencias de las Farc».
«Resulta evidente que Fiscalía, Ministerio de Justicia e Inpec pretenden tapar con cortinas de humo sus graves responsabilidades en la crisis actual. Comenzando por la masacre de 23 reclusos y las heridas a un centenar más en la Cárcel Modelo de Bogotá el pasado 21 de marzo, imputable de modo exclusivo al Estado colombiano. Detrás de esa matanza se ocultan los graves problemas estructurales del sistema penitenciario colombiano, cuyas consecuencias padece hoy la población carcelaria por cuenta del COVID19», se lee en el boletín.
Agrega la colectividad que como en la «seguridad democrática», el titular del ente acusador «busca dar cuerpo a su propia cacería de brujas contra los prisioneros y prisioneras políticos, sus familiares y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos».
Por lo que pidió «expedir sin más dilaciones el decreto reglamentario de la Emergencia Carcelaria que permita las urgentes liberaciones de carácter humanitario, en cualquiera de sus modalidades, a fin de impedir de manera efectiva la extensión del contagio del coronavirus que es ya una realidad en la población carcelaria».
Así mismo, «la necesaria implementación de un estricto protocolo de salubridad, tanto para la población privada de la libertad como para el personal de custodia y administrativo», al tiempo que reclaman el «traslado al Espacio Territorial de Paz Simón Trinidad, en el municipio de Mesetas, Meta, (a los reclusos de la antigua guerrilla) para que cumplan allí las libertades condicionadas a las que tienen derecho en atención a la Ley de Amnistía e Indulto».
Y, finalmente, «repatriar por razones humanitarias a Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad».
